Trabajo Se imputa al letrado mal desempeño en su actuación. Juicio de rendición de cuentas y acción por indemnización de daños



Descargar 220 Kb.
Fecha de conversión11.08.2017
Tamaño220 Kb.

Biblioteca Digital de Jurisprudencia sobre Discapacidad

Facultad de Derecho - UBA




Trabajo
Se imputa al letrado mal desempeño en su actuación. Juicio de rendición de cuentas y acción por indemnización de daños
D. M. S. c/ F. J. - Ordinario - Daños Y Perjuicios - otras formas de Resp. Extracontractual

Recurso Directo (D 12/11)
TSJ de Córdoba
En la ciudad de Córdoba, a los 17 días del mes de junio de dos mil trece, siendo las 10.45 hs., se reúnen en audiencia pública, los Sres. Vocales de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Armando Segundo Andruet (h)), Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesin, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “D., M. S. C/ F., J. - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - OTRAS FORMAS DE RESP. EXTRACONTRACTUAL - RECURSO DIRECTO (D 12/11)", procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso directo deducido por la administradora judicial de la sucesión de la parte actora?-


SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso ¿Es procedente el recurso de casación deducido al amparo de la causal prevista en el inc. 1º del art. 383 del CPCC?.


TERCERA CUESTIÓN: A todo evento, ¿Qué pronunciamiento corresponde?.


Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Sres. Vocales votan en el siguiente orden: Dres. Armando Segundo Andruet (h), Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesin.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO:

I. La administradora judicial de la sucesión de la parte actora -mediante apoderado-, deduce recurso directo en estos autos caratulados: "D., M. S. C/ F., J. - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - OTRAS FORMAS DE RESP. EXTRACONTRACTUAL - RECURSO DIRECTO (D 12/11)", en razón de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1° Nominación, de esta ciudad, le denegó el recurso de casación motivado en las causales previstas en los incs. 1º y 3º del art. 383 del CPCC (A.I. N° 379, de fecha 31 de agosto de 2010), oportunamente deducido en contra de la sentencia n° 14, de fecha 25 de febrero de 2010.


La impugnación fue debidamente sustanciada en la instancia de Grado, conforme al procedimiento establecido en el art. 386 del Rito, corriéndosele traslado a la contraria, el que fuera evacuado en tiempo y forma, tal como dan cuenta las copias glosadas a fs. 24/30 del presente.-


Radicadas las actuaciones ante esta sede extraordinaria, dictado el decreto de autos (fs. 108), firme y consentido el mismo, queda la causa en estado de ser resuelta.-


II. El tenor de la articulación directa es susceptible del siguiente compendio:-

Luego de reseñar los antecedentes de la causa, la impugnante sostiene que en la repulsa el Tribunal a quo se limitó a referir, en forma abstracta y genérica, cuáles son las condiciones que debe reunir todo escrito de casación para luego achacar al aquí opuesto la ausencia de tales exigencias, en tan sólo una página, y sin consideración ni tratamiento de los argumentos que sustentaron el recurso denegado.-


Afirma que el auto atacado se limita a expresar que la casación carece de expresión de agravios, sin reparar que en la impugnación repelida se indicaron con precisión cuáles eran los argumentos y pruebas no valorados por la Cámara.


En lo que hace a la denegatoria del recurso fundado en el inc. 3 del art. 383 del CPCC, afirma que la resolución cuestionada no () da razones para concluir que no son similares las plataformas fácticas de los supuestos jurisprudenciales confrontados, ni se explica cuáles son los aspectos concretos de uno y de otro fallo que sostienen semejante conclusión.-


III. Reseñada de tal manera la queja, es preciso formular una aclaración previa en lo que hace a su admisibilidad formal, concretamente, en lo referente al plazo de su interposición.-


Dicha necesidad surge, sobre todo, del planteo impugnativo efectuado en primera instancia, a fs. 479/485 de los autos principales, en donde la parte demandada dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio en contra del proveído que ordenó la reanudación de los plazos procesales que había sido dispuesta por el Tribunal a quo luego de acreditado el fallecimiento del Sr. D.-


Aún cuando fuera formulado en la instancia de origen, la sustancia del planteo apunta -justamente- a que se declare extemporáneo el presente recurso directo, y las copias de las actuaciones pertinentes fueron incorporadas por el demandado a fs. 93/101 de la presentación directa.


