Voces: derechos del consumidor ~ defensa del consumidor ~ usuario ~ juicio ejecutivo ~ titulo de credito ~ abstraccion cambiaria ~ competencia ~ PRORROGA DE



Descargar 140,63 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión10.01.2017
Tamaño140,63 Kb.
  1   2   3


Voces: DERECHOS DEL CONSUMIDOR ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ CONSUMIDOR ~ USUARIO ~ JUICIO EJECUTIVO ~ TITULO DE CREDITO ~ ABSTRACCION CAMBIARIA ~ COMPETENCIA ~ PRORROGA DE COMPETENCIA ~ EJECUCION CAMBIARIA ~ PLENARIO ~ DOCTRINA LEGAL ~ RELACION DE CONSUMO ~ DEBER DE INFORMACION ~ INTERPRETACION DE LA LEY ~ LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ LEY APLICABLE ~ CONFLICTO DE LEYES ~ CAUSA DE LA OBLIGACION ~ EXCEPCIONES

Título: Abstracción cambiaria, juicio ejecutivo y derecho del consumidor

Autor: Paolantonio, Martín E.

Publicado en:

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno ~ 2011-06-29 ~ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores

Sumario: I. Introducción.- II. La jurisprudencia y la interpretación del art. 36 de la ley 24.240 en las ejecuciones cambiarias. Particularidades de la prórroga de jurisdicción en las ejecuciones cambiarias.- III. El Plenario de la Cámara Nacional en lo Comercial.- IV. Replanteo teórico de las cuestiones alcanzadas por la doctrina plenaria.- V. Interrogantes subsistentes y conclusión.

I. Introducción

Dos décadas atrás, dábamos el puntapié inicial en nuestra doctrina sobre las complejas relaciones entre la disciplina de los títulos valores cambiarios y la de tutela del consumidor. (1)

Allí, recordábamos uno de los temas centrales de la protección del consumidor en operaciones de crédito al consumo: la posible separación jurídica entre la operación de adquisición del bien o servicio y la de su financiación, con el riesgo de que el consumidor se viera obligado a cumplir con sus obligaciones de pago aun cuando el proveedor del bien o servicio no hubiera cumplido con las suyas. Ese peligro —señalábamos— se ve potenciado cuando se utilizan títulos valores cambiarios (en nuestro caso, típicamente pagarés), en los dos planos jurídicamente relevantes: el sustancial y el procesal.

En aquel tiempo, no había aun sido sancionada la ley 24.240 (Adla, LIII-D, 4125), y por supuesto la reforma constitucional del año 1994 con la consagración en la norma fundamental del principio de tutela del consumidor no resultaba previsible.

No obstante, abogábamos por que el legislador considerara la cuestión en la proyectada norma de defensa del consumidor. Dos años después, en un acercamiento más general a la regulación del crédito al consumo, (2) insistíamos sobre la conveniencia de una normativa particular.

Sin embargo, ni la redacción original de la ley 24.240, ni sus reformas —incluyendo la sustantiva modificación introducida por la ley 26.361 (Adla, LXVIII-B, 1295) en 2008— dieron cuenta de esas cuestiones, dedicando al tema un único artículo.

Así, el art. 36 en su redacción original se focalizó, con notable insuficiencia, en los deberes de información al consumidor, temperamento reiterado en la reforma de 2008.

No pareció el legislador darse por enterado de las experiencias europeas o estadounidenses en pos de la tutela del consumidor en operaciones de crédito, con autonomía sobre la regulación general de protección del consumidor. (3)

Aun más, luego de la vigencia de la ley 24.240, la ley 24.441 (Adla, LV-A, 296) incorpora una solución de opinable constitucionalidad, que claramente acentúa los riesgos potenciales para los consumidores, (4) y la ley 25.065 de tarjetas de crédito (Adla, LIX-A, 62) nada ha sumado en este terreno.

Y en el plano jurisprudencial, la aplicación de la tasa procesal de excepciones (arts. 544 y 545, CPCC) se mantuvo incólume luego de la vigencia de la ley 24.240. (5)

De este modo, ambas disciplinas —la de los títulos valores cambiarios y la de tutela del consumidor— no presentaban puntos de contacto o influencia recíproca en los repertorios jurisprudenciales.

