Trenque Lauquen, 26 de septiembre de 2005. Visto el estado de la causa



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Trenque Lauquen, 26 de septiembre de 2005.-

VISTO el estado de la causa,

RESULTA: el 24.5.05 se presentó V. A. ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, e interpuso acción de habeas data contra el registro de la personas (Delegación Pehuajó), y subsidiariamente contra el Sanatorio Pehuajó y la Receptoria de Expedientes y Archivo Departamental del Poder Judicial, delegación Trenque Lauquen, con el fin de tener acceso a los datos que revelen su origen biológico, ya que la peticionante manifestó haber sido adoptada por la familia A. a los dos meses de edad. Alegó que en el Registro de las Personas, Delegación Pehuajó, le informaron que solo podían otorgarle los datos requeridos mediante orden judicial (ver fs. 7).

El Juzgado previniente se declaró incompetente -ver resolución de fs. 11- y remitió la causa al Juzgado a mi cargo.

El 7.6.05 y ante mi requerimiento, el actuario del Juzgado se comunicó telefónicamente con el registro de la personas (Delegación Pehuajó), informándole personal de dicha dependencia, que los datos requeridos por la accionante sólo se entregaban mediante una orden judicial (fs. 14).

El 10.6.05 se requirió al Registro de las Personas, delegación Pehuajó, que remita la información solicitada y realice un informe circunstanciado, y se ordenó el traslado de la demanda a los mismos efectos al Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires (ver fs. 14/vta.).

La delegación Pehuajó del Registro de las Personas contestó el informe el 29 de junio de 2005 -ver fs. 21/32- adjuntando copia de la Partida de Nacimiento con la nota marginal de adopción de la accionante, donde obran los antecedentes de sus padres biológicos.

Fiscalía de Estado presentó el informe el 25 de julio del corriente -ver fs. 33/48- solicitando en virtud de haberse acompañado la partida antes mencionada, que se declare abstracta la causa.

El 29.7.05 se intimó a la actora a que manifestara si pretendía la producción de la prueba ofrecida e indicara los hechos que puntualmente pretendiera acreditar (fs. 49).

El 8.8.05 la actora solicitó un plazo de 10 días a fin de tener acceso a los expedientes judiciales que obran en el Juzgado de Menores Departamental, el cual fue concedido.

El 21.9.05 se pusieron autos para sentencia.
CONSIDERANDO:

1.- El habeas data es una especie de "amparo informativo o informático " (cfme., Sagües Néstor, Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo, Tomo 3, pág. 678, Astrea, 4ta ed.); por lo cual deben seguirse en cuanto a la competencia de los tribunales que intervienen, las reglas previstas en la Constitución provincial, en el entendimiento dado por la Excelentísima Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ("SCJBA") que sostiene que todo juez de primera instancia, es juez natural para resolver el amparo (ver entre otros, causa B-67.530 “Maciel, Gladis M. y otros C/ Ministerio de Salud S/ amparo”; causa B-66.059 “Bonetti”, y demás jurisprudencia citada en su considerando 3 C -- B-67.611 “Riva”; B-67.539 “Clark”; B-67.730 “Escalada”; B-67.689 “Boudet”; B-67.739 “Bontempo”; B 67.696 “Cordero”; Logar A., Doctrina Actual de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pág. 385/388, Rubinzal Culzoni).

Los amparos deben ser resueltos por el magistrado ante el cual se plantearon, sin distinción de competencia material. Idéntico criterio corresponde para las acciones de habeas data, debido a ser una especie dentro del género de acción de "amparo". La SCJBA en la causa B-68.253 "Licardi Alfredo y otra c/ Colegio Reconocido José Manuel Estrada s/ Habeas data -conflicto de competencia art. 7 inc. 1, ley 12.008", del 22.6.05, sostuvo que las acciones de habeas data, en cuento a la competencia del juez interviniente siguen los principios constitucionales y procesales de la acción de amparo.

