Violencia contra las mujeres, el sentido común y la ley”



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Miguel Alejandro Saquimux Contreras

asaquimux@yahoo.com

Escuela de Ciencia Política

Universidad de San Carlos de Guatemala



Violencia contra las mujeres, el sentido común y la ley”


Resumen
A continuación se busca explicar por qué dentro del plano formal se ha cristalizado parcialmente el fenómeno de la violencia contra las mujeres, cómo el Estado funciona como engranaje entre la racionalidad social y la jurídica, cómo se aborda el fenómeno desde esta última y la razón del porqué no ha ocurrido algo equivalente dentro de la vida cotidiana y, por ende, el sentido común. Esto se hace desde la identificación del sistema de valores por medio del cual se fundamentan las formas y modos de ser, de comportarse y de pensarse a sí mismas las personas en la vida cotidiana, lugar donde se generan los procesos de tipificación de las acciones violentas dentro del sentido común.
Palabras claves
Género, patriarcado, sentido común, fenomenología y violencia contra las mujeres.
La presente ponencia es el resumen del capítulo tres del informe de investigación que se realizó para optar al grado académico de Licenciado en Sociología de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Un fenómeno tan complejo como la violencia contra las mujeres obtiene nuevos matices cuando desde el Estado se le penaliza, en el caso de Guatemala se hace por medio del Decreto 22-2008 “Ley contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer”, pero a nivel social se le sigue considerando una cuestión privada típicamente asociada a la nula o poca escolaridad y a la pertenencia a cierta clase social. Por lo que dilucidar cómo el sentido común y la ley convergen en la necesidad de evidenciar el problema pero divergen en las formas de abordarlo y tratarlo, es lo que a continuación se reflexiona.

Para realizar el análisis de este fenómeno se utiliza la teoría de la fenomenología sociológica, postulada por Schütz, Luckmann y Berger, que establece dos categorías para el análisis e interpretación del medio social: la primera es la acción social, la cual se da de manera manifiesta o latente en el mundo de vida; ésta última la segunda categoría. Esta línea teórica plantea que la interpretación de las acciones sociales se tiene que hacer desde la aprehensión de las ideas, los valores y las conductas que imperan dentro de determinada sociedad y que se expresan en la vida cotidiana a través de las racionalidades que componen el mundo de vida.


