Voto concurrente en el



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VOTO CONCURRENTE EN EL

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5157/2014


voto concurrente que formula el ministro josé fernando franco gonzález salas, en EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5157/2014, RESUELTO EL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
En principio, previo a justificar mi posición en contra de las consideraciones que sustentan el presente fallo, es dable puntualizar que en sesión celebrada por esta Segunda Sala -en la que se resolvió este asunto-, hice notar que el tema aquí abordado (irretroactividad de la jurisprudencia en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo), se encontraba relacionado con el tópico examinado en la contradicción de tesis 182/2014, fallada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión de veinticinco de mayo de dos mil quince, en el sentido de desechar el proyecto, al existir consenso de la mayoría en considerar que la jurisprudencia que al efecto emiten los órganos jurisdiccionales facultados en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, más allá de ser una simple herramienta hermenéutica, de integración o de interpretación legal, en realidad comparte las características de abstracción, generalidad e impersonalidad, propias de una “norma general”, desde el punto de vista material, es decir, se trata de normas generales de naturaleza especial o “sui generis”, siempre y cuando se actualicen los requisitos legales necesarios para su integración como son la reiteración de criterioso o la contradicción entre dos criterios, cuya resolución genera la adopción de uno nuevo con el carácter de jurisprudencia, así como la sustitución de un criterio por otro; razón por la cual consideré que lo conveniente era no fallar el presente asunto, sino hasta que fuera resuelta por el Pleno de esta Suprema Corte, en el fondo, la contradicción de tesis en cita1.
No obstante la anterior acotación, la mayoría de la Sala consideró pertinente someter a discusión el asunto y fallarlo al tenor de las consideraciones que sustentan el proyecto propuesto por el Ministro ponente, las cuales, como lo adelanté, no comparto por las razones que enseguida se exponen.
En efecto, en el amparo directo en revisión al rubro citado, el problema jurídico a dilucidar consistió en determinar si la jurisprudencia puede ser aplicada retroactivamente conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, y de ser el caso, establecer cómo debe operar dicha proscripción constitucional.
Para ello, en la ejecutoria respectiva se partió de considerar la naturaleza de la jurisprudencia y su relación con el principio de irretroactividad de la ley, puntualizándose que, con independencia de las características propias de la jurisprudencia, es factible que su ejercicio pueda controlarse a través de los medios que se encuentran previstos en ley y que ordenan a los juzgadores a que observen determinados requisitos para la aplicación de los criterios jurisprudenciales al momento de resolver los casos que se les presenten; máxime si tales normas tienden a proteger el principio de seguridad jurídica de los justiciables.
En ese sentido, en el proyecto se replanteó el alcance jurisprudencial y lo relativo a su aplicación retroactiva, considerando, a grandes rasgos, que la jurisprudencia se trata de una decisión judicial tomada después de una serie de razonamientos sobre un punto jurídico planteado en un caso y que son necesarios para la resolución del mismo, que adquiere obligatoriedad en los subsiguientes asuntos que se plantee en la misma cuestión, permite la operabilidad adecuada y funcional del derecho, es dinámica y cumple con una función tanto interpretativa como integradora de la ley.
En suma, se precisó, que la jurisprudencia adquiere el carácter de una norma general, en tanto constituye una fuente relevante para el derecho, en virtud de que permite tanto a gobernantes como gobernados, conocer la forma en que opera el sistema jurídico a través del entendimiento no solo de las reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho y determinando qué resolución los desarrolla en mayor medida, esto es, se erige como una norma que impacta en todo el derecho a efecto de aportar una visión real o completa del mismo. Sin que pase inadvertido, se señaló, que la jurisprudencia, como fuente jurídica, es una norma general que tiene sus propias reglas de creación y ámbitos específicos de aplicación.
Por otro lado, en cuanto al replanteamiento del principio de irretroactividad de la aplicación de la jurisprudencia, se determinó que su aplicación está condicionada al principio legal de proscripción retroactiva en perjuicio de las personas previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, enderezado a proteger la garantía de seguridad jurídica de los justiciables, la cual, por regla general, obliga a partir de la fecha de su divulgación, por lo que la misma puede y debe aplicarse a actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a su emisión, siempre que no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio del justiciable, esto es, que cancele un derecho ya adquirido a partir de otra jurisprudencia obligatoria en un momento y circunstancias dados.
