Vs. Honduras Sentencia de 29 de julio de 1988



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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PIZA ESCALANTE

1. No habría tenido reserva alguna para suscribir la totalidad de la sentencia si el punto 6º se hubiera redactado en términos como los siguientes:


6. Decide que la forma y cuantía de esta indemnización serán fijadas por la Corte en caso de que las partes, con intervención de la Comisión, no se pongan de acuerdo al respecto en un período de seis meses a partir de la fecha de esta sentencia, y deja abierto para ese efecto el procedimiento.

Incluso habría concurrido en una decisión menos definitiva, que se remitiera solamente al acuerdo de las partes, en la forma en que la propia Corte razonó sus conclusiones en el párrafo 191 de la misma, sin referirse a la Comisión; aunque no las del párrafo 192, sobre las cuales también formulo mi reserva.


2. Mi disidencia, así, no lo es del todo con el fondo ni con el sentido fundamental de esa disposición, en cuanto reserva a la Corte la decisión final sobre la indemnización ahora otorgada en abstracto, dejando a las partes la iniciativa para convenirla en el plazo estipulado, sino tan sólo con la titularidad de la condición de parte a ese efecto, que el voto de la mayoría reconoce a la Comisión, pero no a los causahabientes de la víctima.
3. Salvo mi voto, pues, por la necesidad de ser consecuente con mi interpretación de la Convención y de los propios Reglamentos de la Comisión y de la Corte, de que, en el proceso ante ésta, la única parte activa, en sentido sustancial, son la víctima o sus causahabientes, titulares de los derechos reclamados y acreedores de las prestaciones que en la sentencia se declaren, en consonancia con el texto del artículo 63.1 de la Convención, el cual incluye expresamente
. . . el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En cambio la Comisión, parte imparcial e instrumental, al modo de Ministerio Público del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, lo es solamente en el sentido procesal, como actora en el juicio, nunca en el sustancial o material, como acreedora de la sentencia (arts. 57 y 61 de la Convención, 19 inc. b) del Reglamento de la Comisión y 28 del Estatuto de la Corte).


4. Esa tesis, por lo demás, es la misma que he sostenido consistentemente, en general sobre las partes en el proceso ante la Corte, por lo menos desde mis votos particulares sobre las resoluciones dictadas en 1981 y 1983, en el caso "Viviana Gallardo y otras" (vide, p. ej., resolución del 13 de noviembre de 1981, voto razonado del Juez Piza, párr. 8, y resolución del 8 de septiembre de 1983, voto salvado del Juez Piza, párrs. 36, 39 y punto resolutivo 8º, última donde sostuve, entre otras cosas:
39. . . . que, a mi juicio, las 'partes' en sentido sustancial son . . . : a) el Estado de Costa Rica como 'parte pasiva', a la que se imputan las violaciones y deudora eventual de su reparación . . . y b) como 'parte activa', titular de los derechos reclamados y, por ende, acreedora de una eventual sentencia estimatoria, las víctimas . . . . La Comisión no es 'parte' en ningún sentido sustancial, porque no es titular de derechos ni deberes que hayan de ser o puedan ser declarados o constituidos por la sentencia).

5. Lo resuelto por la mayoría resulta, aunque válido, insuficiente, en cuanto no recoge, a mi juicio, la condición de parte de los causahabientes de Manfredo Velásquez de conformidad con el citado artículo 63.1 de la Convención, y, también, con lo dispuesto sobre el contenido de la sentencia por el artículo 45. 2 y 3 del Reglamento de la Corte, como sigue:


2. Cuando la Corte decida que hay una violación de la Convención, tomará en la misma sentencia una decisión sobre la aplicación del artículo 63.1 de la Convención, si dicho asunto después de haber sido presentado de conformidad con el artículo 43 del presente Reglamento, estuviese listo para una decisión; si no lo estuviese, la Corte decidirá el procedimiento a seguir. Por el contrario, si el asunto en mención no ha sido presentado bajo el artículo 43, la Corte determinará el período dentro del que puede ser presentado por una parte o por la Comisión.
3. Si la Corte ha sido informada de que el lesionado y la parte responsable han llegado a un acuerdo, verificará que el acuerdo sea justo.

6. En esos mismos votos particulares expuse, además, mi tesis sobre la situación de las partes en sentido procesal, o sea, no ya como acreedora y deudora del contenido de la sentencia, sino como actora y demandada en el proceso, en términos como los siguientes:


40. . . . no existe ninguna razón valedera para negar a las propias víctimas, 'parte activa' sustancial, su condición autónoma de 'parte activa' procesal. . . . "a mi juicio, lo único que la Convención veda al ser humano es la 'iniciativa de la acción' (art. 61.1), limitación que, como tal, es 'materia odiosa' a la luz de los principios de manera que debe interpretarse restrictivamente. En consecuencia, no es dable derivar de esa limitación la conclusión de que también le está vedada al ser humano su condición autónoma de 'parte' en el proceso, una vez que éste se haya iniciado ... En lo que se refiere a la Comisión Interamericana, que debe comparecer en todos los casos ante la Corte . . . ésta es claramente una 'parte sui generis', puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un 'ministerio público' del sistema interamericano de protección de los derechos humanos" (resolución del 8 de septiembre de 1983).

Lo anterior me obliga, pues, como dije (supra párr. 1), a plantear mi reserva expresa sobre el párrafo considerativo 192, en tanto coloca a la Comisión como única parte procesal frente al Estado o Estados que intervengan en un caso ante la Corte, sin reconocer la legitimación autónoma, incluso en el sentido meramente procesal, de las víctimas o sus causahabientes, entre otros.


7. Por lo demás, considero que, si la Convención y los reglamentos de la Comisión y de la Corte autorizan, en general, formas de solución amistosa antes o después de planteado el proceso ante la Corte, siempre en manos directamente de la parte lesionada y tan sólo con la intervención mediadora o fiscalizadora de la Comisión, carece de sentido que ahora, al autorizar un acuerdo directo para después de la sentencia que ha condenado en abstracto al pago de una indemnización, lo haga invistiendo a la Comisión, para esos efectos, de la condición de única parte frente al Estado responsable, en lugar de los causahabientes de Manfredo Velásquez, únicos acreedores de esa indemnización.
Al respecto, se explican por sí solas disposiciones como las siguientes:
Convención
Artículo 48
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención . . .
f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.

Reglamento de la Comisión:
Artículo 45 (solución amistosa)
1. A solicitud de cualquiera de las partes, o por iniciativa propia, la Comisión se pondrá a disposición de las mismas, en cualquier etapa del examen de una petición, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos . . .

Reglamento de la Corte:
Artículo 42 (desistimiento y cancelación de la instancia) . . .
2. Cuando en una causa presentada ante la Corte por la Comisión, aquélla recibiere comunicación de una solución amistosa, de una avenencia o de otro hecho apto para proporcionar una solución al litigio, podrá llegado el caso, cancelar la instancia y archivar el expediente, después de haber recabado la opinión de los delegados de la Comisión . . .

En relación con esta última disposición, es evidente que si la 'parte' en la solución amistosa hubiera sido la misma Comisión, sería absurdo que la Corte después tuviera que recabar su opinión para ordenar la cancelación de la instancia y el archivo del expediente.


8. Nada de lo anterior significa que yo no comprenda o no comparta la inquietud que la decisión de la mayoría parece revelar, en el sentido de que la Comisión está, posiblemente, en mejores condiciones reales para velar porque los intereses de los causahabientes de Manfredo Velásquez no se vean menoscabados por la prepotencia del Gobierno, o la de que un acuerdo específico entre éste y la Comisión podría tener la relativa mayor eficacia propia de un convenio internacional. Sin embargo, considero:
a) En cuanto a lo primero, que la Corte está obligada a aplicar las normas de la Convención y de su Reglamento de conformidad con su sentido objetivo, y, para mí, el texto claro de esas normas no autoriza la interpretación adoptada.
b) De todos modos, yo no he pretendido en ningún momento que la Comisión no participe activamente en la negociación de un acuerdo con el Gobierno respecto de la indemnización ordenada por la sentencia. Mi redacción principal lo decía expresamente, e inclusive en mi disposición de aceptar una simple referencia a "las partes" estaba también implícita su participación, desde luego que la Corte se reserva en todo caso la potestad de homologar ese acuerdo (punto resolutivo 7º, adoptado por unanimidad).
c) En cuanto a la eficacia del convenio, no me preocupa cuál sea su régimen jurídico --nacional o internacional--, porque de todo modos la validez y la fuerza de ese acuerdo en ambos órdenes se derivarán de la propia Convención, en virtud de la sentencia misma y de la posterior homologación o aprobación formal de la Corte, disposición que gozaría de ejecutividad, tanto en el orden internacional como en el interno, conforme al texto expreso del artículo 68.2 de la Convención, en el sentido de que
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

c) Por lo demás, no debe olvidarse que la pendencia establecida en la sentencia es solamente de seis meses, vencidos los cuales el asunto volverá a conocimiento de la Corte, sea para homologar el acuerdo de las partes (punto resolutivo 7º), sea para fijar ella misma la forma y el monto de la indemnización (punto resolutivo 6º), llevado por la Comisión o por los propios interesados, en la forma prevista por el artículo 45.2 y .3 del Reglamento de la Corte ya citado, según el cual


2. . . . la Corte determinará el período dentro del que puede ser presentado por una parte o por la Comisión.
3. Si la Corte ha sido informada de que el lesionado y la parte responsable han llegado a un acuerdo, verificará que el acuerdo sea justo.
Rodolfo E. Piza E.

Charles Moyer



Secretario
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