El objetivo es poder establecer los criterios de acción que socialmente se han hecho cotidianos por medio del proceso de tipicidad para demostrar que el fenómeno de la violencia contra las mujeres dentro del imaginario social tiene legitimidad porque está fundamentada en una serie de creencias, valores e ideas patriarcales que son transversales a todas las clases sociales y se manifiesta en todos los ámbitos, sean concretos o abstractos.
Es por esto que se sostiene que toda acción social se fundamenta en las estructuras mentales establecidas a través de la construcción de los símbolos, los significados, las racionalidades y la intersubjetividad; elementos que son intrínsecos de una sociedad determinada por el contexto social, político y económico que posee. Es por esto que en ningún momento se considera que una acción violenta contra las mujeres sea una expresión unívoca de un individuo, sino que es solamente la cristalización de todo el sistema de valores, creencias y acciones que se consideran típicas dentro del sentido común socialmente compartido dentro del mundo de vida y validado en la vida cotidiana.
Dentro de un tiempo-espacio determinado las acciones sociales consideradas típicas tienen legitimación porque socialmente se han construido motivos que tienen una intención clara, mantener las asimétricas relaciones de poder, conocimiento y riqueza entre hombres y mujeres.
Para entender cómo el mundo de vida se condensa en la cotidianidad es indispensable establecer como se impone el sentido común por medio del proceso de socialización de la subjetividad que se ve reflejado en la racionalidad que posee la sociedad y se expresa a través de los símbolos y el lenguaje, fuentes de transmisión de valores y de racionalidades. Estos últimos dos elementos citados, sirven de engranaje entre lo socialmente construido y lo individualmente incorporado a lo largo de la vida por medio de las experiencias personales, familiares y sociales que se han tenido; y que son espacios desde los cuales está cimentada la racionalidad y se le otorga sentido a las acciones.
No hay que olvidar que el mundo de vida y la vida cotidiana son ámbitos dinámicos donde convergen diferentes subjetividades en el mismo tiempo-espacio que dan como resultado la intersubjetividad. Esta condición hace posible que se cristalicen otras creencias e ideas que interpretan de manera distinta los sentidos que poseen las acciones; lo cual resulta en cambios sustanciales en la interpretación de los motivos a nivel individual y social; porque quiebra la homogeneidad del sentido común imperante.
Debido a lo anterior es que dentro del plano formal sí se ha podido cristalizar, parcialmente, el fenómeno de la violencia contra las mujeres como una acción social ilegal, lo cual ha colocado al Estado como un engranaje entre la racionalidad social y la jurídica. Pero hasta el momento este mismo ha sido incapaz de provocar algo equivalente dentro de la vida cotidiana y, por ende, del sentido común. Lo cual ha desembocado en una paradoja en la cual las creencias, los valores y las ideas patriarcales legitiman la existencia de las acciones violentas contra las mujeres en un plano abstracto pero criminalizan a las mismas en un plano individual y concreto.
Es por esto mismo que es necesario entender el Estado como lo hace Oszlak (1978), como “una instancia política que articula un sistema de dominación social y se manifiesta materialmente por medio de un conjunto interdependiente de instituciones que conforman el aparato en el que se condensa el poder y los recursos de la dominación, y al mismo tiempo este aparato institucional tiende a expresar las contradicciones subyacentes en el orden social que se pretende instituir” (p. 22).
Por lo mismo se tiene que considerar que el andamiaje jurídico es la síntesis de los algunos valores del marco axiológico socialmente aceptado dentro del mundo de vida, por lo tanto no hay que considerarlo como un consenso global sino como una cristalización de los intereses que más importa proteger y por lo mismo se considera que necesitan contar con un sustento legal para evitar que se flagelen. Pero, para que se logre cimentar dentro de este andamiaje un fenómeno específico, primero se necesita que en el mundo de vida se haya cristalizado una racionalidad, total o parcialmente, que le dé o quite sentido a una idea o acción y legitime o no un motivo; y que tenga la capacidad de crear y/o modificar símbolos e incorporar nuevos significados a las palabras.
