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Como citar este documento

Thwaites Rey, Mabel; Castillo, Jose. Poder estatal y capital global: los limites de la lucha politica. En: Tiempos violentos; Neoliberalismo, globalizacion y desigualdad en America Latina. Comp. Boron, Atilio A.; Gambina, Julio; Minsburg, Naum. Coleccion CLACSO - EUDEBA, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Abril 1999. 197-215. ISBN Obra: 950-9231-43-6. Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/tiempos/castillo.rtfE-mail: clacso@clacso.edu.ar


Poder estatal y capital global:

los límites de la lucha política
Mabel Thwaites Rey* y José Castillo**

Introducción
H ace ya tres décadas, el entonces llamado Tercer Mundo se había convertido en un fantasma que recorría el mundo y aterrorizaba al capital. Hoy, de los vencedores de Sierra Maestra, el discurso de Argel y la ofensiva final vietnamita, pareciera que hemos pasado a la retórica del ascenso y crisis de los mercados emergentes: el capital huye (¿aterrorizado?) de supuestos territorios no confiables para su valorización, y los gobiernos se postran de rodillas ante el Dios del Capital Global pidiendo perdón por los pecados que provocaron su retirada, preguntándose desesperados cuáles fueron esos pecados.

Pero ¿es realmente tan omnímodo el poder del Capital Global? La pregunta es esencial para cualquier proyecto político enraizado en las clases subordinadas. Asumir el poder del capital como extraño, no dependiente del poder del trabajo, al que se enfrenta desigualmente y se espera vencer con la lógica del relato bíblico de David y Goliath, es un error teórico similar al que llevó en aquel momento de emergencia de masas a no comprender la unidad de la relación capital-trabajo y a fetichizar las formas que asumían las luchas del Tercer Mundo de liberación nacional como disputas en el marco de la contradicción Nación-Imperio.1

Nuestra mirada parte de enfocar el proceso global de redefinición de la relación Capital-Trabajo-Estado a nivel mundial, y procura dar cuenta de la dimensión contradictoria que asume la forma Estado al cristalizar conflictos que expresan la lógica del capital, pero también y en un mismo movimiento el poder del trabajo, con el propósito de encontrar algunas pistas para entender el sentido que deberán tener las opciones impugnadoras del sistema de cara al próximo siglo.

Como punto de partida reafirmamos2 nuestra inscripción en la tradición de la crítica de la economía política, que cuestiona la naturalización y escisión fetichizada de los campos económico y político. El no fijarse límites dentro de las estrecheces del sistema permite pensar sin reificar histórica o lógicamente las instituciones propias del capitalismo, y no aceptar la existencia separada de “lo político” y “lo económico”. No habrá entonces racionalidades ni necesidades económicas autónomas de las relaciones de poder, ni cursos inexorables a partir de ellas.



Los estados nacionales y la economía mundial
En los últimos años se ha insistido en que hubo un cambio cualitativo en la relación del Estado nacional vis a vis el mercado mundial que obliga a una redefinición de los términos tradicionales de los conceptos de soberanía y autonomía estatal. El avance del proceso de mundialización capitalista conocido como “globalización” ha cambiado los escenarios materiales y simbólicos sobre los que se construyeron las relaciones entre los estados y al interior de ellos en la etapa que siguió a la Segunda Guerra Mundial. La crisis del modelo de Estado benefactor y el auge de la lectura y el recetario neoliberal se esparcieron por el mundo, junto a una visión hegemónica que sirvió para acotar sustancialmente los márgenes de elección y decisión autónoma.

Se afirma que esta mutación en la economía mundial implica que, aunque la mayor parte de la actividad económica sigue teniendo carácter nacional o local, el núcleo básico que marca los ritmos y orientaciones de inversión e influye sobre los mercados, es global: tiene la capacidad de funcionar como una unidad en un ámbito que abarca todo el planeta, a través de sistemas de información y redes de transporte informatizados.

