Título: Sociedades anómalas, informales, atípicas, simples o residuales Autores



Descargar 135,13 Kb.
Fecha de conversión30.01.2017
Tamaño135,13 Kb.


Voces: SOCIEDAD COMERCIAL ~ LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES ~ UNIFICACION CIVIL Y COMERCIAL ~ CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ SOCIEDAD IRREGULAR ~ SOCIEDAD DE HECHO ~ SOCIEDAD UNIPERSONAL ~ SOCIEDAD CIVIL ~ SIMPLE ASOCIACION ~ CONSORCIO DE PROPIETARIOS ~ PROPIEDAD HORIZONTAL ~ CONTRATOS ASOCIATIVOS ~ CONTRATO AGRARIO

Título: Sociedades anómalas, informales, atípicas, simples o residuales

Autores: Duprat, Diego A. J. Marcos, Guillermo A.

Publicado en: LA LEY 07/07/2015, 07/07/2015, 1

Cita Online: AR/DOC/1779/2015

Sumario: I. Sociedades irregulares existentes al 1/8/2015. — II. Sociedades de hecho. — III. Sociedades unipersonales defectuosas o anómalas. — IV. Sociedades civiles. — V. Simples asociaciones informales. — VI. Consorcios de propiedad horizontal. — VII. Subconsorcios de propiedad horizontal. — VIII. Contratos asociativos regulados por el Código Civil y Comercial. — IX. Contratos agrarios asociativos. — X. Conclusión.
Abstract: Las sociedades irregulares continuarán su existencia bajo el nuevo régimen de la Sección IV, de la Ley General de Sociedades, sin necesidad de realizar ningún acto específico para reacomodarse o someterse a aquél.No obstante, este nuevo régimen no será de aplicación a las situaciones ya agotadas, tales como las obligaciones nacidas de la responsabilidad solidaria, ilimitada y directa de los socios impuestas por el antiguo régimen, las obligaciones asumidas por cualquier socio en representación de la sociedad, la imposibilidad de invocar el contrato social frente a terceros en operaciones concluidas antes del 1 de agosto de 2015, etc. Por el contrario, sí serán de aplicación las nuevas normas a los procesos de regularización en marcha, o de disolución, por tratarse de consecuencias de situaciones y relaciones existentes, pero no cumplidas totalmente. A los tramos cumplidos se les aplicará la ley vigente en el momento de su cumplimiento. Los no cumplidos deberán adaptarse al nuevo régimen.

La ley 26.994, que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación, impuso una serie de cambios a la ley 19.550, ahora denominada Ley General de Sociedades (LGS).

Entre esas reformas se modificó el régimen de las sociedades no constituidas regularmente y de las sociedades atípicas y se desterró la noción de irregularidad, tal como era entendida hasta ahora.

En síntesis, la reforma de la ley societaria dispuso un régimen más benigno para las sociedades incluidas en la Sección IV del Capítulo I, ampliando el número de sociedades incluidas en tal regulación.

Así, la mencionada "Sección IV" constituye un régimen residual, donde no sólo irán a parar las sociedades que no se sujeten a algunos de los tipos del Capítulo II o tuvieran elementos incompatibles con el tipo (atípicas); las que no cumplieran con las formalidades de la ley (informales) y las que omitieran requisitos esenciales no tipificantes (anómalas), sino, también, otras personas jurídicas que no encuentren una ubicación y regulación específica bajo otras normas.

Analizaremos estos supuestos a continuación.



I. Sociedades irregulares existentes al 1/8/2015

Las sociedades irregulares —aquellas que adopten un tipo societario del Capítulo II, LGS, pero que por algún motivo vean interrumpido su iter constitutivo— caerán, atento a su informalidad, en la mencionada Sección IV.

No hay mayores controversias sobre este punto.

Las sociedades irregulares existentes al 1 de agosto de 2015 pasarán a regirse por los artículos 21 a 26, LGS, en virtud de lo dispuesto por el art. 7° del Código Civil y Comercial (1).

Las normas del Código Civil y Comercial se aplican en forma inmediata y automática a partir de su entrada en vigencia (el 1/8/2015, conforme ley 27.077): i) a las relaciones y situaciones jurídicas existentes en la medida en que no estén agotadas; ii) a sus consecuencias, siempre que no hayan operado todavía, y, por supuesto, iii) a las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan luego de la fecha de entrada en vigencia (1/8/2015).

Por lo tanto, las sociedades irregulares continuarán su existencia bajo el nuevo régimen de la Sección IV, sin necesidad de realizar ningún acto específico para reacomodarse o someterse a aquél. No obstante, este nuevo régimen no será de aplicación a las situaciones ya agotadas, tales como las obligaciones nacidas de la responsabilidad solidaria, ilimitada y directa de los socios impuestas por el antiguo régimen (2), las obligaciones asumidas por cualquier socio en representación de la sociedad, la imposibilidad de invocar el contrato social frente a terceros en operaciones concluidas antes del 1 de agosto de 2015, etc.

Por el contrario, sí serán de aplicación las nuevas normas a los procesos de regularización en marcha, o de disolución, por tratarse de consecuencias de situaciones y relaciones existentes, pero no cumplidas totalmente. A los tramos cumplidos se les aplicará la ley vigente en el momento de su cumplimiento. Los no cumplidos deberán adaptarse al nuevo régimen.

II. Sociedades de hecho

Las sociedades de hecho son las sociedades informales por excelencia, al carecer de todo instrumento regulatorio. Razón por la cual deben incluirse en la Sección IV, LGS.

Si bien a lo largo de la Sección IV se hace mención al contrato social, esto no significa que las sociedades incluidas en tal sección deban tener un contrato escrito como condición de admisibilidad. Tales normas (arts. 22, 23, 24, LGS) deben interpretarse en el sentido de que, existiendo tal contrato, éste podrá ser invocado entre socios y frente a terceros.

