Texto íntegro del recurso del pp contra el pseudomatrimonio homosexual



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Texto íntegro del recurso del PP contra el pseudomatrimonio homosexual

(El texto, ha desparecido del sitio web del PP: primero lo cambiaron por un resumen extenso, pero si hoy se pincha este enlace también se le remite a “página no encontrada”)

D. Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, mayor de edad, con D.N.I. 02.193.626-R, domiciliado a efectos de notificaciones en la Plaza de las Cortes, nº 9, Diputado del Grupo Popular del Congreso de los Diputados, Comisionado por los Excmos. Srs. Diputados que a continuación se relacionan:

Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Jorge Fernández Díaz, Gabriel Cisneros Laborda, Ana Torme Pardo, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Alicia Castro Masaveu, Amador Alvárez Alvárez, Carlos Aragonés Mendiguchia, Miguel Arias Cañete, Marisa Arrue Bergareche, Manuel Atencia Robledo, Alejandro Francisco Ballestero de Diego, Miguel Angel Barrachina Ros, José Luis Bermejo Fernández, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Leopoldo Bertrand de la Riera, Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, Tomás Burgos Gallego, María Amelia Caracuel del Olmo, Celso Luis Delgado Arce, José Ignacio Echaniz Salgado, Gabriel Elorriaga Pisarik, Antonio Erías Rey, Enrique Fajarnés Ribas, Adolfo Fernández Aguilar, Blanca Fernández-Capel Baños, Arsenio Miguel Fernández de Mesa y Díaz del Río, Francisco Javier Fernández-Lasquetty Blanc, José Folgado Blanco, Alberto Garre López, Javier Gómez Darmendrail, Concepción González Gutiérrez, Sebastián González Vázquez, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Iñigo Herrera Martínez-Campos, Teresa de Lara Carbo, Fernando López-Amor García, Teófilo de Luis Rodríguez, José Madero Jarabo, Ana María Madrazo Díaz, Jesús Andrés Mancha Cadena, Mª Carmen Matador de Matos, Juan José Mataría Sáez, Jesús Merino Delgado, Rafael Merino López, José Mª Michavila Núñez, Mario Mingo Zapatero, Macarena Montesinos de Miguel, Ramón Antonio Moreno Bustos, Francisco Vicente Murcia Barceló, Mª Dolores Nadal I Aymerich, Mª Encarnación Naharro de Mora, Eugenio Nasarre Goicoechea, José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez, Julio Padilla Carballada, Mª Dolores Pan Vázquez, Pio Pérez Laserna, Angel Pintado Barbanoj, Jesús María Posada Moreno, María del Carmen Quintanilla Barba, Cándido Francisco Reguera Díaz, Francisco Ricomá de Castellarnau, María Elvira Rodríguez Herrer, Carlos Salvador Armendáriz, Mª Jesús Celinda Sánchez García, Juan María Santaella Porras, Enriqueta séller Roca de Togores, Roberto Soravilla Fernández, Baudilio Tomé Muguruza, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Francisco Vañó Ferre, Ana Belén Vázquez Blanco.

Todos ellos del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, cuya representación se acredita mediante las escrituras públicas de poder otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Juan Romero Girón en fecha de 16 de junio de 2004, y cuya representación específica en relación con el presente recurso se acredita mediante acuerdo previo de fecha 21 de septiembre de 2005, adoptado por los Diputados recurrentes,

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ante el Tribunal Constitucional comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO

Que mediante el presente escrito, y de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 33.1 y disposiciones concordantes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, vengo a interponer RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 157 correspondiente al día 2 de julio de 2005).

Que el recurso se fundamenta en los fundamentos que se exponen a continuación.

I FUNDAMENTOS JURÍDICO-PROCESALES

1. Competencia.

Corresponde al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso interpuesto contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, de acuerdo con el artículo 161.1.a) de la Constitución en relación con los artículos 2.1 a) y 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

2. Legitimación.

Los recurrentes están legitimados para interponer el presente recurso a tenor de lo establecido en el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

3. Representación y postulación.

Los recurrentes actúan representados por Comisionado nombrado al efecto en la forma prevista en el artículo 82.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

4. Objeto del recurso.

El presente recurso se dirige contra la totalidad de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y, en particular, contra las normas contenidas en el artículo único y las disposiciones adicionales primera y segunda de dicha Ley.

