Un concepto de paisaje para la gestión sostenible del territorio



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UN CONCEPTO DE PAISAJE PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

Rafael Mata Olmo



Geógrafo, Universidad Autónoma de Madrid
(en MATA, R. y DOMÈNECH, M. (dirs): El paisaje y la gestión del territorio. Incorporación de criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo. Barcelona, Diputació de Barcelona).

El paisaje y la actualidad del territorio
El paisaje atraviesa hoy una situación crítica y paradójica. El deterioro de conjuntos paisajísticos valiosos, la pérdida de tramas construidas del pasado y su sustitución por configuraciones repetidas y banales, sin integración en el espacio heredado, o la difusión en los medios de comunicación de soberbios escenarios sin nombre y sin lugar, imágenes de consumo de una globalización desterritorializada, coinciden con una demanda social creciente de paisajes de calidad y con la reivindicación cada vez más extendida del derecho a vivir en entornos paisajísticamente dignos. El paisaje ha pasado así a formar parte del interés general como un elemento significativo del marco de vida cotidiano y del bienestar de la población.
La crisis del paisaje no es más que uno de los síntomas –probablemente el síntoma más perceptible para la gente- de la crisis contemporánea que aqueja a la relación entre sociedad y naturaleza, a la forma insostenible que tiene la especie humana de usar el territorio en áreas cada vez más extensas de la Tierra. Ciertamente el aumento del interés ciudadano por el paisaje hay que incardinarlo en el avance general de la conciencia ambiental; pero la relevancia que la cuestión del paisaje está alcanzando en los últimos tiempos tiene mucho que ver con el protagonismo adquirido por los problemas del territorio, no sólo porque la destrucción del paisaje va estrechamente unida a la destrucción del territorio, sino porque es evidente –con palabras de Roberto Gabino- que “no se salva el paisaje si no se salva el ‘país’” (Gambino, 2002: 56).
No es por azar que la cuestión paisajística emerja con fuerza coincidiendo con el debate abierto sobre el gobierno del territorio, sobre sus aspectos técnicos y administrativos, pero, ante todo, sobre su capacidad para formular proyectos sostenibles, democráticamente asumidos. De hecho, la territorialización ha penetrado con fuerza en dos políticas sectoriales con implicaciones directas y muy importantes en materia de paisaje, la de conservación de la naturaleza y la de patrimonio.
Efectivamente, la lógica territorial se afianza en la política ambiental y, específicamente, en la de conservación de la biodiversidad. La Cumbre de Río de 1992 introdujo no sólo una visión más amplia y compleja del campo de acción del conservacionismo, superando los límites de los objetos específicos de protección (especies, biotopos, espacios naturales protegidos), sino también una atención creciente a los procesos sociales, económicos y culturales, que en la específica realidad de cada territorio interactúan con las condiciones ambientales y con el funcionamiento de los ecosistemas. En el ámbito de la Unión Europea, el Quinto Programa Comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible y el Sexto Programa de Acción (2002-2012), actualmente en vigor, han reconocido la importancia de la planificación urbanística y de la ordenación del territorio para el logro de los objetivos ambientales y la conservación de la biodiversidad1.
Por otra parte, la razón del territorio ha penetrado también en la política de defensa del patrimonio, que ha evolucionado paulatinamente de la tutela de monumentos y de bienes culturales singulares a la atención por la ciudad histórica y por los territorios históricos, entendidos como magnos documentos, para cuya lectura el paisaje aporta un amplio repertorio de signos y símbolos de historia territorial.