Contrariamente a lo dispuesto por el anterior art. 21 de la LSC, el actual art. 21, LGS no se refiere expresamente a las "sociedades de hecho con un objeto comercial", pero entendemos que, al referirse —en general— a sociedades que incumplan con las formalidades de la ley, las está incluyendo.

Téngase en cuenta que la distinción entre sociedades civiles y comerciales ha sido borrada por la ley 26.994. Por lo tanto, ya no tiene sentido exigirle un objeto comercial a las sociedades de hecho para que sean reguladas por la ley especial y no por el Código Civil.

Al modificarse el artículo 17, LSC, las sociedades que carecieran de elementos esenciales, sean éstos tipificantes o no, no serán ya nulas o anulables, según el caso, sino que estarán reguladas por el régimen de la Sección IV, LGS.

Esto supera el debate sobre si las sociedades de hecho instrumentadas contractualmente pero sin que tal instrumento alcanzara a configurar un tipo societario específico, debían ser consideradas no constituidas regularmente o directamente nulas por atípicas (3).

La reforma viene a poner fin a esta cuestión, aplicando el mismo régimen a la sociedad informal, a la atípica y a la que carece de elementos esenciales no tipológicos.

En cuanto a las sociedades de hecho existentes al 1/8/2015, les resultarán de aplicación las reglas impuestas por la ley 26.994, en lo pertinente y con el alcance explicado al referirnos a las sociedades irregulares.

III. Sociedades unipersonales defectuosas o anómalas

La defectuosa implementación de las sociedades unipersonales, especialmente la redacción del art. 94 bis, LGS con la reformulación impuesta por el PEN al art. 1° (4), LSG, de la versión original del Anteproyecto, engrosará la cantidad de sociedades a incluir bajo la sección IV.

Veamos algunos supuestos que pueden verificarse en la práctica y cuya ubicación puede generar algunas dudas.

III.1. Sociedades que no adoptaran el tipo de la S.A. y que se constituyeran con un sólo socio.

Se supone que el organismo de contralor no debiera inscribirlas por no cumplir con lo dispuesto por el art. 1°, 2do. párrafo, LGS y, por tanto, se las debería incluir en la Sección IV, LGS, por tratarse de sociedades atípicas.

III.2. S.C.S., S.C.A. y sociedades de capital e industria que no se transformaran de "pleno derecho" ante la pérdida de la pluralidad de socios.

El art. 94 bis, LGS, dispone que no es causal de disolución la reducción a uno del número de socios; pero impone la "transformación de pleno derecho" de las sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria (aquellas que gozan de dos categorías de socios), en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de tres meses.

Pero sabido es que la transformación nunca opera en forma automática. Si bien la ley puede imponerla en determinadas circunstancias, se requiere una serie de actos por parte del socio único para llevarla a cabo (art. 77, LGS), tales como: acuerdo unánime de los socios, confección de un balance especial, otorgamiento del acto que instrumente la transformación (si ingresan nuevos socios, capital, nuevo tipo a adoptar), publicación de edictos y, finalmente, la inscripción del instrumento con copia del balance.

Va de suyo que no sería necesario el acuerdo unánime de socios al venir tal solución impuesta imperativamente por la ley y, ni siquiera, la decisión unipersonal del único socio. Pero sí el resto de los requisitos legales; siempre que el socio único no decidiera otra solución, como sumar otro socio, fusionarse, o disolverse.

La pregunta sería, entonces, qué pasaría si estas sociedades no lograran transformarse en S.A.U., bien porque decidida la transformación no se hayan dado los pasos necesarios para completarla e inscribirla, o bien porque la sociedad haya seguido como estaba, con un solo socio, sin intentar siquiera comenzar la transformación.

En lo que nos ocupa, no nos cabe duda que esta sociedad debería caer bajo la Sección IV, por carecer de una categoría de socio impuesta tipológicamente y por no respetar la pluralidad de socios que, para estas sociedades, es obligatorio.

En este caso, si el único socio remanente en las sociedades comanditas o de capital e industria fuera un comanditado o un capitalista, respectivamente, su responsabilidad por las obligaciones asumidas luego del 1/8/2015 será la misma que tenía. O sea ilimitada, por el total —atento a que ahora habría un único socio— y solidaria con la sociedad por así surgir del contrato social y del tipo societario.

Por el contrario, si el único socio fuera el comanditario o el socio industrial, entonces sí su responsabilidad se vería agravada, al quedar la sociedad regulada por las normas de la Sección IV.

Queda claro que la sociedad en comandita o de capital e industria devenida unipersonal no podría seguir funcionando bajo el tipo adoptado, tampoco sería nula por atípica atento a la derogación del anterior art. 17, LSC y no se disolvería, salvo acuerdo de partes.

Por lo tanto, no tiene más remedio que someterse a la Sección IV por carecer de requisitos esenciales tipificantes, como es el mantenimiento de las dos categorías de socios (art. 17, LGS).

III.3. S.R.L. y sociedad colectiva que mantuvieran su forma tipológica a pesar de quedar con un solo socio.

Las S.R.L. y sociedades colectivas devenidas unipersonales, no se disolverán por este motivo, pero tampoco deberán transformarse en forma obligatoria y de puro derecho (art. 94 bis, LGS). Ergo, la sociedad podría:

— Transformarse voluntariamente en una S.A.U.

— Buscar otras soluciones para recuperar la pluralidad de socios.

— Continuar bajo el tipo societario adoptado (S.R.L. o colectiva).

En este último supuesto, la doctrina ya ha fijado algunas posturas al respecto. O bien mantener el tipo elegido, sin ninguna consecuencia legal, atento a que el art. 21, LSG no se refiere a aquellas sociedades que, por circunstancias sobrevinientes, quedaren reducidas a uno en el número de socios (5). O considerarlas en estado de disolución, a pesar de no estar contemplada como causal disolutoria la reducción a uno del elenco de socios, lo que implicaría abrir la etapa liquidatoria y aplicar el art. 99, LGS, en lo que respecta a la actuación y responsabilidad de sus socios y administradores (6). O, por el contrario, incluirlas dentro de la Sección IV del Capítulo I, por considerar que incumplen las formalidades exigidas por la ley (7), especialmente la del art. 1°, 2do. párrafo, LSG que dispone que las sociedades unipersonales sólo podrán constituirse como S.A. y, eventualmente, dentro de ese marco legal, subsanar tal defecto por el procedimiento del art. 25, LGS.