Es preciso destacar que el cambio es de carácter cualitativo, porque la economía capitalista es desde sus orígenes un sistema global, y la referencia al mercado mundial ha signado el funcionamiento de las economías nacionales desde un principio. Lo que se ha transformado es la forma en que ese mercado mundial influye en el decurso cotidiano de cada Estado nacional.

Revisemos algunos conceptos. El Estado nacional es una “forma” que asumen las relaciones capitalistas globales3, una suerte de momento acotado de la sociedad global sobre un espacio territorial delimitado. Una de las características del capitalismo es la fractura de la sociedad global en una multiplicidad de Estados. Como dice Burnham, “la más importante tensión del capitalismo contemporáneo es la constitución política nacional de los Estados, junto al carácter global de la acumulación. Aunque las relaciones de explotación sean globales, las condiciones para éstas se establecen nacionalmente, y los Estados soberanos se integran a la economía política global a través del mecanismo de precios”4. Por eso, un rasgo central del capitalismo es precisamente la necesidad de expresarse en Estados nacionales, que son los que aseguran en cada territorio las condiciones de reproducción global.

Los aportes de Holloway (1993) y Burnham (1996) son fundamentales para entender que la particularidad de los Estados tiene que ver con las diversas formas de “captura” del capital. Pero para salir de una suerte de “lógica del capital” es preciso especificar la relación contradictoria, históricamente variable, de la relación Capital-Trabajo. Las tendencias mundiales nos permiten entender los movimientos globales de esa relación, sin los cuales es imposible descifrar a los Estados nacionales particulares, pero ello no nos exime de analizar cómo las relaciones globales se materializan en concreto en cada sociedad (cómo adquieren su forma histórica en tanto “momento” específico de la totalidad), en la medida en que también está en juego la pretensión fundamental del capitalismo de ser un proyecto de reproducción social que va más allá de lo económico en sentido estricto. Lo primero que sale a la vista es que si bien todos los Estados compiten entre sí, como afirma Holloway, para atrapar porciones de capital, y en esto es lo mismo ser Francia que Ruanda o Brasil, no puede dejar de notarse que la capacidad “constitutiva” de cada uno para hacerlo difiere diametralmente, lo cual no es un dato menor.

La emergencia del capitalismo como sistema mundial en el que se integran cada una de las partes en forma diferenciada plantea desde el inicio una tensión entre el aspecto general (modo de producción capitalista dominante), que comprende a todos sus integrantes en tanto organizador del todo, y el específico de las economías de cada Estado nación (formaciones económico-sociales), insertas en el mercado mundial, que arrastran sus historias y relaciones sociales peculiares.

Hay entonces contradicciones constitutivas que diferencian la forma en que cada economía establecida en un espacio nacional se integra en la economía mundial, las cuales se expresan al interior de los Estados nación adquiriendo rasgos diversos. La problemática de la especificidad del Estado periférico5 se inscribe en esta tensión, que involucra la distinta “manera de ser” capitalista y se manifiesta en la división internacional del trabajo. De ahí que las crisis y reestructuraciones de la economía capitalista mundial y las cambiantes formas que adopta el Capital Global afecten de manera sustancialmente distinta a los Estados del centro que a los de la periferia. La tensión, entonces, entre lo general capitalista y lo específico periférico, está permanentemente presente.

Como sostienen Mathías y Salama, existe una lógica propia de la economía mundial entendida como un todo estructurado y jerarquizado que trasciende la de cada una de las economías de los Estados nación que la componen. Esta forma de entender la economía mundial permite concebir de manera original el papel de las economías desarrolladas, que imprimen al conjunto lo esencial de sus leyes sin que ello implique que éstas se apliquen directamente a la periferia. Para estos autores, “...el Estado será el lugar donde va a cristalizarse la necesidad de reproducir el capital a escala internacional (...) Es el lugar por donde transita la violencia necesaria para que la división internacional del trabajo se realice, porque es el elemento y el medio que hacen posible esa política” (1986: 43/44).