Así, se expuso que la retroactividad de la jurisprudencia implica necesariamente la prexistencia de un criterio jurisdiccional, pues no puede presumirse un efecto retroactivo, si no es en referencia al establecimiento previo y obligatorio de un punto jurídico determinado que es relevante para el dictado de la determinación, resolución o fallo jurisdiccional, es decir, implica la identificación de un criterio que ordena la postura que debe asumirse al emitir la determinación, resolución o fallo jurisdiccional respectivo, y que fue superado, modificado o abandonado por la emisión de una nueva jurisprudencia.
Puntualizándose así que, si antes de dictarse la determinación jurisdiccional no existe jurisprudencia aplicable a alguno de los puntos jurídicos que le son elevados al juzgador para su resolución, no puede hablarse de efectos retroactivos, ante la ausencia de un criterio firme y obligatorio que, precisamente, rige para alguna de las cuestiones que generan la intervención jurisdiccional, por lo que sólo se puede hablar de una aplicación retroactiva cuando se esté en presencia de un nuevo criterio que abandone, supere o modifique una jurisprudencia anterior y que resultaba aplicable a la contienda jurisdiccional respectiva; pues es precisamente esa situación la que genera el cambio de entendimiento en un punto jurídico que ya estaba definido, en tanto aquél criterio novedoso obra o tiene fuerza sobre el pasado, De ahí que la prohibición de retroactividad se genera cuando existe un perjuicio en la persona, lo que se actualiza cuando la aplicación jurisprudencial perjudica el derecho humano a la seguridad jurídica, al modificar una situación legal que sería definible mediante otro ejercicio interpretativo obligatorio.
Respetuosamente, aun estando de acuerdo con el sentido del proyecto, no comparto las consideraciones que lo sustentan.
Por un lado, en relación a la naturaleza jurídica de la jurisprudencia, pues considero, en un sentido más amplió que el abordado en el proyecto y tal y como lo sustenté en el Pleno de este Alto Tribunal en sesión de veinticinco de mayo de dos mil quince2, que en efecto se trata de una norma jurídica general dada sus características de abstracción, generalidad, impersonalidad, intemporalidad y obligatoriedad, las cuales la dotan de dicha naturaleza, con independencia del órgano que la emita, pues existen normas jurídicas generales de carácter legislativo y de carácter administrativo, pero también en nuestro sistema jurídico la Constitución General establece la posibilidad que haya normas jurídicas generales expedidas por el Poder Judicial de la Federación en sus dos ámbitos competenciales: el Consejo de la Judicatura (acuerdos generales) y la Suprema Corte, dentro de las que encontramos –en mi opinión- la jurisprudencia.
En ese sentido, estimo que la generalidad de la jurisprudencia implica la desaplicación del supuesto hipotético previsto en la disposición de observancia general (ley o instrumento internacional) declarada contraria al texto constitucional, es decir, es general porque supone la desincorporación del supuesto legal de la esfera jurídica de todos aquellos destinatarios de la norma estimada inconstitucional.
Es abstracta, porque su aplicación, una vez que ha cumplido los requisitos para su integración, trasciende al caso concreto y adquiera fuerza obligatoria para todos los casos que se ubiquen en el supuesto normativo estimado inconstitucional.
También se torna impersonal porque al igual que la disposición, la expresión o el enunciado normativo que supuso la declaración de inconstitucionalidad respectiva, no está dirigida específicamente a una persona, sino a un número indeterminado de sujetos que son susceptibles de ubicarse en dicho supuesto hipotético.
Todo lo cual le da las características de una norma general, la que una vez integrada, trascienden a los casos particulares que significaron su creación, adquiere fuerza vinculatoria y es de observancia obligatoria para todos aquellos órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, incluidos los tribunales administrativos, señalados en el artículo 217 de la Ley de Amparo, hasta que la disposición normativa que le dio origen no sea modificada, derogada o sustituida por un nuevo acto legislativo en el que se modifiquen o sustituyan las expresiones o los enunciados normativos cuyos vicios generaron la declarativa de inconstitucionalidad respectiva.
Por estas razones y convencido de que la jurisprudencia reúne todas estas características, es que considero que sí es una norma jurídica general y que por ello, el legislador introdujo en el numeral 217 de la Ley de Amparo el principio de irretroactividad de manera similar al establecido en el artículo 14 constitucional.
De ahí que disiento del planteamiento relativo a que no le es aplicable el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal.