Llegados a este punto, nos preguntamos si la exigencia de que una sociedad unipersonal sólo pueda constituirse bajo la forma de la anónima, impone la adopción de este tipo aun cuando la reductio ad unun del número de socios se produjera luego de su constitución.

Y, en este caso, hay quienes sostienen que si (8) y otros que no (9).

Si nos remitimos al Anteproyecto originario, advertimos que la intención de la Comisión designada por decreto 191/2011 fue permitir que las sociedades unipersonales pudieran adoptar, tanto en forma originaria como derivada, los tipos de S.A., S.R.L. y colectivas

El art. 94 bis propuesto por el Anteproyecto disponía: "La reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en sociedad de responsabilidad limitada, si no se decidiera otra solución en el término de tres meses".

La propuesta de reforma del art. 1° de la 19.550 por parte de dicho Anteproyecto permitía la constitución de una sociedad unipersonal bajo cualquier tipo societario que no previera dos clases distintas de socios.

De esta manera, la solución propuesta por el Anteproyecto (y que el P.E.N. luego modificó) permitía la constitución de sociedades unipersonales bajo la forma de S.A., S.R.L. o colectiva y la unipersonalidad derivada bajo los mismos tipos societarios.

Solución mucho más coherente, simple y razonable que la finalmente aprobada en el Código Civil y Comercial.

Si bien la intención originaria de la comisión redactora del Anteproyecto fue permitir la unipersonalidad bajo otras formas societarias, el Código sancionado impuso otra solución, que es la que debe respetarse. Por ello, las S.R.L. y colectivas que devinieran unipersonales, no se disuelven y podrán continuar, siempre que no decidieran transformarse, pero bajo las pautas de los arts. 21 a 26, LGS de la Sección IV, por carecer del requisito de la pluralidad de socios.

III.4. S.A. que deviene unipersonal y no se ajusta a los requisitos de la S.A.U.

La S.A. constituida como pluripersonal pero que, luego, deviniera unipersonal, podrá continuar bajo este tipo societario pero deberá adaptarse a las exigencias del art. 299, LGS y cambiar su denominación a S.A.U. Si no lo hiciere sería pasible de las sanciones del art. 302, LGS y sus directores y síndicos serían responsables en los términos del art. 305, LGS en lo que respecta al mencionado art. 299. Ninguna sanción se prevé si no se adoptara la denominación de S.A.U. (art. 164, LGS).

III.5. S.A.U. que deviene única titular de la totalidad de las acciones de otra S.A.U.

El art. 1° de la LSG dispone que la sociedad unipersonal no puede ser constituida por otra sociedad unipersonal, pero nada dice respecto a una S.A.U. que adquiriera la totalidad de las acciones de otra S.A.U. ya existente.

Algunos equiparan la solución brindada para la constitución originaria, a la adquisición derivada. Consideran que lo que el legislador quiso fue prohibir la existencia de una S.A.U. que tuviera como único socio a otra S.A.U., ya sea al momento de su constitución o después de ella. Sostienen que en este punto deben tomarse en cuenta los argumentos que consideraron que cuando el art. 123, LSC dice "constituir sociedades en la República Argentina" no sólo se refiere a participar en el acto constitutivo de una nueva sociedad, sino también a la adquisición de participación en una sociedad local ya existente (10).

Para otros (11), debería interpretarse literalmente el art. 1° de la LGS y considerar que una S.A.U. sola no puede constituir una S.A.U., pero sí podría ser única socia de una S.A.U. por causas sobrevinientes a su constitución. Entienden que no se debería prohibir lo que la ley no prohíbe expresamente.

Para nosotros, la S.A.U. adquirida por otra S.A.U. debe ser considerada una sociedad atípica (art. 17, LGS) y, por ende, incluida dentro de las sociedades de la Sección IV.

III.6. S.A.U. que deviniera en única socia de una S.R.L.

Sería el caso de una S.A.U. que, siendo titular de cuotas sociales de una S.R.L, adquiriera la totalidad del resto de las cuotas. Quedaría, así, en manos de una S.A.U. la totalidad de las cuotas sociales, convirtiéndose en única socia de la S.R.L.

Si bien algunos sostienen que esta situación no está prohibida por la ley, desde que ésta sólo indica qué tipo social se encuentra habilitado para constituir una S.A.U. y prescribe las limitaciones de una S.A.U. sólo para constituir otra S.A.U. sin referirse a la unipersonalidad sobreviniente, entendemos que, por asimilación a la situación de la S.R.L. tratada en el punto 3.3., estas sociedades quedarían incluidas en la Sección IV de la LGS.

III.7. S.A.U. originariamente anómalas.

Si la sociedad unipersonal que viera interrumpido su iter constitutivo, careciera de alguna de las formalidades exigidas por la ley, se constituyera bajo un tipo societario que no fuera el de S.A. u omitiera requisitos esenciales, deberá caer bajo la regulación de los arts. 21 a 26, LGS, de la Sección IV.

Por lo tanto, sería factible que funcionaran bajo el régimen de la Sección IV sociedades unipersonales ab ovo que, en ese caso, deberán someterse a su regulación específica, hasta la eventual subsanación de sus defectos y/o carencias.



IV. Sociedades civiles

El Código Civil vigente 'in extremis' reguló la sociedad civil en el artículo 1648 y en los siguientes; institución que si bien no tuvo el auge de las sociedades comerciales, resultó de utilidad para las sociedades entre profesionales, actividades agrícolas, ganaderas, explotación de minas, etc.

