Universidad de Chile Facultad de derecho Departamento de Derecho Público la legitimación activa en las acciones constitucionales, y de modo especial en la acción de proteccióN



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Universidad de Chile

Facultad de derecho

Departamento de Derecho Público

LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES, Y DE MODO ESPECIAL

EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Memoria de prueba para optar al grado de

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Alumnos : Jaime Puyol Crespo : Ignacio García Pereira

Profesor guía : Alvaro F. Tejos Canales

Santiago de Chile - 2007

I. I N T R O D U C C I Ó N.
Mediante la investigación se intentará un análisis de la Acción de Protección y su legitimación como modo de justificar la ocurrencia a la jurisdicción y la consecuente obtención de tutela judicial en defensa de los derechos fundamentales. Todo ello, basado en la historia de su establecimiento, la posición doctrinaria en la materia y un repaso jurisprudencial crítico. Para todo esto, el trabajo se estructurará en dos partes, a saber; primero, una parte general en que se explicará el concepto de acción constitucional y su importancia, con lógica referencia a los antecedentes históricos de la Acción de Protección y su génesis en la Constitución de 1980. El propósito es comenzar a esbozar el problema de la legitimación activa en sede de protección, ya un tema discutido por la Comisión de Estudio para la Nueva Constitución y que sin embargo nunca se zanjó con claridad.

En segundo término nos avocaremos al estudio de la naturaleza jurídica de la protección, paso previo para responder a la cuestión sobre su legitimación activa bajo el entendido de una naturaleza jurídica de acción. Con ello, también se repasará el estudio de las instituciones procesales en juego tales como capacidad procesal, de ejercicio y titularidad.

En seguida se entrará al análisis de la legitimación activa en general y su relevancia para el tema en estudio a efectos de dogmática constitucional, considerado además una parte especial de análisis respecto de cada uno de los derechos tutelados de protección en torno a la correcta exégesis del artículo 20 de la Carta Fundamental.

Así las cosas, se hará una somera relación y explicación de otras acciones constitucionales.



II. P A R T E G E N E R A L.
ANTECEDENTES HISTÓRICO - JURÍDICOS Y PRECISIÓN DOGMÁTICA DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES, RELEVANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA.
II.1. Acciones constitucionales; concepto y características.

La supremacía constitucional, principio básico del sistema constitucional moderno, se configura ya a partir de los inicios del siglo XIX en que ya se consideraba a la Constitución como una norma suprema y superior inmodificable por leyes ordinarias. De lo que se trata es del establecimiento de aquella norma como la primera de las normas jurídicas, pues la Constitución también es definitoria de las fuentes formales del derecho y por ende estructuradora de todo el sistema.

Como norma fundamental que es, la Constitución aúna en sí todos los principios, criterios y valores de un Estado de Derecho vinculando, obligatoria e inexcusablemente, a todos sus integrantes y elementos, ya sean personas, instituciones o grupos. De esta manera, cuando consideramos todas estas reglas que impone la Constitución, nos hallamos frente de un derecho público objetivo. Ergo, las normas jurídicas públicas de la Carta Fundamental constituyen el derecho público objetivo.

No obstante, y en lo que interesa a este estudio, cuando la Constitución asegura la facultad de los titulares de los derechos fundamentales que ella misma reconoce o estatuye, de hacerlos valer ante la jurisdicción y exigir su cumplimiento, nos hallamos frente al denominado derecho público subjetivo. De esta manera, la noción de derecho público subjetivo lleva implícita la idea de su defensa a través de los recursos o acciones constitucionales y sólo ahí estaremos en presencia real de una garantía. Entonces, una garantía constitucional no será tal si los derechos que esta cautela no son protegidos a través de un mecanismo jurisdiccional. Los derechos públicos subjetivos se instalan como una forma de limitar el poder estatal.

En parte de la doctrina, se distinguen entre estos derechos públicos subjetivos los típicos o activos, que son los que incorporan pretensiones activas del afectado en contra de la Administración solicitando prestaciones patrimoniales, y los reaccionales o impugnatorios, que surgen frente a la vulneración de intereses individuales de rango constitucional, por la ilegal actuación de la Administración; caso en el cual al Estado le asiste con un derecho subjetivo, con el propósito de eliminar ese actuar ilegal, restableciendo el imperio de la Constitución.