En otro orden de ideas, tampoco comparto los presupuestos a que sujeta el proyecto la actualización de la aplicación retroactiva de una jurisprudencia, concretamente, el relativo al criterio absoluto de considerar la prexistencia de un criterio jurisprudencial que resulte aplicable al caso.
Ello, en virtud de que si se parte de la lógica que la jurisprudencia es una norma general, como lo sustento, entonces se le tiene que aplicar, en principio, todo aquello que le es aplicable a una norma general y en ese sentido, la retroactividad de un criterio jurisprudencial se dará cuando éste se aplique a un supuesto anterior, el cual se ve afectado por esa aplicación, exista o no una jurisprudencia anterior.
Es decir, desde mi punto de vista, no resulta estrictamente necesaria la prexistencia de un criterio jurisprudencial aplicable a alguno de los puntos jurídicos que le son elevados al juzgador para su resolución, porque existen casos en que el surgimiento de un criterio obligatorio derivado de la labor interpretativa que lleva a cabo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de un determinado precepto legal, integra a la norma los alcances que se producen en una determinada situación, aun cuando no estén contemplados claramente en ella; en ocasiones, llena las lagunas existentes, incluso, en algunos casos, puede suceder que cambia el texto de la norma interpretada, o bien, lo interpreta de manera contraria a lo que expresamente dispone la ley.
Esto es, si consideramos que la jurisprudencia es una determinación que, además de interpretar la ley y estudiar los aspectos que el legislador no precisó, integra a la norma sus alcances, los complementa y los desentraña, fundándose para ello en el espíritu de otras disposiciones legales que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando –en casos excepcionales– normas jurídicas individualizadas de acuerdo con los principios generales de derecho (lo que la convierte en una norma general, desde el punto de vista material); entonces, la aplicación retroactiva de una jurisprudencia podría actualizarse, aún sin la existencia previa de un criterio jurisprudencial que resulte aplicable al caso, pues es precisamente esa situación (creación y/o integración de un supuesto jurídico), la que genera un nuevo entendimiento de un punto jurídico que ni siquiera estaba definido ni por la ley ni por otra jurisprudencia.
En ese sentido, reitero, en lo tocante a la retroactividad de una jurisprudencia, si bien la prohibición prevista en el numeral 217 de la Ley de Amparo, se genera cuando existe un perjuicio en la persona, ello no necesariamente se actualiza cuando con su aplicación se modifica una situación legal que era definible mediante otro ejercicio interpretativo obligatorio (jurisprudencia anterior); pues partiendo de la concepción de que con base en la jurisprudencia se puede integrar un supuesto normativo que no estaba previsto en la ley y, que por ende, se trata de una norma jurídica general dada sus características de abstracción, generalidad, impersonalidad, intemporalidad y obligatoriedad, entonces, considero que, con independencia de la prexistencia de un criterio obligatorio previo, la aplicación de una nueva jurisprudencia sí podría actualizar su retroactividad en perjuicio de alguna persona.
Consecuentemente, si se parte de la lógica de considerar que la jurisprudencia es una norma general, no tendría sentido sujetarla a una condición (prexistencia de un criterio jurisprudencial) que no existe en la concepción pública de la aplicación retroactiva de una norma general; máxime que puede suceder, como se ha explicado, que lo que se cuestione sea la inexistencia de una jurisprudencia anterior y que con posterioridad se integró, aduciendo que ésta es aplicable al caso por generar un mayor beneficio a las partes de acuerdo con una interpretación distinta de la norma combatida.
Por último, me parece relevante considerar que un determinado hecho que se dio bajo la vigencia de una norma o jurisprudencia no puede, con posterioridad, variarse la interpretación bajo el argumento de que existe una jurisprudencia nueva que modifique ese alcance, por lo que considero, consecuentemente, que es indispensable definir a partir de qué momento se interrumpe la aplicación de una jurisprudencia, esto es, cuando se inicia el procedimiento administrativo o el juicio ordinario respectivo.
Por estas razones, así como por los argumentos que expresé en el Pleno de este alto Tribunal en sesión pública de veinticinco de mayo de dos mil quince, respetuosamente, disiento de las consideraciones que sustentan el presente asunto.

A T E N TA M E N T E

MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo del artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
NPCF


1 Dicho asunto fue returnado al Ministro Eduardo Medina Mora I., para la elaboración de un nuevo proyecto.

2 Fecha en que se falló la contradicción de tesis 182/2014.



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