Tribunal contencioso administrativo del huila



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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA.

Acción : TUTELA

Actor : SANDRA PASCUAS MAYOR

Accionado : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS

Radicación : 410012333000201300267

N° Acta : 64




ACCIÓN DE TUTELA - Improcedente por tratarse de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
Como en este caso la accionante pretende la modificación del Decreto 2940 de 2010, el cual es un acto de carácter general, impersonal y abstracto, la acción de tutela es improcedente de conformidad a lo previsto en el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Sobre este particular la Corte ha expresado:
Basta constatar que los dos decretos mencionados fueron expedidos por el Presidente de la República “en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992” y que los destinatarios en las regulaciones en ellos contenidas pertenecen a un grupo de funcionarios; para tener por cierto que se trata de actos dotados de un carácter “general, impersonal y abstracto” respecto de los cuales, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 6° numeral 5° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela “no procederá”.
Idéntico parecer fue expresado por la Corte Constitucional cuando revisó las decisiones judiciales relativas a una acción de tutela instaurada con argumentos semejantes a los ahora esgrimidos y para controvertir que una bonificación por compensación sólo fuera pagada a los magistrados de tribunal y a otros cuantos funcionarios. En esa oportunidad la Corporación indicó que el decreto cuestionado era “un acto de carácter general, impersonal y abstracto” que no creaba “situaciones jurídicas subjetivas y concretas” y que, debido a lo mismo, tampoco podía “lesionar por sí solo derechos de esta índole, que es lo que la Constitución y la ley requieren para que la acción de tutela sea viable”.”
De otra parte, como la legalidad del Decreto 2940 de 2010 puede ser debatido por medio de las acciones contencioso administrativas, para el caso la acción pública de nulidad, se reitera su no procedencia a la luz del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
5.3. Como el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, no dio contestación a la demanda de tutela, se reconvendrá a dicha entidad para que en lo sucesivo se sirva dar respuesta oportuna a los requerimientos de los Jueces de tutela.
FUENTE FORMAL: Art 5º Decreto 2591 de 1991/ Ley 4º de 1992/ Decreto Ley 1278 de 2002/ Art 1º Decreto 1367 de 2010.

NOTA DE RELATORÍA: La Acción de Tutela: Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-645 de 2006. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA TERCERA DE DECISIÓN SISTEMA ORAL

Magistrado Ponente:



Dr. Enrique Dussán Cabrera

Neiva, cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013)


Asunto : Sentencia en Acción de Tutela

Actor : Sandra Pascuas Mayor

Demandado : Presidencia de la República de Colombia y Otros

Radicación : 41 001 23 33 000 2013 00267 00

Aprobada en Sala de la fecha. Acta No 064


1. PETICIÓN.

SANDRA PASCUAS MAYOR, en nombre propio y en ejercicio de Acción de Tutela, solicita se amparen sus derechos fundamentales a la buena fe, legítima confianza, debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por el Gobierno Nacional, especialmente por el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, al expedir el Decreto No. 2940 del 5 de agosto de 2010 “Por el cual se modifica parcialmente la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se rigen por el Decreto 1278 de 2002”, al no haber actuado conforme el principio de la buena fe en armonía con el debido proceso y al derecho a la igualdad toda vez que no se aplicó el aumento adicional del 8% comprometido en el año 2008.


Que en consecuencia se ordenen a las accionadas la modificación mediante la expedición de otro acto administrativo general que aplique al salario docente durante el año 2010 el aumento adicional del 8% sobre la inflación causada del año 2009.

2. HECHOS.
Expone la accionante, que en el año 2001 el legislador expidió la Ley 715 la cual dictó normas orgánicas en materia de recursos y competencias de acuerdo a los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política –Acto Legislativo 01 de 2001-, y dictó otras disposiciones para organizar la prestación del servicio de educación y salud. En el artículo 111.2 le concedió al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes y administrativos que ingresen a partir de la promulgación de dicha ley acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos denominados estatuto de profesionalización docente el cual tomará en cuenta el criterio “Mejor salario de ingreso a la carrera docente”.
El Gobierno Nacional dictó el Decreto Ley 1278 de 2002 el cual expidió el Estatuto de Profesionalización docente en cuyo artículo 46 se refirió a los salarios y prestaciones señalando que el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4ª de 1992 establece la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados de acuerdo al grado y nivel que acrediten en el escalafón docente, así mismo según el título que acrediten, al igual que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes conforme al nivel educativo y la dimensión de la institución educativa que dirijan.
En el año 2008 durante un debate de control político en la Comisión sexta del Senado en presencia del Ministro de Educación de la época, el Gobierno Nacional se comprometió a decretar un aumento salarial adicional del 8% sobre la inflación a cada uno de los años 2008, 2009 y 2010 para los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, compromiso que fue ampliamente difundido por el Gobierno y los medios de comunicación.
Por lo anterior en el año 2008 se dictó el Decreto 624 de febrero 29 de 2008 donde se dictaron disposiciones de carácter salarial para los docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles preescolar, básica y media regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, el cual fue modificado por el Decreto 714 de marzo 6 de 2008 para hacer efectivo el aumento salarial adicional del 8% para la vigencia 2008.
El segundo incremento se realizó en el año 2009 mediante Decreto No. 702 de marzo 6 de 2009, cumpliéndose de esta forma el incremento del salario docente en 8 puntos por encima de la inflación del año 2009.
Los Decretos Nº 1367 y Nº 2940 de 2010, modificaron la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes, pero no se realizó el incremento salarial adicional del 8% pactado, sino que lo redujo en un 5.5%, es decir, el aumento adicional decretado fue tan solo del 2.5% sobre la inflación causada.
Decisión que transgrede el principio de buena fe que regula las actuaciones de la administración, pues no se dio cumplimiento al compromiso adquirido con los docentes en el debate de control político; igualmente dentro de las diferentes escalas del escalafón nacional se da un trato diferencial afectando el derecho a la igualdad de los docentes y directivos docentes.