Sin perjuicio de ello, y en atención a la naturaleza de los derechos involucrados, a que las partes consintieron la competencia del suscripto, a que no se declaró la incompetencia de oficio al momento de recibir la causa, y a fin de no dilatar por cuestiones procesales el resguardo de los derechos invocados, corresponde abocarse a la resolución de la causa.

2.- La garantía del habeas data establecida en el artículo 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional ("CN"), y en el artículo 20, inciso 3, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires ("CP"), tiene por finalidad resguardar el derecho de cada persona al acceso, a la veracidad, actualización, y confidencialidad de sus datos personales (cfme., CSJN, Fallos 321:2767; Martínez Matilde Susana c/ Organización Veraz, M. 422, XXXVII, 5.4.05 --en particular ver voto en disidencia de la Dra. Highton de Nolasco--).

Esta garantía constitucional tiende a proteger entre otros, el derecho a la intimidad, a la imagen, a la seguridad personal y patrimonial, y a la identidad. El derecho a la protección de datos "...no se reduce a los datos íntimos de una persona, sino que se extiende a aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de otra índole o para cualquier otra utilidad que constituya una amenaza para el individuo en determinadas circunstancias..." (Tribunal Constitucional en pleno, España, 200/11/30, T. 2001-C, 840).

El habeas data puede tener por objeto rectificar, preservar u obtener datos (cfme., Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, T. II-A, págs. 309 y ss, Ediar, ed. 2002-2003). Está reglamentado por la ley 25.326 (cuyos capítulos 1, 2, 3, y 4, son de orden público y se aplican en el ámbito de la provincia de Buenos Aires), y el decreto 1558/01. A nivel provincial la ley 12.475 regula el acceso a los datos y documentos en poder de la administración pública -art. 1-, pero no reglamenta procesalmente esta garantía.

Su falta de reglamentación procesal a nivel provincial no es óbice para su procedencia, ya que todas las garantías establecidas en el artículo 20 CP, conforme lo dispone expresamente su texto, son operativas.

En el caso la accionante requiere acceder a la información existente en el Registro de las Personas sobre su origen biológico, por ser una persona adoptada.

3.- En la última reforma constitucional provincial se incorporó el artículo 12, inciso 2, que expresamente reconoce que todas las personas, por el solo hecho de habitar en la provincia tienen derecho a conocer su identidad de origen. La última reforma a la CN introdujo la obligación estatal de sancionar leyes que protejan la identidad de las personas (art. 75, inc. 19).

Con anterioridad a su expreso reconocimiento constitucional se había resuelto que "...hay derechos y prerrogativas esenciales e intransferibles del hombre y de la sociedad que... deben ser consideradas garantías implícitas y merecedoras del resguardo y protección que aquellas depara a las explícitamente consignadas... Entre ellas, debe -sin dudas- incluirse el derecho de toda persona a conocer su identidad de origen" (CSJN, Fallos 313:1113, voto en disidencia del Dr. Petracchi, ver en particular considerandos 8 a 14; más recientemente ver, Fallos 318:2518; 321:2767; sobre los límites del poder judicial en relación al derecho a la identidad ver "Vázquez Ferrá, Evelín Karina s/ incidente de apelación", V. 356, XXXVI, 30.9.03, Tomo 326).

Toda persona tiene derecho a conocer su origen biológico, como forma de concreción de su derecho a la identidad (cfme., Graciela Medina, "La Adopción", Rubinzal-Culzoni, 1998, T. II, pág. 74). Entre otros, la Convención sobre los Derechos del Niño -ley 23849- en los artículos 7 y 8, el artículo 12, inciso 2, CP, y el artículo 328 Código Civil, reconocen este derecho.

4.- En atención a que el Registro de la las Personas al momento de contestar la intimación realizada, adjuntó la partida de Nacimiento de donde surge la información referente a la madre biológica de la accionante, la actora tomó conocimiento de la información pretendida.