La ley 26.994 derogó la sociedad civil lo que determina una serie de interrogantes; algunos de los cuales se tratarán a continuación:

El primero de ellos es si la sociedad civil "cabe" dentro de las sociedades de la Sección IV del Código Civil y Comercial. Ello porque, según se sabe, el legislador deliberadamente incorporó a la sociedad civil dentro del nuevo esquema de las sociedades informales (12) y un sector de la doctrina resultó crítica de tal incorporación por la disimilitud de objetos de la sociedad comercial y la civil (arts. 1.648 del Cód. Civil y 1 de la LSC) (13).

En nuestra opinión, antes de la sanción de la ley 19.550, resultaba nítida la diferencia entre las sociedades civiles y comerciales: objeto civil para las primeras y comercial para las segundas. El art. 282 del Cód. de Comercio ceñía el objeto de la compañía o sociedad mercantil "...a practicar actos de comercio, con ánimo de partir el lucro que pueda resultar...".

Dictada la ley 19.550, tal disimilitud perdió precisión porque, con adoptarse uno de los tipos previstos, cualquier sociedad adquiría el carácter de comercial.

De tal forma, interpretamos que la tal desemejanza en los objetos dejó de tener, desde 1972, la original trascendencia, lo que justificó que el legislador de la ley 26.994 haya estimado pertinente considerar su inclusión en la regulación destinada a las sociedades informales, subsumiéndola bajo la Sección IV.

La segunda cuestión a dilucidar se vincula con la ausencia, a este respecto, de normas destinadas al derecho transitorio, que permitieran otorgar un margen de seguridad a las sociedades civiles existentes a la fecha y a las que se constituyan hasta la vigencia del nuevo Código.

Ante su carencia, fuerza es interpretar el art. 7° del Código Civil y Comercial sosteniendo que esta norma otorga eficacia temporal inmediata a la nueva ley, ya que a partir de su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (14).

No puede caber duda de que las previsiones de los arts. 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la ley 19.550 con las modificaciones de la ley 26.994 deben ser catalogadas como normas imperativas y que, como tales, deben ser utilizadas in continenti.

Así dice Moisset de Espanés: "Las normas imperativas dan forma al "estatuto legal" que rige ciertas relaciones jurídicas, y al cual las partes deben someterse, sin poder modificarlo. Cuando se trata del reemplazo de un 'estatuto legal' por otro distinto, no hay dificultad en conceder 'efecto inmediato' a la nueva ley, sin que pueda tildársela de 'retroactiva', porque siempre la voluntad del legislador está por encima de la voluntad de las partes..." (15).

Si se coincidiera con ello cabría concluir que las sociedades civiles quedarían sometidas de pleno derecho a las normas de la Sección IV generando las siguientes consecuencias:

Desde ya que la oponibilidad del contrato entre los socios y frente a terceros no ofrecerá dificultades (art. 22, LGS).

En cuanto a la representación, administración y gobierno, continuarán rigiendo las cláusulas contractuales convenidas entre las partes (art. 23, LGS, igual al anterior art. 1.676, Cód. Civil).

En punto a la responsabilidad de los socios, éstos responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que hubieren acordado la solidaridad (arts. 1747 del Cód. Civil y 24, LGS).

Las normas relativas a la disolución de la sociedad (art. 25, LGS) también se aplican inmediatamente ya que la norma del art. 1767, Cód. Civil coincide, con pocas variantes, con la posibilidad de cualquier socio de provocar la disolución de la sociedad cuando no media estipulación escrita del pacto de duración. Como consecuencia de ello, también resultan inmediatamente aplicables las previsiones del nuevo ordenamiento en punto a la subsanación.



V. Simples asociaciones informales

Satisfaciendo una necesidad largamente reclamada (16), el Código Civil y Comercial ha legislado acerca de las Asociaciones Civiles. Éstas, además de cumplir con los recaudos del art. 168, se deben inscribir en el "registro correspondiente" (art. 169, CCyC). Los asociados no son responsables por las deudas del ente (art. 181, CCyC) y los directivos responden por mala conducta según las mismas normas que las sociedades. Son personas jurídicas en los términos del art. 148 inc. b), CCyC.

También han sido reguladas las Simples Asociaciones. Éstas no se inscriben, pero el instrumento se debe otorgar por instrumento público o privado con firmas certificadas. Son personas jurídicas (arts. 148, inc. c) y 189, CCyC) y los administradores responden por insolvencia. Los asociados no responden por deudas de la simple asociación (art. 192, CCyC).

Vale decir que el Código Civil y Comercial ha recogido la experiencia de las asociaciones no inscriptas, que son una realidad y que, muchas veces, agrupan empresas o actividades de suma importancia económica. A diferencia del Código de Vélez, a éstas les aplica la responsabilidad de los administradores ante la insolvencia de la entidad, agravando su situación respecto de la anterior regulación.

En cuanto a la concesión de personalidad jurídica, evidentemente, ha respetado la opinión mayoritaria de la doctrina (17).

El problema, que sigue subsistiendo, es el de las simples asociaciones que no estuvieran inscriptas, ni se hayan constituido por instrumento público o por instrumento privado con firmas certificadas, que son las que antes se llamaban "simples asociaciones irregulares o informales". Sobre ésas el Código ha guardado silencio, lo cual impone estas reflexiones:

V.1. Personalidad jurídica.

Luego de la reforma de la ley 17.711 se discutió acerca de la personalidad de las asociaciones que no estaban inscriptas y que no cumplían con los recaudos del art. 46, Cód. Civil  (18).

Algunos autores se inclinaban, al respecto, decididamente por la interpretación gramatical del texto, sosteniendo que no eran sujetos de derecho (19).

También Lloveras de Resk, quien afirmaba que "...se trata de las llamadas simples asociaciones, o asociaciones informales, en las cuales no existe una persona jurídica diferente de la de sus miembros, no hay un sujeto de derecho llamado asociaciones sin personería son en realidad un conjunto organizado de seres humanos que tienden a un fin común y nada más..." (20).

Otros, en cambio, han sostenido que la irregularidad en la constitución no tiene efectos respecto de la personalidad, porque la responsabilidad solidaria se establece como sanción a los miembros fundadores y a los administradores 'por los actos de ésta' (21).