5. Plazo de Interposición.

El recurso se interpone dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación del texto definitivo de la Ley en el B.O.E. de 2 de julio de 2005, cumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

6. Reclamación del expediente.

Al disponer el artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que el Tribunal podrá recabar de los poderes públicos y de cualquier órgano de las Administraciones Públicas la remisión del expediente y los informes y documentos relativos a las disposiciones que originan el proceso constitucional, los recurrentes solicitan que por ese Alto Tribunal se recabe de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) y del Gobierno de la Nación el expediente de elaboración del Proyecto de Ley recurrido, y cuantos informes y documentos se hayan elaborado por los órganos constitucionales o de relevancia constitucional en relación con la Ley y extremos impugnados, a efectos de formar un mejor juicio y disponer de la información completa sobre dichos Proyectos y poder, en su caso, completar las alegaciones en el trámite procesal correspondiente.

II FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento general del recurso.

La Ley 13/2005, de 1 de julio, que ahora se recurre por considerarse contraria a la Constitución española, consta de una Exposición de Motivos, un Artículo único, dos Disposiciones Adicionales y dos Disposiciones Finales.

El Artículo único modifica diversos preceptos del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. La modificación principal, de la que traen causa todas las demás, es la contenida en su Apartado uno, que añade un segundo párrafo en el artículo 44 de este cuerpo legal, con la siguiente redacción:

“El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

Los demás apartados del artículo único (del dos al diecisiete) modifican la redacción de los artículos 66, 67, 154 (párrafo primero), 160 (párrafo primero), 164 (párrafo segundo), 175 (apartado 4), 178 (apartado 2), 637 (párrafo segundo), 1.323, 1.344, 1.348, 1.351, 1.361, 1.365 (párrafo segundo), 1.404 y 1.458, todos del Código Civil, por razones de adaptación terminológica a lo prevenido en la nueva redacción del artículo 44 del Código Civil de distintos artículos de este cuerpo legal que se refieren o traen causa del matrimonio, así como de una serie de previsiones del mismo Código que contienen referencias explícitas al sexo de sus integrantes a lo dispuesto en el apartado precedente, sustituyendo expresiones como “marido y mujer” por la de “los cónyuges” o “los consortes”, o “el padre y la madre” por “los padres” o “los progenitores”.

A su vez, la disposición adicional primera de la Ley establece que “las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes”.

Y finalmente, la disposición adicional segunda de la Ley publicada modifica tres preceptos de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil; en concreto, los artículos 46, 48 y 53, a los que da nueva redacción por las mismas razones de adaptación terminológica a lo prevenido en la nueva redacción del artículo 44 del Código Civil.

En definitiva, se trata de una Ley que viene a modificar la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, incluyendo ahora dentro del matrimonio las uniones entre personas del mismo sexo. Como dice la Exposición de Motivos, “la ley permite que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismo o distinto sexo, con plenitud o igualdad de derechos y obligaciones, cualquiera que sea su composición.

Con toda seguridad se trata de una de las modificaciones legislativas de más honda trascendencia y repercusiones para la sociedad española, no obstante lo cual la fórmula elegida por el legislador para producir tan relevante cambio no ha sido la de reconstruir de nueva planta el anterior artículo 44 del Código, que hasta ahora reproducía simplemente lo que señala el artículo 32 de la Constitución (el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio), sino la de añadir un segundo apartado en dicho artículo 44, señalando que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.

Con estas dieciocho palabras, el legislador ordinario -no el poder constituyente- modifica de raíz, sin entrar directamente en definiciones, la idea del matrimonio y, con ello, todo un conjunto normativo que, hasta el presente, partía de la consideración del matrimonio como unión de hombre y mujer y desarrollaba en consecuencia y de manera coherente esa institución en el Código Civil y en innumerables normas de nuestro ordenamiento.

