Y vistos: En estos autos caratulados: latorre nestor fabian c/ municipalidad de tigre s/ pretension anulatoria causa Nº: 18822



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LATORRE NESTOR FABIAN C/MUNICIPALIDAD DE TIGRE S/PRETENSION ANULATORIA

Causa Nº: 18822

Foja nº: 184.

San Isidro, _____ de Marzo de 2010 .



Y VISTOS: En estos autos caratulados: LATORRE NESTOR FABIAN C/ MUNICIPALIDAD DE TIGRE S/ PRETENSION ANULATORIA - Causa Nº: 18822 en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro, a mi cargo, Secretaría Única a cargo de los Dres. Analía Heras Musri, Agustín López Cóppola y María Cecilia García, encontrándose firme el auto de fs. 183, venidos a dictar sentencia y de los que,

RESULTA: I.- De la demanda: Que a fs. 46/51 se presenta Néstor Fabián Latorre con el patrocinio letrado de la Dra. Edith Ruth Aragón promoviendo demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Tigre a fin de que se declare la nulidad de los Decretos 2417/07 y 501/08, se ordene la inmediata reincorporación al cargo de planta permanente que conforme ley 11.757 ostentaba al momento del dictado del Decreto 2417/07, como así también, el reconocimiento del pago de los haberes normales y habituales devengados y no percibidos desde el dictado del mencionado decreto hasta la fecha de la efectiva reincorporación al cargo por la comuna accionada, como el resarcimiento del daño moral irrogado y se declare la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 11.757.

I. 1.- Hechos: Manifiesta que el 1 de noviembre de 1996 comenzó a trabajar en la Municipalidad de Tigre como profesora de educación física en carácter de personal temporario mensualizado prorrogándose dicha situación mediante sucesivos decretos hasta el 31 de diciembre de 2006.

Que mediante Decreto 2533/06 la Municipalidad de Tigre llamó a concurso por selección interna para cubrir siete cargos de Jefe de Polideportivos municipales a partir del 1 de enero de 2007, siendo entonces designado en la categoría 8, nivel c de la planta permanente del personal municipal según Decreto 2782/06 a cargo del Polideportivo Martín Miguel Güemes de Benavídez.

Que el 14 de enero de 2008, por Decreto 2417/07 fue notificado personalmente de la desafectación al cargo que ocupaba en la planta permanente y degradado a personal temporario.

Que mediante Decreto 501/08 notificado el 24 de abril de 2008 se dejó sin efecto su designación como personal temporario mensualizado de manera definitiva.



I. 2.- Pretensión anulatoria: Refiere que el Decreto 2417/07 le fue notificado el 14 de enero de 2008, es decir, transcurrido más de un año de la designación como personal de planta permanente de la Municipalidad de Tigre.

Que sólo ha tenido conocimiento del Decreto 2417/07, su motivación y texto íntegro de su parte resolutiva a partir del 14 de enero de 2008, transcurrido el año de su designación en la planta permanente de la Municipalidad de Tigre, gozando de la estabilidad del empleado público municipal.

Que en atención a la mencionada estabilidad, no existiendo acto de indisciplina, ni sanción, ni procedimiento que faculte al Departamento Ejecutivo a degradar a un agente de planta permanente a la de personal temporario, deviene que el Decreto 2417/07 resulta nulo por contrario a derecho y en igual sentido el Decreto 501/08 que dispone su cesantía ya que tiene por antecedente y causa el Decreto 2417/07.

Que por lo expuesto es su pretensión que se declare la nulidad de ambos actos administrativos por infringir la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (arts. 39 y 103), el Decreto ley 6769/58 (art. 240) y la ley 11.737.



I. 3.- Inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 11.757: Manifiesta que, sin perjuicio que ha dejado debida prueba de la notificación del decreto 2417/07 posterior al plazo que señala el art. 7 de la ley 11.757, requiere se declare la inconstitucionalidad impetrada por contravenir el art. 14 de la Carta Magna.

Que descalifica la posibilidad de restringir por la ley 11.757, mediante la incorporación en su art. 7 de un plazo mínimo de un año de revista la plena vigencia de la estabilidad del empleado público, dando posibilidad al despido en contra de lo sostenido por la Constitución Nacional en el art. 14 bis.