Por su parte, Holloway (1993) afirma que “cada Estado nacional es un momento de la sociedad global, una fragmentación territorial de una sociedad que se extiende por todo el mundo. Ningún Estado nacional, sea rico o pobre, se puede entender en abstracción de su existencia como momento de la relación mundial del capital. La distinción que se hace tan seguido entre los Estados dependientes y los no-dependientes se derrumba. Todos los Estados nacionales se definen, histórica y constantemente, a través de su relación con la totalidad de las relaciones sociales capitalistas”. Sin embargo, aclara que ello no implica que la relación entre el Capital Global y los Estados nacionales sea idéntica, ya que éstos son momentos distintos y no idénticos de la relación global. Por otra parte, la fragmentación del mundo en sociedades nacionales lleva a que cada Estado tenga una definición territorial acotada, que implica una relación específica con la población dentro de ese territorio. Es justamente esta demarcación territorial la que explica que cada Estado nacional tenga una relación peculiar con la totalidad de las relaciones capitalistas.

Siguiendo este razonamiento, Holloway (1993) sostiene que “los Estados nacionales compiten...para atraer a su territorio una porción de la plusvalía producida globalmente. El antagonismo entre ellos no es expresión de la explotación de los Estados periféricos por los Estados centrales, sino que expresa la competencia -sumamente desigual- entre los Estados para atraer a sus territorios una porción de la plusvalía global. Por esta razón, todos los Estados tienen un interés en la explotación global del trabajo”.

Mathías y Salama, por su parte, definen a la economía mundial como un todo en movimiento, que conserva pero modifica continuamente las relaciones de dominación: “Esas modificaciones expresan, a su vez, que la jerarquización no se pone en cuestión en lo que tiene de esencial y que subproduce formas nuevas. La política económica de un Estado en la periferia puede así buscar adaptarse a las transformaciones que sufre la división internacional del trabajo y a la vez influir sobre ésta. Es por lo tanto, a la vez, expresión de una división internacional del trabajo a la que se somete y expresión de una división internacional del trabajo que intenta modificar” (1986: 41).

Esta forma de concebir el capitalismo, por ende, apunta a eliminar toda ilusión de disolver los antagonismos clasistas en una unidad, el Estado nación periférico, frente al Estado nación central “dominante”. Porque en el capitalismo la contradictoriedad de intereses atraviesa la dimensión esencial de capital-trabajo más allá de las diferencias de especificación territorial. Sin embargo, rescatar al mismo tiempo la dimensión constitutiva que diferencia la “forma de ser” capitalista en un Estado nación periférico de la “forma de ser” en uno central, contribuye a elucidar una dimensión fundamental para entender el sentido de la lucha de clases y sus posibilidades de desarrollo en cada Estado.



La odisea latinoamericana: de los regímenes de la

heterodoxia” a la ortodoxia económica


La dimensión del Estado aparece recortando un espacio social que tiene límites geográficos concretos, e imponiendo un orden en esencia coercitivo pero también de ejercicio de la hegemonía, lo que implica la inclusión de la dimensión consensual. Resulta imprescindible entonces entender tanto que cada Estado nacional no es una entidad completamente autónoma, como las características específicas que asume ese Estado en tanto que momento particular de la sociedad global en cada etapa histórica.

Tomemos por ejemplo la Argentina a partir de su configuración como uno de los Estados nacionales en que lo político está fragmentado. Lo peculiar del caso argentino es que en los últimos años ha aparecido en el discurso económico de los sectores dominantes locales e internacionales como uno de los países emergentes “modelo”. Ello no la ha salvado, no obstante, de la tan mentada falta de diferenciación en su capacidad de atrapar porciones del capital global.

La crisis expresada en el marco global, que nos muestra lo ficticio de la valorización del capital en la década, se entronca con los severos problemas de legitimación de muchos países cuyos gobiernos aplicaron lo que denominaremos el “ajuste ortodoxo”. Es preciso recorrer la génesis de estos gobiernos para analizar cómo se articularon específicamente con la lógica del capital.

