Tribunal de justicia de la comunidad andina



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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA


PROCESO 032-IP-2013


Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121, 122 y 123 de su Estatuto y de los artículos 258 y 259 de la misma Decisión 486.

Caso: Competencia Desleal.

Actor: sociedad NESTLÉ PERÚ S.A.

Proceso interno Nº. 3223-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil trece.



VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 136 literal a), 154, 155 literal a) y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 3223-2010;
El auto de 19 de junio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,
Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.


  1. Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad NESTLÉ PERÚ S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Terceros interesados: sociedad CORPORA TRESMONTES S.A. Y QUÍMICA SUIZA S.A.


b) Hechos
1. El 8 de junio de 2005, la sociedad NESTLÉ PERÚ S.A. denunció a QUÍMICA SUIZA S.A. por actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena e infracciones al principio de veracidad en materia publicitaria.
Según la Resolución impugnada, Nestlé demandó: “por actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, e infracciones al principio de veracidad en materia publicitaria. Nestlé denunció que el envase y los afiches promocionales de la mezcla de café torrado y cebada ‘Monterrey’, que consignaban las leyendas ‘Hecho con café peruano’ y ‘la diferencia está en el precio’ conjuntamente con la presentación de una alfombra de granos de café y una taza roja de color especial, inducían a error al consumidor respecto a la verdadera naturaleza y características del producto, asimilándolo indebidamente al café instantáneo ‘Nescafé’, al indicar que la diferencia estaba en el precio como si se tratasen de productos de igual naturaleza”.
2. Posteriormente se incluyó a la sociedad CORPORA TRESMONTES S.A. en el procedimiento.
3. Por Resolución Nº. 051-2006/CCD-INDECOPI, de 29 de marzo de 2006, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, decidió: “PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Nestlé Perú S.A. contra Química Suiza S.A. y Corpora Tresmontes Perú S.A. por presunta comisión de actos de competencia desleal, en la modalidad de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, del Decreto Ley Nº. 26122 (…). Asimismo, declarar INFUNDADO el extremo de la denuncia referido a la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº. 691 (…)”.
4. Contra dicha Resolución, la sociedad NESTLÉ PERÚ S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI, Sala de Defensa de la Competencia, que, por Resolución Nº. 1383-2006/TDC-INDECOPI, de 8 de septiembre de 2006, decidió: “PRIMERO: confirmar la Resolución Nº. 051-2006/CCD-INDECOPI (…) en el extremo en que declaró infundada la denuncia contra Química Suiza S.A. y Corpora Tresmontes Perú S.A. por actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, ejemplificados en los artículos 8º y 14º del Decreto Ley Nº. 26122. SEGUNDO: revocar la Resolución Nº. 051-2006/CCD-INDECOPI en el extremo en que declaró infundada la denuncia de Nestlé Perú S.A. contra Química Suiza S.A. y Corpora Tresmontes Perú S.A. por infracción al principio de veracidad en materia publicitaria previsto en el artículo 4º del Decreto Legislativo 691 y, en consecuencia, declarar fundada dicha denuncia. TERCERO: ordenar a Corpora Tresmontes Perú S.A. el cese definitivo e inmediato de la publicidad de la mezcla de café torrado y cebada ‘Monterrey’ objeto de la denuncia, en tanto el producto ofertado no corresponde al café instantáneo al que se asocial tal presentación en el mercado”.
5. La sociedad NESTLÉ PERÚ S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 21, de 31 de octubre de 2008, donde la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “FUNDADA la demanda (…); en consecuencia NULA la Resolución Nº. 1383/CCD-INDECOPI (…) en el extremo que confirma la Resolución Nº. 051-2006/CCD-INDECOPI (…) en el extremo que declaró infundada la denuncia contra Química Suiza S.A. y Corpora Tresmontes Perú S.A. por actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena (…)”.
6. Contra dicha Providencia el INDECOPI, la sociedad QUÍMICA SUIZA S.A. y la sociedad CORPORA TRESMONTES PERÚ S.A. interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 21 de mayo de 2010, confirmó la sentencia de primera instancia.
7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI, la sociedad QUÍMICA SUIZA S.A. y la sociedad CORPORA TRESMONTES PERÚ S.A.C. interpusieron recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 28 de junio de 2012 declaró que resulta necesario solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la “interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 154 y 155 inciso a), y 166 de la Decisión 486 (…)”.