Ha entendido, por tanto, el legislador ordinario que con una mínima modificación legal, dando a una palabra (que, como veremos, en términos jurídicos y, concretamente, constitucionales, es mucho más que una simple palabra) un significado distinto del que la palabra ha tenido siempre, es suficiente para regular lo que, en realidad, es una institución de nueva planta, cuyos perfiles son obviamente distintos a aquellos por los que hasta ahora ha sido conocida, y para modificar todo el conjunto de normas que se refieren a la institución matrimonial y, más concretamente, al sistema normativo que más directamente se refiere al matrimonio y a la familia, que a su vez se apoya en conceptos jurídicos no menos seculares como el de padre y madre, marido y mujer, esposo y esposa, …

A sabiendas de que esta fórmula plantea gravísimas perplejidades en el conjunto de nuestro ordenamiento y, en particular, en el concreto sistema normativo de la institución matrimonial, el legislador se ha sentido obligado a añadir lo que llama “una imprescindible adaptación terminológica”, tanto en algunos artículos del Código Civil “que se refieren o traen causa del matrimonio” o “que contienen referencias explícitas al sexo de sus integrantes”, como en el resto del ordenamiento, para lo cual se opta por una llamada general: “las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes”.

Nada similar se dice con carácter general de otros conceptos básicos del sistema normativo y en especial de la dualidad madre-padre, a pesar de su evidente repercusión jurídica. Pero la filiación también queda lógicamente afectada por la reforma porque, con la fórmula normativa elegida el legislador abre, entre otras cosas, la posibilidad de la adopción de los menores por matrimonios de personas del mismo sexo, como bien acreditan las modificaciones de los artículos 175 y 178 del Código Civil (apartados Siete y Ocho del Artículo único de la Ley recurrida) y de los artículos 46, 48 y 53 de la Ley sobre el Registro Civil (Disposición Adicional segunda).

Todo lo dicho hasta aquí es muy relevante a efectos de este recurso de inconstitucionalidad, no sólo para poner en evidencia las contradicciones -y consecuentes carencias y falta de rigor- que ha decidido asumir el legislador para instrumentar técnicamente una reforma de enorme alcance mediante el sencillo expediente de cambiar por las buenas el sentido inequívoco de unas cuantas palabras, sino para destacar que, en definitiva, aunque la apariencia de simplicidad en la técnica legislativa seguida pueda dar a entender otra cosa, el legislador está alterando con dos líneas de una ley ordinaria, no sólo los elementos definitorios básicos de una institución fundamental en nuestra estructura social, sino todo el conjunto normativo construido durante siglos alrededor de la misma. Conjunto normativo que tiene hoy además su cabecera en el artículo 32 de la Constitución.

Esta forma de actuar del legislador suscita numerosos reproches de todo orden. Especialmente si se añade a todo lo dicho que los recurrentes pertenecen a un Grupo parlamentario que, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, han propuesto fórmulas para abordar esta cuestión con el mayor consenso político y social, mediante un nuevo instrumento jurídico para las parejas formadas por personas del mismo sexo que se ajuste plenamente a la Constitución. La búsqueda del consenso político y social y la apertura de un debate social profundo han sido desdeñados, sin embargo, por el Gobierno y por la mayoría parlamentaria. Y no sólo en sede parlamentaria, porque, como ha recordado el Consejo de Estado en su Dictamen sobre el Proyecto de Ley, se han despreciado informes valiosos de otras importantes instituciones del Estado (incluidos los del Consejo General del Poder Judicial, la Real Academia de la Lengua y el propio Consejo de Estado, cuyas sensatas objeciones y recomendaciones han sido desatendidas; todo ello, por no mencionar a la Comisión General de Codificación).

Grave error, cabe decir que histórico, de quienes han preferido la imposición legislativa en una cuestión tan compleja y de tan alta sensibilidad social, provocando un innecesario y profundo desencuentro social y un grave e igualmente innecesario conflicto jurídico de naturaleza constitucional.

Como es obligado, aquí nos ceñiremos a las objeciones estrictamente jurídicas y, más concretamente, a las de relevancia constitucional. Resumiendo lo que se argumentará con detalle más adelante, se impugna la Ley de 2 de julio de 2005 ante este Alto Tribunal porque vulnera diversos artículos de la Constitución, pero también porque esa inconstitucionalidad procede de tres órdenes de razones añadidas que dan a la Ley recurrida y a este recurso unas connotaciones particularmente llamativas.

En cuanto a lo primero, se adelanta que la Ley que ahora se recurre es contraria a la Constitución y debe declararse inconstitucional por la violación de los siguientes preceptos constitucionales:

1) Vulnera el artículo 32 de la Constitución por no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, contenida en dicho artículo 32. Lo infringe también por no respetar la garantía institucional del matrimonio reconocida por la Constitución.