Pues bien, pese al mentado planteo, debe concluirse que la queja ha sido interpuesta dentro del término legal. En efecto, dentro del lapso de diez días previsto por el art. 402 del CPCC, el Dr. M. Á., en el carácter de apoderado del Sr. D, denunció el fallecimiento de su poderdante, acreditando dicha circunstancia con la partida de defunción respectiva (fs. 462/463).-


Frente a ello, y en función de lo dispuesto por el art. 97 del rito, el Tribunal de primer grado ordenó la suspensión del trámite (fs. 464). Según constancias del Sistema de Administración de Causas, la letrada patrocinante del Dr. F, al día siguiente de tal providencia, retiró los autos en préstamo.

En consecuencia, por imperio del art. 143, inc. 3, del CPCC, la parte demandada se notificó de tal resolución, sin cuestionarla en modo alguno, por lo que la misma quedó firme y consentida.-


Por ende, la impugnación deducida recién al momento de anoticiarse de la reanudación de los plazos procesales se muestra tardía e inoportuna, dado que el interesado, indudablemente, debió atacar la resolución anterior, de la cual la posterior no es más que su consecuencia natural, al haber quedado nuevamente integrada la litis.-

En virtud de todo ello, debe entenderse que el recurso directo fue presentado en tiempo hábil, dado que fue impetrado el mismo día en que se solicitó la reanudación de los términos procesales y -en consecuencia- dentro del plazo fatal del art. 402 del CPCC (cfr. fs. 56 de la queja, y fs. 472 de los autos principales).-


IV. Aclarado ello, y en lo atinente al motivo formal de casación (art. 383, inc. 1° del C.P.C.C.), considero que prima facie concurren las condiciones formales en cuya virtud la ley habilita esta etapa extraordinaria por la vía escogida.-


En efecto, al margen de la configuración o no de los vicios denunciados, lo cierto es que las cuestiones argumentadas por los quejosos (omisión de valorar prueba y argumentos dirimentes) son de naturaleza eminentemente formal, lo que abre la instancia casatoria articulada por el carril citado.


En conclusión, corresponde conocer en el fondo la impugnación deducida al amparo del inc. 1° del art. 383 del plexo adjetivo local (art. 407, primera parte, del CPCC).


Por cuestiones metodológicas se difiere el examen de la procedencia de la queja impetrada contra la denegatoria de la casación sustentada en el inc. 3º del art. 383 del CPCC, lo que será analizado -de así corresponder- luego de examinarse la suerte de la casación formal habilitada.


En su mérito, voto afirmativamente a la primera cuestión planteada.-

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO: Adhiero a los fundamentos brindados por el Señor Vocal Armando Segundo Andruet (h). Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.-


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:


Comparto los fundamentos expuestos por el Señor Vocal del primer voto.


Así voto.


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO: -


I. Atento a la respuesta dada a la primera cuestión corresponde declarar mal denegado el recurso de casación impetrado por la parte actora al amparo de la causal prevista en el inc. 1º del art. 383 del CPCC, y concederlo por esta vía.-


La admisión de la queja impone la restitución del depósito efectuado a fs. 106 y que fuera condición de su admisibilidad formal. –


II. Corresponde, entonces, adentrarnos al análisis del fondo del recurso articulado al amparo de la causal formal de casación (art. 383 inc. 1° del C.P.C.C.).-


III. Los términos que informan el memorial casatorio -en los límites en que ha sido habilitado precedentemente- admiten la siguiente síntesis:


Expresa la recurrente que la sentencia atacada contiene transgresiones al principio de razón suficiente ontológica, al soslayar el tratamiento de argumentos invocados en la demanda y la valoración de pruebas incorporadas en autos, elementos que eran trascendentales para la admisión del rubro daño moral.-


Explica que en el escrito inicial del pleito se habían invocado distintos hechos generadores del daño moral, no sólo en los incumplimientos contractuales en que había incurrido la contraria, sino -también- en hechos posteriores al mandato, sin que ninguno de estos últimos mereciera respuesta por parte del Tribunal. –


Entre esos elementos que se dicen omitidos, enumera: a) la retención indebida de dinero por parte del ahora demandado -en un contexto de crisis económica-;; b) el maltrato recibido por parte del Dr. F. que, entre otras cosas, lo catalogó como mentiroso; c) el habérsele achacado a su parte -que es no vidente- no haber ido a controlar personalmente el expediente a Tribunales, siendo que le había confiado esa tarea -justamente- a un abogado; d) el obligarlo a litigar contra su ex letrado para obtener la restitución del dinero ilegítimamente retenido; y e) -finalmente- el prolongar el agravio en el tiempo, aún luego de la intimación extrajudicial, sin que la contraria se haya allanado al reclamo, pese a su condición de profesional del derecho.