La territorialización del paisaje, es decir, el reconocimiento de que cada territorio se manifiesta paisajísticamente en una fisonomía singular y dinámica y en plurales imágenes sociales, hace del paisaje un aspecto importante de la calidad de vida de la población; porque el paisaje es, ante todo, resultado de la relación sensible de la gente con su entorno percibido, cotidiano o visitado. Por eso mismo, el paisaje es también elemento de afinidad y de identidad territorial, y manifestación de la diversidad del espacio geográfico que se hace explícita en la materialidad de cada paisaje y en sus representaciones sociales. Se trata de una diversidad que resulta de la articulación de lo físico, lo biológico y lo cultural en cada lugar, un patrimonio valioso y difícilmente renovable, que no debe quedar eclipsado por esa otra diversidad, la biológica, políticamente más asumida hasta ahora e integrada en el todo paisajístico.
Desde el punto de vista de la acción, el emergente entendimiento territorial del paisaje implica, frente a planteamientos pasados que asociaban su tratamiento y defensa de modo casi exclusivo a iniciativas de protección de la naturaleza, un compromiso político con todos los paisajes, con los más notables, singulares o exóticos, pero también con paisajes más habituales, con los paisajes rurales, con los periurbanos, con ese amplio repertorio de “paisajes ordinarios”, como se los ha llamado recientemente (Dewarrat y otros, 2003), que constituyen el escenario de la vida cotidiana de millones de ciudadanos. De ahí que no puedan disociarse paisaje y gestión del territorio, gobierno territorial y salvaguarda de los valores del paisaje; de ahí también la importancia, para el futuro de los paisajes, de la incorporación de criterios y objetivos paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo (Zoido Naranjo, 2002), que a distintas escalas, tienen encomendada la misión de formular modelos territoriales en los que sean reconocidos y gestionados los valores del paisaje en sinergia con las actuaciones sectoriales. Todo ello sin menoscabo de la necesidad de comprometer paisajísticamente a las muchas políticas sectoriales modeladoras de la faz de la Tierra y de la pertinencia de una normativa específica sobre el paisaje que, en todo caso, deberá ocuparse, como señala Carles Pareja en este mismo libro, no de un objeto circunscrito, como hasta ahora, a lo especialmente bello y merecedor de tutela, sino a una cualidad de todo el territorio, de cada lugar.
La Estrategia Territorial Europea (ETE), acordada por los ministros responsables de ordenación del territorio de la UE en 1999, constituye un paso importante en el proceso de apertura del interés social y político por el paisaje a espacios cada vez más extensos. Cuando la ETE trata de las “amenazas sobre los paisajes culturales” y de la necesidad de una “gestión creativa” de los mismos como objetivo y opción política para el territorio de la Unión, está refiriéndose de hecho a muchos de los paisajes rurales y urbanos de Europa, y no sólo al catálogo de los más notables o mejor conservados. Sin embargo, la Estrategia no entiende todavía el paisaje como una cuestión que implica a todo el territorio.
Es la Convención Europea del Paisaje (CEP) (Conseil de l’Europe, 2000) la que asume plenamente el sentido territorial de la cuestión paisajística, es decir, la idea innovadora desde el punto de vista jurídico y político, de que todo territorio es paisaje, de que cada territorio se manifiesta en la especificidad de su paisaje, independientemente de su calidad y del aprecio que merezca. Volveremos a continuación sobre la definición de paisaje de la CEP por lo que significa políticamente para el gobierno del territorio, y por el reto metodológico que supone para las disciplinas y profesiones que se ocupan del estudio y de la ordenación del paisaje.