El derecho de accionar ejercido cuando se interponen estos recursos o acciones constitucionales es parte importante de la naturaleza jurídica de estos derechos reaccionales.

Un simple listado de derechos establecidos en el texto de la Constitución, por muy completo y preciso que sea, no serviría mucho si no se contemplan las acciones, recursos o medios idóneos que permitan a las personas recurrir ante un órgano jurisdiccional objetivo e imparcial, al instante que tales derechos fundamentales sean amenazados, perturbados o conculcados por actos de la autoridad o de particulares, para que este restablezca el imperio del derecho.

En esta circunstancia, y siguiendo al profesor Francisco Zúñiga, podemos conceptualizar la acción constitucional como “un derecho público subjetivo cuyo ejercicio, reconocido por la propia Constitución, tiene la virtud de poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado con el objeto de obtener la protección o cautela de un derecho protegido por el ordenamiento constitucional.”1

Esta idea de acción constitucional nos permite entenderla como un derecho inherente a las personas, grupos de personas o instituciones de acudir ante el aparato jurisdiccional cuando se le ha vulnerado, no respetado, o cuando debiendo aplicarse no se ha concretado un derecho reconocido o estatuido como tal por la Constitución Política. De esta forma, la acción constitucional pretende ser una salvaguarda de los particulares frente al inmenso poder que representa el Estado y frente a las injusticias que por algún u otro motivo le pueda significar la errónea o arbitraria aplicación de los derechos fundamentales.

Muchas de las acciones constitucionales que se encuentran consagradas en la Constitución Política de 1980 figuran bajo la denominación de “recursos”. Así, por ejemplo, el recurso de protección, el recurso de amparo, el recurso de inaplicabilidad, entre otros. Según veremos más adelante al tratar la naturaleza jurídica de este instituto, la calificación errónea de “recurso” para referirse a las acciones que se consagran en la Constitución es una cuestión que ya la doctrina casi no discute y esto por las siguientes razones. En primer lugar está la definición de recurso como el acto jurídico procesal de la parte o de quién tenga legitimación para actuar mediante el cual se impugna una resolución judicial, dentro del mismo proceso que se pronunció, solicitando su revisión a fin de eliminar el agravio que sostiene se le ha causado con su dictación”2. De acuerdo a esta definición, el recurso sería el acto procesal que impugna resoluciones judiciales, no así la acción ya que esta es el derecho subjetivo de poner en marcha el aparato jurisdiccional cuando se ha vulnerado un derecho o garantía constitucional. Por lo tanto es que se habla se acciones constitucionales y no de recursos constitucionales.

A esta altura se pueden clasificar las acciones constitucionales en dos grandes categorías:

a) Las acciones de control constitucional de la ley y demás actos normativos y;

b) Las acciones de control de eficacia de derechos fundamentales.

Dentro del primer punto, en países tales como China y Bulgaria, es el Parlamento quien realiza este autocontrol de los actos normativos. En otros existe un control judicial de las leyes, como es el caso de Estados Unidos. Asimismo existen legislaciones que establecen control de constitucionalidad por un órgano especial que generalmente denominado Corte o Tribunal Constitucional, cuya competencia implica conocer todas las cuestiones sobre constitucionalidad de las leyes.

En Chile y al alero de la Constitución de 1980 se estableció un doble control de constitucionalidad de las ley; de un lado el Tribunal Constitucional que tiene a su cargo el control preventivo obligatorio de algunos tipos normativos o a solicitud de algunas autoridades, el control de algunos proyectos de ley, y por otra parte la operatividad de un recurso de inaplicabilidad que inicialmente se hallaba en manos de la Corte Suprema desde la Constitución de 1925 y que se reemplazó en su conocimiento al Tribunal Constitucional después de la reforma constitucional del año 2005. Quepa explicar como una causa acerca de este giro, el que hubo innumerables oportunidades en que aquel máximo tribunal rechazó el recurso de inaplicabilidad, en la mayoría de los casos, por aspectos meramente accidentales y sobre la base de la teoría de que no era procedente conocer de la inconstitucionalidad de forma.

