Voto particular en la controversia constitucional 76/2014



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VOTO PARTICULAR EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 76/2014




VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 76/2014, PROMOVIDA POR EL MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZACATECAS

Tema del voto: ¿El municipio actor cuenta con interés legítimo para impugnar la declaratoria de incorporación al régimen de bienes de dominio público a favor del municipio, el palacio y jardín principal municipales? No, porque, en mi opinión, no se alega una invasión a la esfera de competencias del municipio, sino que la impugnación implicaba meras cuestiones de estricta legalidad. En este sentido, se debió sobreseer en el juicio constitucional por falta de interés legítimo del municipio actor.

I. Antecedentes:
El Municipio de Atolinga, del Estado de Zacatecas, demandó del gobernador y del secretario general de gobierno de la entidad, el decreto que contiene la declaratoria de incorporación de dos bienes inmuebles al dominio público en favor del municipio, consistentes en el palacio y jardín principal municipales, de dieciocho de junio de dos mil catorce, publicado en el periódico oficial de la entidad el dieciséis de julio siguiente.
En particular, el municipio actor combatió la parte considerativa y resolutiva del decreto que dispone que dicha declaratoria no constituye el título de propiedad de los bienes inmuebles que se incorporan al dominio público del Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas.
II. Sentencia de la mayoría:
En sesión de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos1, resolvió declarar procedente pero infundada la controversia, y reconocer la validez del “Acuerdo de dieciocho de junio de dos mil catorce por el que el Gobernador del Estado de Zacatecas emitió la Declaratoria de Incorporación al Régimen de Bienes de Dominio Público en favor del Municipio de Atolinga, Zacatecas y su publicación en el Periódico Oficial del Estado de dieciséis de julio de dos mil catorce”.
III. Razones del voto:
En mi opinión, se debió haber declarado fundada la causa de improcedencia que de manera coincidente hicieron valer tanto el gobernador como el secretario general de gobierno, consistente en que el municipio actor, carece de interés legítimo para impugnar la citada declaratoria de incorporación, porque con dicho acto no se vulnera su ámbito de atribuciones, ya que no le causa agravio alguno. Ello, conforme al criterio del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, el cual ha reiterado en diversos asuntos el cual se reafirmó al resolver las controversias constitucionales 89, 93, 95 y 98, todas 2014, en sesión pública del catorce de marzo de dos mil dieciséis2.
En estas controversias el Pleno sostuvo que la controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental cuenten con interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio.
El que la Constitución Federal reconozca legitimación para intervenir en una controversia constitucional a las entidades, poderes u órganos que menciona el artículo 105, fracción I, es insuficiente para que, a instancia de alguno de ellos, la Suprema Corte de Justicia realice un análisis abstracto de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial de la parte actora.
Por tanto, el ente legitimado que promueva la controversia en contra de una norma o acto y no logre acreditar que afecta su esfera de facultades o atribuciones, sino que lo hace por el mero interés de preservar la regularidad constitucional en el ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas a otros órganos originarios del Estado, no actualiza las condiciones para que se resuelvan los temas propuestos, ya que, al no demostrarse una afectación es evidente su falta de interés legítimo.
Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia a través de la controversia constitucional puede revisar la legalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado, ya que el alcance de la controversia es sobre cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, esta revisión de legalidad está siempre supeditada a que exista una afectación a la esfera competencial del actor, pues de no ser así se desnaturalizaría la función de la vía de controversia constitucional permitiéndose la revisión en abstracto, de un acto que de ningún modo se relacione con quien la impugna, convirtiendo a este Tribunal en un órgano de revisión de toda la legalidad de las actuaciones de las autoridades independientemente de la finalidad y estructura de la controversia constitucional, esto es, del principio de división de poderes y la salvaguarda del federalismo.
Por estas razones, considero que la controversia debió sobreseerse al actualizarse la causal de improcedencia de falta de interés legítimo del municipio actor, puesto que con la declaratoria de incorporación tanto del palacio municipal como del jardín principal, no se vulnera su esfera de competencias, puesto que el determinar si es correcto o no emitir un documento como el que pretende el municipio actor, es una cuestión de mera legalidad, convirtiendo al Tribunal Constitucional en un órgano de revisión de toda la legalidad de las actuaciones de las autoridades independientemente de la finalidad y estructura de la controversia constitucional, esto es, sin que se aduzcan cuestiones que deriven del principio de división de poderes o la salvaguarda del federalismo.
Además estimo que la tesis que se cita en la sentencia en la página 27 de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO”, lejos de servir como fundamento para el sentido del proyecto, apoya la opinión que aquí comparto ya que, si bien como ahí se indica, se debe tener una amplia concepción del principio de afectación, dicha amplitud debe entenderse siempre en el contexto de “una afectación al ámbito competencial de los órganos primarios del Estado” tal como en el caso lo es el municipio actor, siendo que en este entendimiento se han considerado como hipótesis de improcedencia de una controversia constitucional, cuando se alegan exclusivamente violaciones a: 1) cláusulas sustantivas diversas a las competenciales y/o 2) de estricta legalidad.
Así esta tesis apoya el sentido de la opinión que aquí comento ya que en el presente caso no se alega alguna invasión de competencias, sino cuestiones de estricta legalidad, sin que tampoco sea el caso, de que se entremezclen violaciones de legalidad asociadas con la competencia del municipio actor, por lo que, al no presentarse un principio de afectación, sino un estudio de estricta legalidad, la controversia constitucional resulta improcedente y, por tanto, en mi opinión, debió ser sobreseída.
Estas son las razones por las que voté en contra de la resolución mayoritaria de la Primera Sala.


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Ministro José Ramón Cossío Díaz
Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala


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Lic. María de los Ángeles Gutiérrez Gatica
LPRZ/RMMG/OCC


1 La votación mayoritaria fue de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ponente), en contra de los emitidos por los señores ministros José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

2 La votación en estos precedentes en este tema fue por mayoría de nueve votos de los señores ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Aguilar Morales.



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