I.4.- Pretensión resarcitoria: Solicita la inmediata reincorporación al cargo de planta permanente que ostentaba al momento del dictado del Decreto 2417/07, el reconocimiento y pago de los haberes normales y habituales devengados desde el dictado del decreto referido hasta la fecha de efectiva reincorporación al cargo por la Municipalidad de Tigre.

Asimismo, solicita el cincuenta por ciento de los montos que se sentencien en concepto de daño moral emergente de la ilegítima medida dictada por el Departamento Ejecutivo municipal.

Ofrece prueba que hace a su derecho y solicita se haga lugar a la acción instaurada.

II.- Del trámite: Que a fs. 57 se presenta la Dra. Edith Ruth Aragón como apoderada del accionante acreditando personería con la copia del poder obrante a fs. 53/54.

Que a fs. 94, de conformidad con lo normado en el art. 32 del CCA se hace saber a la actora la recepción, en copias certificadas, del Expediente Administrativo nº 4112-3942/08 (ver notificación de fs. 96).



III.- De la contestación de demanda: Que a fs. 108/117 se presenta Mónica Beatriz Neffke (conf. poder obrante a fs. 119/120), contestando el traslado de demanda conferido a fs. 98.

Luego de realizar la negativa general y la particularizada de los hechos alegados por la parte actora, la accionada manifiesta que el accionante parte de una base absolutamente errónea lo que conlleva a colegir que su pretensión debe rechazarse en atención a que el Decreto nº 2417/07 no es nulo ya que el confunde los elementos del acto.

Refiere que lo llamativo es que el actor sujeta la nulidad a la fecha de notificación, toda vez que el resto de los argumentos se encuentran ligados a la supuesta estabilidad adquirida por aquella fecha y que de los elementos esenciales del propio acto administrativo nada dice, por lo que se encuentran consentidos.

Que con respecto a la notificación, tal como surge del legajo personal, la Municipalidad de Tigre remitió telegrama el 28 de diciembre de 2007 dirigido al domicilio denunciado por el actor en dichas actuaciones y que tal misiva no pudo ser entregada por destinatario desconocido por lo que se procedió a notificarlo personalmente el 14 de enero de 2008.

Que lo relevante es la fecha del acto administrativo, 27 de diciembre de 2007, por lo que resulta previo a que se cumpla un año desde la adjudicación del concurso.

Que ligar la nulidad del Decreto a una notificación resulta palmariamente contrario a derecho, toda vez que la voluntad de la comuna accionada era declarar la existencia de oposición fundada, la cual no fue materia de impugnación judicial ni recurso administrativo.

Que la actora funda la supuesta nulidad del Decreto 2417/07 en que se trata de personal con estabilidad y atento a lo determinado en el art. 7 de la ley 11.757 el agente comprendido en este supuesto mantiene una designación de naturaleza provisional hasta que transcurra el período de prueba consagrado en dicha norma siendo la nota distintiva durante dicho plazo legal la precariedad del nombramiento, revistiendo la designación carácter provisorio y sujeto a una condición temporaria.

Que el Municipio ha obrado de acuerdo a la normativa vigente toda vez que en base a tal provisionalidad ha dictado un acto de manera previa al cumplimiento del período de prueba, y lo ha notificado.

Manifiesta que la Municipalidad de Tigre al declarar la existencia de oposición fundada en término legal, y atento a la supresión del cargo en el que revistaba el accionante, dispuso contratarlo como personal temporario mensualizado para cumplir tareas en la agencia de Tigre Deportes.

Que durante la vigencia de tal situación el actor consintió la oposición, la nueva designación, y percibió las remuneraciones devengadas por lo que no puede ampararse en un desconocimiento de su situación, y no puede haber nunca pensado que gozaba de estabilidad, si como todo personal contratado, se encuentran informados sobre las condiciones de su contrato.

Que en virtud de ello, la baja del agente fue legítima, sin perjuicio de que el actor no ha cuestionado dicho acto administrativo por separado, y que ha ligado su impugnación a la supuesta nulidad del Decreto 2417/07.

