"villarrubia, Matías Miguel s/ homicidio simple" legajo nº 0413, Fº61, Lºi juzgado: Juzgado de Garantías Nº 2 Uruguay



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a la primera cuestión por la afirmativa.

Los Sres. Vocales Dres. BONIFACINO y SERO, por análogas consideraciones, adhieren al voto anterior.

A la segunda cuestión planteada el Sr. Vocal Dr. PIMENTEL dijo:

Para analizar esta segunda cuestión, he de partir de lo atinente al encuadre típico del hecho cuya materialidad y autoría he dado por probadas.

En ese orden, tal como viene requerido y ha sido acusado Villarrubia, estimo que en el caso estamos en presencia de un hecho adscribible a la figura de homicidio, prevista en el art. 79 del Código Penal.

Ya en la cuestión anterior he afirmado la existencia de la herida en la parte izquierda de la cabeza de Scheiver y que la misma tiene su origen en la pelea que sostuviera con Villarrubia, en la cual el imputado le asestó una apuñalada con un elemento punzo cortante.

Así planteadas las cosas, el plano objetivo no presenta mayores complejidades, toda vez que, con la acción desplegada por Villarrubia, se crea un peligro jurídicamente desaprobado para la producción de un resultado, concretizándose en definitiva luego dicho peligro.

Quien acomete con un arma filosa sobre la persona de un tercero, dirigiendo sus golpes sobre una zona vital como lo es la cabeza, pone en peligro la vida, pues el medio utilizado es idóneo para sesgarla; encontrando Scheiver la muerte como consecuencia de la puñalada que recibiera en la sien, que primeramente lo dejó en estado de coma y dependiente de respiración mecánica.

No ha existido en el caso, una desviación del curso causal ya que, surge claramente del informe de óbito elaborado por el Médico Forense Dr. Siemens, que lo que provoca el paro cardíaco, es -como se dijera- la isquemia e infarto del hemisferio cerebral izquierdo producto de la lesión sobre la arteria silviana, todo ello en razón de la lesión penetrante en el cráneo producida por un arma blanca; siendo entonces ésta, el riesgo primigenio y también el determinante de que a la postre se desencadenara la muerte.

Se ha hecho alusión a que, desde un primer momento, el pronóstico médico era reservado-malo, teniendo el paciente una progresiva degeneración que no pudo ser revertida con las intervenciones médicas que se le practicaran, incluso se ha exhibido al Tribunal el estado de licuefacción del cerebro; por lo que el desenlace reconoce una única fuente.

Por otra parte, considero que aparecen en autos claras circunstancias indicativas unívocamente del dolo homicida de Villarrubia.

El aspecto subjetivo del tipo penal se integra con todos aquellos elementos que deben darse en la representación del autor, independientemente de la naturaleza física o psíquica de tal elemento.

Desde otro punto de mira y no ya tanto en lo que respecta a cómo se compone el concepto de dolo, sino a la forma de probarlo, existe unanimidad doctrinal y jurisprudencial en hacer depender la afirmación o negación del mismo del estado de la subjetividad del autor penal en el momento de realizar la conducta objetivamente típica (cfr. Ramón Ragués I Valles, "Tres propuestas recientes en la histórica discusión sobre el dolo", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año V, nº 9 A, pág. 466).

Aún cuando ello pueda acarrear frecuentemente dificultades probatorias, no significa renunciar a la existencia del dolo y la prueba de éste, sino que a su comprobación debe llegarse mediante un método legítimo, que ha sido definido por Hruscka como "juicio adscriptivo". En sentido similar resalta Bacigalupo (Principios de Derecho Penal, ed. Akal/iure, Madrid, 1997, p. 223) que "los elementos subjetivos no son cognoscibles directamente, sino a través de los elementos externos que objetivan un determinado contenido psíquico del comportamiento.

En la doctrina nacional, tiene expresado Nuñez: "La verdad es que el conocimiento y la intención en los cuales el dolo consiste son hechos, aunque de naturaleza psíquica y como tales tienen que ser comprobados por el juez lo mismo que los otros hechos que fundamentan la imputación delictiva. (conf. aut. cit., Derecho Penal Argentino, II, pág. 71).-

Por lo tanto el conocimiento de ciertas circunstancias que hacen a la valoración de la existencia o no de dolo, se trata de inferencias que no sólo dependen de la inmediación, sino de las deducciones e inducciones que se puedan realizar a partir de la prueba incorporada y la que he podido inmediar en el decurso del juicio.