  1. Fundamentos jurídicos de la demanda.


La sociedad NESTLÉ PERÚ S.A. en su escrito de demanda, manifiesta que:
1. Dentro de los productos elaborados y comercializados por NESTLÉ en el Perú “se encuentra la línea de café instantáneo NESCAFE. El producto NESCAFÉ es comercializado en el mercado peruano y mundial desde hace más de cincuenta años, siendo su presentación tradicional la etiqueta constituida por la combinación de una alfombra de granos de café, sobre la cual reposa una taza de color rojo (jarro), conteniendo una bebida de color oscuro, humeante, todo sobre un fondo de color oscuro, con la denominación NESCAFE escrita en letras blancas de especial forma (…)”. Agrega que mantiene esta presentación desde hace más de cincuenta años.
2. Afirma que la sociedad CORPORA TRESMONTES, “inició la comercialización del producto mezcla de café torrado y cebada MONTERREY utilizando para ello una presentación comercial extremadamente similar, en grado de confusión, con la etiqueta tradicional del producto NESCAFE”. “La inclusión de la figura de pareja (de incidencia secundaria) así como el hecho que la denominación MONTERREY tenga una escritura distinta no constituyen elementos suficientemente diferenciadores de los productos”.
3. Por este motivo, la sociedad NESTLÉ PERÚ S.A. “denunció a CORPORA TRESMONTES y a su distribuidora, QUIMICA SUIZA, por la comercialización del producto MONTERREY bajo la presentación comercial (etiqueta) previamente reseñada, toda vez que las similitudes entre ella y las del producto NESCAFE eran más que evidentes”.
4. “La denuncia tuvo dos extremos: uno por actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena (artículos 8 y 14 del Decreto Ley Nº. 26122) y el otro, referido a la infracción contra el principio de veracidad publicitaria contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 691, en tanto CORPORA TRESMONTES y QUIMICA SUIZA comercializaban y distribuían un producto mezcla de café y cebada, presentándolo como café instantáneo (…)”. El proceso fue acumulado con el abierto con ocasión de la denuncia formulada por la Cámara Peruana del Café contra las mismas empresas por infracción a las normas de publicidad en defensa del consumidor, al presentar el producto MONTERREY como si se tratara de café instantáneo, cuando en realidad era una mezcla de dicho insumo con cebada.
5. El primer extremo fue declarado infundado por el INDECOPI, mientras que, mediante Resolución 1383-2006/TCD-INDECOPI que revocó en parte la Resolución 051-2006/CCD-INDECOPI se declaró fundado el segundo extremo. Por lo tanto, la demanda prosigue en cuento al primer extremo referente a actos de competencia desleal: actos de confusión y explotación de la reputación ajena.
6. La marca MONTERREY y etiqueta, antes registrada por la sociedad CORPORA CHILE (certificado 67742) no es la marca que ahora se controvierte “La presentación comercial MONTERREY actualmente utilizada no es la marca MONTERREY y etiqueta, certificado 67742, como erróneamente la Sala de Defensa de la Competencia entendió (…) la presentación comercial de MONTERREY actualmente usada se diferencia de la marca registrada (…)”.


  1. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.