Refiere que en relación a la pretensa inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 11.757, la propia accionante ha promovido demanda contencioso administrativa, reconociendo la relación como de empleo público, y con plena aplicación de la ley 11.757, encuadrando la pretensión esgrimida en los términos de la ley 12.008 y ha consentido así la competencia del fuero especializado en la materia.

Que en el caso de marras no hubo sanción expulsiva alguna y que la administración obró en los términos de la ley 11.757 con relación a las potestades vinculadas a los agentes temporarios mensualizados, su parte rechaza por improcedente el pedido de reincorporación del agente Latorre, el pago de los haberes normales y habituales devengados desde el dictado del Decreto 2417/07 hasta la fecha de efectiva reincorporación y la pretensión de daño moral.

Ofrece prueba y solicita se rechace la acción incoada en contra de su representada, con costas.



IV.- Producida la prueba, conforme lo resuelto en la audiencia del art. 41 del CCA (v. fs. 135/136), presentados los alegatos correspondientes (v. fs. 177 y 180/182), queda la presente a fs. 183 en estado de dictar sentencia, y

CONSIDERANDO: I.- De las pretensiones: Que el actor inició la presente causa con el objeto de que se declare la nulidad de los Decretos 2417/07 y 501/08, se ordene su inmediata reincorporación al cargo de planta permanente que conforme ley 11.757 ostentaba al momento del dictado del Decreto 2417/07, el reconocimiento del pago de los haberes normales y habituales devengados y no percibidos desde el dictado del mencionado decreto hasta la fecha de la efectiva reincorporación al cargo por la comuna accionada, se declare el resarcimiento del daño moral irrogado y la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 11.757.

Que la apodera de la Municipalidad de Tigre manifiesta que, ha obrado de acuerdo a la normativa vigente toda vez que en base a tal provisionalidad ha dictado un acto de manera previa al cumplimiento del período de prueba, y lo ha notificado y que en virtud de ello, la baja del agente fue legítima, sin perjuicio de que el actor no ha cuestionado dicho acto administrativo por separado, y que ha ligado su impugnación a la supuesta nulidad del Decreto 2417/07. 

Atento al modo en que ha quedado trabada la litis, y los hechos que han sido objeto de prueba rendida en estas actuaciones, la que habré de valorar de conformidad con las reglas de la sana crítica (arts. 384 CPCC y 77 inc. 1º CCA), la cuestión central se imbrica en analizar si conforme al Decreto 2417/07 y su respectiva notificación con fecha 14 de enero de 2008 que pone en conocimiento del actor la declaración por parte de la demandada de oposición fundada respecto de su designación mediante Decreto 2782/06 (v. fs. 81/82 y 86/87), éste ha obtenido la estabilidad en el cargo designado en virtud de no haber sido notificado debidamente del Decreto 2417/07 como indica el art. 7 de la ley 11.757.

II.- Pretensión anulatoria: Que de las constancias obrantes en la causa y del Expediente Administrativo nº 4112-3942/08 acompañado por la accionada surge que:

Mediante Decreto 2782/06 de fecha 28 de diciembre de 2006 el Sr. Latorre fue designado a partir del 1 enero de 2007 por el departamento ejecutivo del Municipio de Tigre en el cargo de Jefe de Polideportivo Municipal, Categoría 8, Nivel C, del Agrupamiento Jerárquico.

Que con fecha 27 de diciembre de 2007, el Intendente del mencionado municipio, emite el Decreto 2417 por el que considera: “… Que el art. 7 de la ley 11.757 establece que todo nombramiento es provisional hasta tanto el agente adquiera estabilidad. Este derecho se adquiere a los 12 (doce) meses de no mediar, previamente, oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente…”, “… Que la restructuración, modificación, renovación y operatividad de la gestión municipal de acuerdo al organigrama previsto en la Ordenanza 2860/07, promulgada por Decreto 2302/07, resulta motivación suficiente para constituir la oposición aludida en la norma…”.

Que en la parte resolutiva en el artículo 1 decreta: “… Conforme el artículo 7 de la ley 11.757, declárese la existencia de oposición fundada respecto de la designación del agente Néstor Fabián Latorre (Leg. Personal 6175), como Jefe de Polideportivo Municipal, Categoría 8, Nivel C, del Agrupamiento Jerárquico, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia…”.