Añade, además, que en la demanda también se habían invocado en sustento de la pretensión -en consonancia con lo dispuesto por el art. 522 del C.C.- las condiciones personales del actor, tales que se trataba de una persona ciega y de condición humilde, y del demandado, que es abogado.
Postula que tales alegaciones preteridas, han sido todas debidamente probadas en la causa. Para justificar tal aserto enumera las piezas convictivas de la que surgen acreditados los extremos que se dicen omitidos.

Sostiene que, pese a todo ello, en la sentencia sólo se han considerado, para analizar el rubro del daño moral, las circunstancias comprendidas en el lapso de tiempo que va desde que el actor otorga poder al demandado hasta poco después de su revocación.


Asegura que esa omisión no es menor, dado que el Tribunal descartó circunstancias que, si bien sucedieron fuera del iter contractual, eran relevantes en el marco de la relación que se tiene con todo letrado, a quién puede exigírsele que le guarde respeto y fidelidad a su ex cliente, y asimismo que le entregue todo lo que cobró en su nombre y cuenta. –

Manifiesta que, habiendo quedado acreditado que el demandado retuvo el dinero indebidamente, es casi surrealista que el letrado -para justificar su falta- le impute a su mandante no haber ido a controlar el expediente a Tribunales, siendo que el vínculo aún estaba vigente. Agrega que, si se repara en el carácter de no vidente del actor, la situación se tiñe de un desagradable grotesco.


Procura fundar la dirimencia de los elementos prescindidos alegando que, al analizarse en forma fragmentada el hecho generador del daño, se arriba a una conclusión errónea, divorciada de los hechos. Explica que la presente causa reviste una serie de particularidades que la diferencian de cualquier otro supuesto similar.


IV. Así memorado el recurso de casación, anticipo criterio en sentido favorable a su procedencia, por cuanto la detenida consulta de los fundamentos desarrollados en el pronunciamiento atacado, debidamente confrontados con las constancias que informan la causa, ilustran -a las claras- acerca de la efectiva existencia del déficit motivacional acusado ante esta sede.-


A los fines de justificar ese adelanto de solución, estimo conveniente reseñar lo acontecido en estos obrados y compendiar los fundamentos pertinentes de las decisiones asumidas por ambos Tribunales de grado. –

V. Abocado a tal labor, inicio por recordar que, según surge del escrito de apertura de la acción (obrante a fs. 3/10 de los autos principales), el ahora demandado fue abogado del actor en un juicio laboral por un largo período de tiempo, a saber, desde el año 1980 hasta 1999. Finalizado el vínculo profesional, D. le imputó al letrado mal desempeño en su actuación, por lo cual, entabló en su contra un juicio de rendición de cuentas, por un lado, y una acción por indemnización por daños, por el otro. En éste último se reclamó el resarcimiento de los menoscabos padecidos, esto es, daño emergente y moral.


Entre otros fundamentos, la demanda resarcitoria se sustentó en que el letrado accionado habría cobrado sucesivas y variadas órdenes de pago en el juicio laboral, las cuales rendía a su mandante (aquí actor) con demora y en forma deficitaria, esto es, por un monto menor al real. Explicó que esa dilación en el pago constituía un dato importante porque se dio en épocas de mediana a alta inestabilidad económica (1982-1999). –


El reclamo por daño moral fue asentado en varias circunstancias, las que fueron enfatizadas al relatarse los hechos alegados en sustento de la pretensión. Pero, además, concretamente se puntualizó: “El demandado ha retenido durante largo tiempo dinero del actor, percibido en ejercicio de su mandato profesional, violentando la confianza que D. le había depositado, no sólo como abogado, sino como conocido de él (F. era abogado de la asociación de no videntes que D. integraba)” (fs. 8 de autos principales, énfasis añadido. En adelante, salvo aclaración, siempre me referiré a las constancias de dicha causa).