El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:
1. Respecto al argumento de que “la presentación comercial del producto ‘Monterrey’ es confundible con la presentación comercial del producto ‘Nescafé’, de modo que Química Suiza y Corpora Perú estarían induciendo a confusión a los consumidores y aprovechándose de la reputación de Nestlé” afirma que “no existe confundibilidad alguna entre las presentaciones comerciales de los productos ‘Monterrey’ y ‘Nescafé’. Agrega que desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual los productos en conflicto son diferentes.
2. “la presencia de la taza roja, el líquido oscuro y los granos de café tostados resultan insignificantes con relación al peso de la comunicación de las denominaciones ‘Nescafé’ Y ‘Monterrey’, por lo que no es posible sostener la existencia de confusión directa entre uno y otro producto, como tampoco confusión indirecta respecto del origen empresarial de dichos productos”.
3. Agrega que “la imagen de una taza humeante y la bebida oscura interior presentada con un fondo de granos de café corresponde descriptivamente al tipo de oferta de los productos confrontados, de modo que ello ocupa un segundo plano con relación a la impresión visual de las denominaciones ‘Nescafé’ y ‘Monterrey’”. De esta manera no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
4. Sobre el argumento de la demandante de que la presentación comercial del producto ‘Monterrey’ es distinta a la marca registrada a favor de Corpora Chile, al respecto “no existen diferencias relevantes entre la ‘presentación comercial’ del producto ‘Monterrey’ y el signo registrado bajo Certificado Nº. 67742 (…). El elemento distintivo relevante es el denominativo, dado el impacto visual de los términos ‘Monterrey’ y ‘Nescafé’ en las marcas respectivas. En este sentido, la presencia de una taza de café o granos de café tostados resulta irrelevante al momento de distinguir el origen empresarial, pues los signos denominativos ‘Monterrey’ y ‘Nescafé’ son suficientes para evitar cualquier tipo de confusión”.
5. Recalca que “poco importa que la presentación comercial del producto ‘Monterrey’ no sea exactamente igual a la marca registrada a favor de Corpora Chile. Lo que importa es que, a la luz del razonamiento de la autoridad de propiedad intelectual, la fuerte distintividad del signo denominativo (el término ‘Monterrey’) en un caso es también aplicable al otro”.


  1. Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

La sociedad QUÍMICA SUIZA S.A. tercero interesado en el proceso contestó la demanda argumentando:


1. Inicialmente afirma que sólo la sociedad QUÍMICA SUIZA S.A. era la denunciada y que posteriormente, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, decidió incluir a CORPORA TRESMONTES PERÚ S.A. como denunciado. Al respecto la sociedad QUÍMICA SUIZA S.A. manifestó que solo era distribuidora de la mezcla de café torrado y cebada ‘Monterrey’ y que la publicidad del producto estaba a cargo de la sociedad CORPORA TRESMONTES PERÚ S.A.
2. Afirma que “No existen actos de competencia desleal ni en la modalidad de confusión, ni en la modalidad de explotación de la reputación ajena, en agravio de Nestlé S.A.”.
3. Si se concedió el registro de la marca MONTERREY (67742) “y si la Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A. ha otorgado licencia de uso por la marca citada a favor de Corpora Tresmontes S.A. entonces debemos concluir que Corpora Tresmontes S.A. tiene legítimo derecho a usar estas marcas para distinguir el producto sucedáneos de café, como es la ‘mezcla de café torrado y cebada’ de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial”.
4. En el negado supuesto que la marca materia del certificado Nº. 67742 no corresponda a la etiqueta del producto MONTERREY, el uso de ésta no causa confusión con la etiqueta del producto NESCAFÉ, menos aún sirve para explotar la reputación de este último producto”.
5. Nestlé Perú S.A. sabía que los signos no eran confundibles y “sabía y sabe que no tiene derecho al uso exclusivo de elementos de uso común como ser la taza roja, o la alfombra de granos, o la figura de pareja (…)”.
La sociedad CORPORA TRESMONTES PERÚ S.A. tercero interesado en el proceso contestó la demanda con idénticos argumentos que la sociedad QUÍMICA SUIZA S.A.