Siempre se tiene que tener presente que no se puede omitir que la mayor parte del marco axiológico está fundado en la ideología hegemónica-dominante, que es la que ha establecido las reglas en las cuales se basan las relaciones sociales, y por lo tanto ésta responde a quien posee y ejerce el poder. Por lo que el hecho de que se tipifiquen como delitos ciertas acciones violentas contra las mujeres dentro del ámbito jurídico, no representa la consolidación total de una o varias racionalidades alternas que observan e interpretan de modo distinto el sentido de las acciones violentas respecto a la racionalidad patriarcal que es hegemónica-dominante y está vinculado directamente al sistema económico imperante.
Por lo anteriormente dicho queda claro que las racionalidades sociales no siempre se condensan en el marco jurídico y cuando lo hacen son de manera parcial y la aplicación de las normas se disgrega en las diversas instituciones estatales que tratan el tema, restándole eficacia y aplicabilidad a la norma. Es en este contexto en que al Estado se le entiende como el engranaje entre lo jurídico y lo social, ya que en este ente es donde se consigue, según Poulantzas (1975), realizar el paso dialéctico-axiológico que le da sentido a la legalidad o ilegalidad de determinadas acciones y a partir de esto instituir normas que están supuestamente orientadas a establecer una convivencia pacífica en el plano formal. Cabe decir que en lo que compete al abordaje jurídico que tiene el Estado guatemalteco en lo que respecta al fenómeno de la violencia contra las mujeres, aunque sea de manera parcial, es pionero a nivel latinoamericano.
¿Pero qué hace que a pesar de haberse establecido herramientas de penalización y sanción contra quienes violenten a las mujeres, este fenómeno se siga dando de forma recurrente y muchas veces letal? En el caso guatemalteco se puede acotar que los sistemas de justicia y seguridad del Estado carecen de incidencia a nivel social, político y cultural porque estos se limitan a realizar un ejercicio técnico que no considera otras aristas sociales que son transversales al fenómeno.
No se está aseverando que ley y el sistema judicial tengan que proveer herramientas de prevención y reducción de delitos, eso le corresponde a otras instituciones estatales realizarlo, pero es en este punto donde resalta la principal característica del Estado actual, su carácter represivo que se limita a sancionar y punir, por su naturaleza le es imposible abordar los fenómenos sociales de manera integral. Es esta una de las razones por las que hasta el momento el Estado sólo se ha limitado a abordar el fenómeno de la violencia contra las mujeres desde el ámbito normativo, lo cual no ha permitido ir más allá dentro de lo real del fenómeno; y por ende, la búsqueda de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres es limitada. Por ejemplo, a pesar que en la constitución de la república de Guatemala se garantiza el derecho a la vida y en la ley especializada el derecho a una vida libre de violencia física, psicológica, sexual y económica; las condiciones sociopolíticas y económicas actuales no permiten que se establezcan mecanismos que cierren la brecha de desigualdad en oportunidades en acceso a la educación, salud, empleo digno, seguridad y justicia entre hombres y mujeres; y realmente garanticen el derecho a la vida y a una vida libra de violencia.
A lo anterior se le tiene que agregar que la lógica que tiene el Estado guatemalteco para quienes transgreden su marco jurídico, son “cárceles hacinadas, guardias insuficientes y presupuestos estatales paupérrimos. Donde la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) es el último eslabón de un sistema de justicia que poco hace por cumplir con su misión: {…} asegurar la rehabilitación de las personas internas en ellos.” (Baires, 2014). Queda claro que lo único que se busca realizar dentro de este Estado es individualizar la violencia que la misma sociedad que lo constituye y (re) produce para evitar que se cuestione el marco abstracto de referencia que impera en el mundo de vida.
El hecho de que el marco normativo tipifique como delitos cuatro acciones violentas contra las mujeres es un avance pero al mismo tiempo es el síntoma de que el marco abstracto patriarcal de referencia está vigente. Esto se da porque la relación que se hace del fenómeno desde el marco jurídico sólo permite captar parcialmente los sentidos y los motivos que poseen las acciones violentas manifiestas, por lo que identificar y aprehender las causas estructurales que la provocan no es posible, al igual que las acciones violentas latentes, que son a la larga las que más condicionan el actuar de las personas, es decir, la violencia simbólica e institucional. Es por esto que se menciona que la racionalidad jurídica es la condensación de ciertos segmentos de la racionalidad social, asimismo se ha dicho que el hecho de que el marco jurídico no aborda de forma sustanciosa el fenómeno, es porque a una parte de la sociedad le interesa o conviene que así sea, y por lo tanto desde el Estado la prevención es escasa y nulos son los esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres.