La pretensión también se fundó diciendo: “Finalizado el mandato, y ante el legítimo reclamo del actor, F. lo trató de mentiroso y le enrostró -paradójicamente- no haber controlado el expediente judicial en donde el mismo revestía la condición de apoderado del actor” (fs. 8. El carácter “Negrita” es de mi autoría).-


Finalmente, se adujo que: “Como agravante de todo ello, ha debido comparecer ante los estrados para litigar contra un abogado, su ex mandatario, para obtener el resarcimiento por el daño provocado. El daño moral (…) se ha prolongado por bastante tiempo, agravando dicha circunstancia las condiciones personales de una y otra parte” (fs. 8 vta.).-


Al alegar sobre el mérito de la causa, la parte actora también enfatizó las circunstancias en las cuales justificaba su reclamo por el rubro en cuestión (cfr. fs. 281 vta.).


La Jueza de primer grado hizo lugar a la demanda por ambos rubros (Sentencia nº 158, de fecha 28 de julio de 2008, fs. 296/306). En lo que hace concretamente al menoscabo espiritual expresó: “las características de la víctima no pueden ser soslayadas. Tengo así, particularmente en cuenta, que se trata de una persona carente de recursos (…); no vidente, y que como consecuencia de una enfermedad que afectara a su salud sufrió la amputación de uno de sus miembros. Lo dicho, sumado al extenso período de tiempo transcurrido desde la articulación del reclamo, aún insatisfecho, me autorizan a acoger el rubro por el importe reclamado…” (fs. 306/306 vta., de los autos principales).


Al contestar los agravios de apelación expuestos por la contraria, la actora volvió a poner el acento en dichas circunstancias (vide, v.gr., fs. 374).-


La Cámara modificó lo decidido, revocando sólo la condena por daño moral y manteniendo la del daño emergente (fs. 417/422).-


En relación al primero de esos tópicos, y más allá de la explicación teórica referida a las diferencias habidas -a juicio del a quo- en el daño moral en la esfera contractual y en la extracontractual, las únicas circunstancias fácticas concretas tenidas en cuenta para fundar el rechazo del rubro fueron las siguientes: “…el hoy accionante M. S. D. fue otorgando recibos sin reserva alguna ante los pagos que le hacía su abogado (v. fs. 16/20 del expte. de rendición de cuentas), que prolongó por años sin molestias ni reproche alguno la relación profesional con el doctor F., lo que sólo puede indicar conformidad con el servicio que recibía; que recién interpeló al demandado en la carta documento (…), indicando allí inclusive que había percibido una cantidad menor a la que imputa en este proceso. Por otro lado, de las explicaciones del demandado en su responde en este proceso, así como las que diera en el juicio de rendición de cuentas (…) si bien no alcanzan para considerar que había extinguido la obligación, tampoco revelan en lo más mínimo mala fe de su parte, antes bien indican que el abogado actuó en todo momento convencido de la licitud de su accionar y del cumplimiento de sus obligaciones contractuales” (fs. 5 del directo).


VI. De acuerdo a las exigencias de la debida fundamentación lógica y legal, el temperamento del fallo debía incluir el previo juicio desestimatorio de la justicia o acierto de cada uno de los argumentos que -introducidos tempestivamente a la litis- tuvieran relevancia o dirimencia para desestimar la pretensión que se había impetrado. –


Sin embargo, tal como lo esgrime el quejoso, se advierte que el Mérito ha omitido efectuar pronunciamiento alguno respecto de las circunstancias fácticas y jurídicas expresamente alegadas por el accionante como fundamento del reclamo por daño moral. –


Repárese, en esta senda, que en ninguna parte del decisorio atacado se alude -ni explícita ni implícitamente- al supuesto maltrato del que había sido objeto el accionante -quien dijo haber sido calificado de mentiroso- Tampoco se hace mención de la excusa dada por el letrado en orden a que D. no había ido a controlar personalmente la causa laboral a la sede del Tribunal interviniente. Igualmente se ignoran, por completo, las condiciones personales de ambas partes (profesionalidad del demandado y discapacidad y carencia de recursos del actor). Nada se dice respecto del largo camino judicial que se tuvo que recorrer para lograr la devolución del dinero retenido (dinero que, por cierto, tenía naturaleza alimentaria, por haber sido fruto de un juicio laboral).