3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE TUTELA.
Mediante auto de 21 de junio de 2013 se admitió la solicitud presentada, ordenándosele al Presidente de la República de Colombia, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Ministro de Educación Nacional y al Departamento Administrativo de la Función Pública, rindieran un informe sobre los hechos objeto de la presente acción (fs. 21 y 22).

4. CONTESTACIÓN DE LA PETICION DE TUTELA.
4.1. DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
La apoderada judicial del Presidente de la República y de la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante escrito del 25 de junio de 2013 (fs. 39 a 43), se opone a las pretensiones de la acción de tutela en contra del Presidente de la República.
Señala que la Presidencia de la República es un Departamento Administrativo que forma parte del sector central de la administración pública del orden nacional, creado mediante Decreto 133 de 1956, convertido en legislación permanente por Ley 1ª de 1958. Igualmente, el Decreto 3443 de 2010 estableció que le corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República “asistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestarle apoyo administrativo necesario para dicho fin…
Manifiesta que es evidente la improcedencia de la tutela, como quiera que no está directa ni indirectamente relacionada con la situación planteada por la accionante, por no ser la Presidencia de la República la autoridad encargada de proteger los derechos presuntamente vulnerados, así mismo, porque la demanda le fue notificada a través del primer mandatario, quien no es el representante legal de la Nación ni del Departamento Administrativo, por lo que señala que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva; en consecuencia solicita la desvinculación del proceso y la exclusión en el fallo que se va ha proferir.
Añade que los decretos del Gobierno Nacional mediante los cuales se dispuso el aumento salarial de servidores públicos son actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto cuyo debate sólo puede plantearse ante la jurisdicción contenciosa administrativa en ejercicio de las acciones pertinentes, razón por la cual los despachos judiciales del país que han conocido acciones idénticas a la presente, han declarado la improcedencia de la acción para esta clase de reclamaciones.
4.2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
La Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública se opuso a las declaraciones solicitadas por el accionante, indica que son improcedentes y que la acción interpuesta no es el mecanismo judicial idóneo para lograr la realización de sus aspiraciones salariales.
Expone que la petición realizada por la actora desborda el ámbito jurídico de este tipo de acciones, en cuanto una declaración judicial en dicho sentido conllevaría a la modificación del régimen salarial del personal docente, competencia que constitucionalmente corresponde de manera privada al Gobierno Nacional.
Señala que el juez de tutela tampoco está facultado para decretar el incremento o nivelación salarial de los empleados públicos, en este caso específico del personal docente, como quiera que no es competente para ordenar el gasto, menos aún cuando este no se encuentra presupuestado ni ha sido decretado por el Gobierno Nacional.
Así mismo, manifiesta que no es dable utilizar la tutela para controvertir actos administrativos generales o solicitar su complemento, pues una medida de esta naturaleza deslegitimaría o desconocería las competencias constitucionales y legales asignadas al Ejecutivo Nacional en materia salarial y prestacional.
De igual forma, señala que la tutela promovida, entraña una clara y directa violación de normas de rango constitucional y legal; además indica que se torna jurídicamente improcedente por involucrar actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto (artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991).
Finalmente, expone que no estamos en presencia de un perjuicio irremediable que deba ser protegido a través de la Acción de Tutela, en cuanto la negación de las pretensiones de la parte actora no conllevará a la afectación de su mínimo vital, ni otros derechos fundamentales.
4.3 EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Guardo Silencio (fl. 60).
4.4 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
La asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifiesta que de los hechos de la presente acción, entiende que los Decretos invocados instituyeron un incremento salarial adicional al 8% para los años 2008, 2009 y 2010 a favor de los docentes al servicio del Estado los cuales, a juicio del actor, fueron desconocidos por el Decreto 2940 de 2010, por lo que indica, que dicha situación no puede ser debitada por vía de Tutela sino por otras vías procesales como sería la Acción de Nulidad contra el Decreto que aquí se denuncia y/o mediante la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en el caso de que tal vulneración se concretara en un acto administrativo individual contra el acionante.
De igual forma, señala que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tiene las atribuciones legales para comparecer ante su despacho y responder por los actos propios de otras entidades, en este caso, indica que el Ministerio de Educación Nacional es el encargado del manejo de la docencia estatal y de la estructuración de la normatividad sobre el tema.
Finalmente, concluye que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no puede legalmente satisfacer las pretensiones del actor, no sólo porque no determinó ni tiene incidencia en ejercicio de funciones con los hechos que dan origen a la presente acción sino también que el fondo de la determinación de las políticas de remuneración a los docentes está a cargo del Ministerio de Educación.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
5.1. Asunto jurídico a resolver.
Corresponde determinar sí a SANDRA PASCUAS MAYOR se le ha vulnerado o amenazado vulnerar sus derechos constitucionales fundamentales a la buena fe, legítima confianza, debido proceso e igualdad, enunciados en su escrito de solicitud de tutela, por parte el Gobierno Nacional, especialmente por el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, por no cumplirse con el compromiso administrativo de efectuar el incremento salarial del 8% adicional sobre la inflación causada, para los docentes y directivos docentes, para el año 2010.
Dado que los demandados argumentan la improcedibilidad de la acción instaurada, corresponde inicialmente analizar tal aspecto.
5.2. De la improcedencia de la tutela en el presente caso.
El artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 preceptúa:
ARTICULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. (…)
El artículo 2 en lo pertinente establece:
ARTICULO 2o. DERECHOS PROTEGIDOS POR LA TUTELA. La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales.
Por su parte el 6 del referido Decreto 2591 de 1991, prevé:
ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