2) Vulnera el artículo 10.2 de la Constitución, relativo a la interpretación de los derechos fundamentales y libertades públicas a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

3) Vulnera el artículo 14 de la Constitución, en relación con los artículos 1.1 y 9.2 del mismo texto constitucional, relativos al principio de igualdad y a la interdicción de cualquier discriminación por razón de la orientación sexual y su interpretación por el Tribunal Constitucional.

4) Vulnera el artículo 39 de la Constitución, en su apartados 1, 2 y 4 de la Constitución, relativos a la protección de la familia, protección integral de los hijos y protección de los niños.

5) Vulnera el artículo 53.1. de la Constitución, por no respetar el contenido esencial del derecho a contraer matrimonio reconocido en el artículo 32 de la Constitución.

6) Vulnera el artículo 9, apartado 3, de la Constitución, por no respetar el principio de jerarquía normativa.

7) Vulnera el artículo 9, apartado 3, de la Constitución, por no respetar el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

8) Vulnera el artículo 167 de la Constitución, relativo a la reforma constitucional.

En cuanto a las razones añadidas que dan a la inconstitucionalidad de esta Ley un relieve muy particular, debemos referirnos a tres cuestiones: el carácter de institución básica del matrimonio, tal y como ha sido entendido hasta ahora, para nuestra organización social, que requiere y goza de una protección jurídica muy especial; la imposibilidad de que el Legislador ordinario y no el constituyente modifique la Constitución utilizando el sencillo fraude de cambiar el nombre acuñado de las cosas y como tal utilizado por el constituyente; y el hecho demostrable de que para conseguir la finalidad legítima que el legislador persigue con esta reforma, nuestro ordenamiento ofrece fórmulas adecuadas sin necesidad de originar la ruptura de la Constitución que se provoca con la opción escogida.

1. Sin duda se vulnera la Constitución cuando se manipula una institución jurídica -y mucho más que jurídica- como es el matrimonio, que está plena y largamente acuñada, que tiene un valor capital tanto para la organización de la vida de las personas como para la estructura social y que es por ello objeto del reconocimiento inequívoco y la máxima protección por parte de todos los poderes públicos de todo tiempo y circunstancia.

Pocas instituciones hay en la historia de la humanidad con la tradición, la solidez y la importancia social del matrimonio. Y ello tiene su explicación en que el matrimonio es, en su núcleo central y básico, una institución de contornos precisos que responde a la lógica de las necesidades naturales y sociales de nuestra especie. De complementariedad creadora de lo masculino y lo femenino hablan desde siempre los filósofos y los mitólogos, que engarzan la figura en la unión del los elementos básicos de la naturaleza. De célula capital por su aptitud natural para la generación y educación de hijos hablan los sociólogos. De su importancia para la perpetuación de la especie y para la cadena familiar hablan los demógrafos y hoy, obligadamente, los políticos, ante el descenso alarmante de la natalidad.

Y pocas realidades sociales como la unión entre el hombre y la mujer para, entre otras cosas, propiciar la continuación de la especie, reclaman la existencia de una cobertura institucional precisa, específica y sostenible en el tiempo, así como una decidida política de protección y fomento de los poderes públicos.

Por eso, lo que ahora desnaturaliza el legislador ordinario y convierte en instrumental, haciendo de ella una institución polisémica, borrosa y disponible, es una de las categorías que están en el centro mismo del ciclo de la vida y de la continuidad entre generaciones. Categoría unánime en lo simbólico, en lo antropológico, en lo sociológico, en lo ético, y, por supuesto, como consecuencia de todo lo anterior, en lo jurídico. Hasta el punto de que es difícil encontrar una institución que tenga unos perfiles comunes más definidos en Diccionarios y Códigos, que dan una definición similar y universal: el matrimonio es la unión de hombre y mujer, el conjunto formado por hombre y mujer casados entre sí.

2. También es no sólo inconstitucional sino especialmente grave para la integridad de nuestro Texto Fundamental que el Legislador ordinario y no el Poder constituyente se crea en la facultad de modificar la Constitución utilizando el sencillo fraude de cambiar el nombre acuñado de las cosas. Ni la Constitución faculta a los poderes públicos a cambiar el sentido de las palabras utilizadas por el constituyente. Ni el Parlamento, a pesar de su muy amplio margen de actuación, está facultado para ignorar las instituciones jurídicas por el simple procedimiento de cambiarles el nombre o de pasar a denominar con un mismo nombre, de un día para otro, realidades sociales diferenciadas y diferenciables, sin perjuicio de que cada una de ellas sea digna de protección jurídica propia.