También en este mismo orden Bouzat colegía que cuando el art. 46 aludía a las asociaciones 'que no tienen existencia legal como personas jurídicas', se estaba refiriendo a aquellas entidades de estructura corporativa que no son personas jurídicas de las anunciadas en el nuevo art. 33, segunda parte inc. 1 y no ya a las del inc. 2, porque en esta última categoría deben incluirse las asociaciones no reconocidas sin las formas prescriptas (22).

Así decía textualmente: "Si frente al expreso reconocimiento que contiene el artículo 46 (segundo apartado), no cabe dudar que las asociaciones no autorizadas que hayan sido constituidas por escritura pública o instrumento privado de "autenticidad certificada por escribano público" encuadran en la categoría del inciso 2 del art. 33 (segunda parte), también ha de entenderse que las restantes asociaciones no autorizadas (aquellas que no se hayan constituido bajo las formas indicadas en el art. 46) quedan comprendidas en la misma categoría y han de ser consideradas personas jurídicas..." (23).

La polémica no ha cesado con el dictado del Código Civil y Comercial.

Por una parte podría sostenerse que según el art. 141, CCyC, son "...personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación".

Las simples asociaciones informales no han recibido del ordenamiento —al menos expresamente—, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones lo que parecería indicar que carecen de personalidad jurídica.

Por añadidura, el art. 148, CCC solamente hace referencia a las asociaciones civiles y a las simples asociaciones, lo que podría sugerir que el legislador no ha querido incluir a las informales dentro de la nómina.

A pesar de tales razonamientos, opinamos que las simples asociaciones informales gozan de personería jurídica, con los siguientes fundamentos:

a) Si bien es cierto que las simples asociaciones informales, o sea las que se han constituido por un contrato no pasado por escritura pública ni con firmas certificadas, no han recibido de modo expreso su calidad de sujeto de derecho, también lo es que, al regular el nuevo Código a las simples asociaciones, ha reenviado en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización a lo dispuesto para las asociaciones civiles (art. 188 CCyC). Éstas, a su vez, se rigen de modo supletorio por las disposiciones aplicables a las sociedades (art. 186 CCyC).

Si ello es así, las simples asociaciones irregulares deberían regirse por las disposiciones del art. 21 y siguientes de la ley 19.550, reformada por la ley 26.994, que regula a las sociedades que no se constituyan con arreglo a un tipo, que omitan requisitos esenciales o que incumplan con las formalidades previstas en la ley.

b) Por otra parte, habría que señalar que si bien es cierto que las simples asociaciones informales no figuran en la enumeración del art. 148, CCyC, ésta se encuentra lejos de ser taxativa ya que el inc. i) abarca a "...toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento...".

c) Luego de dictada la ley 17.711, calificada doctrina sostuvo que, tratándose de asociaciones irregulares, deben regirse por los principios referentes a las sociedades civiles irregulares o de hecho (24).

Vale entonces decir que, con el dictado de la ley 26.994, existen tres tipos de asociaciones civiles que tienen en común un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común, que no persigan fines de lucro como objetivo ni tampoco para sus miembros o terceros:

1. Las "Asociaciones Civiles", constituidas por instrumento público y se encuentren debidamente registradas (arts. 168 y ss., CCyC).

2. Las "Simples Asociaciones", constituidas por instrumento público o privado con firmas certificadas y que no están inscriptas (art. 187, CCyC).

3. Las "Simples Asociaciones informales", que han incumplido los recaudos de los arts. 168, 169 y 187, CCyC y que gozan de personalidad jurídica.

V.2. Régimen aplicable.

Si lo que terminamos de afirmar no fuera errado, habría que concluir que el régimen legal aplicable a las simples asociaciones informales es el siguiente:

Son sujetos de derecho, y, como consecuencia de ello, tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones (art. 141, CCyC); sin perjuicio del trámite adicional relativo a los bienes registrables (art. 23, LGS).

El contrato social puede ser invocado entre los socios y frente a terceros conocedores de sus términos. Los terceros pueden invocarlo contra la asociación, los asociados y administradores (art. 22, LGS).

También pueden invocarse entre los asociados las previsiones contractuales relativas a la representación y administración y asimismo, las referidas a la organización y gobierno del ente (art. 23, LGS).

En punto a la representación, si bien cualquier asociado puede representar a la asociación frente a terceros, a éstos le son oponibles las disposiciones en contrario del contrato, mediante prueba de su conocimiento efectivo (art. 23, LGS).

Sobre la responsabilidad de los asociados, éstos responden frente a los terceros por las obligaciones de la asociación, pero como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales en los términos del art. 24, LGS.

Los administradores, contractuales o de hecho, en cambio, responden solidariamente por las obligaciones de la asociación por aplicación analógica del art. 191, CCyC y porque resultaría absurdo que se encuentren en mejor posición que los administradores de las simples asociaciones.

Como consecuencia de ello debiera concluirse en que:

La simple asociación civil irregular tiene personalidad jurídica.

El régimen legal aplicable a estos entes es el de los arts. 22, 23, 24, 25 y 26 de la ley 19.550, reformada por ley 26.994.

VI. Consorcios de propiedad horizontal

Es conocida la polémica entre quienes negaban y admitían el carácter de sujeto de derecho del consorcio de propiedad horizontal (25). El Código Civil y Comercial de la Nación ha puesto fin a la controversia al incluir al consorcio de propiedad horizontal en la nómina de personas jurídicas privadas [art. 148 inc. g), CCyC]; ratificando el concepto en el art. 2044, CCyC. Aclárase que el nuevo ordenamiento ha derogado la ley de propiedad horizontal 13.512.

Pese a contar con la calidad de sujeto de derecho, el consorcio de propiedad horizontal no es una sociedad y, en consecuencia, jamás podría tener cabida dentro de la Sección IV, sobre todo porque no existe norma de reenvío supletorio como sí sucede en otras personas jurídicas, tales como la asociación civil y la simple asociación.