De tal forma, sostengo, con la doctrina más actual, que lo esencial en cualquier forma de dolo es el aspecto cognoscitivo, pues sin él no puede haber dolo: el autor debe tener una clara conciencia del riesgo que con su comportamiento está generando.

Centrado entonces el análisis sobre cómo valora el sujeto la situación objetiva de riesgo que crea, entiendo no existen dudas que en el caso de autos, el encartado Villarrubia obró con dolo de matar, ya que desde un primer momento decidió concurrir a la contienda, por ambos concertada, munido de un elemento de alto poder vulnerante y en el transcurso de ésta, el de usarla sobre una región vital.

Ya he tenido oportunidad de referirme a la existencia de elementos indicadores de su empleo en la manga izquierda del buzo utilizado por Scheiver (tajos reconducibles a maniobras defensivas), como también a las manifestaciones del imputado en instante previo a que cese la pelea; se encontraba boca arriba y Scheiver lo estaba golpeando, por lo que le toma la cara con la mano y ahí, he de agregar yo, es donde le asesta la puñalada mortal -inmediatamente después la reyerta ya había terminado-. En definitiva el imputado claramente dirigió el cuchillo a una región vulnerable en lo que a órganos sensibles para la subsistencia refiere.

Dada tal mecánica no existen elementos que permitan afirmar una confianza racional de no realización del tipo penal de homicidio, puesto que toda lesión penetrante en la cabeza indefectiblemente pone en riesgo la vida del agredido, valoración que en concreto no ha de haber pasado por alto Villarrubia, cuando expresamente eligió la zona del ataque.

En definitiva, es mi criterio, que las circunstancias exteriorizadas en el iter criminis, permiten inferir sin más la subjetividad del imputado, conociendo éste el riesgo concreto de producir el resultado que finalmente ocurrió, todo lo cual permite afirmar el dolo típico que reclama el artículo 79 del ordenamiento sustantivo.

La conducta atribuida resulta también antijurídica en cuanto no surge de las constancias de autos que existiera causa alguna que justifique el obrar del inculpado contrario a derecho, configurándose el injusto que se le atribuyera.

Así la decisión de enfrentarse entre Scheiver y Villarrubia fue previamente consensuada, mediante desafíos recíprocos (cfr. testimoniales de Allois y las hermanas Malarino), por lo que no se advierte la existencia de una situación objetiva que habilitara el ejercicio de mecanismos defensivos para conjurar un ataque, todo lo cual excluye la posibilidad de admitir en el caso permiso de actuación.

Es jurisprudencia de esta Sala, apoyada en precedentes del Supremo Tribunal español, que "...si luego de intercambiar algunas palabras comenzó la riña, se debe admitir que ésta había sido ya mutuamente aceptada, toda vez que la aceptación se debe apreciar cuando los contendientes tienen una seria sospecha de las intenciones recíprocas y, a su vez, la decisión de combatir. Tal aceptación, como es claro, no requiere formas sacramentales y se debe indagar a través del comportamiento externo e inmediatamente anterior al hecho de los contendientes. En este sentido, quien alertado de las intenciones agresivas de los otros, y sabiendo que éstos están armados concurre al lugar del hecho a enfrentarse con ellos, ha tomado evidentemente la decisión de combatir. Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha señalado que cuando se presenta, como en este caso, acometimientos recíprocos, en los que los partícipes están alertados de la inminencia de los mismos, no cabe calificar a uno de los acometimientos como agresión ilegítima....Esta doctrina se funda en una concepción de la legítima defensa, que justifica la repulsa de una agresión antijurídica sólo cuando el sujeto agente obra con voluntad de defenderse. Ello no ocurre, como es obvio, cuando se da una situación en la que cada uno de los contendientes ya ha decidido comenzar la agresión contra el otro, sin que tal decisión esté condicionada por el comportamiento de éste....". (cfr. in re "BARRERA, Darío Javier-CUENOS, César Guillermo - HOMICIDIO" del 12 de mayo de 2.010 con cita de "Aspectos esenciales de la legítima defensa", Diego M. Luzón Peña, colección Maestros de Derecho Penal, editorial B de F, pág. 573).