En todas esas razones preteridas -justamente- se había fundado el reclamo por daño moral. Sin embargo, ninguna de ellas mereció atención por parte del Tribunal de Alzada.-


VII. Tal como afirmó la parte recurrente ya desde el inicio del pleito, la valoración de tales circunstancias se erigía como un extremo que, eventualmente, revelaría la presencia de los elementos necesarios para la procedencia de la pretensión cuya satisfacción pretendía la parte actora.-

Paralelamente, ninguna de las circunstancias que sí fueron tomadas en cuenta por la Cámara pueden considerarse una respuesta -ni aún implícita- a los argumentos en los que se fundó el reclamo indemnizatorio. Así, el hecho de que la relación profesional fuera de larga duración; que el accionante haya extendido recibos “sin reserva”;; o el tenor de las explicaciones brindadas por el propio demandado, deja sin contestación a todas aquellas cuestiones invocadas por el reclamante para solicitar la reparación del daño moral que se dice infringido.-


En este punto, además, se advierte la certeza de otro de los planteos casatorios. En efecto, para rechazar la procedencia del rubro, la Cámara analizó tan sólo los sucesos acontecidos durante la vigencia de la relación que vinculaba a las partes, siendo que el reclamo por daño moral se había asentado -también, y fundamentalmente- en hechos posteriores a la extinción del mandato, como surge de lo dicho más arriba.-


Por ende, frente a todas las circunstancias fácticas y argumentos concretos en que se basó el reclamo -y que habían sido tenidas en cuenta por la Jueza de primera instancia-, no constituye fundamento suficiente alegar que la relación contractual se mantuvo por largo tiempo, o que el propio demandado estaba convencido de su accionar (siendo, además, que la condena por daño emergente derivada de rendir las órdenes de pago por un monto menor al real se encuentra firme).-


Así las cosas, se ha privado a la quejosa del conocimiento de las razones jurídicas que eventualmente enervarían su pretensión, mediante la utilización de una argumentación que es sólo aparente y que por ello no da respuesta concreta a las cuestiones debatidas en la causa, violando el precepto constitucional contenido en el art. 155, C. Prov. y su correlato en la ley formal, art. 326 del C.P.C., lo que justifica el acogimiento de la casación.-


VIII. A los fines de demostrar la relevancia de los tópicos cuya prescindencia se denuncia, valga recordar, además, que el recurrente también había invocado al demandar el art. 522 del C.Civil, el cual, justamente, impone tener en cuenta las condiciones personales de las partes al analizar las condiciones de viabilidad del daño moral en el ámbito contractual.

Y aquí, la Cámara -pese a haber citado la norma- parece no haber tenido en cuenta las distintas condiciones en que ambas partes se encontraban o, al menos, no lo puso de manifiesto. Así, el actor era una persona no vidente y, además, había sufrido la amputación de uno de sus miembros. El demandado, a su vez, se trata de un letrado del foro.


Esas circunstancias, hipotéticamente, también podrían tener virtualidad para influir en la suerte del reclamo.-


Más aún, cuando distintas Convenciones Internacionales con rango constitucional protegen los derechos de las personas con discapacidad, habiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallado recientemente que es obligación del Estado Argentino y de sus autoridades judiciales aggiornar, profundizar y flexibilizar el derecho procesal para garantizar a las personas vulnerables un auténtico derecho de acceso a la justicia (vide: “Furlan y Familiares vs. Argentina, sent. del 31/08/12).


A modo ilustrativo, valga recordar que ya en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, se reivindicaron los derechos de las personas con discapacidad (art. 16). Igualmente, lo hizo el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador"), en su artículo 18.


Posteriormente, en 1999 se adoptó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (conocida como “CIADDIS”).-
Por último, recientemente entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (habitualmente denominada “CDPD”). Todos esos instrumentos fueron ratificados por nuestro país.-

La existencia de esas prescripciones legales agudiza la omisión del a quo de no considerar las distintas condiciones personales de las partes. Particularmente, la ostensible situación de vulnerabilidad del actor. Aún hipotéticamente, los argumentos no considerados podrían haber tenido incidencia en la suerte del reclamo en cuestión.


