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Dictámen Nro: 0061/10 - - Expediente Nro: 24655/10/1
Fecha Dictámen: 2010-06-16

Carátula: Incidente en autos Tribunal Electoral Provincial s/ Consulta Popular s/ Apelación

Materia: Otros- - Fuero: Originarias

TEXTO DICTAMEN

 

Excmo. Tribunal:

I

V.E. corre vista a efectos de que emita dictamen sobre la cuestión de fondo suscitada en la presente incidencia.

La misma tiene origen a partir del acompañamiento que efectuara esta Procuración General de la documentación remitida por el Poder Legislativo de la Provincia, de la que surge la existencia de dos proyectos parlamentarios formalmente presentados, en los que se está ejercitando la alternativa de iniciativa referida al artículo 111 y cctes. de la Constitución de la Provincia, con rúbrica de Legisladores que integran varios Bloques Parlamentarios, incluido el de la mayoría oficialista.

E Dr. Echaren, a la sazón subrogante legal de la suscripta al remitir la documentación oficial a V.E., considero que es innegable la existencia de tales iniciativas parlamentarias encaminadas a legislar respecto de la necesidad de una cuestión tan trascendente como la reforma íntegra de la Constitución de la Provincia, siendo ello -precisamente- el objetivo declarado de las normas legales de la convocatoria propuesta en sede electoral.

Considerado como hecho nuevo, el Presidente Subrogante de ese STJ, ordenó formar incidente por separado, dando traslado del mismo a las partes, las que se manifestaron en los siguientes términos:

- PARTIDO JUSTICIALISTA: compartiendo el criterio del. Procurador General Subrogante coincide con la innegable incidencia que ostentan las iniciativas legislativas comunicadas, con los antecedentes y fundamentos que motivaron los Decretos N° 341/2010 y 342/2010, los que fueron emitidos con el objeto de llevar adelante un proceso de Consulta Popular Vinculante, cuya finalidad parecería radicar en conocer la voluntad del electorado respecto de si el Sr. Gobernador debe (o no) hacer uso de la facultad de iniciativa legislativa impulsando un proyecto de ley que declare la necesidad de la reforma constitucional. Reseñando el propio proyecto presentado por los legisladores justicialista en cuanto el mismo menciona que dicho proyecto “conlleva un beneficio adicional para la población rionegrina, toda vez evitará un dispendio económico significativo al tornar abstracta la pretendida Consulta Popular Vinculante”…“Ello es así puesto que aun cuando el Poder Ejecutivo recobre el coraje de ejercer facultades que le son propias, las eventuales presentaciones que realice con el objeto de Declarar la Necesidad de Reforma Constitucional, deberán ser incorporadas por cuerda al presente proyecto; precisamente por compartir un idéntico objeto a este “primer” Proyecto de Declaración de Necesidad de Reforma.-“En este sentido indican que los nuevos hechos advertidos solo afectan pretensión jurídica sostenida por los representantes del Poder Ejecutivo, la que en esta instancia pretende seguir insistiendo tanto con la realización de la supuesta consulta popular vinculante, como con la legalidad de los instrumentos infraconstitucionales (e inconstitucionales) con que aspiraban reglamentarla y convocarla, siendo la única finalidad perseguida por el Poder Ejecutivo para la realización de esta pretendida “Consulta Popular Vinculante”, es delegar a resultas de un acto comicial determinado, la presentación de “un Proyecto de Ley de Declare la Necesidad de la Reforma de la Constitución de Río Negro”. Que existe ya un proyecto primigenio que ostenta un idéntico objeto (declarar la necesidad de la reforma) con lo cual, todas estas presentaciones (es decir, las incoadas posteriormente), culminan siendo consideradas como modificaciones, propuestas y/u observaciones, al primigenio proyecto presentado y que por lo común, concluyen en la redacción de un texto consensuado susceptible de ser tratado en el recinto; con lo cual ha devenido abstracta toda presunta Consulta, por la que se requiere solicitar autorización para realizar algo que ya se encuentra hecho, es decir “el Poder Ejecutivo a través de esta presunta Consulta Popular Vinculante, estaría solicitando al electorado una autorización para realizar algo que ya ha sido realizado”. En base a ello consideran que resulta atinado considerar como hecho nuevo la incorporación de los proyectos legislativos introducidos, y en razón de estos nuevos hechos se resuelva rechazar el recurso de Apelación deducido por el Sr. Fiscal de Estado.