No obstante la apreciación realizada sobre la ley 26.361 (Adla, LXVIII-B, 1295), la parte final de esa norma ("será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor") abriría inesperadamente (6) el debate sobre la cuestión que el legislador había olvidado.

II. La jurisprudencia y la interpretación del art. 36 de la ley 24.240 en las ejecuciones cambiarias. Particularidades de la prórroga de jurisdicción en las ejecuciones cambiarias

Vigente el nuevo texto de la ley 24.240, pronto se evidenció que la interpretación del art. 36 lejos estaba de presentar visos de uniformidad cuando se trataba de ejecuciones de títulos valores cambiarios.

Se planteaba, presentado en grandes rasgos, un conflicto interpretativo entre la aplicación de la norma de la ley de defensa del consumidor, y:

(i) las reglas procesales sobre competencia y defensas oponibles en juicio ejecutivo; y

(ii) las normas sustantivas vinculadas con la teoría general de los títulos valores cambiarios (en particular la abstracción).

Así se fueron sucediendo fallos encontrados en diferentes jurisdicciones, que incluyeron una sentencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, y otra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (7)

Y en lo que corresponde a la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Comercial, los diferentes criterios llevarían al dictado de doctrina plenaria, tal como se explica en la siguiente sección.

Cabe notar que, en el caso de los pagarés, es necesario interpretar la parte final del art. 36, ley 24.240, como una veda general de demandar al consumidor en una jurisdicción distinta a la de su domicilio real. Esto es, no se alcanzan únicamente hipótesis de prórroga de jurisdicción, sino de inclusión de un lugar de pago en el cartular que permita el extrañamiento del consumidor en la defensa de sus derechos.

De otro modo, gran parte de los supuestos de ejecuciones cambiarias quedaría fuera del ámbito del art. 36, ley 24.240. (8)

III. El Plenario de la Cámara Nacional en lo Comercial

Atento a las discordancias evidenciadas, (9) la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial solicitó, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 302 del CPCC, la convocatoria a plenario, admitiéndose, mediante Acuerdo del 30 de septiembre del 2009, punto V, la "autoconvocatoria" a reunión plenaria.

Con fecha 29 de junio de 2011, y con una mayoría de 12 votos (10) a 5 (11), se daría una respuesta afirmativa a los dos interrogantes que conformaron la autoconvocatoria:

(i) ¿Cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución?

(ii) ¿Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor?

El fallo tiene una extensión digna de mención, (12) la que deja entrever las complejidades para resolver la cuestión, que bien podría haberse obviado si el legislador hubiera sido más acertado y comprensivo al ocuparse parcamente del crédito al consumo en la ley 24.240 o sus reformas.

Sin perjuicio de recomendar su lectura íntegra, nos permitimos ofrecer una síntesis y coordinación de las opiniones expresadas por los magistrados.

Su valoración y análisis, corresponden, de manera directa o indirecta, a las siguientes secciones de este trabajo.

III.1. Argumentos de la mayoría

El voto inicial de la mayoría fue expuesto por el camarista Heredia, al que adhirieron Míguez y -con ampliación de fundamentos- Dieuzeide.

Las conclusiones centrales del voto de Heredia fueron los siguientes:

(i) La abstracción cambiaria está sujeta a límites de índole constitucional, y debe ceder cuando ello sea necesario para hacer efectiva la defensa de un derecho constitucional o el cumplimiento de leyes dictadas en cumplimiento o ejercicio de la Constitución Nacional.

(ii) La indagación causal, dejando de lado la abstracción cambiaria propia de los títulos ejecutados, se justifica plenamente para hacer efectiva una real y no ilusoria posibilidad de acceso a la justicia del consumidor financiero o bancario.

(iii) La necesidad de dejar de lado la "abstracción cambiaria" se justifica, además, para evitar un fraude a la ley, constituido por la emisión de pagarés en operaciones con consumidores, en violación a la regla de nulidad establecida por el art. 36 de la ley 24.240.