Que en el artículo 2 lo desafecta del mencionado cargo refiriendo al mismo como: “… sin estabilidad, atento no haberse producido la incorporación definitiva…” a éste.

Que en el artículo 4 del mismo acto administrativo, designa al actor como personal temporario desde el 31 de diciembre del 2007 hasta el 30 de junio de 2008 para cumplir tareas bajo la órbita de la Agencia Tigre Deportes.

Que finalmente, el 18 de abril de 2008, el Intendente de la comuna accionada mediante el dictado del Decreto 501, en su artículo 1 dejó sin efecto, a partir del 22 de abril de 2008, la designación de Personal Temporario Mensualizado, otorgada por Decreto 2417/07, artículo 4, al actor. 

 

 



Que la parte actora fundamenta su pretensión en que el Decreto 2417/07 le fue notificado el 14 de enero de 2008, es decir, transcurrido más de un año de la designación como personal de planta permanente de la Municipalidad de Tigre.

Asimismo, refiere que sólo ha tenido conocimiento del Decreto 2417/07, su motivación y texto íntegro de su parte resolutiva a partir del 14 de enero de 2008, transcurrido el año de su designación en la planta permanente de la Municipalidad de Tigre, gozando de la estabilidad del empleado público municipal y que por tal razón y no existiendo acto de indisciplina, ni sanción, ni procedimiento que faculte al Departamento Ejecutivo a degradar a un agente de planta permanente a la de personal temporario, deviene que el Decreto 2417/07 resulta nulo por contrario a derecho y en igual sentido el Decreto 501/08 que dispone su cesantía ya que tiene por antecedente y causa el Decreto 2417/07.

A fines de abordar el análisis de la referida pretensión deviene necesario analizar si la comuna accionada procedió conforme lo previsto en la ley 11.757.

El art. 7 de dicho ordenamiento determina que: “Todo nombramiento es provisional hasta tanto el agente adquiera estabilidad. Este derecho se adquiere a los doce meses de no mediar, previamente, oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente”

De las constancias obrantes en las presentes actuaciones se desprende que el acto administrativo (Decreto 2417/07) mediante el cual la Municipalidad de Tigre dispone la existencia de oposición fundada, desafectando al actor del cargo por no haberse producido la incorporación definitiva al mismo y se lo designa como personal temporario mensualizado dependiente de la Agencia de Tigre Deportes fue dictado con fecha 27 de diciembre de 2007 (v. fs. 17/18 y 86/87), es decir, previo a transcurrir los doce meses desde que le fue adjudicado al actor el concurso convocado por Decreto 2533/06, a fines de ocupar el cargo de Jefe del Polideportivo Municipal (v. fs. 81/82- Decreto 2782/06).

Asimismo, a fs. 87 obra constancia de notificación del Decreto 2417/07 suscripta por el accionante, con fecha 14 de enero de 2008.

Es reconocido por la propia parte demandada a fs. 112, punto IV. 3 que la designación del actor mediante Decreto 2782/06 fue en carácter provisional de conformidad a lo que estatuye el artículo 7 de la ley 11.757.

Conforme surge de las constancias de autos, el actor superó el período previsto en la norma a fin de adquirir la estabilidad referida sin que existiera por parte del Municipio reproche alguno en dicho tiempo, ello debido a que el citado artículo 7 condiciona la adquisición de tal derecho al cumplimiento de dos condiciones, una temporal, que transcurran los doce meses previstos, y la segunda establece: “…de no mediar, previamente, oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente”.

Por tanto, habiendo sido cumplida la segunda condición prevista en la norma, notificación debida al actor del Decreto 2417/07, con fecha 14 de enero de 2008, es decir, superados los doce meses del dictado del acto mediante el cual la Municipalidad de Tigre lo designa a partir del 1 enero de 2007 en el cargo de Jefe de Polideportivo Municipal, Categoría 8, Nivel C, del Agrupamiento Jerárquico, el actor revistó en tal cargo en la planta permanente del municipio y superó el período de prueba que establece el artículo 7 de la ley 11.757.

Es la propia norma aplicable –art. 7 de la ley 11757- la que determina que la debida notificación por autoridad competente, es el requisito que le otorgará validez al acto, mediante el cual la administración declara su oposición fundadamente.