Los obstáculos que se han sorteado y se están sorteando en el cambio del esquema de referencia válido presupuesto respecto a los sentidos que poseen las acciones violentas contra la mujer son profundos y arraigados; y además son abstractos. Sobre todo si se considera que a pesar de que el mundo de vida y la vida cotidiana corresponden a un mismo espacio-tiempo, las interpretaciones sobre el sentido de las acciones divergen debido a que son diferentes las subjetividades y racionalidades que posee cada cohorte y clase social que compone a la sociedad.


El patriarcado y el poder que ejerce, por medio de la dominación, no ha mermado lo suficiente como para considerar que ha ocurrido un cambio significativo dentro de los esquemas de referencia de la sociedad. Lo anterior se evidencia en los diversos espacios y tiempos en los que la racionalidad patriarcal se expresa, principalmente en el ámbito simbólico e institucional; esferas primarias de la (re) producción de la violencia contra las mujeres.
¿Por qué traer a colación estos tipos de violencia a la interpretación? Se hace porque es necesario dimensionar el fenómeno de las acciones violentas contra las mujeres a todo nivel y no sólo a nivel individual, porque sólo así es posible evidenciar el pequeño espacio donde actúa el Estado a través del marco jurídico vigente; además para que se visibilice el nexo común entre el sentido de la acción social y el mundo de vida que la sociedad legitima cotidianamente.
En la sociedad guatemalteca donde a la mujer, como dice Lainez (2014), “se le asigna todas las tareas del hogar, el atender al esposo, criar y cuidar a los hijos e hijas, mantenerse bonita y arreglada, y además, aguantar cualquier situación con tal de asegurar un hogar integrado y resguardar el qué dirán”; es evidente que la violencia contra las mujeres está más allá de los golpes, los insultos y la violación; y no es porque estas acciones violentas no sean importantes de tomarse en cuenta y hacerlas punibles, sino porque detrás de todo eso, dice Zizek (2013); existe una violencia objetiva, sistémica y anónima que es la que fundamenta y legitima la violencia subjetiva que es la que ejercen las y los agentes sociales (p. 157).
¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Que toda acción violenta contra la mujer ejecutada por un individuo es en sí una serie de “regularidades fácticas {…} que se comportan de un modo semejante por su sentido” (Llano, Rafael; 1992, p.37) y que es repetido por otros individuos dentro del mismo espacio-tiempo.
Es acá donde se sabe que la acción individual tiene “un nexo conceptual colectivo constituido por sus cualidades personales heredadas o adquiridas, el medio histórico, las vicisitudes de su vida, etc.; que se exterioriza en los procesos particulares de las esferas de actuación personal.” (Llano, R. 1992, p. 38).
Por lo que queda demostrado que la premisa de la tesis de las perspectivas recíprocas junto con la de las probabilidades subjetivas de complementariedad de sentido son válidas. Por ende, la cristalización de todo el andamiaje construido por el sistema patriarcal, que es socialmente compartido total o parcialmente por las personas que componen el mundo de vida, se convierte en el punto nodal de la interpretación de los sentidos de la acción social y los motivos socialmente válidos que se ve reflejado en la racionalidad jurídica.
El abordar la discrepancia que existe entre la racionalidad jurídica y la social representa un reto mayúsculo, acá se realiza de manera somera. La amalgama de subjetividades existentes dentro de la intersubjetividad es el primer crisol en el que se puede identificar la relación asimétrica que existe entre las subjetividades que se suscitan dentro del mundo de vida, y que son las que determinan las condiciones de vida de todas las personas que las integran.
Por cuestiones prácticas es más fácil ceñirlo a un bloque histórico, en este caso a la sociedad guatemalteca y su Estado, dentro de éste opera la hegemonía y dominación masculina, que por un lado permite que se castiguen a quienes reproducen y cristalizan su racionalidad misógina y patriarcal y por otro oculta su génesis; que es lo que finalmente se termina expresando de forma latente en las acciones sociales. Dando como resultado “contradicciones subyacentes en el orden social que pretende instituir” (Oszlak, O. 1999, p. 22) y que no son inherentes al Estado per se sino que son directamente producción de la sociedad.
Un ejemplo de lo que se está tratando es el artículo 9 de la ley mencionada, este artículo aborda directamente la violencia objetiva al no permitir que se justifique la violencia contra la mujer por medio de alegar usos y costumbres, pero no los tipifica como delitos debido a la complejidad del abordaje que requeriría. Sin embargo esto no significa que no se podría abordar desde otros ámbitos, es acá donde se entiende que es en “el terreno inconsciente de las costumbres, lo que en realidad dificulta el cambio” (Zizek, S. 2013, p. 200) y no permite ver lo real del fenómeno, que es la misma sociedad quien produce, reproduce y legitima la violencia contra la mujer.
Esto se debe a que es más fácil solidificar el acervo de conocimiento que se posee que interrogarse sobre las deficiencias que este tiene, esto es lo que ha permitido que no se interrogue los privilegios que se poseen por pertenecer a determinada clase, etnia y sexo. Quien domina y controla nunca tiene la necesidad de cuestionarse sobre el estado de las cosas y la otredad de las demás personas que le rodean.
Es por lo anterior que la interpretación de los motivos de las acciones está ceñida a un contexto determinado que responde a condiciones de vida específicas. La violencia objetiva contra las mujeres siempre será la misma pero la violencia subjetiva no lo será, ya que esta última depende de qué clase social y etnia se manifieste y a cuál de todas estas pertenezca la mujer a quien se violenta. En un plano teórico se puede identificar dentro del mundo de vida las distintas racionalidades que existen, pero realizarlo en el ámbito real de la vida cotidiana es complicado debido a que se encuentran más limitadas las racionalidades y se está más próximo al sentido común.
Por lo tanto, para entender el fenómeno y las discrepancias que genera la racionalidad jurídica dentro de la racionalidad social y las contradicciones que se suscitan en el Estado la penalización de acciones socialmente aceptadas, es necesario entrelazar dentro del análisis los cuatro ámbito que establece la sociología fenomenológica como determinantes para escudriñar los sentidos que le dan los actores a las motivaciones que produjeron su actuar; el ámbito individual, social, temporal y espacial.
A través de esta vía se puede comprobar que el impacto que tiene la ley especializada sobre el fenómeno en mención es limitado porque ésta no posee relación indirecta con las racionalidades de los procesos de tipificación que racionalizan y por ende legitiman las acciones sociales violentas en contra de las mujeres. Es por esto que el sistema de valores desde el cual se establecen y se emiten los discursos que condicionan los horizontes de vida de las personas no se ven afectados y por ende las perspectivas recíprocas de las personas no cambian radicalmente y por lo mismo el sistema de creencias y valores patriarcal sigue estando vigente y permanentemente está estableciendo los horizontes de vida que condicionan el actuar de la sociedad.

Bibliografía
Llano, Rafael. (1992). La sociología comprensiva como teoría de la cultura. Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC- España.
Oszlak, Oscar. (1978). Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teóricos – metodológicos para su estudio. Buenos Aires: Cuadernos de CEDES, Vol 1., Nº 3.
Oszlak, Oscar. (1999). La formación del Estado Argentino. Buenos. Aires: Planeta.
Poulantzas, Nicos. (1975). Hegemonía y dominación en el Estado moderno; tr. María Poyrazián. 3ra. Ed. Argentina: Pasado y Presente 1975.
Zizek, Slavoj. (2013). Sobre la Violencia. Seis reflexiones marginales. Tr. José Antón. 1ra. Ed. España: Austral.
Referencias electrónicas
Baires Quezada, Rodrigo. (2014). Desborde penitenciario. Obtenido de http://www.plazapublica.com.gt/content/desborde-penitenciario Fecha de consulta: 30 de junio de 2015.
Lainez Carrasco, Zaira. (2014). De despedidas de soltera y baby showers. Obtenido de http://www.plazapublica.com.gt/content/de-despedidas-de-soltera-y-baby-showers Fecha de consulta: 27 de junio de 2015.


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