Voces: derechos del consumidor ~ defensa del consumidor ~ usuario ~ juicio ejecutivo ~ titulo de credito ~ abstraccion cambiaria ~ competencia ~ PRORROGA DE



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 (15) Se recuerda aquí en el voto a la jurisprudencia en materia de embargabilidad —o no— de los sueldos de los empleados públicos a la luz de las directivas provenientes del decreto-ley 6754/43 en los procesos ejecutivos en los que se ventila un crédito cambiario. La referencia es apropiada en cuanto a que no se requiere tampoco en este caso una indagación causal que arriesgue una ordinarización del proceso ejecutivo. Pero la diferencia radica en que en el supuesto de la doctrina plenaria se trata de una excepción o defensa (además, introducida de modo oficioso), no de una discusión acerca de la traba del embargo ejecutivo.

 (16) Contamos 77 ocurrencias del término abstracción en el fallo plenario.

 (17) Es habitual en la doctrina la distinción entre títulos valores causales y abstractos. Se apunta a que, en los títulos valores causales, es posible hacer valer la disciplina legal de la relación subyacente en tanto derive del tenor literal del documento, en tanto en los abstractos, no existe esa alternativa (MARTORANO, Federico, "Titoli di crédito", Giuffrè, Milano, 1997, p. 37). En este marco, los títulos valores cambiarios son abstractos.

 (18) ZURIMENDI ISLA, Aitor, "Los fundamentos civiles del derecho cambiario", Comares, Granada, 2004, ps. 260 y ss.; PAZ-ARES, Cándido, "La naturaleza jurídica de la letra de cambio", en Menéndez-Menéndez, Aurelio (dir.), Derecho cambiario. Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque, Civitas, Madrid, 1986, p. 186 y ss.; GERSCOVICH, Carlos, "La abstracción cambiaria", Buenos Aires, Pannedille, 1970, p. 31 y ss.

 (19) Al igual que el anterior significado, se trata de supuestos que reconocen una presencia en otros ámbitos del derecho privado. Así, la fungibilidad funcional es compatible con contratos habituales en el tráfico, como la cesión de derechos y el fideicomiso. Por otro lado, la presunción de existencia de causa, se sigue del art. 500 del Cód. Civ. El carácter general de esta regla ha generado observaciones de la doctrina acerca de la pertinencia de esta acepción: ZURIMENDI, "Los fundamentos…, p. 269; GERSCOVICH, "La abstracción…, pp. 35 y 36.

 (20) Es el sentido usado en el debate plenario.

 (21) No utilizamos autonomía en este caso, para no llevar a confusión con el término identificado como nota o característica esencial de los títulos valores, conforme la definición generalmente aceptada por la doctrina nacional, sobre la base de la doctrina italiana.

 (22) También a veces identificada como material, aunque el uso de esta última expresión ha de realizarse siempre con cautela, y en el entendimiento de que nuestro sistema jurídico no se produce nunca una desvinculación absoluta de la causa. Por el contrario, siempre se exige (arg. arts. 784, 792 y ccs., Código Civil) la justa causa como soporte para una atribución patrimonial.

 (23) PAZ ARES, "La naturaleza…, ps. 203 y ss. La posición del autor español, que hemos adoptado en otra oportunidad (BERGEL, Salvador D. y PAOLANTONIO, Martín E., "Acciones y excepciones cambiarias", Depalma, Buenos Aires, 1992, t. I, p. 61 y ss.), explica adecuadamente la inoponibilidad de excepciones prevista por el art. 18 del decreto-ley 5965/63, y es plenamente consistente con el principio de causalidad de la atribución. Aunque el deudor se vea obligado a pagar sin causa, el tercero reclama al amparo de una justa causa credendi. La abstracción personal no es más que la adaptación del principio causalista a la estructura de una operación compleja, en la cual se concatenan dos operaciones simples (operaciones inter partes que necesariamente son causales sin posibilidad de escisión entre causa debendi y causa credendi: Paz Ares, "La naturaleza…, p. 206; MARTORANO, "Titoli…, p. 32).

 (24) No es una expresión corriente en nuestra doctrina, y su uso agrega un significado más que puede evitarse en este desarrollo.

 (25) Allí se afirma, por ejemplo, "que la deuda que instrumentan tales documentos, no es distinta que la deuda que emana de la operación fundamental". Se trata de una posición doctrinaria, con apoyo tanto en nuestros autores como en la doctrina italiana. Pareciera, particularmente por la cita que se realiza de la obra de Pavone, que Heredia se enrola en la que hemos denominado "teoría mixta", que afirma que la declaración cambiaria tiene una función puramente recognoscitiva o declarativa de la acción causal entre partes, no existiendo una obligación cambiaria autónoma, fenómeno que sí se verifica en el tramo inter tertios, en el cual tiene eficacia constitutiva (BERGEL y PAOLANTONIO, "Acciones…, t. I, ps. 7 y ss.). Para una posición diferente en la doctrina italiana, MARTORANO, "Titoli…, ps. 33 y ss.