Asimismo, en referencia a lo manifestado por la demandada a fs. 113 en tanto sostiene que durante la vigencia de la designación del actor como personal temporario éste consintió la oposición, la nueva designación, y percibió las remuneraciones devengadas no pudiendo ampararse en un desconocimiento de su situación pensando que gozaba de estabilidad, le asiste razón a la actora en tanto expresa a fs. 178 que: “… La única documental acompañada por la comuna, las planillas de recepción de recibo de los meses de enero, marzo y abril, son una ineficaz e inútil prueba, ya que sólo acreditan la prueba de recibos de pago de haberes al actor y no cumplen con la exigencia de los arts. 62 a 67 de la ordenanza general 267/08 para la notificación de los actos administrativos”.

El art. 103 de la Ordenanza General 267/1980 dispone: "Los actos administrativos se producirán por el órgano competente mediante el procedimiento que en su caso estuviere establecido. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será adecuado a los fines de aquéllos".

En efecto, la comuna accionada no obró de conformidad a lo establecido en la referida normativa, incumpliendo lo previsto en el artículo 7 de la ley 11.757, por lo que el Decreto 2417/07 y el Decreto 501/08, acto mediante el cual el actor fue dejado cesante como personal temporario, cuyo antecedente y causa se funda en el primero, resultan nulos. Ello toda vez que el accionante tenía una designación regular que garantizaba su estabilidad en la categoría escalafonaria de la comuna accionada que impedía a la Administración removerlo sin adecuación a las causas y procedimientos determinados legalmente (art. 11 y 61 y ccdtes. De la ley 11.757).

III.- Pretensión resarcitoria: III. 1.- La estabilidad en el empleo público se encuentra expresamente resguardada tanto en la Constitución Nacional (art. 14 bis), como en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (arts. 39. inc.4º y 103, inc. 12 ), así como también en el Estatuto del Empleado Municipal (ley 11.757, arts. 14, inc."a", 15 y 16) y la misma solo se perderá por las causas que la normativa vigente expresamente determine.

En tal sentido, entiendo que cuando la cesantía es decretada como en el presente caso, es decir, habiéndose incumplido con lo establecido por la normativa legal vigente, debe tenerse por acreditada la violación a la garantía constitucional consagrada en el art. 14 de la Carta Magna, así como también en los arts. 39, inc.4º y 103, inc. 12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la consecuente pérdida del empleo y el menoscabo patrimonial que ello importa.

En lo sustancial, y a la luz de que la cesantía constituye una medida de "última ratio", no se evidencia de las constancias probatorias de autos que en forma previa al dictado del acto administrativo impugnado, se hubieran agotado las distintas alternativas que prescribe el ordenamiento jurídico para garantizar el derecho a la estabilidad del que el actor goza ya que no le fue reconocido tal en sede administrativa.

Ha dicho la Jurisprudencia que "Puesto que, de ordinario, el empleo público constituye la fuente de ingresos del agente, cabe presumir, iuris tantum, que el cese ilegítimo de aquel vínculo laboral le provoca un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento en el marco del proceso administrativo (doct. Causas B.38.396, "Benítez", sent. De 22-IV-1958, "Acuerdos y Sentencias", 1958-III-44; B.48.945, "Moresino", sent. De 26-II-1985, "Acuerdos y Sentencias", 1985-I-203; B 49.176, "Sarzi", sent de 26-II-1985, "Acuerdos y Sentencias", 1985-I-213, B 54.852, "Pérez", sent de 10-V-2000, "D.J.B.A.", 158:244, B 59.013, "Meza", sent de 4-IV-2001, "D.J.B.A.", 160:237; entre muchos otros) y que, por tanto, en principio, basta con que el actor demuestre la relación de empleo que mantenía, que ha sido excluido del cargo estable de que gozaba por un acto viciado de nulidad y la remuneración que percibía en razón de su categoría y función, entre otros elementos, para aplicar aquella presunción".

El ordenamiento jurídico admite la posibilidad de que la autoridad administrativa accionada, efectúe el pago de una reparación equivalente a la suma de los salarios caídos y no percibidos por el agente Latorre, ya que la falta de prestación de servicios no resulta imputable al actor (art. 12 inc. 2 del CCA).