Respecto a las acciones de control de eficacia de derechos fundamentales, estas pueden ser clasificadas como declarativas, cautelares y de naturaleza contencioso administrativa.

Las acciones declarativas persiguen la declaración de un derecho amparado por el ordenamiento constitucional que el recurrente dice tener al ejercerla. Dentro de este tipo de acciones hallamos las de indemnización por error judicial y reclamo de nacionalidad.

Las acciones de naturaleza cautelar persiguen la cautela provisional del legítimo titular de un derecho constitucional que se encuentra afectado o bajo amenaza de serlo. Tendrían esta naturaleza las acciones de protección, amparo y amparo económico.

Las acciones de naturaleza contencioso administrativa, si bien tienen el carácter de declarativas, se han agrupado de manera distinta debido a que su finalidad es enjuiciar actos de la Administración. En esta agrupación encontramos el contencioso de expropiación, la nulidad de derecho público y el contencioso indemnizatorio. Aun tratándose de acciones constitucionales en sentido amplio, éstas no se incluirán dentro del presente estudio.

En el caso de reclamo por ilegalidad del acto expropiatorio, si bien encuentra su fundamento en el derecho de propiedad y en el aserto de que nadie puede ser injustamente privado de ella, lo real es que como su nombre lo dice, se halla dirigida a atacar vicios de ilegalidad, no de falta de constitucionalidad. En efecto, para efectuar en Chile una expropiación, se debe actuar en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificado por el legislador (artículo 19 N°24 Constitución Política.). En sede de la acción mencionada, se discutirá sobre la concordancia o no del acto expropiatorio con la ley que lo autorizó. Se trata de un examen eminentemente formal.

Tratándose de la nulidad de derecho público, bien se sabe que ella emana de los artículos 6 y 7 de la Constitución, que establecen el principio de juridicidad de derecho público. Por su consecuencia los órganos del Estado deben someter su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, lo que en definitiva se traduce en que sólo actúan válidamente previa investidura regular, dentro de la esfera de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Si bien la propia Constitución señala la nulidad como sanción a los actos que contravengan estas reglas, lo cierto es que ellas contienen además una remisión a la ley como la norma que especifica la manera en que deberán actuar los órganos del Estado.

Por último, el contencioso indemnizatorio si bien deriva de la Constitución, también supone una reafirmación de principios del Derecho Civil de que todo daño injusto debe ser indemnizado, pero esta vez aplicado al Estado y sus órganos.

En definitiva, las acciones constitucionales pueden clasificarse de acuerdo al bien jurídico tutelado y a la manera en que se infringen dichos derechos. La acción de protección se encuentra entre las acciones de naturaleza cautelar ya que su misión es la tutela de un derecho que se encuentra afectado, por lo que la persona que ha visto vulnerado su derecho espera un efectivo amparo frente a esta infracción.

II.2. Importancia de las Acciones Constitucionales.

El Estado Constitucional de derecho como expresión jurídica de una democracia tiene el propósito permanente de precaver el respeto a la Constitución Política y los derechos fundamentales. La supremacía de la Constitución es un elemento esencial de cualquier sistema político, máxime cuando ella expresa tanto la forma de organización del poder, como los derechos mas esenciales sobre los que se sustenta la convivencia política en cualquier Estado en cuanto partes inseparables de un mismo objeto. Un Estado de Derecho debe cumplir con su Constitución para lo cual debe valerse de los medios que le otorga la técnica jurídica. Esta técnica jurídica será entonces, el medio a través del cual se canaliza la acción del estado con plena concreción del principio de la jerarquía normativa conforme a la Constitución. Dicho de otra forma; expresar y confirmar la supremacía de la Constitución constituye un cometido político trascendental en un Estado de derecho.