Por todo ello, entiendo, que el recurso merece ser acogido por esta causa, debiendo revocarse la sentencia recurrida sólo en el segmento vinculado al rubro daño moral.-


IX. El desenlace asignado en el apartado que antecede, exime a la Sala de efectuar mayores consideraciones en torno a la procedencia de la restante censura que ilustra la presentación casatoria, o a la admisibilidad formal de la intentada por la vía del inc. 3° del art. 383, C. de P.C., atento haberse tornado abstracto su tratamiento.-

X. Aclaraciones finales:


Es menester precisar que las opiniones vertidas lo han sido con la única finalidad de poner de manifiesto que los argumentos denunciados por el casacionista como indebidamente prescindidos por el a quo podían –eventualmente- tener relevancia a la hora de resolver su reclamo por daño moral.-


En la misma senda, cabe precisar que la revocación del acto decisorio con motivo de la anomalía aquí detectada, en modo alguno ha de entenderse como una cortapisa a las facultades que competerán a la Cámara de reenvío, cuya plenitud, tanto en relación a la plataforma fáctica y probatoria, cuanto a su postura jurídica en lo que hace al daño moral en la esfera contractual, no ha de reconocer más límites que los impuestos por la relación procesal inicial, los agravios de apelación y su contestación y la sana crítica racional, respectivamente.


En otras palabras, el Tribunal de reenvío quedará en total libertad para decidir si procede o no la indemnización por daño moral, pudiendo tomar la postura que considere acertada a derecho en cuanto a la prueba de dicho rubro en materia contractual.-

Dejo expresado mi voto en este sentido.-


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:-


Adhiero a los fundamentos y solución a que arriba el Señor Vocal del primer voto.-

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:


Coincido con los fundamentos y respuesta proporcionada por el Sr. Vocal Dr. Armando Segundo Andruet (h), ya que el mismo expresa la solución correcta a la presente cuestión.-


Por ello, voto en idéntico sentido.


A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO:

A mérito de las consideraciones precedentes, corresponde:-


I. Declarar mal denegado el recurso de casación articulado bajo el amparo del inc. 1° del art. 383 del CPCC y concederlo por esta vía.


II. Ordenar la restitución del depósito efectuado, debiendo dejarse recibo en autos.


III. Hacer lugar al recurso de casación deducido al amparo de la causal prevista por el inc. 1º del art. 383 del CPCC, anulando la resolución impugnada sólo en lo relativo al rubro daño moral.


IV. Reenviar la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que sigue en Nominación a la de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión anulada.—


V. Imponer las costas propias de esta sede extraordinaria a la parte demandada que resulta vencida (art. 130 CPCC).


VI. Fijar el porcentaje para la oportuna regulación de los honorarios profesionales del Dr. M. Á. en el treinta y tres por ciento (33%) sobre el mínimo de la escala del art. 36, C.A. (arts. 39, 40, 41 y cc, Ley 9459). No estimar honorarios para la letrada patrocinante de la parte perdidosa (Arg. art. 26 Ley 9459).


Así me expido.-


A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:-


Coincido con el criterio de solución que propicia mi colega de primer voto, adhiriendo en consecuencia a la conclusión a la que arriba.


Así voto.-


A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO: Adhiero a la solución propuesta por el Sr. Vocal de primer voto.


Por ello, voto en idéntico sentido.


Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial,-


SE RESUELVE:


I. Declarar mal denegado el recurso de casación articulado bajo el amparo del inc. 1° del art. 383 del CPCC y concederlo por esta vía.


II. Ordenar la restitución del depósito efectuado como condición de admisibilidad del recurso directo, debiendo dejar recibo en autos.-


III. Hacer lugar al recurso de casación deducido al amparo de la causal prevista por el inc. 1º del art. 383 del CPCC, anulando la resolución impugnada sólo en lo relativo al rubro daño moral.


IV. Reenviar la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que sigue en Nominación a la de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión anulada.-

V. Imponer las costas propias de esta Sede extraordinaria a la parte demandada.-


VI. Fijar el porcentaje para la oportuna regulación de honorarios profesionales del Dr. M. A. Á. en el treinta y tres por ciento (33%) sobre el mínimo de la escala del art. 36, C.A.. No estimar estipendios para la letrada patrocinante de la parte perdidosa.


Protocolícese e incorpórese copia.


Fdo.: Andruet – Sesín – García Allocco.







Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2019
enviar mensaje

    Página principal