(iv) Entre partes (13) no opera la abstracción cambiaria, que sólo aplica cuando el título entra en circulación, esto es, cuando coloca en vinculación a dos personas no alcanzadas por la relación subyacente, encontrándose una frente a otra por la sola virtud del título.

(v) Aun cuando la limitación de excepciones provenga de la normativa procesal (art. 544, inc. 4, CPCC), correspondería hacer, cuando menos, la salvedad del supuesto de presencia de una causa ilícita, porque, viniendo a menos por razón de esta última el negocio subyacente (bien que parcialmente en el caso), la relación cambiaria también se ve afectada con igual intensidad entre los obligados inmediatos.

(vi) Independientemente de la posibilidad que tiene el consumidor de articular una excepción ex causa para denunciar el fraude a la ley (la causa ilícita), tiene el juez la facultad, y más aun el deber, de actuar de oficio a fin de privar de efectos al "acto de cobertura" y restablecer el imperio de la regla de orden público, atributiva de competencia, resultante del art. 36 in fine de la ley 24.240. Se bastardearía el propósito perseguido por el legislador, si no se permitiera a los jueces actuar de oficio con el objeto de dejar de lado el "acto de cobertura" mediante el cual se la pone en ejecución.

(vii) Cabe presumir de la sola calidad de las partes la subyacencia de una relación de consumo en las ejecuciones de títulos cambiarios, con carácter hominis (indicios precisos, graves y concordantes cuando el actor es un banco o entidad financiera y el ejecutado su cliente).

(viii) La hipótesis en que la concesión del crédito se hizo para financiar una adquisición de un bien o servicio por el consumidor, apareciendo, entonces, no sólo la figura del financista, sino también la del proveedor de ese bien o servicio adquirido, debe asimilarse a una situación de partes inmediatas, ante la existencia entre la venta y la financiación, de una conexidad contractual.

(ix) Nada de lo expuesto alcanza a los ejecutantes tenedores de letras o pagarés no vinculados de manera alguna la relación subyacente de concesión de crédito o de financiación, respecto de quienes el principio de abstracción cambiaria permanece incólume.

(x) No cabe distinguir entre las ejecuciones promovidas con base en títulos cambiarios emitidos en fecha posterior a la vigencia de la ley 26.361 y aquellas instauradas con fundamento en títulos de fecha anterior. Esencialmente, la ley 26.361 no ha hecho otra cosa que extender a las operaciones bancarias y financieras para el consumo que se mencionan en el art. 36 de la ley 24.240, una solución que ya estaba presente en su art. 37 (cláusulas abusivas).

(xi) Aun cuando la solución impulsada generare mayores costos que encarecieran el crédito al consumo (lo que es sólo conjetural), sobre la razón económica, se impone la razón jurídica: no puede convalidarse el fraude a la ley.

El voto del camarista Dieuzeide, aunque adhiere en general al voto de Heredia, formula algunas aclaraciones sobre la argumentación indicada en (xi) y el análisis económico del derecho. Refuerza el magistrado la idea de la ausencia de elementos de juicio suficientes para afirmar la presencia de mayores costos para los acreedores (lo que implicaría una disminución de la oferta de crédito) y la imposibilidad de concluir acerca de la eficiencia (o ineficiencia), en términos económicos, de la solución a adoptar. (14)

Por su parte, los camaristas Bargalló, Garibotto, Sala y Caviglione Fraga formularon un voto conjunto, con las siguientes conclusiones:

(i) No está previsto en el estatuto del consumidor el problema vinculado con las garantías crediticias y su ejecución. No obstante, el régimen de derecho que surge de la ley 24.240 importa no sólo complementar, sino también modificar o derogar las normas de las otras ramas jurídicas que se apliquen a la relación de consumo que concretamente se considere: cuando se está en presencia de una relación de consumo, la normativa cambiaria es inaplicable en todo lo que resulte incompatible, ya que no puede desvirtuar la efectividad de las normas tuitivas del consumidor.