De tal forma, su regulación va a estar regida por las normas destinadas a las personas jurídicas privadas

Así, su organización y funcionamiento se conducirán por las normas imperativas del Código Civil y Comercial, y por las del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia (art. 150, CCyC).

Su funcionamiento va a estar regido por las previsiones de los arts. 151 a 167 del CCyC en cuanto regula lo relativo al nombre, domicilio, patrimonio, funcionamiento, gobierno, administración, fiscalización, disolución y liquidación.

Lo concerniente al nombre del consorcio, su domicilio y su duración y objeto, se ajustará a las prescripciones de los arts. 151 a 156 del CCyC.

Al tener una personalidad jurídica diferenciada de la de sus miembros, éstos no responden por las deudas del consorcio (art. 143, CCyC).

En cambio, los integrantes del Consejo de Administración (art. 2064, CCyC) y el administrador (art. 2065, CCyC), responden en forma limitada y solidaria frente al consorcio, sus miembros y terceros por los "...daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión..." (art. 160, CCyC).

En punto a su disolución, no se encuentra regida por las causales genéricas del art. 163, CCyC, destinadas a todas las personas jurídicas privadas, ante la evidente inaplicabilidad de esas causales al consorcio (decisión de sus miembros, cumplimiento de la condición resolutoria, vencimiento del plazo, etc.).

En cuanto a la quiebra [art. 163 inc. e), CCyC], si bien se trata de una contingencia posible dado el carácter de sujeto concursable del consorcio (art. 2°, ley 24.522), su acaecimiento genera una dificultad derivada de la virtual imposibilidad de disolución y liquidación de la persona jurídica consorcio.

Ello así por cuanto se trata de una persona jurídica indispensable para el desarrollo de la habitación del edificio por estar constituida por el "...conjunto de los propietarios de las unidades funcionales..." (art. 2044, CCyC).

Esta es la postura de Highton de Nolasco al señalar que habiendo estado de propiedad horizontal y diversos dueños, es una persona necesaria que inevitablemente debe tener continuidad, no pudiendo disolverse con la consiguiente desaparición del consorcio de la vida jurídica, ya que la indivisión forzosa del inmueble hace ineluctable la permanencia de la comunidad organizada, y el régimen de este derecho real está basado en la existencia del consorcio, ente cuya creación no es optativa sino automática (art. 9°, ley 13.512) (26).

El art. 2.044 del nuevo ordenamiento ha previsto la extinción de la personalidad por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios o por resolución judicial inscripta en el registro inmobiliario. Cabría agregar, como otro supuesto, la subasta de todo el inmueble que fuera a parar a manos de un único propietario.

De tal forma, interpretamos incompatible el sistema de disolución previsto de modo general para todas las personas jurídicas (art. 163, CCyC) e interpretamos aplicable al consorcio de propietarios, solamente las causales de extinción previstas en el art. 2.044 del CCC.

VII. Subconsorcios de propiedad horizontal

Hace ya bastante tiempo que fue dable observar, en los consorcios de numerosos propietarios o con destinos diversos (cocheras, vivienda, oficinas, etc.); la existencia de organizaciones separadas por razones estrictamente administrativas, que se dieron en denominar "sub consorcios", con sub consejos y sub administradores.

Ello fue reconocido por la doctrina judicial: "...Si bien los copropietarios pueden dividir el edificio en sectores separados en cuanto a su función y destino, ello no implica que pueda sustituirse al administrador del consorcio por administradores de cada sector ya que, la imposibilidad de fraccionar un consorcio en varios entes por la voluntad de los copropietarios de cada sector, surge de lo establecido en el art. 2 de la ley 13.512..." (27).

El nuevo ordenamiento ha recogido la costumbre en el art. 2.068, CCyC: "Sectores con independencia. En edificios cuya estructura o naturaleza lo haga conveniente, el reglamento de propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa, en todo aquello que no gravita sobre el edificio en general. Cada sector puede tener una subasamblea, cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente y puede designarse a un subadministrador del sector. En caso de conflicto entre los diversos sectores la asamblea resuelve en definitiva...".

Como se advierte, tras estas divisiones exclusivamente funcionales, no existe personalidad jurídica por cuanto la ley no le ha adjudicado a estos consorcios, el carácter de sujeto de derecho advirtiendo que, frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran (arts. 141 y 148, CCyC).

Como consecuencia de ello, tampoco será posible incorporar a los subconsorcios en el régimen de la Sección IV.



VIII. Contratos asociativos regulados por el Código Civil y Comercial

Los contratos asociativos regulados por el Código Civil y Comercial, al no ser sujetos de derecho ni personas jurídicas no quedan incluidos, bajo ningún concepto, en la sección IV, máxime cuando el art. 1.444, CCyC, permite la libertad de formas, el art. 1.446, CCyC, habilita la libertad de contenidos y el art. 1.447, CCyC, admite que el contrato no inscripto igualmente produzca efectos entre las partes, quedando claro que la falta de inscripción no podrá confundir la esencia contractual ni permitirá la aplicación de las normas sobre sociedad porque no constituyen "personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho" (art. 1.442, CCyC).



IX. Contratos agrarios asociativos

Dentro de la categoría de los contratos agrarios existen muchos considerados de carácter asociativo. Entre los expresamente regulados tenemos los contratos de aparcería pecuaria o agrícola (ley. 13.246, modif. por ley 22.298); contratos asociativos de explotación tambera (ley 25.169); contratos de maquila (ley 25113); de mediería (28) (ley 13.246); contratos de elaboración de vinos (ley 18.600). Entre los innominados podemos mencionar a los de capitalización de hacienda; de cría; de invernada; pool de siembra, feed lot; contrato de pastaje; contrato de pastoreo, entre otros.

Estos contratos no han sido derogados ni modificados por la ley 26.994, pero las disposiciones generales sobre los contratos asociativos les son aplicables, estén regulados o no (art. 1.442, CCC).