La actuación jurisdiccional debe limitarse a la existencia de una "causa" (arts. 116 y 117, CN; 161, 163, 166 y 168 CP, art. 1 de la ley 12.074). El derecho o interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfme., SCJBA, B-61.703, “Giles”, 14.2.01). Es doctrina reiterada de la Excelentísima Corte provincial que los jueces sólo están en condiciones de pronunciarse si se mantiene el real interés del accionante (cfme., B-53.370, “Prando de Quitegui”, 17.6.97; B-55.773, “Domine”, 26.5.99, entre otras).

Desde tal perspectiva, la remisión por parte del Registro de las Personas --delegación Pehuajó-- de la partida de nacimiento -ver fs. 20- implicó el cumplimiento de la pretensión de la actora, en cuanto al conocimiento de los datos sobre su origen biológico que estaban en poder de esa dependencia. Todo lo cual fue convalidado por la ausencia de petición concreta antes del vencimiento del plazo otorgado a fs. 51, punto 1.

El juicio de amparo "...constituye un remedio excepcional cuyo objeto se agota en ordenar el cese inmediato de la conducta estatal manifiestamente ilegítima, por lo que corresponde examinar si, a la luz del nuevo marco jurídico que rige la materia en disputa, el comportamiento estatal tachado de lesivo aún subsiste; pues, de lo contrario, resultaría inoficioso pronunciarse al respecto (Fallos: 294:239; 295:269 y 307:2030, entre otros)." (CSJN, Fallos 322:2220, considerando 7). Ello así, si la lesión invocada cesó con anterioridad al momento del dictado de la sentencia, se convierte en inoficioso un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión (cfme., CSJN, Fallos 247:469; 253:347; Sagües Néstor, Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo, Tomo 3, pág. 454, Astrea, 4ta ed.; Sammartino P., Principios Constitucionales del Amparo Administrativo, pág. 299, LexisNexis, 2003)

Por lo tanto, corresponde declarar que la causa se tornó abstracta al no subsistir al momento de este pronunciamiento un interés real que merezca protección jurisdiccional.

5.- Salvo casos particulares, es principio que las costas se impongan por su orden cuando la causa deviene abstracta (cfme., SCJBA, causas, I-1527 "Maleic SA", 24.8.93; B-60912 "González Elicabe", 27.12.00; B-61.703 "Giles", 14.2.01; Cam. Cont. Ad. La Plata, causas "Tejerina" nº 68, 12.8.04; "Laramendy" nº 84, 12.8.04; "Caram Ana María" nº 834, 5.7.05; cfme., Morello A., Vallefín C., El amparo régimen procesal, pág. 145, Librería Editora Platense, 2004).

En atención a la forma en la cual se resuelve esta causa, a que la parte actora no acreditó haber cumplido con las disposiciones de la ley 12.475 (art. 5) --en cuanto a la presentación de un escrito ante la dependencia requerida solicitando la información objeto del proceso--, y a que la pretensión fue satisfecha con anterioridad a que se contestara el informe circunstanciado por parte de la Fiscalía de Estado (art. 25, ley 7166), corresponde imponer las cosas de la presente causa por el orden causado.

6.- Teniendo en consideración las tareas desarrolladas en el expediente, las etapas procesales cumplidas, y la forma en la cual concluye la causa, se regulan los honorarios del Dr. Gastón Cucullu en la suma de pesos ($ ...), y del Dr. Miguel Horacio Paso en la suma de pesos ($ ...) (cfme., arts. 21, 28, 29, 30, 49 y demás concordantes del DL 8904/77).

En razón de todo lo antes expuesto RESUELVO:

1.- Declarar que la causa devino abstracta, por haber cesado la conducta imputada al estado provincial, con anterioridad a la contestación del informe circunstanciado por parte de Fiscalía de Estado.

2.- Imponer las costas por el orden causado (art. 68 CPCCN, 25 ley 7166).

3.- Regular los honorarios del Dr. Gastón Cucullu en la suma de pesos ($ ...), y del Dr. Miguel Horacio Paso en la suma de pesos ($ ...) (cfme., arts. 21, 28, 29, 30, 49 y demás concordantes del DL 8904/77).



Regístrese. Notifíquese.
Pablo C. Germain

Juez Contencioso Administrativo


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