Tribunal: Corte Sup



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Citar Lexis Nº 961081
Tribunal: Corte Sup.

Fecha: 06/06/1995

Partes: Video Club Dreams v. Instituto Nacional de Cinematografía

Publicado: Fallos 318:1154.

DERECHO TRIBUTARIO (En general) - Principio de legalidad - Impuesto al video - Extensión del hecho imponible - Decretos de necesidad y urgencia - Inconstitucionalidad

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Con nota de NÉSTOR P. SAGÜÉS

Buenos Aires, junio 6 de 1995.- Considerando: 1. Que contra la sentencia de la sala 3ª de la Cám. Nac. de Apels. Cont.-Adm. Fed. que confirmó la de 1ª instancia que había hecho lugar a la acción de amparo, declarando la inconstitucionalidad de los decretos 2736/91 (1) y 949/92 Ver Texto (2) y anulado la intimación al actor realizada en aplicación de esas normas, la Procuración del Tesoro de la Nación interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

2. Que para arribar a ese resultado el a quo desestimó los planteos referentes a la extemporaneidad del plazo previsto para la interposición de la demanda, a la vez que rechazó los relativos a la invocada falta de legitimación de la parte actora y la existencia de otras vías procesales aptas para el ejercicio de los derechos invocados. En cuanto al fondo de la cuestión sostuvo que los decretos 2736/91 y 949/92 Ver Texto crean impuestos, determinan los sujetos obligados al pago, fijan la base imponible y la alícuota correspondiente, modifican la ley 17741 Ver Texto (3) en lo que atañe a las facultades de inspección y verificación, tipifican infracciones y sanciones, erigiendo de tal modo al Instituto Nac. de Cinematografía en juez administrativo con facultades de control y fiscalización.

Sobre dicha base señaló que la solución de la controversia pasa por la pertinente aplicación del principio de legalidad tributaria y la reserva constitucional de la ley formal para la imposición de tributos, imposible de obviarse mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia.

3. Que contra lo así resuelto, la Procuración del Tesoro de la Nación dedujo el recurso extraordinario de fs. 68/99, con sustento en la tacha de arbitrariedad en el tratamiento de los siguientes tópicos: a) la cuestión atinente al cómputo del plazo para interponer el amparo; b) la idoneidad de la vía elegida, a la luz de otros remedios aptos para la tutela de los derechos que se dicen comprometidos; c) lo relativo a los actos propios de la actora. Expresa que la accionante, al inscribirse en los registros del organismo demandado y depositar los importes de los impuestos percibidos en el mes de abril de 1992, convalidó con tales conductas la legalidad de las normas que ahora ataca; d) la legitimación del peticionario. Afirma que la actora nunca esgrimió como agravio la imposición de una presunta carga pública, tal como lo menciona el fallo en recurso, ya que sólo fundó su reclamo en la afectación de sus derechos de trabajar y ejercer industria lícita; e) los derechos federales que dicen afectados. Sobre este último, expresa que la posibilidad de adicionar el impuesto al precio que percibe el actor pone de relieve que aquél no recae sobre su patrimonio, ya que su traslación despeja todo reproche con sustento en los derechos involucrados y que tampoco existe afectación del derecho de trabajar y ejercer industria lícita, alegación que, por otra parte, hubiera exigido probar, cuando menos, el efecto de reducción de las locaciones que resultaría del traslado impuesto a los precios.

Desde esta otra perspectiva, sostiene que al declarar la inconstitucionalidad de los decretos cuestionados, la Cámara ha efectuado una interpretación estrictamente estática de las disposiciones constitucionales, prescindiendo de una concepción dinámica, a la luz de lo sentado por la Corte en el caso "Peralta" (Fallos 313-1513 [4]). Expresa que aun cuando es cierto que en materia de impuestos la Constitución dispuso para su creación la competencia exclusiva del Congreso Nacional ello no obsta, dentro de la dinámica que predica, a la aplicación de los "reglamentos de urgencia"; en los cuales se prescinde precisamente por su naturaleza, del proceso de la formación de las leyes en el sentido constitucional puro. Tales reglamentos, destaca, son válidos si se cumplen los requisitos que la Corte ha establecido en el aludido caso a saber: a) la existencia de una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar intereses vitales de la comunidad; b) que la ley tenga por finalidad proteger intereses generales y no individuales; c) que concurra el requisito de razonabilidad y d) que su duración sea limitada al tiempo indispensable para que desaparezcan las causas que originan la situación de emergencia.