(ii) La abstracción cambiaria sólo se aplica en los casos en los que los títulos hayan circulado. A todo evento, la circulación del título mediante su transmisión por endoso es una circunstancia capaz de influir sólo en lo atinente a la imposibilidad de que el demandado oponga al portador las excepciones fundadas en relaciones personales con el librador o portadores anteriores; pero, por el contrario, no es susceptible de afectar la determinación de la competencia judicial. No se impide la indagación de la causa para otros fines distintos de las defensas o excepciones personales.

(iii) Tampoco el art. 544 inc. 4, CPCC impide indagar sobre la causa para determinar la competencia judicial: el art. 544, inc. 1, al referirse a la excepción de incompetencia, no incluye esa limitación.

(iv) Siempre que se ejecute un pagaré suscripto por una persona física a favor de una entidad financiera, existirá la presunción referida por el art. 163, inc. 5, CPCC. No podrá esgrimirse que el título no contiene indicación alguna que permita vincularlo a un contrato de consumo y limitarse a negar que se trate de un crédito de consumo, ni mucho menos puede pretender que la carga de esa prueba se ponga en cabeza del ejecutado, sino que deberá aportar los elementos que puedan desvirtuar esa presunción.

(v) La regla de competencia del art. 36 de la ley 24.240 se vincula con la garantía constitucional del juez natural. Y la ley 24.240 tiene jerarquía constitucional, es ley especial y posterior no sólo respecto de la legislación común, sino también respecto de los Códigos de Procedimientos, y tiene además carácter de orden público.

El voto del camarista Barreiro, al que adhiere íntegramente Ojea Quintana, establece las siguientes conclusiones:

(i) La inoponibilidad de defensas o excepciones no impide el examen referencial de la causa, cual sería averiguar la existencia de una relación de consumo, la que puede presumirse de la sola calidad de las partes.

(ii) Los caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título, que posibilitan de ordinario el cumplimiento de sus funciones propias, económicas, jurídicas e incluso su rigor cambiario procesal, deben ser armonizados con las exigencias del interés público en la defensa del consumidor.

(iii) La abstracción procesal concebida por el art. 544 inc. 4, CPCC, no queda aquí vulnerada, en tanto la injerencia realizada refiere a un plano diverso al de la indagación causal sólo vedada en punto a la inhabilidad del título.

(iv) La relación de consumo que justificó la emisión de la cambial no presenta alteraciones en su naturaleza derivadas de la circulación del título, pues el tenedor legitimado —el portador de buena fe— queda sujeto a las restricciones en materia de competencia cuando demande a un consumidor, en tanto tampoco se aprecia desatendida la nota de autonomía propia de las declaraciones cambiarias.

(v) La primacía del estatuto del consumidor por sobre las normas de forma del Código Procesal Civil y Comercial se funda en la necesaria armonización entre las normas procesales y sustanciales, y en la ya referida jerarquía constitucional de la Ley de Defensa del Consumidor, y su carácter infraconstitucional, y por ser la norma que con más amplitud se ocupa de la puesta en acto del principio consagrado por el art. 42 de la Constitución Nacional. Esa naturaleza impone al tribunal considerar su aplicación aun cuando la accionada omita solicitarla.

(vi) No cabe soslayar a los fines en debate que la ley de Defensa del Consumidor es "ley especial" y "ley posterior" respecto de los Códigos de Procedimientos, además de ley de orden público.

(vii) Queda configurado un claro supuesto de abuso de derecho, mediante la utilización del denominado fraude a la ley, si se acude al recurso de instrumentar originariamente la deuda derivada de dicha operación crediticia con un consumidor, en un título cambiario, para luego presentarlo a ejecución en un domicilio distinto del real de éste, so pretexto de hacerlo en el establecido al efecto por el ordenamiento jurídico y bajo la condición de no poder cuestionarse el origen o causa del crédito atento a los conocidos caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título.

(viii) Sin perjuicio de la validez del domicilio de pago expuesto en el pagaré a los fines netamente cambiarios, no será posible atribuir a dicho domicilio aptitud determinativa de competencia cuando el librador del título y ejecutado fuera consumidor de un crédito para consumo y su domicilio real estuviera indicado en el cartular, sin que —por las mismas razones— una cadena ininterrumpida de endosos pueda justificar una solución distinta.