Inciso 2o. INEXEQUIBLE> Sentencia No. C-531-93

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto
La actora con la presente acción pretende que se ordene al Gobierno Nacional modifique, a través de un acto administrativo, el Decreto 2940 del 5 de agosto de 2010 “Por el cual se modifica parcialmente la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles preescolar, básica y media, que se rige por el Decreto Ley 1278 de 2002”, por incumplir el compromiso adquirido en el debate de control político efectuado en la Comisión Sexta del Senado de la República en el año 2008, de efectuar un incremento salarial del 8% sobre la inflación durante el año 2010, para los docentes y directivos docentes, dado que el aumento adicional decretado fue tan solo del 2.5%.
El Decreto 2940 de 2010, es un acto administrativo expedido en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002, que modifica el artículo 1º del Decreto 1367 de 2010, que fija a partir del 1º de enero de 2010 la asignación básica mensual a los distintos grados y niveles del escalafón nacional docente correspondiente a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002.
Como en este caso la accionante pretende la modificación del Decreto 2940 de 2010, el cual es un acto de carácter general, impersonal y abstracto, la acción de tutela es improcedente de conformidad a lo previsto en el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Sobre este particular la Corte ha expresado:
Basta constatar que los dos decretos mencionados fueron expedidos por el Presidente de la República “en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992” y que los destinatarios en las regulaciones en ellos contenidas pertenecen a un grupo de funcionarios; para tener por cierto que se trata de actos dotados de un carácter “general, impersonal y abstracto” respecto de los cuales, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 6° numeral 5° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela “no procederá”.
Idéntico parecer fue expresado por la Corte Constitucional cuando revisó las decisiones judiciales relativas a una acción de tutela instaurada con argumentos semejantes a los ahora esgrimidos y para controvertir que una bonificación por compensación sólo fuera pagada a los magistrados de tribunal y a otros cuantos funcionarios. En esa oportunidad la Corporación indicó que el decreto cuestionado era “un acto de carácter general, impersonal y abstracto” que no creaba “situaciones jurídicas subjetivas y concretas” y que, debido a lo mismo, tampoco podía “lesionar por sí solo derechos de esta índole, que es lo que la Constitución y la ley requieren para que la acción de tutela sea viable”.”1
De otra parte, como la legalidad del Decreto 2940 de 2010 puede ser debatido por medio de las acciones contencioso administrativas, para el caso la acción pública de nulidad, se reitera su no procedencia a la luz del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
5.3. Como el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, no dio contestación a la demanda de tutela, se reconvendrá a dicha entidad para que en lo sucesivo se sirva dar respuesta oportuna a los requerimientos de los Jueces de tutela.

6. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, -Sala Tercera de Decisión Sistema Oral- administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: Declarar improcedente la tutela pedida, por SANDRA PASCUAS MAYOR, de sus derechos fundamentales a la Buena Fe, legítima confianza, debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por el Gobierno Nacional, especialmente por el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

SEGUNDO: PREVÉNGASE al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, para que en adelante, dentro del término legal previsto se sirva dar respuesta oportuna a los requerimientos de los Jueces de tutela.

TERCERO: Si la presente decisión no fuere impugnada, remítase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Notifíquese a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 5o del Decreto 306 de 1.992.

Notifíquese y cúmplase

ENRIQUE DUSSAN CABRERA RAMIRO APONTE PINO

Magistrado Magistrado



JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO

Magistrado



1 Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-645 de 2006. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.


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