Sin perjuicio de ello, alega que, con sustento en el fallo dictado por esta Corte en la causa R.210.XXIV "Rossi Cibils, Miguel A. y otros s/acción de amparo" [5], del 8/9/92, correspondía tener en consideración que el Poder Legislativo no era ajeno a la medida "en virtud de habérsele dado cuenta del decreto del PE... El silencio del Congreso importaba una actitud convalidatoria de la decisión del poder político". Añade, en el mismo orden de ideas, que corresponde conceptualizar a "la sanción de leyes posteriores que implican la ratificación del reglamento de necesidad y urgencia, por lo que la llamada aquiescencia silenciosa no consistiría exclusivamente en el silencio, sino en actos posteriores que conduzcan a la conclusión de la ratificación".

En función de ello, y respecto de los decretos 2736/91 (6) y 949/92 señala que el Congreso Nacional aprobó la ley 24191 Ver Texto de Presupuesto Nacional, correspondiente al ejercicio del año 1993 (B.O. 30/12/92), en cuyo art. 47 Ver Texto se detallan en las planillas anexas al cap. 3 los importes determinados en los arts. 1 y 2 de la citada, contemplándose en el art. 3 los gastos de financiamiento de los organismos descentralizados. Dentro de los organismos de tal carácter figura el Instituto Nac. de Cinematografía (art. 1 Ver Texto ley 17741), "en cuyo presupuesto de gastos y recursos se contempló expresamente la incidencia de la recaudación derivada del impuesto del art. 24 Ver Texto inc. a ley 17741 y su aplicación conforme los decretos 2736/91 y 949/92 Ver Texto ". Ese cálculo de recursos constituye un expreso acto normativo del Poder Legislativo convalidatorio del tributo.

4. Que con relación a los agravios reseñados en el párr. 1 del consid. precedente, el recurso resulta improcedente.

En efecto, en cuanto al punto de partida del plazo de 15 días, que establece el art. 2 Ver Texto inc. e ley 16986 (7), debe recordarse que se trata de una cuestión de índole procesal que, aunque regida por una ley federal, no autoriza -en principio- la intervención de esta Corte por la vía excepcional utilizada (Fallos 310-2937; 312-1332; entre muchos otros). En el caso, no corresponde apartarse del señalado principio -a efectos de considerar el inicio del plazo de 15 días citado- pues el a quo pudo razonablemente entender que "el acto de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione..." fue ejecutado (arts. 1 y 2 inc. e) con la intimación efectuada por la demandada mediante el acta de f. 2 y no -en cambio- con el mero dictado de las normas generales en las cuales la intimación tuvo sustento.

Las circunstancias fácticas del sub examine difieren totalmente de las tenidas en cuenta por este tribunal al dictar sentencia en Fallos 307-1054 y fundan suficientemente el razonamiento del a quo más allá de su acierto o error.

5. Que, asimismo, en cuanto a la alegada existencia de otras vías procesales aptas que harían improcedente el amparo, cabe señalar que la mencionada existencia no es postulable en abstracto sino que depende -en cada caso- de la situación concreta de cada demandante, cuya evaluación, como es obvio, es propia del tribunal de grado.

Desde esta óptica, los argumentos de orden fáctico y procesal que el apelante formula, no tienen entidad suficiente para refutar los fundamentos del a quo ni para dilatar el control de constitucionalidad que constituye la primera y principal misión de esta Corte.

6. Que, por otra parte, en cuanto a la invocada omisión de aplicar la doctrina de los propios actos en que habría incurrido el a quo corresponde indicar que de las constancias de la causa no se desprende con nitidez que la actora haya efectuado actos de acatamiento voluntario a las facultades tributarias ejercidas por el PE.

Así, ni la inscripción por parte de la actora en el registro que ordena crear el art. 4 decreto 2736/91 -instrumentado por la Res. 38/92 del Instituto Nac. de Cinematografía


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