El voto del camarista Kölliker Frers, aun cuando integra la mayoría afirmativa a los interrogantes planteados en la convocatoria plenaria, introduce algunas conclusiones que, aunque no influyen en la doctrina legal obligatoria del fallo, presentan interés para cuestiones no alcanzadas directamente por aquélla.

Sus conclusiones:

(i) El art. 36 de la ley 24.240 prevalece en su carácter de norma de derecho federal de naturaleza imperativa (debido a la calificación de orden público que la propia ley le asigna), por sobre las restantes normas anteriores que no revisten esa condición y que, en su mayoría, son meros preceptos de naturaleza procesal; algunos de ellos —incluso— de carácter "local", como es el caso de los arts. 4 y 5, incisos 3° y 5° CPCC, y otros que, si bien —formaliter— no son tales, sino "derecho común" (debido a su inclusión en los Códigos de fondo), y no dejan de ser también normas de derecho adjetivo, como las que regulan la competencia en materia de acciones personales, y específicamente, las de naturaleza cambiaria contenidas en el Código de Comercio.

(ii) La potestad inhibitoria de los jueces procede en las ejecuciones cambiarias -no obstante las reglas de la "abstracción" y autonomía" que rigen a los títulos cartáceos-, en la medida en que se trate de una acción entablada entre el propio beneficiario y el librador del documento, y siempre también que la existencia de una "relación de consumo" entre tales sujetos surja manifiesta.

(iii) Una cosa es que la abstracción cambiaria limite o acote las posibilidades de cognición causal acerca del origen del crédito con particular referencia a si proviene o no de una "relación de consumo" en los términos de la ley 24.240 y otra muy distinta es que esa abstracción impida por completo ese análisis. (15)

(iv) No existe óbice legal alguno proveniente del derecho cambiario que impida que aspectos extra-cartáceos originados en la llamada relación fundamental determinante del libramiento del título cartular sean valorados y/o ponderados en la ejecución cambiaria para determinar los alcances de la obligación cartular, siempre que esos aspectos resulten del documento mismo.

(v) La incompetencia sólo puede tener virtualidad siempre que se juzgue la situación desde un plano de estricta razonabilidad, cuando la cuestión se plantea respecto de sujetos que se encuentran verdaderamente distantes de esta sede para el ejercicio de sus derechos. La afectación al derecho a la defensa en juicio resultante de demandar al "deudor-consumidor" fuera de la jurisdicción que corresponde a su domicilio sólo puede ser predicada válidamente respecto de aquellas personas que residen fuera del radio de 200 km de la Capital Federal.

La exposición de los votos de la mayoría, conforme el orden de publicación, se cierra con el voto de los camaristas Monti y Tévez.

Fueron sus conclusiones:

(i) La existencia de una relación de consumo puede presumirse de las calidades de las partes, en virtud de la condición de los sujetos involucrados. Y es a cargo de la actora la desvirtuación de la presunción.

(ii) Los eventuales pactos de prórroga de la jurisdicción territorial hacia un tribunal distinto del correspondiente al domicilio del consumidor, que el nuevo art. 36 invalida, igualmente hubieran sido susceptibles de encuadrar en los supuestos de cláusulas abusivas e ineficaces que la misma ley ya contemplaba en su versión original (art. 37 de la ley 24.240).

(iii) La ley 24.240 es una ley especial y de orden público; sus normas deben considerarse modificatorias de la legislación sustancial y procesal cuando éstas puedan interferir en lo que específicamente es objeto de tutela. La declaración de incompetencia de oficio en estos casos no sólo es procedente, sino que constituye un deber del tribunal para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva.

(iv) No media óbice para que pueda efectuarse un examen meramente extrínseco de la obligación instrumentada en el título al solo efecto de precisar la concurrencia del presupuesto de hecho que habilita la aplicación del art. 36 de la ley 24.240, a fin de determinar la competencia del tribunal que intervendrá en el juicio. Ello no implica, en modo alguno, avanzar sobre aspectos causales o desvirtuar el limitado ámbito de conocimiento del juicio ejecutivo, ni, por lo tanto, vulnerar la abstracción procesal establecida por el art. 544 del CPCC.