Los ajustes ortodoxos, de los cuales va a surgir el llamado “proceso de transformaciones” de un conjunto de economías latinoamericanas (Argentina, Brasil, Perú, Bolivia), nacieron como consecuencia del fracaso estrepitoso de las variantes “heterodoxas” que se habían ensayado durante la década de los ochenta. El triángulo entre reactivación, cumplimiento de compromisos internacionales y desarrollo de alguna política de equidad social, terminó siendo mortalmente insalvable.

Como afirma Salama, “…la especulación aumenta. El desarrollo del mercado financiero se efectúa sobre bases particularmente malsanas, ya que expresa un efecto de convicción: las sumas depositadas no sirven para la inversión en el momento mismo en que parte de la plusvalía consagrada al pago de los servicios de la deuda aumenta. La especulación se desarrolla, la industrialización tiende a dejar el lugar a la desindustrialización, y los ingresos no siguen el movimiento en la base con el mismo ritmo, la inflación se desarrolla y se transforma en hiperinflación”6.

Puede decirse que los procesos de reforma estatales de los noventa, en los que las privatizaciones de activos constituyeron una parte significativa, tuvieron el sentido de tornar funcionales a las estructuras estatales para las nuevas formas de acumulación exigidas por la reestructuración del Capital Global, que ya estaba dictada por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial como vehículo de resolución de la crisis de la deuda. Como proceso de reconstitución social, sin embargo, por ese entonces sólo reconocía antecedentes en los países desarrollados, inspirados en el diagnóstico y las políticas de corte neoconservador.

El proceso de transformaciones emprendido en América Latina cristalizó en un severo disciplinamiento del polo del trabajo, que ya había comenzado en varios países de la región a mediados de los setenta con las Dictaduras Militares, pero que sin embargo, y a pesar de la ferocidad de la represión, no había logrado quebrar el conjunto de conquistas políticas y sociales ganadas durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones7.

En ese contexto, el viejo andamiaje estatal creado para un modelo de acumulación superado entorpecía los requerimientos de valorización y circulación capitalista prevalecientes. Es así que las privatizaciones de empresas públicas, elemento central de estos programas, tuvieron el doble objetivo de obtener los recursos necesarios para satisfacer la deuda externa e interna, y de constituirse a la vez en garantía del profundo ajuste estructural en tanto importante señal hacia el mercado mundial para atraer capitales. Desde este último ángulo, podrían explicarse como intentos del Estado nación de hacerse más atractivo para atraer y capturar el capital que circula por el mundo en su volátil forma monetaria.

Ello estaría confirmando cómo los Estados nación buscan retener al capital dentro de sus fronteras, porque en tanto momento de las relaciones sociales capitalistas necesitan reproducir a la sociedad en su conjunto, o al fragmento encerrado en el territorio del Estado nación, qua capitalista. De este modo, las privatizaciones constituyeron oportunidades de negocios de rentabilidad segura en un momento de difícil valorización productiva del capital a nivel mundial, por lo que representaron el reparto de las principales áreas entre los capitales concentrados operantes en el territorio nacional tanto de origen “nacional” como transnacional, sin más norte que la valorización rentable y el riesgo mínimo.

Pero lo que definitivamente pondrá a Latinoamérica en el rubro de “los mercados emergentes” es su disciplinamiento monetario. La Argentina resulta interesante como caso límite. En marzo de 1991 se declara la Convertibilidad del peso por dólar, con una paridad fija de 1 a 1 establecida por ley. Casi inmediatamente el país empieza a ser considerado por el capital financiero como un lugar atractivo para su valorización. Hasta entonces, salvo en los casos de las cuasi-rentas ofrecidas por servicios monopólicos privatizados, el ingreso de capital a la Argentina había sido escaso. A partir de la Convertilidad se da una aceptación clara y sostenida de la imposición de la economía global a través de la apertura total a las demandas de acumulación a escala mundial, adscribiendo a una lógica que políticamente acepta de manera explícita la alta velocidad de rotación del capital.