Las dificultades de una teoría compartida del paisaje
Ese contexto paradójico de empobrecimiento paisajístico y de creciente atención ciudadana y política por el paisaje ha propiciado un interés renovado por su conocimiento científico y por el desarrollo de métodos orientados a la acción a muy distintas escalas. No obstante, se carece hasta hoy de una teoría y de un concepto de paisaje ampliamente compartido por las disciplinas y saberes que se ocupan de su estudio y de su tratamiento proyectivo y de ordenación. Esa circunstancia se refleja, de hecho, en la variada consideración que el paisaje recibe en los instrumentos de planificación territorial que comienzan a ocuparse de la cuestión paisajística con cierta profundidad.
Sobre este asunto –el de una teoría del paisaje que sustente la acción- se viene hablando insistentemente en los últimos años, desde el momento en el que los estudios de paisaje salen del ámbito estrictamente académico y se implican en las tareas de proyectar el territorio con criterios y objetivos paisajísticos. A mi juicio, la experiencia reciente en nuestro entorno más próximo y en el europeo pone de manifiesto que los esfuerzos por la convergencia de enfoques y por la formulación de métodos útiles para la gestión de los paisajes (para la construcción del tan reclamado proyecto de conocimiento transdisciplinar) proceden más de los estudios y documentos orientados a la ordenación del paisaje en sentido amplio, que de los ámbitos propiamente disciplinares. En otras palabras, y con todos los matices que se quieran, creo que son los requerimientos de la gestión territorial del paisaje los que en la práctica están favoreciendo la aproximación de enfoques y métodos, en la línea interdisciplinar que el paisaje precisa, y la integración interpretativa y propositiva de las dimensiones ecológica, socioeconómica, histórico-cultural y estética que todo paisaje alberga.
Algunos estados de la cuestión recientes sobre el estudio del paisaje han interpretado críticamente la imposibilidad de alcanzar una teoría y un concepto compartidos de paisaje más como consecuencia de posiciones corporativas ante la creciente demanda profesional que el paisaje está generando, que por razones exclusivamente científicas o disciplinares. Lo ha señalado Yves Luginbühl (2002) para el caso de Francia, lo ha apuntado también para España Ignacio Miguel Español (2002) y, recientemente, Roberto Gambino (2002) ha hablado de “lottizzazione” del paisaje, refiriéndose a la “diáspora de las interpretaciones” y de las profesiones en Italia, con una aguda polémica entre lo que Máximo Quaini denomina “el imperialismo de las ciencias de la tierra” (1998) y las llamadas “aproximaciones estetizantes” (Conti, G. 1997).
No obstante, más allá de desencuentros y de polémicas de carácter profesional –que las hay-, seguimos pensando que la dificultad para una teoría del paisaje –pero también una de sus potencialidades para el gobierno del territorio como espacio de encuentro y diálogo disciplinar (Tarroja, 2004), como “herramienta de negociación en las acciones de planificación territorial” (Luginbühl, 1998)- radica en su propia polisemia, en los plurales sentidos y escalas del paisaje, y, sobre todo, de las dos dimensiones –objetiva y subjetiva- que la concepción moderna del paisaje encierra y que todas las aproximaciones disciplinares asumen, al menos en las declaraciones de principio2. Es lo que de manera sencilla expresó hace pocos años el Draft de European Landscapes, elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, cuando señala en su introducción que “la amplitud y complejidad del campo de estudio paisajístico obedece a que el paisaje es tanto una visión como una realidad” (EEA, 1998: 15).
La articulación de lo objetivo y de lo subjetivo en la especificidad de cada paisaje se perfila hoy, a mi modo de ver, como punto central de encuentro de las disciplinas interesadas por la cuestión paisajística, y como una fortaleza del propio concepto. Porque la convergencia en el paisaje de objeto y sujeto, de significantes y significados, es una de sus potencialidades mayores para la planificación territorial, no ya sólo para la defensa y mejora de los valores específicamente paisajísticos, sino para implicar a la población, a través de la relación vivida y sensible con el territorio que la experiencia paisajistica supone, en la tarea de elaborar modelos territoriales democráticos. Es a esa potencialidad “transversal” y participativa del paisaje a la que se refiere Georges Bertrand cuando afirma que, “(…) reducido a realidad objetivable y neutralmente cuantificable, el paisaje perdería su significado primario de proceso interactivo, de observación cruzada entre ideas y materialidad” (Bertrand, 1998).
El acuerdo de principio sobre una idea de paisaje que resulta de la subjetivación del territorio material, no ha evitado hasta ahora que en torno a su concepción y conocimiento continúen suscitándose dualidades, planteadas con frecuencia en términos dicotómicos (entre objetividad y subjetividad; entre forma y función; entre estructura y proceso…); a ellas se refirieron ya hace años Vincent Berdoulay y Michel Phipps en un libro pleno todavía de actualidad. De esas “dualidades” frecuentemente enfrentadas, que en el nuevo horizonte político abierto por el Convenio Europeo del Paisaje debieran encontrar vías de síntesis, quisiera referirme sólo a una de las que, a mi entender, más alcance tienen en materia de conocimiento y, sobre todo, de acción paisajística. Es la que opone forma y función, fisonomía y proceso en la idea de paisaje, con evidentes implicaciones en el planteamiento de las políticas paisajísticas.
Desde una concepción “funcional” y a la vista de la crisis de los paisajes, el geógrafo Eduardo Martínez de Pisón ha afirmado que “no hay problemas exclusivamente paisajísticos”, porque “en cuanto percepción externa del medio, el paisaje es la resultante formal de los elementos y procesos subyacentes” (Martínez de Pisón, 1989). Frente a ello, hay quienes defienden –lo hacía recientemente el ingeniero Pascual Riesco en un monográfico publicado por la A.G.P.A. en relación con las perturbaciones en el paisaje rural- la necesidad de una acción específicamente paisajística y la convicción de que existe un abanico de herramientas disponibles para modular la apariencia del paisaje sin alterar su base funcional” (Riesco Chueca, 2000:27). Por la experiencia que vamos adquiriendo en proyectos de ordenación paisajística, las dos aproximaciones mencionadas no sólo no están reñidas, sino que pueden y deben complementarse en la práctica. Actuar sobre los procesos que determinan la evolución y el estado de los paisajes, no impide intervenir al mismo tiempo sobre aspectos puramente formales, con frecuencia a escala de detalle o de elemento, pero significativos en la fisonomía del conjunto. Justamente esa confluencia de forma y función en la imagen de cada paisaje, de estructura y de proceso, es la que justifica la pertinencia de actuaciones de fondo y epidérmicas en la acción paisajística.


Un concepto de paisaje integrador, territorial y comprometido con la acción
El aumento del interés social que el paisaje despierta y la necesidad de convertirlo en objeto de derecho y de acción política, demanda, ante un panorama de estudio tan plural, un concepto de paisaje expresivo de su territorialidad y de su especificidad con respecto a otros elementos constitutivos del territorio. Un concepto de esa naturaleza debería poner el acento, a mi juicio, en la interacción entre la estructura formal y los procesos ecológicos y socioeconómicos que organizan los paisajes, y en su interpretación semiológica, es decir, en las relaciones entre la fisonomía de cada territorio y sus significados y representaciones sociales.
En esa perspectiva se sitúa la definición de paisaje de la Convención de Florencia, con todo lo que supone la incorporación a un tratado internacional de un concepto explícitamente definido y con el alcance operativo que tal concepto adquiere interpretado a la luz de otras definiciones3 y, sobre todo, de las medidas de carácter general y particular que la Convención contiene en materia de sensibilización, formación y educación, identificación y calificación, y establecimiento de “Objetivos de calidad paisajística” formulados por las autoridades públicas respondiendo a las aspiraciones de la población.
Paisaje es, según la Convención, “cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones”. Se trata de una definición basada en preocupaciones a la vez ambientales y culturales, con una motivación eminentemente social y que, implícitamente, plantea la necesidad de superar los desencuentros disciplinares inherentes a la polisemia del paisaje -concretamente los referidos a objetividad-subjetividad-, de aprovechar todas las potencialidades de una noción abierta e integradora, y de avanzar desde un instrumento jurídico hacia la construcción de un proyecto transdiciplinar que responda al derecho al paisaje de la gente y al compromiso político con la acción paisajística. Por ese motivo, y porque creo realmente que la definición de la CEP responde a la necesidad de gestión paisajística del territorio y a los esfuerzos de convergencia comprometidos con la intervención, quiero glosar el contenido de la misma.
La definición se refiere en primer lugar al territorio, a “cualquier parte del territorio”. El paisaje tiene, pues, una base material concreta, referida no a nociones más abstractas como espacio, área o suelo, sino a territorio, es decir, al espacio geográfico entendido como marco de vida, como espacio contextual de los grupos sociales. Así mismo, como hecho territorial el paisaje tiene también escalas diferentes, que afectan tanto a su estudio, -a cómo intervienen, se jerarquizan y se relacionan sus elementos constitutivos (Bolós, 1992: 47 y ss.)-, como al sentido y alcance de las determinaciones de ordenación y de proyecto paisajístico. La política de paisaje que la Convención preconiza incumbe además a todo el territorio, a “cualquier parte” del mismo. Ahí reside de hecho la innovación mayor de la Convención y las implicaciones que se derivan para la política del paisaje, una política que no puede reducirse ya a la protección y a la tutela de lo notable, sino también a la gestión de los cambios y a la reordenación de tantos paisajes no sobresalientes. Por eso mismo la Convención no define lo que es bello o feo, y no asocia, como ha escrito Ricardo Priore (2002), paisaje a una experiencia estética necesariamente positiva. Las diferencias con la consideración del paisaje en las normas de conservación de la naturaleza vigentes (véase cuadro adjunto) o en la propia legislación urbanística saltan a la vista. Como evidente resulta también la capacidad de intervenir con objetivos de calidad paisajística en los territorios llamados “intermedios”, es decir, en las dilatadas extensiones de suelo comprendidas entre lo protegido y la ciudad, ámbito hoy de los cambios territoriales más intensos y de la experiencia paisajística cotidiana de buena parte de la población. Aquí radica probablemente la potencialidad mayor de este concepto de paisaje para un diagnóstico crítico de los procesos insostenibles de consumo de suelo y para una política comprometida con la sostenibilidad del territorio en su conjunto, y no sólo en las áreas sustraídas a la urbanización por sus altos valores de naturalidad.

Del paisaje protegido al paisaje como cualidad de todo el territorio

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN-ONU)


Paisaje Protegido:
Paisajes naturales de relevancia nacional, que se caracterizan por la armoniosa interacción entre población y territorio (People and Land), al tiempo que proporcionan oportunidades para el disfrute público a través de la recreación y el turismo, dentro de las formas de vida tradicionales y las actividades económicas de estas áreas”

Ley 4/89 de Conservación de los espacios naturales, la fauna y la flora silvestre, del Estado español


Paisaje Protegido:
Aquellos lugares concretos del medio natural que por sus valores estéticos y culturales sean merecedores de una protección especial
Ley 9/99 de Conservación de la naturaleza, de Castilla-La Mancha
Paisajes protegidos:
Aquellos lugares concretos del medio natural que por sus valores estéticos y culturales sean merecedores de una protección especial. Se encontrarán incluidos en este supuesto los paisajes agrarios tradicionales y extensivos de dehesa, prados de diente, prados de siega y estepas cerealistas que, adicionalmente a su valoración estética y cultural, contribuyan a la conservación de una importante parte de la biodiversidad de la Región”.
UNESCO: Lista del Patrimonio Mundial (tres categorías)
Paisaje Cultural:
Los paisajes claramente definidos, diseñados y credos por el hombre (parques y jardines)”
Los paisajes evolutivos u orgánicamente desarrollados”
Los paisajes rurales asociativos de los aspectos religiosos, artísticos o culturales”

Convención Europea del Paisaje (2000)


Paisaje:
Cualquier parte del territorio tal y como es percibida por las poblaciones y cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”


Paisaje, territorio percibido: representaciones sociales y participación pública
Pero el territorio del paisaje no es sólo su configuración material, su fisonomía; es la relación sensible, la percepción sensorial (principalmente visual, aunque no sólo) del territorio observado por el ser humano, o, en palabras del ecólogo Fernando González Bernáldez, “la percepción multisensorial de un sistema de relaciones ecológicas” (González Bernáldez, 1981). En este aspecto radica la diferencia esencial y, al mismo tiempo, la proximidad entre el territorio objetivo y el paisaje. El paisaje es el territorio percibido, con toda la complejidad psicológica y social que implica la percepción, desde los aspectos simplemente visuales a los más profundos relacionados con la experiencia estética de la contemplación reflexiva y el estudio consiguiente de “las variables relevantes para la explicación del juicio estético de los paisajes”, que ha interesado particularmente a la psicología (Gilmartín Castro, M.A., 1996; Corraliza, 1993).
Esa noción de paisaje como territorio percibido, que la Convención de Florencia asume, constituye un ámbito conceptual de convergencia para diferentes enfoques disciplinares de estudio del paisaje e implica, además, compromisos muy importantes para la política paisajística. El paisaje como territorio percibido constituye un punto fundamental de encuentro entre objeto y sujeto, entre el ser y su visibilidad. Entre una posición subjetivista y estetizante, que pone el acento en el papel constituyente de la mirada, y otra realista, que destaca la existencia de algo más allá de la representación, cabe –como dice el filósofo Jean-Marc Besse- un concepto que sintetiza la tensión entre, “por una parte, la actividad del espectador y, por otra, el hecho de que hay algo que ver, algo que se ofrece a la vista” (Besse, 2000:100). La definición propuesta por la Convención, en sintonía con la experiencia de algunos estudios de caracterización y ordenación paisajística del último decenio (Countryside Commission, 1998), reconoce que el paisaje corresponde al orden de lo visible, pero remite al mismo tiempo a la materialidad de “cada parte del territorio” y, en la última parte de la definición, al carácter que resulta de las interrelaciones entre factores naturales y humanos.
En la percepción, a partir de miradas múltiples y cambiantes en el tiempo, reside una parte muy importante de la carga cultural del paisaje, una carga que se manifiesta tanto en la materialidad de cada fisonomía modelada por la acción humana, como en sus imágenes y representaciones sociales, modelos paisajísticos y de preferencias4, que se proyectan a veces en expresiones de creación artística, literarias, plásticas o en el campo especulativo de las ideas. Son, en palabras de Nicolás Ortega (siguiendo a A. von Humboldt), “unas imágenes que permiten conocer cómo ha sido y cómo se ha expresado en cada momento el sentimiento de la naturaleza y del paisaje, y permiten al tiempo adentrarse en los modelos de relación (con todos sus componentes perceptivos y valorativos) que han mantenido los seres humanos con el mundo que tienen alrededor” (Ortega, 2003, 30).
Tiene, sin duda, mucho interés para la investigación paisajística el estudio de las causas que han conducido a las diversas representaciones sociales del paisaje, a los distintos modelos interpretativos de los grupos sociales que actúan en cada realidad local, y a los modelos que se elaboran desde fuera (los “paisajes esperados” por quienes los visitan). Pero desde la perspectiva de un concepto de paisaje implicado en la gestión sostenible del territorio, las diferentes representaciones de grupos y actores sociales interesan, sobre todo, en “su expresión en el juego social” (Guisepelli, 2002), en el debate y la confrontación entre distintas maneras de ver, de interpretar y de formular aspiraciones sobre el paisaje. Las representaciones sociales se revelan entonces como herramientas de conocimiento previas –y útiles- a la acción, en la medida en que permiten comprender las diferentes perspectivas de desarrollo de los actores. El debate de las representaciones posibilita, como ha ocurrido en una experiencia de ordenación del paisaje de base agroganadera en Alpes du Nord, “hacer legible, para cada uno, los diferentes modelos de desarrollo existentes y las prácticas que los sostienen. Quizás resida ahí –como afirma Emmanuel Guisepelli- una de las condiciones para una gestión sostenible de los paisajes de montaña”.
Percepción en el concepto de paisaje remite, pues, a la relación sensible de la población con el territorio, pero también y por lo mismo, a la participación social como vía para conocer –dice la Convención- “las aspiraciones de las poblaciones” en materia de paisaje y la formulación de los denominados “objetivos de calidad paisajística”. No se trata con ello de una frívola propuesta de elaboración de paisajes a la carta. No es cuestión tampoco, como ha escrito Michel Prieur, de “ceder a la moda (…). Si la Convención de Florencia insiste tanto en la cuestión participativa –dice Prieur- es para traducir jurídicamente la especificidad del ‘paisaje’ del mejor modo posible. El paisaje no existe más que a través de lo que se ve. Una política que implicase exclusivamente a los expertos y a la administración, produciría un paisaje soportado por la gente, al igual que en el pasado pudo ser producido por y para una élite. La democratización del paisaje no está sólo vinculada al nuevo campo de acción introducido por la Convención de Florencia, sino que se expresa a través de esta apropiación colectiva e individual de todos los paisajes, que necesitan para su transformación, para el seguimiento de su evolución y para la prevención de su destrucción desconsiderada, una participación directa de todos en todas las fases de decisión” (Prieur, 2002).
La participación social, desde las iniciativas de consulta sobre caracterización, uso y valoración del paisaje, hasta la toma de decisiones, constituye un aspecto esencial de un concepto territorial de paisaje orientado a la acción y una de las aportaciones fundamentales de la CEP. Supone sin duda una renovación para la política de paisaje, allí donde ésta cuenta ya con cierta tradición, como en Italia (Zanchini, 2002). Requiere reflexión y esfuerzos para diseñar las formas de consulta más pertinentes y la implicación de la población y de los agentes sociales en los procesos de toma de decisiones. Y es también, a nuestro juicio, un camino para la democratización de las iniciativas de planificación territorial en general (no sólo de las paisajísticas), por todo lo que el paisaje tiene de consciencia y conciencia social del territorio, y por sus posibilidades para la lectura y el debate colectivos sobre el territorio percibido y el territorio deseado.
Casi todo está por hacer en este terreno. La Convención de Aarhus de 25 de junio de 1998 sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente entró en vigor el 30 de octubre de 2001 e inspira abiertamente la Convención de Florencia; la enriquece en todo lo que concierne a objetivos, métodos y fases de la participación pública en la realización de políticas de paisaje, ya sea a través de planes específicamente paisajísticos, o de planes territoriales y sectoriales. La contribución de Santiago Fernández en este mismo libro acerca de diversas iniciativas de consulta pública en tres estudios de directrices de paisaje de otras tantas comarcas de la Región de Murcia, pone de manifiesto cuánto aporta la participación pública, aunque sólo sea en forma de consulta, al conocimiento dinámico del paisaje visto por la población local, cómo se jerarquizan y justifican socialmente los problemas del paisaje, y hasta dónde llegan las “aspiraciones paisajísticas de la gente”. Las consultas se han mostrado como un espejo que refleja la relación de la sociedad local con su territorio y la conciencia que dicha sociedad tiene de su entorno. En ese sentido, el planteamiento de problemas y de preferencias paisajísticas resultantes del proceso de participación ha de entenderse como un elemento muy importante para la elaboración del proyecto territorial de paisaje y, en concreto, para la definición de lo la CEP denomina “objetivos de calidad paisajística”, pero no como argumento exclusivo de las propuestas.
De hecho la consulta pública en los casos murcianos indicados ha servido para poner de manifiesto, por una parte, distintos modelos sociales de percepción del paisaje, distintas representaciones que deberían converger en la formulación del proyecto; y, por otra, algunas incoherencias entre lo que se desea en materia de paisaje y el juicio que merecen ciertos procesos (socioeconómicos, ecológicos) que actúan en sentido contrario. La participación detecta también en ocasiones un conocimiento local limitado de los recursos paisajísticos existentes en el ámbito comarcal objeto de ordenación, incluso de recursos que responden a las imágenes paisajísticas más apreciadas, pero que sólo se conocen y frecuentan cuando tienen accesibilidad fácil y preferentemente motorizada. Con todo ello quiere decirse que la participación en materia de paisaje no se concibe como la única base para elaborar inventarios de actuaciones o como “buzones de sugerencias”, sino como procesos en los que incorporar “interlocutores sensibles y perceptivos y no meros contenedores de preferencias” (Fin Arler, 2000), procesos en los que se explicitan deseos, pero también contradicciones y representaciones a menudo divergentes. El papel del experto no se reduce al de mero anotador de solicitudes y aspiraciones, o al de árbitro en la confrontación de imágenes enfrentadas, siendo esto último muy importante. El conocimiento fino de la realidad paisajística, de su diversidad territorial y de su dinámica, incorporando claves interpretativas locales; las propuestas para su contemplación e interpretación (Caparrós, Ortega y Sánchez del Arbol, 2002); la evaluación de la fragilidad y de la vulnerabilidad del paisaje; la indicación y justificación de los más altos valores por razones de integridad, representatividad y aprecio social, y por la presencia de elementos ecológicos y culturales relevantes; la formulación de actuaciones, desde la escala territorial al proyecto singular de creación paisajística; y el diálogo y aprendizaje con responsables políticos y técnicos, y con la gente, constituyen aspectos de un campo de acción extenso y necesario para los profesionales del paisaje, que tienen ante todo el compromiso crítico, como dice Serge Briffaud, de “hacer existir el paisaje a los ojos de los actores implicados, desenmascarando sistemáticamente lo inteligible que se oculta detrás de lo sensible”. “(…) El bosquete de abedules sobre la vertiente –añade expresivamente Briffaud- no debe quedar sólo como esa bella mancha amarilla que golpea la mirada a la llegada del otoño. Debe ser también percibida como la huella de una antigua pradera o de un antiguo pastizal, abandonado hace treinta o cincuenta años” (Briffaud, 2002:7).

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