Por lo que, los haberes normales y habituales que hubiere percibido de haber trabajado desde la declaración de cesantía hasta la fecha de esta sentencia, habrán de ser reintegrados al actor en su totalidad, en virtud de la ilegitimidad de la medida.



III.2.- El daño moral es aquél que repara las lesiones sufridas en los sentimientos que determinan una afectación espiritual y un agravio a la paz (cfme., 522 y 1078 del C.C., arts. 5 y 11 del Pacto de San José de Costa Rica).

Cabe destacar que el art. 1078 del Código Civil impone al victimario reparar el daño moral, pero no es mensurable con parámetros estrictamente objetivos o matemáticos, sino que el monto indemnizatorio queda circunscripto a la discrecionalidad del Juez (SCBA, 58273, S, 25/02/97; 46089, S, 04/06/91; CC LP, B-77650 del 04/08/94; CC SI 92,725 RSD 153 del 08/07/2003).

Así, teniendo en cuenta que el agente Latorre fue cesanteado de su cargo sin habérsele efectuado el procedimiento que a sus efectos prescribe la normativa vigente aplicable, considero que el actor se vio afectado en su tranquilidad atento haber sido privado injustamente de la garantía de estabilidad en su empleo.

En consecuencia, estimo justo establecer como daño moral la suma de pesos quince mil ($ 15.000), a la que deberá adicionársele la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días, desde la fecha del decreto de cesantía, hasta su efectivo pago.



IV.- De la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 11.757: Respecto al planteo de inconstitucionalidad impetrado creo oportuno recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado en reiteradas oportunidades que la declaración de inconstitucionalidad es una decisión extrema que los jueces sólo deben tomar cuando llegan al absoluto convencimiento de que producida la lesión a un derecho constitucional no existe otra vía para evitar tal agravio. Es la última ratio del orden jurídico de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera ésta contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Un planteo de esta índole, para ser atendido, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con un no menos sólido fundamento que se apoye en las probanzas de la causa, recaudos éstos que no han sido satisfechos en la especie (SCBA, I 2027, S, 27-12-2000; L 81216, S, 22-10-2003).

Sin perjuicio de ello y de acuerdo al modo en que se resuelve esta litis, el pedido de declaración de inconstitucionalidad formalizado por el actor deviene abstracto en esta vía. Por lo que me abstengo de pronunciarme sobre el mismo.

Por lo expresado en los considerandos precedentes y normativa citada

FALLO:

1. Haciendo lugar a la demanda promovida por el Sr. Néstor Fabián Latorre contra la Municipalidad de Tigre, declarando la nulidad de los Decretos 2417/07 y 501/08.

2. Condenando a la demandada a la reincorporación del actor dentro del término de treinta días en el cargo que gozara hasta el momento del dictado del Decreto 2417/07 en que fuera designado como personal temporario cuya nulidad en el presente se declara.

3. Haciendo lugar al pedido de indemnización, condenando a la demandada a abonarle al actor, los haberes normales y habituales dejados de percibir desde que fue cesanteado en su cargo, hasta su efectiva reincorporación, importe al que deberá adicionársele el correspondiente a los intereses que se liquidarán de acuerdo con la tasa que abone el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta su efectivo pago.

4. Haciendo lugar al reclamo por daño moral causado por la cesantía decretada, condenando a la accionada a abonarle al actor en concepto de daño moral la suma de Pesos quince mil ($15.000), importe al que deberá adicionársele el correspondiente a los intereses que se liquidarán de acuerdo con la tasa que abone el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo, a treinta días, hasta el efectivo pago.

5. Rechazando el planteo de inconstitucionalidad impetrado por el actor.

6. Costas en el orden causado (art. 51 C.C.A.)

7. Difiérase la regulación de honorarios hasta quedar firme la presente (Art. 51 Dec. Ley 8.904/77)

8REGISTRESE.- NOTIFIQUESE por secretaría.mcg

En / /2010 se libraron dos cédulas por Secretaría a la Dra. Edith Ruth Aragón y a la Municipalidad de Tigre. Conste

 

 

María Cecilia García



Secretaria 

  

 



 


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