Parece innecesario insistir en que en el actual esquema constitucional el legislador no lo puede todo y conoce límites. Pero debe quedar claramente establecido por ese Tribunal, como garante máximo del texto constitucional, que, en particular, el legislador no puede revolucionar alegremente un ordenamiento de forma arbitraria con sólo cambiar los nombres de los derechos o de las instituciones. Y, por supuesto, no puede cambiar la Constitución, que al garantizar instituciones jurídicas concretas, con un contenido claro, fácil y universalmente reconocible, lo hace para vincular a todos los poderes públicos y, singularmente, al legislador.

La Constitución española tiene fuerza normativa real, eficacia material directa al garantizar instituciones y derechos concretos. No es una norma de puro valor simbólico, formal o nominal. No puede soslayarse por el legislador ordinario con el fraude de utilizar las palabras como un mero vehículo formal cuyo contenido puede abarcar cualquier cosa y cambiar el nombre o el significado de las instituciones o de los derechos que la Constitución recoge hasta vaciarlos del contenido querido por la Carta Fundamental. Sea el matrimonio, como en este caso, o sea cualquier otra institución o derecho constitucional (los ejemplos serían incontables, de muy variada naturaleza y se hace innecesario enumerarlos: nación, derecho al voto, huelga, propiedad, fundación, partido político, pluralismo, autonomía local, herencia, derecho de participación política, ….) .

Con nuestra vigente Constitución, un Gobierno o una determinada mayoría parlamentaria no puede imponer leyes a los ciudadanos que no respeten lo dispuesto en la misma, es decir, en la norma básica de nuestra convivencia acordada con el consenso general. Los recurrentes coinciden con la mayoría que ha impuesto esta Ley 13/2005 en que el legislador ha de adecuarse a cada tiempo y circunstancia y, concretamente, en que ha de impulsarse y promoverse de manera activa la plena igualdad social y legal para las personas homosexuales. Pero si la evolución social aconseja cambios de calado en las instituciones básicas -y, desde luego en las constitucionalmente garantizadas- y el legislador decide intervenir, deben debatirse y, en su caso, aprobarse en la sede debida, que es la del poder constituyente. Porque así lo exige la propia Constitución, a cuyo efecto se establecen los mecanismos formales de reforma, y porque una comunidad no puede -ni debe- modificar sus principios, sus valores y sus instituciones básicas sin el acuerdo fundamental de la mayor parte de la sociedad.

La Constitución española apuesta por la convivencia democrática estable, impidiendo que mayorías parlamentarias transitorias reestructuren o alteren las categorías esenciales quebrando los criterios de consenso básicos para la sana convivencia democrática querida por el constituyente. Por esto se consagran derechos y garantías que no son susceptibles de quiebra o vulneración por cada mayoría transitoria. Este es el sentido de la superioridad del constituyente sobre el legislador ordinario y de la norma constitucional sobre la ley. Este es el sentido de que instituciones como el matrimonio se garanticen con unos perfiles determinados y un contenido mínimo específico. La existencia misma del Tribunal Constitucional ha sido prevista por la soberanía popular al votar la Constitución como el instrumento destinado a evitar que el legislador vulnere la Constitución vaciando de contenido las instituciones y los derechos que esta garantiza.

3. Hay ocasiones en las que el Legislador y el intérprete constitucional tienen que ponderar y elegir entre distintos intereses de relevancia constitucional. Ocurre cuando se produce la confrontación inevitable de dos bienes jurídicos, constitucionalmente protegidos, de forma que la única manera de hacer efectivo un derecho sea la restricción de otro, con una ponderación proporcionada de los bienes en litigio. Pero no ocurre así en el caso que nos ocupa.

Aquí, el Legislador persigue incorporar a nuestro ordenamiento la institucionalización y protección jurídica de la convivencia como pareja de personas del mismo sexo y hacerlo con los mismos o similares efectos que para las parejas heterosexuales se prevén en nuestras actuales leyes.

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