De igual modo, se hizo referencia al ámbito nacional, donde ello ha recibido plena acogida: "Para que pueda invocarse la causa de justificación legislada en el artículo 34 inciso 6to. del Código Penal, es preciso que haya existido una situación de peligro grave y concreto para quien pretende haber actuado legítimamente, lo que no se condice con la previsión de una lucha o de un acometimiento recíproco, como sería el caso de quien al ir a buscar un cuchillo con el que hirió a la víctima y al regresar con él al lugar del hecho, voluntariamente ha aceptado aquellas posibilidades...."(Conf, Rubinzal Culzoni, "Eximentes de -Responsabilidad Penal, T. II, pág. 418).

Amén de lo supra esbozado, tampoco en la subjetividad del autor se vislumbra la voluntad defensiva, toda vez que es Villarrubia el que primero estaciona el vehículo, previa maniobra de obstaculización del tránsito, sentando así las bases para que la disputa verbal pase al hecho y concretizar de una buena vez la pelea.

Pasando al siguiente nivel de análisis, en cuanto a la posibilidad de comprender la criminalidad del acto, ya he tenido oportunidad de expedirme en la primer cuestión, sentando que no surgen circunstancias que permitan considerar la existencia de causales de inimputabilidad en torno al accionar ilícito desplegado.

Villarrubia ha demostrado tener capacidad de entendimiento, con desarrollo intelectual dentro de los parámetros de normalidad desde la óptica psicológica/psiquiátrica, con facultades mentales conservadas, sin patologías neurológicas de ninguna índole, poseyendo capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, lo cual se encuentra debidamente corroborado con el informe del equipo técnico de tribunales integrado por el Psiquiatra José Cabelluzzi y el Psicólogo Eduardo Gándola.

Establecida que fuera entonces la antijuridicidad del accionar de Villarrubia y su imputabilidad, pasando a la concreta cuestión de su culpabilidad, es evidente que el imputado comprendía en el momento del hecho la criminalidad del acto que ejecutaba y siendo asequible al llamado de la norma no se motivó por la misma, por lo que su obrar le resulta reprochable, no encontrando aplicable al caso causa eximente de culpabilidad alguna.

Conforme a lo hasta aquí expresado, afirmadas las categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, debo responder a esta segunda cuestión por la afirmativa; concluyendo que Matías Miguel Villarrubia es autor material y responsable del delito de homicidio en la persona de Ezequiel Scheiver.

ASI VOTO.

Los Sres. Vocales Dres. BONIFACINO y SERO, por análogas consideraciones, adhieren al voto anterior.

A la tercera cuestión planteada el Sr. Vocal Dr. PIMENTEL dijo:

En relación a la pena a aplicar, debe tenerse en cuenta conforme lo tiene inveteradamente sentado esta Sala que, en un estado democrático de derecho, una pena será legítima sólo en la medida que sea la materialización de la Justicia. Deberán compatibilizarse para ello el límite insuperable de la culpabilidad del autor y los fines de prevención general y especial que resultan su fin y fundamento.

Asiste razón a Magariños cuando afirma que "como consecuencia de la vinculación normativa al principio de acto de la garantía constitucional de legalidad, es evidente que si la pena debe fundarse en lo que la ley establece – art. 18 de la C.N. – y la ley solo puede seleccionar acciones – art. 19 C.N. – la imposición de una pena sólo adquiere legitimidad cuando constituye la respuesta a la realización del acto que la ley prohíbe y por el contrario, carece de legitimidad si aparece como una derivación, aún parcial, de la personalidad, la actitud interna o la peligrosidad del autor."

Existe coincidencia al afirmar que la pena debe ser proporcional al delito cometido. Sin embargo, como lo advertía ya Jeremías Bentham, esta idea no nos ofrece ningún criterio objetivo de ponderación.

La estructura misma del razonamiento que debe efectuarse a los fines de la individualización de la pena es "aplicación del derecho", y por ende, al igual que los restantes aspectos de la sentencia, debe fundamentarse en criterios razonables explícitos, que permitan que la correcta aplicación de las pautas evaluadas pueda ser jurídicamente comprobada.