 (26) No obstante, y sobre todo por una razón de coherencia intelectual, señalamos que no compartimos la conclusión de Heredia, acerca de la inexistencia de una obligación cambiaria entre partes. Así lo hemos justificado previamente (BERGEL y PAOLANTONIO, "Acciones…, t. I, ps. 10 y ss.). Allí afirmamos que tanto entre partes como entre terceros se verifica un vínculo jurídico autónomo (la obligación cambiaria). Ello, sin embargo, no implica afirmar una desvinculación absoluta de la relación causal: entre partes, la obligación cambiaria se comporta causalmente: no existe un derecho más fuerte que el derivado del negocio base, ya que ninguna protección adicional de derecho sustancial corresponde al vinculado directo, dentro de una normativa cuyo ratio es favorecer la circulación. Desde el punto de vista del derecho positivo, sustentamos la existencia de la mentada dualidad obligacional en: (i) la posibilidad de novación de la obligación causal (art. 61, decreto-ley 5965/63); (ii) la existencia de reglas de prescripción propias para las acciones cambiarias (art. 96, decreto-ley 5965/63), así como la inexistencia de plazos de gracia respecto de la obligación cambiaria (art. 100, decreto-ley 5965/63). Por otro lado, en ese desarrollo advertimos que la identificación entre obligación cambiaria entre partes y causal, lleva a oscurecer la diferencia entre las acciones cambiaria y causal, resolviéndose cuestiones de competencia material y territorial sobre la base de la relación subyacente. Ver también en este sentido, ZURIMENDI, "Los fundamentos…, p. 12 y ss.

 (27) Es claro que no estamos en presencia de una excepción vinculada con la adquisición o extinción del derecho cambiario, y que no se verifican los supuestos para la aplicación de la exceptio doli (los cuales, por cierto, no podrían presumirse). Y si estuviéramos en el terreno de una excepción documental (prórroga de jurisdicción que se siguiere del tenor literal del documento), tampoco es cuestión de presunciones, sino de sujetar el derecho del tercero a los límites que surgen del cartular.

 (28) Lo presentamos en BERGEL y PAOLANTONIO, "Acciones…, t. I, p. 317 y ss.

 (29) Ver por ejemplo PERDICES HUETOS, Antonio, "La distinción entre exceptio doli y excepciones de tráfico en la letra de cambio", en http://www.uam.es/centros/derecho/privado/mercanti/investigacion/aph%20-%20exceptio%20doli%20y%20de%20trafico.pdf; PAZ-ARES, Cándido, "Las excepciones cambiarias", en Menéndez-Menéndez (dir.), Derecho cambiario… cit., ps. 269 y ss. En la doctrina alemana, el tema se analiza bajo el nombre de excepciones inmediatas (HUECK, Alfred y CANARIS, Claus, "Derecho de los títulos", Ariel, Barcelona, 1ª ed. en español, ps. 143 y ss.), denominación que adopta EIZAGUIRRE, José María de, "Derecho de los títulos valores", Thomson-Civitas, Madrid, 2003, ps. 242 y ss. En jurisprudencia, es muy interesante el fallo de Tribunal Supremo, Sala Civil, 6/6/2011, STS 3398/2011.

 (30) EIZAGUIRRE, "Derecho…, p. 243. Ejemplos de esta categoría son allí mencionados: transmisiones a título gratuito, o realizadas por mecanismos de derecho común, o con identidad jurídica entre las partes (endoso fiduciario de cobranza), o con coincidencia esencial en el plano económico (endoso de la sociedad a su socio único. También se refiere el autor a los casos de protección del consumidor, en virtud de la existencia de normas expresas en el derecho positivo español.

 (31) BERGEL y PAOLANTONIO, "Acciones…, t. I, ps. 322 y ss.; y trabajo citado en nota 1.

 (32) Los argumentos exceden el objeto de este trabajo. Las posiciones clásicas en la materia pueden verse en BERGEL, Salvador D., "Oponibilidad de excepciones causales al tomador inmediato en el proceso ejecutivo cambiario", LA LEY, 120-1125; FERNÁNDEZ, Raymundo, "Ejecución cambiaria. Inoponibilidad de las llamadas "excepciones causales"", LA LEY, 135-1653; y ALEGRÍA, Héctor, "Acción cambiaria y acción ejecutiva", trabajo presentado en las Jornadas sobre letras de cambio, pagarés y cheques, Córdoba, 1965.