(v) Los principios que tipifican las obligaciones cambiarias rigen únicamente cuando el título ha circulado. Aun en esta hipótesis, la circunstancia de tratarse de una obligación cambiaria no altera la aplicación preeminente de la regla imperativa contenida en el art. 36 de la ley 24.240, cuya incidencia se circunscribe a la competencia del tribunal que ha de conocer en el caso.

III.2. Argumentos de la minoría

La opinión de la minoría se presenta en un voto conjunto de los camaristas Uzal, Ballerini, Piaggi, Gómez Alonso de Díaz Cordero y Vasallo, aunque este último agrega una importante ampliación de fundamentos.

La respuesta negativa a los interrogantes formulados se basa en las siguientes conclusiones:

(i) La literalidad, común a todos los títulos circulatorios, implica que el contenido, extensión, modalidades de ejercicio y todo otro posible elemento principal o accesorio del derecho cartular son únicamente los que resultan de los términos en que está redactado el instrumento. De allí que será la referencia a la relación causal en el texto del título la que fijará los límites dentro de los cuales ésta podrá influir sobre la relación cartular.

(ii) Conforme nuestra tradición legislativa, doctrinaria y jurisprudencial, son inoponibles en la ejecución cambiaria las cuestiones extracartulares, es decir, aquellas que no resultan del título mismo, las que sólo podrían ser ventiladas en un proceso de conocimiento con amplitud de prueba. Y ello no sólo respecto de los terceros tenedores sino también cuando se enfrentan vinculados directos.

(iii) El intérprete cambiario no podría soslayar que, en tanto no se ha regulado en detalle el proceso de ejecución de títulos cambiarios, el mismo ha quedado librado a la ley procesal.

(iv) Resulta indudable que la admisión de defensas causales en el contexto de estos procesos, conspira contra la abstracción y literalidad que son los pilares en los que asienta la doctrina cambiaria, ya que el cobro mediante juicio ejecutivo no es otra cosa que la herramienta que el legislador brinda al poseedor del título para una segura y rápida realización de su acreencia.

(v) Habilitar por obra de meras inferencias presuntivas la atención de relaciones causales en el marco de ejecuciones de títulos cambiarios violentaría gravemente principios elementales de derecho cambiario y del ordenamiento ritual y, so pretexto de la sola invocación del derecho del consumidor, se tendería a constituir una especie de "superderecho" al margen de las relaciones económicas, con la sola y alegada presunción de abusos y desmesuras.

(vi) En el reconocimiento de la facultad de prorrogar la jurisdicción también se encuentran involucrados principios de orden público que informan nuestro ordenamiento jurídico, derivados del art. 1197 y ccs. del Cód. Civ. y es por ello que nuestro ordenamiento procesal establece que los jueces tienen vedado declarar de oficio la incompetencia territorial.

El voto concurrente del camarista Vasallo, subraya lo siguiente:

(i) La aplicación del derecho del consumidor puede ocurrir de darse una situación infrecuente: que el documento refleje la "relación fundamental" que dio causa al negocio subyacente o que el portador de la cambial revele en su escrito de demanda tal extremo.

(ii) Conforme el rigor procesal que complementa el régimen específico del derecho cambiario, la acción ejecutiva que habitualmente constituye el cauce de la acción de cobro impide indagar en los aspectos causales.

(iii) Una respuesta positiva a la cuestión planteada lesiona gravemente a un instituto de derecho como es el cambiario. La solución a este entuerto está en manos del legislador, o en una reglamentación del Banco Central de la República Argentina amparada por el art. 36 de la ley 24.240.

(iv) Si bien la jurisprudencia aquí citada, y buena parte de las ejecuciones que esperan este plenario para ser dirimidas, tienen como deudor a una persona física, el interrogante que definió la cuestión a resolver mediante este fallo plenario no quedó limitado a este tipo de sujeto. Y de tratarse de personas jurídicas (que pueden calificar como consumidores conforme la ley 24.240), la presunción que esgrime el voto positivo resultaría aun más desdibujada.
  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal