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VOTO CONCURRENTE

AMPARO EN REVISIÓN 133/2012


VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES EN EL AMPARO EN REVISIÓN 133/2012.
Comparto el sentido del proyecto por cuanto a que el artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar es inconstitucional por ser contrario a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución General. Asimismo, considero ajustada a derecho la determinación relativa a que la concesión del amparo debe tener el efecto consistente en que el Juez Sexto Militar se declare incompetente para seguir conociendo de la causa penal y la remita al juez federal penal competente el cual deberá proceder en términos de ley.
No obstante lo anterior, no comparto todas las consideraciones en las que se sustenta la sentencia. En efecto, en ésta se invoca la “jurisprudencia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para concluir que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones a derechos humanos. Sobre el particular, lo primero que debo apuntar es que la restricción del fuero militar se desprende del propio artículo 13 constitucional, sin necesidad de acudir a lo que se ha denominado “jurisprudencia” de dicha Corte internacional. En efecto, dicho precepto constitucional dispone:
Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.”
De la disposición constitucional transcrita se aprecia que cuando en un delito o falta del orden militar esté complicado un paisano (civil), conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. El vocablo “complicado” significa mezclar o confundir, de lo que se sigue que basta con que el civil esté involucrado -ya sea como sujeto activo o como sujeto pasivo- para que se actualice la competencia de la justicia ordinaria.
De acuerdo con lo anterior, la restricción del fuero militar se encuentra claramente establecida en la Constitución General y, por ende, no es necesario invocar fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fijarla.
En relación con lo anterior, considero importante apuntar que al resolver el expediente Varios 912/2010 (conocido como expediente Radilla Pacheco) formulé un voto particular en el que de manera expresa sostuve que los alcances de las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos están sujetas a situaciones determinadas y concretas y no a condiciones generales acaecidas en abstracto. En efecto, en dicho voto manifesté lo siguiente:
Ahora bien, el artículo 63 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos dispone, en su punto número 1, textualmente lo siguiente:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.’
Esta disposición establece varios supuestos:
a) Que se decida la existencia de una violación de un derecho o libertad protegido por la Convención;

b) Que, por ello, se garantice al lesionado el goce del derecho o libertad conculcado;

c) Que, en su caso, se reparen las consecuencias (no las causas) de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos;

d) Que se pague una justa indemnización al lesionado.
La norma en cuestión se refiere en todo momento a la parte lesionada, de lo que se puede fácilmente inferir que, conforme a la propia Convención, las sentencias que dicte la Corte Interamericana deben limitarse al sujeto lesionado, para que éste, y sólo éste, sea garantizado en el uso y goce de su derecho o libertad conculcado; e incluso para que esa misma parte lesionada, obtenga la reparación que a él le haya causado tal lesión, incluyendo una indemnización a su favor.
La individualización de los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana se entienden claramente si se tiene en consideración que los casos sólo son llevados a su conocimiento por situaciones determinadas y concretas y no por condiciones generales acontecidas en abstracto, como son las políticas públicas de un Estado, situación ésta que no fue ni tácita ni expresamente materia de la convención, pues requeriría que cualquiera de los Estados adheridos trasladaran o delegaran en la Corte Interamericana su facultad soberana para establecer políticas públicas.
Es por ello que el sistema contenido en los artículos 46, 47, 48, 49, 50 y 61 de la Convención, exige que se trate de un caso concreto, en el que incluso se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos, lo que únicamente es posible ante la existencia de casos específicos y sujetos determinados. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que el fallo no deba ser acatado, sí debe serlo, pero, al menos en relación con el Poder Judicial de la Federación, sólo en aquello que está dentro de los límites competenciales y resolutores fijados por los parámetros normativos de la propia Convención obligatorios también para la propia Corte Interamericana.
Por tanto, no puedo estar de acuerdo con lo que se sostiene la mayoría, en cuanto a que esta Suprema Corte no puede analizar si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o se excede en relación a las normas que rigen su materia y proceso, ni puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por ese Tribunal Internacional, por lo que se debe acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos, y que incluso son vinculantes para el Poder Judicial de la Federación la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio, pues lo cierto es que los efectos de la sentencia, en el caso concreto, están limitados por la propia Convención que la legitima, por lo que cualquier alcance mayor que se le imprima, resulta contrario al propio sistema Convencional y es atentatorio del pacto sustentante, tanto por la Corte que la emite como por el Estado que se somete.
Si bien el párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución Federal dispone que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con aquélla y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de dicha disposición no se puede extraer, a mi juicio, que ‘por mayoría de razón’ esta Suprema Corte esté constreñida a adoptar lo determinado en dicho fallo en los criterios que establezca en casos futuros, pues es precisamente en términos de lo que disponen tanto la propia Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la sentencia en comento no podía tener los alcances que se le dieron.
Al haberse sostenido en la resolución aprobada por la mayoría ese criterio, se corre el riesgo de que sea ese Tribunal internacional el que determine, por sí y ante sí, las políticas públicas que sólo competen a los órganos constitucionalmente establecidos, tales como las reformas a nuestra Constitución en determinado sentido, o la imperativa forma que debe aceptar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre interpretación legal y constitucional; aspectos que, no por el hecho indudable de la obligatoriedad de las sentencias y la competencia de la Corte Interamericana, dejan de ser excesivos por rebasar la competencia de dicha corte que, como he dicho, sólo puede obligar sobre la reparación individualizada del sujeto motivo del procedimiento, como señala el artículo 63 de la Convención, pues ese tipo de obligaciones más allá del sujeto concreto al que deba hacerse la reparación, son competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que puede formular recomendaciones a los Estados en un sentido amplio y general.
Reitero, esto no significa que no convenga en la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que me opongo a los alcances que le da a su resolución y que considero contrarios al propio pacto de San José que le dio existencia.
(…)
Se trata de que el Estado mexicano cumpla con su compromiso en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Convención de San José, y 23 y 56 del Reglamento de la Corte Interamericana, en tanto tenga como objetivo o finalidad la reparación de las violaciones a los derechos humanos de una persona en particular, y solamente para ello; pues no es asunto menor que la Corte Interamericana quiera ir más allá de sus facultades, estableciendo obligaciones al Estado Mexicano que exceden la reparación individualizada, a la que debe limitarse, ordenando conductas cuyo cumplimiento tiene efectos generales en el propio Estado. Así, la Corte Interamericana será la que decida por sí y ante sí, cuándo y en qué forma debe modificarse la legislación e incluso la Constitución del País; la que determine la forma y amplitud de la interpretación jurisdiccional a cargo del máximo tribunal de república; la que determine que no se acate lo dispuesto por el artículo 13 de nuestra Constitución, o se haga conforme a su parecer; la que determine las actividades académicas que corresponden al Consejo de la Judicatura Federal y al Instituto correspondiente.
(…)”
En congruencia con lo anterior, no comparto el proyecto por cuanto a que para establecer la restricción del fuero militar se apoya en lo que denomina “jurisprudencia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello porque, como quedó apuntado, considero que la solución a la restricción del fuero militar se encuentra claramente establecida en el artículo 13 constitucional, además de que si las sentencias que dicta la referida Corte internacional están sujetas a situaciones determinadas y concretas y no a condiciones generales acaecidas en abstracto, es claro que no pueden generar jurisprudencia que resulte obligatoria para el Estado Mexicano, máxime que éste no se obligó en esos términos al suscribir y ratificar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

M I N I S T R O

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES




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