Partiendo del capital global, se puede descubrir la “racionalidad” de los capitalistas de un Estado nación moviendo su capital libremente allí donde convenga. Entonces, la idea del Estado como “capitalista colectivo en idea” perdería el requisito ¿sustantivo? de la territorialidad. De ahí que puede entenderse por qué los capitalistas no invierten en un territorio nacional periférico más allá de que de vivan en él, buscando valorizar su capital a partir de su “inmovilización” como capital productivo, lo que implicaría la creación de puestos de trabajo posibilitadores de la reproducción material de las clases subalternas, y por ende de la socialización capitalista, y tiendan en cambio a competir por lograr mejores condiciones individuales de valorización en otros territorios.

En rigor, es el Capital y no “los capitalistas” quien gobierna el proceso, imprimiendo su lógica global a las decisiones que, fogoneadas por los capitalistas individuales, va tomando el Estado. La consecuencia principal es que al Estado nación le resulta difícil garantizar la reproducción de la relación social capitalista en su espacio territorial, en la medida en que los capitales individuales adquieren el poder necesario como para plasmar en el aparato estatal una lógica al servicio de la valorización que les es individualmente más conveniente a escala mundial (principalmente financiera), con independencia de una reproducción social general, sostenida y a largo plazo, del propio Estado nación como momento específico y delimitado territorialmente.

En la medida en que prima la valorización financiera, el requerimiento es hacer “líquido” el capital y no inmovilizarlo en la producción de rentabilidad incierta. Esta tendencia, que se fue profundizando desde mediados de los setenta, conllevó la desinversión productiva, la consecuente desindustrialización, y con ella la pérdida de poder relativo de los trabajadores, de sus organizaciones sindicales, y de las instituciones públicas sostenedoras del “compromiso” estatal de socialización de la fuerza de trabajo. En América Latina en general, y en la Argentina en particular, esta tendencia se fue desarrollando paulatinamente a partir del quiebre violento producido por la Dictadura Militar, que tuvo como objetivo primordial cambiar radicalmente las bases mismas del modelo económico social preexistente, ya en crisis. La estructura estatal sirvió a partir de entonces para la valorización individual de algunos pocos grandes grupos que acrecentaron su poder relativo.

Cuando el proceso de succión quedó concluido y sobrevino la explosión de la crisis ante la incapacidad de hacer frente al endeudamiento externo (hiperinflación de 1989), la solución reclamada por los acreedores, es decir, el canje de deuda por activos públicos, devino el corolario casi “natural” e insoslayable. La “racionalidad” de esta etapa del capitalismo indicaba la necesidad de desprenderse de un aparato estatal productivo y de servicios al que era imposible sostener, y que por lo tanto se tornaba disfuncional para los nuevos tiempos. De este modo se solucionaban varias cuestiones. Por una parte se enviaban señales claras hacia el mercado mundial para atraer capitales, y por la otra se eliminaba una porción significativa de capacidad de mediación estatal. La necesidad del Estado de mantener la apariencia de “neutralidad” legitimante tiene el costo de introducir, aún acotadamente, elementos referidos al “bien común”, e incorporar a otros actores sociales con demandas y capacidad de negociación para decidir cómo, cuándo y en qué invertir, y sobre todo, a qué precio se deben prestar los servicios y vender los productos. Eliminar estos espacios estatales implica disponer de una capacidad de manejo más inmediata que acota notablemente los márgenes de mediación.



La crisis global: jaque a la ortodoxia exitosa
El desarrollo central del proceso privatizador y la consolidación de la política económica de la convertibilidad argentina coexistieron con la burbuja de pseudovalorización que se volcó sobre los países “emergentes” luego del desplome de los valores japoneses a partir de 1991. Por eso resulta pertinente remontarse un poco en el tiempo, a fin de analizar el cambio de escenario a partir del derrumbe mexicano de diciembre de 1994.

En este punto, la introducción del concepto de crisis nos obliga a una conceptualización sobre ésta: la crisis global necesita ser explicada, y no tomada solamente como dato exógeno de la reducción de grados de libertad de los Estados para implementar políticas monetarias y fiscales.

Las crisis implican una violenta reversión del capital ficticio sobre su base real. Así sucedió en 1930. A diferencia de las situaciones del siglo XIX, el keynesianismo planteó por primera vez una salida a la crisis sin la eliminación de capitales enfermos (desvalorizados), sino en cambio por la violación de la restricción monetaria8, es decir, recurriendo a la emisión. Aparecerían entonces las inyecciones monetarias, tendientes a evitar el desplazamiento violento de los capitales desvalorizados, a cambio de una cierta socialización de las pérdidas vía la inflación. Ello se consolidó claramente con la regulación keynesiana mundial al final de la Segunda Guerra, a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Los llamados “treinta años gloriosos” del fordismo se basaron en la capacidad de “administrar” la lucha de clases en el seno de las instituciones del Estado Benefactor, con una restricción monetaria constantemente violada, pero inmediatamente reconstituida a partir de la aceptación de hecho de esa desvalorización por parte de las clases subordinadas, cuyos salarios terminaban siempre rezagados respecto del aumento de precios.

La crisis de 1973 y los craks de 1987 y 1994 plantearon y lograron inyecciones de fondos como forma de evitar la destrucción de capitales. Si bien ya no era posible hacer funcionar eficientemente la maquinaria de Regulación Keynesiana Mundial, aún era posible evitar una liquidación en masa de capital. Hoy observamos cómo reaparece, multiplicada varias veces, la desesperada búsqueda por parte de porciones desvalorizadas del capital, de que una vez más se viole la restricción de la ley del valor y se salga en su rescate. Las actuales dificultades para encontrar una posición unificada en cuanto al rescate mundial se expresan en las posiciones contradictorias de todos los actores que construyeron originalmente la regulación de Bretton Woods, y aún en la provisorias formas de resolución creadas en 1973, 1987 (crack de Wall Street), 1991 (caída de la Bolsa Japonesa), y 1994 (Efecto Tequila).

La crisis fordista -y aquí, siguiendo a Hirsch, ponemos énfasis en la caída de la tasa de ganancia como fenómeno explicativo9-, hizo que, ante la incertidumbre respecto de las posibilidades de valorización en las actividades productivas, el Capital encontrara un refugio supuestamente seguro en las actividades financiero-especulativas. Como estrategia de largo plazo, la libre circulación planetaria del capital se constituyó en un arma sin precedentes para condicionar al polo del trabajo. En tanto en el capitalismo si no hay inversión no hay generación de actividad productiva y por ende no hay trabajo, el manejo de la escasez de capital destinado a la producción coloca a los trabajadores ante un virtual chantaje: “si ustedes no se allanan a las nuevas condiciones que creemos necesarias para recuperar la ganancia, nosotros no invertimos, ergo, ustedes no tienen trabajo, ergo, no pueden reproducir sus condiciones de vida”. Este fue el contexto en el que se delineó la trayectoria tecnológica de la reconversión posfordista, con una contracción fenomenal de los puestos de trabajo10. La fragmentación, flexibilización y precarización laboral, resultan así correlativas a la pérdida de poder de negociación del trabajador industrial clásico.

Si se entiende que las crisis expresan las contradicciones de la acumulación del capital -y aquí retomamos a Hirsch- podemos decir que nos encontramos ante la materialización de la incapacidad del capital para construir un nuevo ciclo largo como el fordista luego de la crisis de los setenta. Esto no quiere decir que no se haya producido una acumulación feroz del capital: se produjo coexistiendo con una incapacidad para construir lo que los regulacionistas llaman un nuevo “modo de regulación”. Esta incapacidad institucional, esta ausencia de una suerte de renovado “keynesianismo planetario”, no se debe simplemente a la falta de un nuevo liderazgo mundial ni puede verse tampoco a partir de las debilidades del sistema de relaciones económicas internacionales.

El poder aparente del capital en su expresión monetaria, que se materializa en su comportamiento como ariete justificador del neoliberalismo en su lucha por eliminar las conquistas históricas de los trabajadores, no debe hacernos olvidar que el Capital es una relación social en y a través del trabajo. Como bien señala Bonefeld “el capital existe solamente a través del trabajo vivo como sustancia de valor y, por lo tanto, valor excedente…el Capital no puede autonomizarse a sí mismo del trabajo vivo; la única autonomización posible es del lado del trabajo”11 Esto resulta hoy esencial: la crisis actual nos muestra cómo ese aparente poder omnímodo del capital, utilizado como chantaje para desintegrar el poder del trabajo, retrocede en avalancha ante la no realización de las promesas de valorización. Y arrastra detrás de sí no sólo al capital que ingresa a los países y permanece en la forma líquida, sino también a innumerables proyectos productivos, algunos afincados por décadas en cada territorio. Hoy observamos, entonces, cómo las preocupaciones de los Estados pasan a ser no sólo “atrapar” porciones de capital que fluyen financieramente, sino evitar que se vayan los supuestamente seguros y afincados productivamente.

Por ello es preciso destacar cómo la “lógica del capital” expresa, aunque resulte paradójico, el poder del polo del trabajo. Y es desde ahí que puede hablarse de un cierto fracaso del proyecto neoconservador: fracaso en el triunfo12. En los países centrales el polo del trabajo comenzó a ponerle freno a la ofensiva del capital (huelgas de telepostales, camioneros y autopartistas en EE.UU.; huelgas francesas de fines de 1995; triunfos electorales de las oposiciones a los gobiernos neoconservadores), mientras que el Capital buscó su valorización en los países emergentes asiáticos y latinoamericanos13. Pero en la mayoría de los casos prevaleció la relación Dinero-Dinero (D-D’), por sobre la de extracción de plusvalor: o bien la valorización puramente financiera, o bursátil, o bien a través de rentas monopólicas14 (que no son otra cosa que redistribuciones de plusvalor).

Analizar la crisis asiática como un punto particular implica preguntarse por qué se construyó la burbuja financiera. Y aquí resulta central recordar que el conflicto con el polo del trabajo puso también en cuestión la superexplotación. Recordamos especialmente la larga huelga coreana, los meses previos al estallido de Thailandia de agosto de 1997. Por otra parte, si bien la lógica del capital podía construir un espacio territorial, inestable desde el estallido de los conflictos en Corea pero existente al fin para la extracción del plusvalor, no lo tenía para la realización de éste. De ahí los terribles apalancamientos financieros, la especulación sobre los proyectos inmobiliarios, y la crisis de la industria automotriz coreana, por citar sólo algunos ejemplos destacados.

Vemos entonces que el estallido de la crisis en Asia expresa también, si bien contradictoriamente, la fragilidad del capital productivo afincado en esta parte del planeta. Algo similar había pasado en México en 1994: el llamado “Efecto Tequila” tuvo una relación concreta con la crisis del régimen político mexicano15, que se expresaba ese año en la emergencia zapatista y la crisis del partido de gobierno. Ambos momentos (México 1994 y Asia 1997/98) no deben ser leídos solamente como un proceso donde los capitales fugan autónomamente, sino que expresan una conflictualidad, que se potencia a partir del derrame en cadena de la propia crisis, como por ej. la caída del gobierno Indonesio en 1998.

Racionalidad” del capital y “racionalidad” del estado
Mucho se discute acerca de la racionalidad o irracionalidad del capital. Se puede entender su movimiento internacional y su estructura nacional, y llegar a explicar por qué hay “racionalidad” capitalista en términos de los capitales dominantes. Desde este ángulo, la adecuación del aparato estatal a los requerimientos de la competencia de “atrapar” el capital global puede resultar “racional”, pero en la medida en que el Estado nación no depende sólo de la reproducción del capital mundial sino también de la reproducción del capitalismo dentro de sus fronteras, la pregunta es qué pasa con el proyecto de reproducción social. El capitalismo constituye un orden social que precisa validarse. A partir de la reproducción material intenta, y por lo general consigue, legitimarse integrando al conjunto de la sociedad en una estructura jerarquizada. El Estado tiene la función de sostener ese orden, de organizarlo y darle sentido. Cuando el capitalismo en tanto sistema económico-social no logra socializar al conjunto de la población de un territorio dado, se producen quiebres en el Estado nación como instancia articuladora: sobrevienen crisis políticas, económicas, sociales, ideológicas, culturales.

Si los Estados nación tienen como misión capturar al Capital Global para reproducir a la sociedad, habría que preguntarse de dónde sale su racionalidad o irracionalidad, si es que cabe, para lograr que esa captura se produzca. Aparecen aquí las clásicas cuestiones de la relación clase dominante/Estado y del carácter periférico o central del espacio de valorización capitalista nacional determinado históricamente. Entonces, cuando se dice que un Estado o una clase dominante no se comporta con “racionalidad capitalista”, suele olvidarse la peculiaridad del espacio nacional periférico -el lugar donde operan los capitalistas individuales en tanto parte de la relación social capitalista- en la valorización del capital mundial, y la correlación de fuerzas que se expresa en cada sociedad en los distintos momentos históricos.

Como señalábamos más arriba, son los sectores dominantes “internos” y “externos”, en tanto que capitalistas, los que en última instancia logran imprimir su racionalidad a la gestión y morfología de lo estatal. Ello no se establece por definición estructural a priori o en función de un parámetro abstracto de lo que debería ser un “capitalista colectivo en idea” que piense la totalidad más allá de lo inmediato, sino que tiene que ver con la dinámica de la lucha de clases. La percepción de las tareas a cargo del Estado referidas a la socialización de la fuerza de trabajo se relaciona directamente con la correlación de fuerzas que está en la raíz misma de la forma de acumulación, incluidos sus procedimientos técnicos. Como proyecto de reproducción social acotado en un espacio físico, y con las formas de convivencia que implica, es en esa lucha, en esa correlación, que se definen los límites de la reproducción social “racional” para el capital. Está claro que el capital no tiene patria, que fluye incesantemente hacia donde obtiene mejores condiciones de reproducción. Pero también es cierto que no puede entenderse la categoría capital sin la categoría Estado (como derivación lógica, pero fundamentalmente como categoría histórica específica), porque es precisamente a partir de la garantía estatal que puede extraerse el plusvalor. Economía y política son entonces partes de una unidad: la relación social capitalista16. Y el Estado, como garante de la relación social capitalista, recibe su “racionalidad” precisamente de preservarla más allá de los intereses concretos o a pesar de ellos. De ahí deviene su apariencia de neutralidad. Pero la materialidad de la producción estatal, es decir, qué hace, cómo lo hace, en qué forma, con qué herramientas, se especifica en un proceso complejo que expresa las contradicciones de la lucha, generalmente mediada y cargada de múltiples significaciones, entre intereses opuestos: los capitalistas por obtener mayores cuotas de plusvalor, y los trabajadores por defender sus condiciones de vida. De ahí que los Estados nunca pueden “saber” a ciencia cierta qué es lo más correcto o “racional” para la reproducción capitalista en cada momento histórico, y por ende no están exentos de “errores” y contradicciones.

Es preciso tener en cuenta que la “racionalidad” capitalista implicada en el Estado como “capitalista colectivo ideal”, que supone asumir la reproducción de ambos polos de la relación social capitalista, no puede ser explicada solamente como producto directo de las necesidades del capital, sino que debe ser entendida como el resultado de la lucha y de la fortaleza o debilidad relativas del polo del trabajo para imponer los límites de su propia reproducción como clase. Se advierte aquí la paradoja de que es precisamente la fuerza del trabajo17 la que compele al capital a garantizar su reproducción, la que otorga “racionalidad” al Estado capitalista como proyecto de reproducción social general, y provee simultáneamente los elementos para la pervivencia del sistema a través de su legitimación (siendo a la vez, y contradictoriamente, la razón de su movimiento “irracional”).


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