Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala g autos: Bornare S. A c/ Crispin Ana Gabriela y otro Fecha: 10/03/2010 Sumario: Se admitió el levantamiento del embargo, por considerarse que los bienes muebles embargados no eran propiedad del



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Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala G

Autos: Bornare S.A c/ Crispin Ana Gabriela y otro

Fecha: 10/03/2010

Sumario: Se admitió el levantamiento del embargo, por considerarse que los bienes muebles embargados no eran propiedad del ejecutado, sino de un tercero que convivía en el mismo domicilio que este, y habida cuenta que no pudo acreditar el ejecutante que los mismos integraban el patrimonio del ejecutado.

Partiendo de la base que los bienes muebles en cuestión o bien encuadran en una hipótesis de accesoriedad por subordinación (conf. art. 2328 del Código Civil) o con mayor precisión, por conformar el ajuar de una casa y haber sido puestos en ella por su propietario, se inmovilizan por su destino, bajo la idea de accesión moral (conf. art. 2320 y 2323 del Código Civil, su doct. y arg.); de ahí que frente a la titularidad dominical que surge palmaria del certificado el embargante estaba precisado a evidenciar que los bienes en cuestión eran propiedad del ejecutado.



Vocablos: EMBARGO – MEDIDA CAUTELAR – LEVANTAMIENTO DE EMBARGO – BIEN MUEBLE – PROPIEDAD – EJECUTADO –EJECUTANTE – DOMICILIO – PATRIMONIO – ACCESORIEDAD POR SUBORDINACION – ACCESION MORAL - INMUEBLE
2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 10 de 2010.

Considerando: I.- Contra la resolución de fs. 88/89 que admitió el pedido de levantamiento de embargo sin tercería formulado a fs. 78 se alza la ejecutante cuyas protestas de fs. 93/95 no merecieron réplicas de la contraria.

II.- Liminarmente, es dable precisar que la propia definición legal de domicilio, en tanto se lo enuncia como al lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos o bien como centro de imputación para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones; da la idea de domicilio como concepto objetivo pura y exclusivamente jurídico y que en la órbita del proceso tiene la virtualidad de hacer posible la contienda judicial, estableciendo un particular régimen de notificaciones (conf. art. 41 y 133 del CPCC), empero de allí concluir, como lo hace el recurrente, que quien denuncia un domicilio real (conf. fs. 47) sea propietario del sitio donde éste se asienta y consecuentemente de los muebles y accesorios que lo adornan, no resulta una conclusión acertada, ni halla adecuado marco en derecho.

En efecto, corresponde puntualizar que la diligencia de embargo de bienes muebles fue proveída bajo responsabilidad del peticionante (conf. fs. 68). En tales términos se destaca que la modalidad empleada por la ejecutante tiene por finalidad, en abstracto, evitar que la diligencia se frustre por maniobras u ocultamiento del requerido; empero ello no implica convertirla en una ficción legal que derechamente autorice a embargar bienes muebles cuya propiedad no cabe atribuirle a aquél de manera irrefragable; máxime cuando tal atribución sólo se sustenta en la simple presuposición consistente en que la demandante logró establecer, en tal ocasión, que los bienes individualizados pertenecerían a su contraria.

En consecuencia, y aunque no se le exija como requisito de procedencia la demostración de las averiguaciones realizadas a ese fin, no significa que quede liberada de hacerlo, o que sus solas manifestaciones consistentes en la mera individualización de bienes muebles, que a la sazón se hallan situados en un inmueble de propiedad de un tercero -y que es habitado también por esos terceros- pueda constituir sustento bastante para mantener el embargo trabado.

III.- Partiendo de la base que los bienes muebles en cuestión o bien encuadran en una hipótesis de accesoriedad por subordinación (conf. art. 2328 del Código Civil) o con mayor precisión, por conformar el ajuar de una casa y haber sido puestos en ella por su propietario, se inmovilizan por su destino, bajo la idea de accesión moral (conf. art. 2320 y 2323 del Código Civil, su doct. y arg.); de ahí que frente a la titularidad dominical que surge palmaria del certificado obrante a fs. 76/77 el embargante estaba precisado a evidenciar que los bienes en cuestión eran propiedad del ejecutado.

Aun prescindiendo de la óptica precedente, las protestas ensayadas carecen de andamiento a poco que se encare la cuestión sobre la base de lo dispuesto en los arts. 2403, 2362 y 2363 del Código Civil, normas éstas que -conforme la presunción iuris tantum que contienen- obligaban al ejecutante a demostrar, por un lado, que los bienes embargados no pertenecen al titular dominical y, por el otro, lo constreñían a acreditar, nuevamente, que éstos integraban el patrimonio de su ejecutado; y de más está poner de resalto que ninguna probanza se ha ensayado a ese respecto.

Tal temperamento se refuerza a poco que se enfoque la cuestión desde la télesis del art. 2386 del fondal, que adopta la teoría de la custodia desarrollada por Savigny, al extractar el codificador que: podemos adquirir la posesión de una cosa tan sólo porque haya sido puesta en nuestra casa, aun estando nosotros ausentes. Cada uno tiene sobre su casa un imperio más cierto que sobre cualquiera de sus bienes, y este imperio le da al mismo tiempo la custodia de todas las cosas encerradas en la casa.

A su vez, aún restaba considerar que también jugaba en el sub lite la presunción emergente del art. 2412 del Código Civil, que tampoco ha sido levantada por el quejoso, por ende forzoso es concluir en el rechazamiento de las quejas ensayadas. Tal como se advierte, y ante el modo en que se practicó la diligencia -ya desde la órbita del derecho procesal como desde la esfera del derecho sustancial- la confirmatoria de la decisión en crisis, se impone, sin que la Sala halle mérito ni circunstancias de excepción que autoricen a apartarse, en cuanto a las costas de la instancia de grado, del principio objetivo de la derrota que preside la materia.

En atención a lo expuesto, el tribunal resuelve: I.- Confirmar la resolución de fs. 88/89 en todo cuanto decide y fuera materia de agravios. II.- Sin costas en la alzada en virtud del modo en que se decide y la ausencia de contradicción. III.- Devuélvase y se encomienda a la instancia de grado la notificación de la presente a los interesados.- Carlos A. Bellucci.- Beatriz Areán.- Carlos A. Carranza Casares.





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