Como se ha señalado, la individualización de la pena constituye junto con la apreciación de la prueba y la aplicación de un precepto jurídico penal a hechos probados, "la función autónoma del juez penal" por lo que le compete para cada caso concreto determinar la pena aplicable y su duración en función de todos los elementos y factores reales conjugables del hecho y del autor.

Para individualizar la pena a imponer conviene señalar en primer lugar que conforme el sistema legal que rige su fijación, la pena debe ser decidida tomando en cuenta la gravedad del hecho y la personalidad del autor, confluyendo en ello circunstancias agravantes y atenuantes. El art. 41 del C.P. hace una clara referencia al injusto, lo que permite cuantificarlo.

Dentro de este contexto, es el ilícito culpable el criterio decisivo para determinar la pena y las razones de prevención especial deben de servir como correctivo, en el sentido que la única culpabilidad que puede ser tomada como criterio de individualización es la de acto rechazando la culpabilidad de autor por ser contrario a la Constitución -arts. 18 y 19 de la C.N.-. Con este criterio ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le formule a la persona por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor y esta culpabilidad se determina según el ámbito de autodeterminación que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en la que hubiese actuado y en relación a sus personales capacidades en esas circunstancias. Como bien lo señalan Fleming y López Viñals en su obra: "La pena debe graduarse en relación con el daño o puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos ocasionados por el injusto. El principio que enunciamos encuentra antecedentes en el artículo 8º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La necesidad de correlación entre los efectos del delito y la sanción está expresamente prevista en el inciso 1º del art. 41 del código penal, en el que se alude, como un parámetro básico, a la extensión del daño y el peligro causado. La proporcionalidad de la pena se constituye en un motivo de equilibrio para la reacción represiva del Estado, que insufla racionalidad evitando que se produzca un castigo excesivo allí donde no es estrictamente necesario para lo que suministra una más sólida referencia la consideración de la perspectiva de la víctima, tradicionalmente postergada frente a la comunitaria o colectiva." (conf. Abel Fleming – Pablo Lopez Viñals – "Las Penas" – Ed. Rubinzal – Culzoni - Editores – pág. 373).

Que, partiendo de esas premisas, en el caso en concreto para graduar la sanción, en primer lugar debemos ubicarnos en la escala aplicable al caso. En tal sentido, la pena en abstracto oscila en este caso entre un mínimo de ocho años y un máximo de veinticinco años de prisión.

Así considero como circunstancias que alejan la pena del mínimo, la especial gravedad de la acción perpetrada y su modo de comisión, ante una víctima en cierta medida desprevenida en lo que refiere a los elementos con los que iba a concurrir su contendiente al pugilato por ambos concertado. La fugacidad del desarrollo relatada por las testigos presenciales y las propias manifestaciones de la víctima –"mirá con qué me atacó/cortó"- dan cuenta de tal sorpresa.

En lo que a la extensión del daño refiere, se ha truncado la vida una persona en la plenitud, lo que debe tenerse en cuenta, pues más allá de considerarse el valor absoluto que resulta ínsito al bien jurídico vida humana, en el caso bajo examen se trata de una persona joven, trabajadora, que vio sesgada su existencia tempranamente por un conflicto callejero al que se le dio una impronta de agresión y violencia desproporcionada.

A lo supra referenciado he de concatenarlo con los motivos del autor, circunstancias fútiles que de modo alguno explican la reacción asumida por el imputado. Si bien las testimoniales rendidas por los conocidos de la víctima y victimario apuntan a una inquina entre ellos -devenida de una disputa previa por el préstamo de una prenda a un tercero allegado en común-, lo cierto es que el motivo de la pelea en realidad era un antagonismo reconducible simplemente a demostrar quién era el más "guapo", expresado bajo la fórmula "…si te la aguantás, estacioná…", lo que en nada habilita, ni explica, ni morigera su determinación de acabar con una vida.

Se tiene en cuenta en el mismo sentido disvalioso, la total ausencia de remordimiento o arrepentimiento que ha quedado plasmada en el informe de evaluación pericial.

He de disentir con el Sr. Fiscal en derredor a que las postulaciones inconducentes inciden en la cuantificación de la pena, ya que el proceso en sentido lato y el ejercicio de la defensa -aún cuando no rinda los frutos esperados- son derechos fundamentales del imputado constitucionalmente reconocidos, no pudiendo su práctica repercutir en desmedro.