Hay que distinguir en este Estado de Derecho, entre quienes conducen y administran el estado y quienes tienen la tarea de reestablecer el ordenamiento jurídico vulnerado. Los primeros, legitimados democráticamente para ejercer sus funciones, y los segundos, legitimados con una fuerte capacidad y especialización técnica en el cometido de sus funciones. Es por esto que en un Estado de Derecho tiene suma importancia la instalación de un órgano jurisdiccional capaz de restablecer el orden constitucional vulnerado. Estos órganos tutelares del control jurisdiccional se hallan comprometidos con los valores constitucionales que tienen, justamente, por misión de tutelar. Así, el cometido actual de estos guardianes de la justicia constitucional consiste en hacer observar la Constitución y restablecer este orden cuando el mismo se ha vulnerado mediante recursos y acciones que sean de la mayor eficiencia, rapidez y simpleza posibles. Esta determinación además se vuelve un imperativo para todos los países que suscriptores del pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 25.1 dispone que: “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen (…) b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y, c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

Luego, por lo expuesto se pueden extraer algunos presupuestos:

1. Que exista un órgano jurisdiccional,

2. Que este órgano jurisdiccional sea independiente,

3. Que debe existir una vía de acceso al mismo que facilite su intervención,

4. Que el orden constitucional afectado pueda ser reestablecido por un recurso sencillo y eficaz.

En esta forma se impone el deber de los órganos jurisdiccionales de precaver y asegurar los derechos constitucionales vulnerados, cual sea una base mínima de resguardo de los particulares frente al poder superior del Estado y de aquellos mismos frente a otros terceros.

II. 3. Titularidad y Legitimación.

En general, cuando se recurre a un órgano jurisdiccional reclamándose la tutela de un derecho constitucional el procedimiento reviste ciertas características especiales, pues en primer término el tribunal está asumiendo un papel extraordinario de custodio de la Constitución y a la vez otro de gravitancia superior en cuanto restablecer o mantener el orden constitucional que se ha visto afectado.

El agravio constitucional puede provenir ya sea de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho fundamental o de una norma que reviste caracteres de inconstitucionalidad. En el primer caso se necesita una forma o procedimiento rápido y eficaz que permita hacer cesar la mencionada lesión y restituir el derecho afectado. En el segundo, en cambio, la norma que es supuestamente inválida por contraponerse a los principios y valores de la Constitución, requiere de un procedimiento interpretativo. En virtud de esta separación es que se podrían considerar dos procedimientos constitucionales: uno que exige mayor celeridad por tratarse de la afectación de un derecho fundamental concreto, y el otro que demanda un juicio de validez y que por lo tanto requiere de un análisis o de una técnica hermenéutica por su reinterpretación. Esta situación no impide que en algunos casos puedan superponerse estos dos procedimientos, como por ejemplo el caso en que el derecho fundamental concreto afectado proviene de una norma inconstitucional.

No obstante, de esta distinción y su utilidad, existen, siguiendo a la doctrina, caracteres comunes en ambos tipos de procedimientos, a saber:

1. Celeridad: cuando aparece una cuestión constitucional es tema de interés del sistema constitucional su rápida solución. Luego, el procedimiento debe simplificarse, impidiendo la excesiva formalidad para su rápida solución. Es por ello que se acortan los plazos y se desformalizan las actuaciones.

2. Siguiendo el punto anterior, el procedimiento debe ser simple para cumplir con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuya exigencia es un recurso sencillo y rápido. El fundamento de esto se encuentra en que el interés del Estado constitucional de derecho es, por sobre todo, la observancia de la Constitución.

3. La acción constitucional deja de ser de interés personal del afectado, para suscitar un interés público de que ninguna persona sea afectada en sus derechos constitucionales ni que le sean aplicadas normas inconstitucionales. Por ello cualquier reclamo constitucional se transforma en una especie de acción pública por hallarse comprometidos los fundamentos de la convivencia política que repele cualquier agresión al ordenamiento constitucional.

4. Es por esto último que el juez adquiere una posición determinante en el proceso constitucional. Este mismo debe, por ende, impedir las formalidades innecesarias y las situaciones de orden adjetivo para, en conciencia, cumplir el importantísimo rol que pasa a adquirir, esto es, el resguardo del sistema constitucional sobre el que se funda la convivencia política en un Estado de Derecho.

5. Como todo sistema constitucional existe para ser observado, respetado y rápidamente reestablecido, pues importa a toda la comunidad el respeto de las bases mínimas de un Estado de Derecho; entonces cualquier agravio fáctico y normativo de la Constitución debe ser ampliamente receptado por lo que la legitimación activa debe tener la misma amplitud, es decir, debe existir “una gran receptibilidad de cualquier agravio a la Constitución.”3

Siguiendo la tesis del profesor Nogueira Alcalá, quien hace un análisis comparado de la legitimación activa en general en distintos países latinoamericanos, se pueden establecer distintas definiciones y maneras de considerar la misma. Este propone una definición de legitimación activa de la siguiente manera:

La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona natural o jurídica, como asimismo a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como demandantes, demandados, terceros o representantes de cualquiera de ellos.”4

Sin perjuicio de que el concepto de legitimación activa que haremos nuestro no es el de este autor, dicha definición permite arribar a algunas conclusiones: La legitimación activa para accionar constitucionalmente va a depender de la naturaleza del procedimiento y la configuración de los contenciosos constitucionales, pudiendo clasificarse en cuatro los grupos legitimados, ellos son: determinadas autoridades u órganos constitucionales y un número o porcentaje de parlamentarios que integran una de las Cámaras del Congreso Nacional o la Asamblea Legislativa; los jueces ordinarios; las personas que tengan un interés legítimo; cualquier persona (acción popular).

Para poder abarcar el tema de la legitimación activa y explicitar con detalle sus distintas categorías, se hace necesario diferenciar entre el control abstracto, objetivo y directo de los preceptos y principios constitucionales, como asimismo dicha legitimación activa en el amparo de derechos ante los Tribunales Constitucionales. Para esto se sigue la clasificación que hace el profesor Nogueira referente a casos de 6 países latinoamericanos, a saber: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

II. 3.a. El control abstracto.

Funciona como un procedimiento contra normas que atenten contra la Constitución, especialmente leyes y normas con fuerza de ley o normas que deriven directamente de la Constitución. En estos casos se impugnan vicios formales derivados de la creación de las normas, y materiales derivados de su disconformidad con la Carta Fundamental, control que puede concretarse durante el proceso de formación de la norma (control preventivo) o una vez que la norma jurídica se encuentra incorporada al ordenamiento interno (control represivo o reparador).

Este tipo de control busca impedir que se incorporen normas al ordenamiento jurídico que atenten contra los principios básicos de la Constitución, o retirar aquellas aun sin que necesariamente atente contra algún derecho particular en el propósito de precaver que se produzca este tipo de conflictos.

Los legitimados activos para este tipo de control constitucional son:

1. El Presidente de la República. Le es casi inherente ser el primero de los órganos constitucionales legitimados para la defensa de la Constitución y el bien común, o el interés general, especialmente en países que tienen un régimen presidencialista. En Chile, esta legitimación activa se utiliza para concretar un control preventivo en materia de preceptos legales.

2. El Congreso Nacional o los parlamentarios. En este caso debemos necesariamente diferenciar:

- La legitimación activa por parte del Congreso Nacional o una de sus Cámaras. Se encuentran habilitados para poder demandar la inconstitucionalidad de los preceptos legales y normas jurídicas administrativas. Pretenden superar conflictos y desacuerdos en la elaboración de normas jurídicas o en la aplicación de las mismas entre el Congreso y el Ejecutivo.

- La legitimación por minorías parlamentarias. Este derecho de las minorías parlamentarias a ejercer el control de constitucionalidad de las normas es muy importante para ejercer efectivamente el resguardo de un Estado de Derecho ya que supone un límite al poder de la mayoría y un cauce para el control de ella. La legitimación activa de la minoría parlamentaria constituye un contrapeso jurídico a la centralidad del gobierno, impugnando ante el tribunal competente la inconstitucionalidad de la norma. “La legitimación activa se otorga a la minoría parlamentaria en virtud de su alta investidura política, producto de su función institucional, con el objeto de defender una pretensión objetiva como es el impedir que se incorporen al ordenamiento jurídico enunciados normativos inconstitucionales o para depurar el ordenamiento jurídico de ellos, dependiendo si el control es preventivo o represivo.”5 Además, “la minoría parlamentaria opera en un proceso objetivo y abstracto, donde los legitimados activamente se encuentran taxativamente señalados por la respectiva Constitución, donde el objeto del procedimiento es el contraste de un determinado enunciado normativo con el texto de la Carta Fundamental, con el objeto de depurar o impedir la existencia de normas inconstitucionales, concretando la defensa y primacía de la Constitución.”6

- La legitimación activa por cualquier parlamentario. En el caso de Bolivia se permite que un solo parlamentario pueda ocurrir por si ante el Tribunal Constitucional con el objeto de solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica. Esto en Chile no es así exigiéndose quórum mínimos de parlamentarios para proceder ante el Tribunal.

- La legitimación activa por otros órganos o entidades representativas. En distintos países sudamericanos la legitimación activa no está entregada solo a minorías parlamentarias o al congreso nacional sino que se amplían las facultades para que minorías sociales de la sociedad civil puedan solicitar la impugnación de decisiones tomadas por las fuerzas políticas. Es el caso del llamado “Defensor del Pueblo” que existe en varios países latinoamericanos que pretende ser la voz de los desvalidos que ven perturbadas sus aspiraciones debido a normas consideradas como inconstitucionales.

- La legitimación activa por un número determinado de ciudadanos. Esta opción posibilita el impulso procesal inicial del control de constitucionalidad, a minorías sociales de tendencia permanente “que se caracterizan por ser comunidades minoritarias que por circunstancias religiosas, étnicas, culturales, entre otros, tienen factores irreductibles de distinción y contraposición con la mayoría, cuyos intereses tampoco son asumidas por las minorías parlamentarias legitimadas para interponer las demandas o recursos de inconstitucionalidad.”7 Estos grupos tienen legitimación activa, constitucionalmente garantizada, en Perú y en Ecuador.

- La legitimación por acción popular. De los seis países que tienen Tribunal Constitucional, solo dos contemplan la apertura máxima posible en materia de control de constitucionalidad, estos son, Colombia y Venezuela.



II. 3.b. El Control Concreto.

De los seis países que cuentan con Tribunal Constitucional en Sudamérica, solo Bolivia y Chile ejercen directamente un control concreto sobre la constitucionalidad de las leyes. En nuestro país este control se ejerce por vía preventiva y represiva, por vía de control abstracto y concreto y a través de acciones directas y juicios incidentales.



II. 3.c. La legitimación activa en el amparo de derechos ante los Tribunales Constitucionales.

Constituye una acción tutelar de derechos fundamentales para su protección frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios provenientes de terceros bien sean u organismos del Estado. A diferencia de los actos de control objetivos, como antes se mencionó, en el amparo de derechos se pretende ejercer un control concreto para proteger los intereses subjetivos.

De todos los países analizados, es necesario consignar que Chile es el único país con Tribunal Constitucional que no tiene competencia en materia de amparo de derechos fundamentales lo que incide en debilitar la fuerza normativa de la Constitución respecto de los derechos esenciales y su interpretación.

Existe actualmente la denominación de “derechos de tercera generación”, nombre con el que se denominan el derecho a la protección del medio ambiente, el derecho a la calidad de vida, entre otros que ha generado diversos enfoques y percepciones a la hora de determinar la legitimación activa. La titularidad de estos derechos no es de cada individuo, sino de una colectividad que puede ser difícil de precisar. En estos tipos de interés se trata de un interés legítimo específico que debe ser invocado por el actor o demandante, ello los distingue de las acciones populares que se sostienen solo en el interés de la juridicidad, estando legitimadas para accionar todas las personas que invoquen la calidad de ciudadanos.

La legitimación activa, entonces, va a depender de que tipo de control se trate. Así en el control preventivo solamente se encuentran legitimados algunos órganos del estado y no cualquier persona, como en el caso del control represivo. Es en esta última sede donde las personas pueden acceder a los tribunales constitucionales, con el propósito de ver satisfechas sus pretensiones de resguardo cuando se han infringido los preceptos legales básicos que los distintos ordenamientos, a través de la Constitución, aseguran a las personas para poder ampararse de una mínima manera frente al poder estatal. El recurso de protección, como veremos a partir del siguiente capítulo presenta estas características respecto de su legitimación activa para interponerlo.

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