No obstante que estos contratos, en general, dan lugar a una actividad productiva organizada en forma de empresa, donde las partes se encuentran vinculadas indirectamente a las contingencias y riesgos propios de aquélla, el ordenamiento no les ha reconocido personalidad jurídica y los mantiene como meros contratos de colaboración (29).

Por ello, aun cuando estos contratos no cumplieran con los eventuales requisitos de forma que le fueran exigidos, nunca podrán caer bajo la sección IV de la LGS, al no tratarse de sujetos de derecho. Seguirán siendo contratos y sufrirán las consecuencias propias que la ley especial asigne a cada infracción a las exigencias formales (30).

X. Conclusión

Como consecuencia del análisis previo, concluimos que, además de las sociedades que no se sujeten a algunos de los tipos del Capítulo II o que tuvieran elementos incompatibles con el tipo, las que no cumplieran con las formalidades de la ley y las que omitieran requisitos esenciales no tipificantes, "caerán" dentro de la Sección IV de la Ley General de Sociedades las siguientes figuras:

— Sociedades de hecho existentes al momento de entrada en vigencia del Cód. Civil y Comercial.



— Sociedades que no adoptaran el tipo de la S.A. y que se constituyeran con un solo socio.

— S.C.S., S.C.A. y sociedades de capital e industria que no se transformaran de "pleno derecho" ante la pérdida de la pluralidad de socios.

— S.R.L. y sociedades colectivas que mantuvieran su forma tipológica a pesar de quedar con un solo socio.

— S.A. que devinieran en unipersonales y no se ajustaran a los requisitos de la S.A.U.

— S.A.U. que deviene única titular de la totalidad de las acciones de otra S.A.U.

— S.A.U. que deviniera en única socia de una S.R.L.

— S.A.U. originariamente anómalas.

— Sociedades civiles constituidas bajo el Cód. Civil.

— Simples asociaciones informales.

Consideramos, además, que la deficiente , y a veces inconsistente regulación de las sociedades constituidas con dos o más socios y que devinieran unipersonales (ver casos desarrollados en el punto III) coadyuva a incrementar el número de sociedades que quedarán bajo la regulación del Sección IV, a falta de un mejor destino o de una mejor solución a sus deficiencias.

Por último, queremos señalar que se perdió la oportunidad de regular un tipo de sociedad simplificada, que bien podría ser residual en ciertos casos, pero que facilitara su adopción para pequeños y medianos emprendimientos (31) y que pudiera ser constituida por una sola persona (32).

 Sociedades irregulares existentes al 1/8/2015.

 (1) "Art. 7°.- Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo". Como lo advierte Aida Kemelmajer de Carlucci este artículo adolece de un error: omite la palabra aún. Omisión que ya es objeto de tratamiento en una futura ley de fe de erratas.

 (2) KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas en curso de ejecución", trabajo que, hasta donde sabemos, es inédito, sostiene: "El CCyC ha modificado el sistema de responsabilidad de los socios. De la responsabilidad solidaria prevista en la ley de sociedades (art. 23) se ha pasado a una responsabilidad mancomunada (art. 24). La nueva ley no se aplica a las obligaciones contraídas con anterioridad por dos razones: (i) La solidaridad o mancomunidad es supletoria; las partes pudieron pactar una u otra y, como se vio, las nuevas leyes supletorias no se aplican a las relaciones existentes ni a sus consecuencias. (ii) La solidaridad o mancomunidad integra la relación jurídica; no se trata de una mera consecuencia; por lo tanto, las obligaciones que nacieron como solidarias bajo la ley anterior no se convierten en mancomunadas por la entrada en vigencia de una ley que las individualiza como meramente mancomunadas."

 (3) Para algunos se trataba de una sociedad nula por atipicidad por estar instrumentada con precarios y embrionarios estatuto sociales que no pueden subsumirse bajo las reglas de ningún tipo. Distinto sería el caso de la sociedad que carece de todo instrumento porque, como sostuvo la doctrina francesa, no se podría hablar de nulidad porque ésta está prevista para el caso de verificarse vicios del acto y, en la sociedad de hecho sin instrumentar no habría acto alguno. O sea que, para parte de la doctrina nacional, el régimen de la Sección IV de la LSC se aplicaría para la sociedad de hecho que carece de todo instrumento, mientras que si estuviéramos en presencia de una sociedad de hecho que contara con algún tipo de instrumentación precaria, insuficiente y deficiente, la sociedad debería caer bajo las previsiones del art. 17, LSC sobre nulidad por omisión de requisitos esenciales, sean éstos tipificantes o no.

 (4) El Anteproyecto de Código Civil y Comercial presentado por la Comisión conformada por Lorezentti, Highton y Kemelmajer permitía la constitución, por parte de un sólo socio, de una S.A. o S.R.L., inclusive de una sociedad colectiva. Sólo quedaban fuera las sociedades cuyas tipologías requerían dos categorías de socios (sociedades en comandita, simple y por acciones, y de capital e industria).

 (5) VITOLO, Daniel R., "La Ley de Sociedades Comerciales reformada por la ley que sancionó el Código Civil", LL 27-10-2014, cita Online: AR/DOC/3838/2014. También ACEVEDO, Lucas H.S., "La sociedad unipersonal en la Ley General de Sociedades", 3-2-2015, Microjuris, MJ-DOC-7052-AR. BALONAS, E. Daniel, "La unipersonalidad sobreviniente", 4-11-2012, Microjuris, MJ-DOC-7001-AR.

 (6) NISSEN, Ricardo A., "Debe limitarse la constitución y actuación de las sociedades unipersonales incorporadas a nuestra legislación por la ley 26944 a las "sociedades anónimas unipersonales" previstas y reguladas en los artículos 1, 11, 164, 186 y 299 de la ley 19550 debiendo descartarse la afirmación que la reducción uno del número de socios en cualquier otro tipo societario permita su continuación en esas condiciones", ponencia presentado en el Segundo Congreso Nacional e Internacional sobre los Aspectos Empresarios del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Mar del Plata, marzo, 2015, publicada en Los aspectos empresarios en el nuevo código civil y comercial de la nación (ley 26994), Fidas, Bs. As., 2015, p. 35.