Por el contrario, tengo en cuenta como atenuante dentro de las circunstancias personales del autor, sus condiciones socio culturales y económicas -de escasa instrucción y precaria situación laboral-; como también así la edad, inmadurez que no le ha permitido sopesar acabadamente las consecuencias de su obrar. De igual modo, confluye en igual sino el no registrar antecedentes condenatorios.

Que, conforme a ello, en función de las pautas valoradas a la luz de lo establecido en los artículos 40 y 41 del Código Penal, entiendo justo la imposición a Villarrubia de la PENA UNICA de ONCE AÑOS DE PRISION de cumplimiento efectivo con más las accesorias legales.

ASI VOTO.

Los Sres. Vocales Dres. BONIFACINO y SERO, por análogas consideraciones, adhieren al voto anterior.

A la cuarta cuestión planteada el Sr. Vocal Dr. PIMENTEL dijo:

En lo que respecta a la imposición de costas del presente proceso, no existen circunstancias que permitan apartarse del principio general, por lo que corresponde declarar las mismas a cargo del condenado en forma exclusiva, debiendo reponer el sellado de ley -arts. 584, 585 y 587 del C. Proc. Penal-.

En lo tocante a los efectos secuestrados, corresponde que sean devueltos a quienes acrediten derechos reales los automotores VW Gol dominio SZB-117 y Renault 11, dominio colocado RFY-801. A su vez, habrá de restituir de igual modo las pulseras de metal a los causahabientes de la víctima; y por el resto, corresponde su decomiso y destrucción, atento su inutilidad y/o mal estado de conservación.

ASI VOTO.

Los Sres. Vocales Dres. BONIFACINO y SERO, por análogas consideraciones, adhieren al voto anterior.

Con lo que no siendo para más, se dio término a la presente, dictándose la sentencia que seguidamente se transcribe, la que a tenor de lo facultado por el artículo 454 del C.P.P., se dispone proceder a la lectura de la parte resolutiva de la presente el día 29 de agosto de 2.014 a las 12:30 horas, quedando postergada la lectura íntegra de la sentencia en audiencia pública que se fija para el día 8 de septiembre de 2014, a partir de las 7:30 horas convocándose a las partes a tal fin, por Secretaría.

SENTENCIA:

Concepción del Uruguay, 29 de agosto de 2.014.

Por los fundamentos que anteceden,

SE RESUELVE:

1º- DECLARAR que Matías Miguel VILLARRUBIA, sin sobrenombre o apodo, D.N.I. Nº 37.466.579, cuyos demás datos de identidad personal constan en acta, es autor material penalmente responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, y CONDENARLO a la pena de ONCE AÑOS DE PRISION DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO y ACCESORIAS LEGALES (artículos 5, 12, 40, 41, 45 y 79 del Código Penal), manteniendo la prisión preventiva oportunamente dispuesta.

2º- DECLARAR las costas de la causa a cargo del condenado, debiendo reponer el sellado de ley -arts. 584, 585 y 587 del C.Proc.Penal-.

3º- DISPONER de los efectos secuestrados tal como se ha resuelto al tratar la cuestión respectiva.

4º- CUMPLIMENTESE la norma contenida en el art. 73 inc. e) del C.P.P.E.R., notificando a los causahabientes de la víctima de autos.

5º- DISPONER LA LECTURA de la parte resolutiva de la presente sentencia, para el día 29 de agosto de 2.014 a las 12:30 horas, disponiéndose la lectura íntegra de la misma en audiencia que se fija para el día 8 de septiembre de 2.014, a partir de las 07:30 horas, de lo que quedan las partes debidamente notificadas, sin que sea necesaria su presencia.

Mandar registrar la presente, que se practique oportunamente el respectivo cómputo de pena, remitiéndose una vez firme la sentencia, los testimonios pertinentes al Sr. Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad de Gualeguaychú, comunicar la presente a quienes corresponda y que, oportunamente, se archive la causa.

Fdo. GUSTAVO ROMAN PIMENTEL, MARTA CRISTINA BONIFACINO, ALBERTO JAVIER SERO. Vocales.

Ante mí: Julieta  García Gambino. Responsable O.G.A. SALA PENAL

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