  1. Fundamentos jurídicos de la casación.

La sociedad QUÍMICA SUIZA S.A. y la sociedad CORPORA TRESMONTES PERÚ S.A.C. en la interposición de sus respectivos recursos de casación manifiestan “La infracción normativa es la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al no haber cumplido la Sala, con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas andinas aplicables al presente proceso, tal como lo ordena el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.


El INDECOPI señala como infracciones normativas “La inaplicación del artículo 162 del Decreto Legislativo Nº. 823” y “La inaplicación del artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Estado”.
Por su parte el auto calificatorio del recurso de casación “(…) en cumplimiento del artículo 33, segundo párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…) concordante con el artículo 123 de la Decisión Nº. 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resulta necesario dejar sin efecto la vista de la causa programada y solicitar el informe al referido Tribunal, respecto a la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 154y 155 inciso a), y 166 de la Decisión Nº. 486 (…) todo lo cual va a coadyuvar a dilucidar la controversia, y una vez recibido el informe, desígnese nueva fecha para la vista de la causa, previa vista fiscal”.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal a), 154, 155 literal a) y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, de acuerdo a lo facultado por el juez consultante se interpretarán los artículos 136 literal a) y 154; y, de conformidad a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 32 y 33 Tratado de su Creación y 121, 122 y 123 de su Estatuto y 258 y 259 de la Decisión 486; y, no se interpretarán los artículos 155 literal a) y 166 de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto; y,
Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
“(…)
De la Interpretación Prejudicial
Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.
(…)”.
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
“(…)
DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
Artículo 121.- Objeto y finalidad
Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo 122.- Consulta facultativa
Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
Artículo 123.- Consulta obligatoria
De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.
(…)”.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“(…)
DE LAS MARCAS
De los Requisitos para el Registro de Marcas
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca
(…)
Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
(…)
DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
De los Actos de Competencia Desleal
(…)
Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:
a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
(…)”.



  1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria.

Sobre la base de los argumentos expuestos en los hechos de la presente interpretación prejudicial, en especial en el punto de Fundamentos jurídicos de la casación, el Tribunal se referirá al tema citando la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2002, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, se establecieron los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se refirió a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú.


En dicha oportunidad, el Tribunal estableció lo siguiente:
El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.
La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.
El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.


          1. Instrumentos básicos del sistema.


El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:


  • Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.


Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.


  • Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.


Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:
Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).


          1. Características de la figura de la interpretación prejudicial.


La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:


Facultativa

Obligatoria

Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.


Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia.

No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente:
La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.
De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido.
Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:
(…)
La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.
Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).
En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.
Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.
En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso2.
Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.
Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.

(…)”3

          1. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.


Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:


  • El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.




  • La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.




  • La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.




  • De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.




          1. La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano.


Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.
Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.
Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.
A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.
Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.
Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?
Se presentarían dos hipótesis:


  • Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.


En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:


  • Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.




  • Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.




  • Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.


Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera:
(…)
El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011).
En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.
En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.
También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.
Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:


  • Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.




  • Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.




          1. Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.


Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:


  • Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.




  • El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.


Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).


  • Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).




  • Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.

En consecuencia, deviene necesario precisar que la solicitud de interpretación prejudicial en el trámite del recurso extraordinario no sanea el vicio en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.



  1. Catálogo: Documentos -> Procesos
    Procesos -> Tribunal de justicia de la comunidad andina
    Procesos -> Proceso 107-ip-2014
    Procesos -> Proceso 138-ip-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
    Procesos -> Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a y h y 83 literal a de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
    Procesos -> Proceso 135-ip-2005
    Procesos -> Tribunal de justicia de la comunidad andina
    Procesos -> Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada
    Procesos -> Proceso 249-ip-2013
    Procesos -> Proceso 118-ip-2013
    Procesos -> Proceso 193-ip-2015


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