 (7) MOLINA SANDOVAL, Carlos A., "Sociedades anónimas unipersonales", LL 9-12-2014, p. 1, AR/DOC/4408/2014.

 (8) HAGGI, Graciela A.; NISSEN, Ricardo A., "Necesarias modificaciones en materia de sociedades unipersonales: Alcance de la incapacidad de una sociedad unipersonal de integrar otra sociedad de esta naturaleza y el caso de la disolución de la sociedad por reducción a uno del número de socios", 30-12-2012, Microjuris, MJ-DOC.6584-AR.

 (9) PULIAFITO, Gladys Josefina, "Las sociedades unipersonales en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación", XII Congreso Argentino de Derecho Societario y VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Septiembre 2013, Buenos Aires, Libro de Ponencias, Ediciones UADE, T. I, p. 307/317; BALONAS, E. Daniel, "La unipersonalidad sobreviniente", 4-11-2012, Microjuris, MJ-DOC-7001-AR admite que una SAU pueda transformarse en SRL, manteniendo un único socio.

 (10) Ver argumentos en PERCIAVALLE, Marcelo L., Sociedades extranjeras, Errepar, Bs. As., 1998, p. 41 y doctrina y jurisprudencia allí citada.

 (11) BALONAS, E. Daniel, "La sociedad unipersonal como titular de una sociedad unipersonal", 4-11-2012, Microjuris, MJ-DOC-7055-AR.

 (12) MANOVIL, Rafael M., "Las Sociedades de la Sección IV del Proyecto de Código", LL 2012-F-758, AR/DOC/4907/2012.

 (13) VITOLO, Daniel Roque; "Las sociedades civiles, irregulares y de hecho en el Proyecto de Código", LL 2012-D-1216, AR/DOC/3415/2012.

 (14) Remitimos a lo expuesto en el punto 1 del presente trabajo.

 (15) MOISSET de ESPANES, Luis; La irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 Código Civil, Universidad Nacional de Córdoba, Dirección General de Publicaciones, Córdoba, 1976, ps. 29/30.

 (16) CROVI, Luis Daniel; "Asociaciones Civiles. Necesidad de una ley especial", LL 2007-A-701, AR/DOC/4019/2006.

 (17) BORDA, Guillermo, La Reforma de 1968 al Código Civil, Editorial Perrot, Buenos Aires, p. 66.

 (18) Art. 46: "Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil."

 (19) PERISSE, Pedro, "Análisis de la Ley 17.711", ED, 25-873; BORDA, Guillermo, La Reforma de 1968 al Código Civil, Editorial Perrot, Buenos Aires, p. 66; LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Tomo II, Edit. Perrot, Buenos Aires, p. 164.

 (20) LLOVERAS de RESK, María Emilia, en Código Civil y normas complementarias, dirigido por Alberto J. Bueres y coordinado por Elena Highton, Hammurabi, Tomo 1, p. 408.

 (21) LEZAMA, J., "Las simples asociaciones después de la reforma del art. 46 del Código Civil", LL, 131-290.

 (22) BOUZAT, Luis Francisco, "Régimen de las ´Simples Asociaciones'", en Examen y Crítica de la reforma al Código Civil coordinado por Augusto Mario Morello, Edit. Platense, La Plata, p. 214.

 (23) BOUZAT, Luis Francisco, op. cit., p. 215.

 (24) LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Tomo II, Edit. Perrot, Bs. As., p. 164.

 (25) A favor de la personalidad: RACCIATTI, Hernán, "La Naturaleza Jurídica del Consorcio de Propietarios en la ley argentina de propiedad por pisos o departamentos", LL, 71-905; CURUCHET, Julio E., "Naturaleza Jurídica del Consorcio de Propietarios en la Propiedad Horizontal", JA, 1961-III-528; SCBA, Causa L. 73655 S, 21-11-2001. En contra: NOVILLO CORVALAN, Sofanor, Tratado de Derecho Civil Argentino, Derechos Reales de Raymundo Salvat, 4° Edición, 1962, p. 463; LAQUIS, Manuel, "Otra vez sobre la personalidad del consorcio de propietarios", LL 1975-A-69.

 (26) HIGHTON, Elena I., Propiedad horizontal y prehorizontalidad, 2ª ed., Hammurabi, 2000, pp. 563/4.

 (27) CNCiv., sala G, 10-11-2009, "Aguas Argentinas S.A. c/ Consorcio de Propietarios Borges J. L.", 2481, DJ 14/04/2010, 965, AR/JUR/57769/2009

 (28) Mediería Frutihortícola (Dto. 145/2001, derogado por Decreto 1056/2003).

 (29) Los contratos asociativos : i) carecen de capacidad como entes autónomos y diferenciados de sus integrantes; ii) carecen de órganos y atribuciones para generar una voluntad común y iii) el contrato o estructura jurídica que conforma no asume el riesgo propio de la actividad de los distintos integrantes o partes.

 (30) Como, por ejemplo, en las aparcerías agrícolas y pecuarias, si no se calificara y homologara el contrato, el propietario del predio no podrá utilizar el testimonio del auto homologatorio como título suficiente para pedir la inmediata desocupación del inmueble. O las multas impuestas por la falta de registro en los contratos de elaboración de vinos regulados por la ley 18600.

 (31) A semejanza de la sociedad anónima simplificada colombiana del año 2008, la argentina diseñada por el proyecto de reformas del año 1993, las Limited Liability Partnership y Limited Liability Company del derecho norteamericano, o bien al estilo de sociedad por acciones simplificada francesa (Ley 94-1 del 3-1-1994) o de la reciente S.R.L. simplificada del derecho italiano (Ley 99/2013).

 (32) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo UE del 9-4-2014, relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada (COM 2014/0120 Final), creación de la Societas Unius Personae (SUP).




 




© Thomson La Ley









La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal