Xvii congreso Latinoamericano, IX iberoamericano I primero Nacional de Derecho Penal y Criminología – Ecuador 2005



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En Jurisprudencia Penal III, 1990, p. 147.

41 Rojas Vargas, 2002, pp. 658-659. Para Portocarrero, el cargo debe estar ocupado sin importar que el funcionario esté en ejercicio, de vacaciones o con permiso (1997, p. 26).

42 Cfr. Soler V, 1978, p. 129; Creus II, 1988, p. 248; Abanto Vásquez, 2003, pp. 108-109.

43 Morillas Cueva en Cobo, p. 761; Calderón Cerezo en Calderón Cerezo/Choclán Montalvo II, 2001, p. 483; Conde-Pumpido Ferreiro, p. 3771; Cairoli Martínez, p. 62; Creus II, p. 248; Texeira X, 1951, p. 158; Cuello Calón II, p. 238; Portocarrero, 1997, p. 28.

44 Cfr. Orts Berenguer en Vives Antón, 1999, p. 730; Lascurrín Sánchez en Rodríguez Mourullo, 2000, p. 1081; Corcoy Bidasolo, p. 466; Alves de Figuereido, 1986, p. 327.

45 Queralt, 1996, p. 559; Abanto Vásquez, 2003, p. 108; Escobar López, 2000, p. 287.

46 Córdoba Roda III, 1978, p. 1027.

47 Sentencia del Tribunal Supremo del 31 de marzo de 1992. En Código Penal (doctrina y jurisprudencia) III, 1997, p. 3774.

48 Cfr. Muñoz Conde, 2001, p. 674.

49 Quintero Olivares, 1999, p. 1154; Fragoso II, 1986, p. 448; Orts Berenguer en Vives Antón, 1999, p. 730; Soler V, 1978, p. 128; Muñoz Conde, 2001, pp. 674-675; Fontán Balestra, 1998, p. 827.

50 Cfr. Conde-Pumpido Ferreiro en Código Penal III, 1997, p. 3771. Vid. Alves de Figuereido, 1986, p. 328.

51 Para Frisancho Aparicio/Peña Cabrera es necesario modificar el nombre de la Sección I por una que diga “Usurpación de autoridad y abuso de funciones públicas” (2002, pp. 174-175).

52 Ejecutoria suprema de 30 de octubre de 1996, Exp. 5057-95-B Piura. En Rojas Vargas, 2002, p. 704.

53 Hugo Álvarez, 2000, p. 68.

54 En la fórmula española el elemento negativo se presenta con la expresión “ilegítimamente”, que sustituiría la anterior expresión “sin título o causa legítima”. Así tab. Abanto Vásquez, 2003, p. 112. La legislación alemana presenta a este requisito a través de una conducta omisiva previa de acreditación sobre la habilitación de un cargo público (parágrafo 132).

55 Así tab. Hugo Álvarez, 2000, p. 70; Abanto Vásquez, 2003, p. 112.

56 Cfr. Hugo Álvarez, 2000, p. 70; Rojas Vargas, 2002, p. 659; Abanto Vásquez, 2003, p. 112.

57 Definición asumida por Fontán Balestra (1998, p. 828). En el Perú: Portocarrero, 1997, p. 29.

58 Abanto Vásquez, 2003, p. 112.

59 Definición asumida por Creus (II, 1988, p. 249). En el Perú: Abanto Vásquez, 2003, p. 112.

60 Así tab. Hugo Álvarez, 2000, p. 71; Rojas Vargas, 2002, p. 659.

61 Ejecutoria suprema del 3 de diciembre de 1997, Exp. 437-97 Ica. En Rojas Vargas, 1999, p. 707.

62 Cfr. Soler V, 1978, p. 130; Rojas Vargas, 2002, p. 660; Portocarrero, 1997, p. 30.

63 Cfr. Rojas Vargas, 2002, p. 661; Abanto Vásquez, 2003, p. 115; Frisancho Aparicio/Peña Cabrera, 2002, p. 178.

64 Abanto Vásquez, 2003, p. 115; Portocarrero, 1997, pp. 33-34; Laje Anaya III, 1981, p. 64.

65 Vid. Laje Anaya III, 1981, pp. 63-64; Creus II, 1988, p. 250.

66 Rojas Vargas, 2002, p. 661. Cfr. Soler V, 1978, p. 130; Fontán Balestra, 1998, p. 828.

67 Abanto Vásquez, 2003, p. 116; Soler V, 1978, p. 130; Fontán Balestra, 1998, p. 828; Creus II, 1988, p. 250.

68 Hugo Álvarez, 2000, p. 73.

69 Vid. Abanto Vásquez, 2003, p. 116.

70 Ejecutoria suprema del 9 de noviembre de 1997, Exp. 5088-96. En Rojas Vargas, 2002, p. 701.

71 Cfr. Fontán Balestra, 1998, p. 828.

72 Ejecutoria suprema del 5 de marzo de 1998, Exp. 2994-97. En Rojas Vargas, 1999, p. 711.

73 Cfr. Hugo Álvarez, 2000, p. 74; Abanto Vásquez, 2003, pp. 116-117.

74 Vid,. Rojas Vargas, 2002, p. 663.

75 Precisa Hugo Álvarez que la destitución y cesantía eliminan y se oponen a la condición o calidad de funcionario público, lo cual no sucede con la suspensión o subrogación (2000, p. 75).

76 En Argentina: Laje Anaya III, 1981, p. 65; Creus II, 1988, p. 252; Rodolfo Moreno VI, p. 161. En Perú: Rojas Vargas, 2002, p. 662; Abanto Vásquez, 2003, p. 117; Portocarrero, 1997, pp. 31-32; Abastos II, pp. 20-21. En Venezuela: Febres Cordero, p. 212.

77 Cfr. Creus II, 1988, p. 252; Laje Anaya III, 1981, p. 65.

78 Rojas Vargas, 2002, p. 662; Abanto Vásquez, 2003, p. 117.

79 Esta modalidad también lo prevé: El Código Penal de Argentina en su artículo 246, numeral 3°: “el funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo”. El Código Penal de Costa Rica en su artículo 310° (numeral tres) prevé: “el funcionario público que usurpare funciones correspondientes a otro cargo”.

80 Laje Anaya III, 1981, p. 66; Frisancho Aparicio/Peña Cabrera, 2002, p. 181; Creus II, p. 525.

81 Ejecutoria Superior de la Sala Penal de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima del 11 de mayo de 1998, Exp. 137-98. En Baca Cabrera/Rojas Vargas/Neira Huamán II, 1999, p. 489.

82 Laje Anaya III, 1981, p. 66.

83 Rojas Vargas, 2002, p. 664.

84 Abanto Vásquez, 2003, p. 119.

85 Constituye un caso curioso cuando el agente, que ha sido subrogado a otro cargo, decide ejecutar actos de su anterior cargo. En este hecho se configura el tercer supuesto si ha sido comunicado oficialmente de la subrogación, aunque también es asimilable el supuesto de continuación indebida luego de la subrogación. Esta concurrencia de supuestos, si bien no genera ningún problema punitivo, por cuestiones técnicas, se precisa a una originaria concurrencia ideal de supuestos delictivos.

86 Asimismo: Hugo Álvarez, 2000, p. 77. Cfr. Frisancho Aparicio/Peña Cabrera, 2002, p. 166.

87 Cfr. Laje Anaya III, 1981, p. 66; Frisancho Aparicio/Peña Cabrera, 2002, p. 34; Corso Masías IV, p. 230.

88 Se ha señalado también al daño que se produce a terceros (Abastos Hurtado, s/f, II, p. 120).

89 Cfr. Creus II, 1988, p. 252.

90 Vid. Abanto Vásquez, 2003, p. 113; Laje Anaya III, 1981, pp. 60-61.

91 Cfr. Abanto Vásquez, 2003, p. 117. En contra: Rojas Vargas, 2002, p. 664.

92 Así tab.: Rojas Vargas, 2002, p. 664. En contra: Abanto Vásquez, 2002, p. 121.

93 Rojas Vargas, 2002, p. 665.

94 Fontán Balestra, 1998, p. 827. Cfr. Rojas Vargas, 2002, p. 665. Para Portocarrero (1997, p. 35) y Frisancho Aparicio/Peña Cabrera (2002, p. 117) es suficiente la sola asunción y arrogación del cargo sin necesidad de ejercer alguna atribución. Entendemos que las dos modalidades de usurpación nos presentan dos realidades diferenciadas que el agente puede seguir indistintamente, e implica apreciar interpretaciones sucesivas de los verbos rectores en un solo plano comisivo.

95 Texeira X, 1951, p. 1951, p. 159; Abanto Vásquez, 2003, p. 114.

96 Admiten tentativa: Salles Junior, p. 358; Rojas Vargas, 2002, p. 665. No lo permiten: Carranca y Trujillo en Carranca y Trujillo/Carranca y Rivas, 1999, p. 662; Frisancho Aparicio/Peña Cabrera, 2002, p. 177; Queralt, 1996, p. 559.

97 Cfr. Fontán Balestra, 1998, p. 828.

98 Abanto Vásquez, 2003, p. 118. Rojas Vargas considera que es conflictiva la posibilidad de su acreditación (2002, p. 665).

99 Del mismo parecer: Abanto Vásquez, 2003, p. 118, aunque Rojas Vargas no es de la misma idea (2002, p. 665)

100 Así: Abanto Vásquez, 2003, p. 114; Frisancho Aparicio/Peña Cabrera, 2002, p. 172.

101 Aceptan coautoría: Abanto Vásquez, p. 114; Rojas Vargas, p. 653; Frisancho Aparicio/Peña Cabrera, p, 172. En contra: Quintero Olivares, 1999, p. 1154.

102 Así: Abanto Vásquez, 2003, p. 114; Rojas Vargas, 2002, p. 653; Frisancho Aparicio/Peña Cabrera, 2002, p. 172. En contra: Quintero Olivares, 1999, p. 1154.

103 Sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura del 8 de enero de 1997, Exp. 443-97. En Serie de Jurisprudencia 4, 2000, p. 427.

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