 (33) Permítasenos, en consideración al espacio admitido para este trabajo, una afirmación genérica y la referencia a DI CHIAZZA, Iván, "Excepción de inhabilidad de título en Ejecución en materia comercial y empresarial", Alonso, Daniel (director), Buenos Aires, La Ley, 2011, t. III, p. 141 y ss. como apoyo de lo dicho.

 (34) Ver la obra citada en nota anterior; también PAOLANTONIO, Martín E., "Consolidación de deuda pública (ley 23.982), ejecución cambiaria y discusión de la causa en el juicio ejecutivo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, 165-284.

 (35) Sí existe, en cambio, un conflicto normativo con la prohibición de declaración de oficio de la incompetencia, para lo cual el argumento de la jerarquía normativa superior del art. 36 de la ley 24.240, es procedente.

 (36) Ver, por ejemplo, voto de Bargalló, Garibotto, Sala y Caviglione Fraga.

 (37) Existencia de una nueva regulación integral y sanción de una norma posterior incompatible con la anterior: DIEZ PICAZO, Luis M., "La derogación de las leyes", Civitas, Madrid, 1990, p. 285 y ss.

 (38) Supra, sección 4.2.

 (39) A la petición de principios, se agrega como consideración general que los juicios de incompatibilidad normativa, incluyendo la denominada inconstitucionalidad sobreviniente, han de ser aplicados con particular cuidado, so pena de finalizar en un ejercicio de facultades legislativas ajenas al poder judicial.

 (40) Supra, sección 4.1.

 (41) PAOLANTONIO, Martín E., "¿El consumidor financiero es consumidor?", LA LEY, 2010-B, 1025, con referencia a las relaciones entre la ley 24.240 y la normativa del mercado de capitales.

 (42) Caso en el cual, conforme las reglas generales, la excepción sería oponible erga omnes.

 (43) En el caso, la nulidad parcial de la relación causal, oponible sólo en virtud de la exceptio doli (art. 18, decreto-ley 5965/63).

 (44) Por ejemplo, la regla estadounidense sobre holder in due course que analizamos en nuestro trabajo citado en nota 1.

 (45) Así, interpretamos el voto de Barreiro, al señalar en sus conclusiones "sin que -por las mismas razones- una cadena ininterrumpida de endosos pueda justificar una solución distinta".

 (46) El escenario de análisis es el de un tercero que se vincula cambiariamente con el beneficiario del documento, sea el financista o el proveedor del bien o servicio, en las variantes típicas de las operaciones de crédito al consumo. La presencia de una transferencia adicional intermedia, conforme los principios generales de la disciplina cambiaria, impediría hacer valer la excepción. Y nos referimos a los supuestos de excepciones de tráfico con una vinculación directa con la operación de crédito al consumo, sin incluir los supuestos generales de esta categoría (por ejemplo, gratuidad o carácter no cambiario de la adquisición).

 (47) Este supuesto es mencionado en el desarrollo del voto de Heredia, aunque con referencia a la ley española que fuera derogada pocos días antes de la fecha del fallo plenario, y reemplazada por la ley 16/2011, que contiene en el punto disposiciones similares. Notamos que se trata de los supuestos tradicionales de conexidad contractual en el crédito al consumo. La norma española vigente prevé que "cuando en la adquisición de bienes o servicios concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 29, si el consumidor y su garante se hubieran obligado cambiariamente mediante la firma en letras de cambio o pagarés, podrán oponer al tenedor al que afecten las mencionadas circunstancias las excepciones que se basen en sus relaciones con el proveedor de los bienes o servicios correspondientes". Y el art. 29 apartado 1, expresa que "por contrato de crédito vinculado se entiende aquel en el que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos y ambos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto de vista objetivo". Sobre esta temática, explica Paz Ares ("Las excepciones…, p. 275), que la vinculación entre vendedor y financista elimina desde el punto de vista económico la dualidad entre las operaciones de venta y financiación, verificándose en el plano sustancial la existencia de una operación trilateral compleja que obsta a alegar por falta de tercería sustancial la inoponibilidad de excepciones.



 (48) Reiteramos que el vinculado directo con el obligado cambiario (el beneficiario del pagaré respecto de su suscriptor) carece de toda tutela sustancial en materia de excepciones oponibles. No hay en estos casos abstracción cambiaria, sino una aplicación de la tasa procesal de excepciones, en ocasiones llamada abstracción procesal (supra, secciones 4.1. y 4.2.).


 

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