- FISCALIA DE ESTADO: Estima que los proyectos presentados por las fuerzas politicas (PJ y un grupo de Legisladores que representan otras fuerzas) deviene inocuo respecto al tema discutido en autos principales. Que siendo el objeto de la consulta “conocer la opinión del electorado de la provincia acerca de la oportunidad y reforma de la constitución”, con lo que los proyectos de ley presentados no modifica ni resuelve la cuestión principal. Que en este sentido, la consulta popular, es un instrumento eficaz para la manifestación de la voluntad de la ciudadanía; que la reforma de la constitución se encuentra en la agenda política desde hace mas de un año; que al Gobernador le asiste el derecho a consultar, derecho que no tienen los legisladores siendo un riesgo que asume ésta administración, queriendo el mandatario saber la opinión concreta de la gente.

                   Hasta aquí la sustanciación de la cuestión incidentada que ha sido receptada por V.E., toda vez que se ha desglosado el escrito del partido REDES, en el entendimiento de resultar extemporáneo.   

II

 

Inicialmente debo explicitar que la documentación oficial de carácter parlamentario, si bien es de carácter instrumental y señala (procedimentalmente hablando) hechos nuevos, más que hechos estamos ante actos jurídicos institucionales. Y la diferenciación procede, al efecto de dejar expuesto un elemento configurativo del acto (diferenciándose del hecho) que es la declaración de voluntad.

La presentación de proyectos parlamentarios a fin de que la Honorable Legislatura dicte la ley mediante la cual se declare la necesidad de la reforma de la Constitución, conforma un acto institucional posterior a la convocatoria a consulta popular impulsada por el Poder Ejecutivo, pero con el señalamiento de estar ante actos que representan una voluntad, y esa voluntad es la del Pueblo manifestada a través de sus representantes.

El artículo 2do. de nuestra Carta Magna Provincial define a la soberanía popular estableciendo como principio pétreo que el poder emana del Pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades legalmente constituidas, con excepción de los casos del referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares.

Es decir, como regla, es a través de sus representantes la manera de  manifestación de  la voluntad popular. La consulta popular, el referéndum, y las demás formas de participación constituyen excepciones que como formas directas de democracia, el Pueblo se manifiesta directamente y por lo general a fin de participar en la toma de decisiones.

El concepto que hace referencia a la facultad del pueblo para expedirse mediante votación acerca de proposiciones que le son presentadas por los órganos legislativos o ejecutivos, tiene por finalidad dar a conocer la expresión de la opinión del pueblo sobre determinados problemas o cuestiones políticas de trascendencia.

Y en referencia a ello el decreto 342/10 tiene como objeto consultar al pueblo si el Poder Ejecutivo ejerce o no la facultad de enviar a la Honorable Legislatura un proyecto de ley que declare la necesidad de la reforma constitucional -en primer lugar- lo que sin lugar a dudas ha sido ya realizado por los Representantes del Pueblo que se pretende consultar. En concreto, el Pueblo, a través de sus Representantes ya se ha pronunciado.  Por lo que difícilmente los actos institucionales recientemente producidos y posteriores al decreto de convocatoria a consulta popular, pueden devenir inocuos respecto al tema discutidos en los autos principales, como lo afirma el Sr. Fiscal de  Estado.

Dicha voluntad se ha manifestado a través de la mayoría de los representantes de la ciudadanía, personificada en un total de veintiséis legisladores autores de los distintos proyectos, cuestión por la cual, a partir de dicho acto legislativo, ya no tiene razón de ser proceder a su consulta, pues ciertamente el proceso de declaración de necesidad de la  reforma  constitucional, ya se encuentra en marcha, sin que ello obste al ejercicio de la facultad del Poder Ejecutivo de presentación de iniciativa de igual tenor. Lo que sí se establece claramente, es que ya no es necesario consultar al Pueblo al respecto, en tanto el Pueblo ya se ha pronunciado.  

        En distintas oportunidades ese Superior Tribunal se ha pronunciado sobre la facultad de expedirse solo ante casos concretos y no cuando estos han devenidos abstractos. Así ha dicho que :

“Es sabido que el interés es la medida de las acciones y que el Poder Judicial no se expide en abstracto (cf. STJRN., "ARIINO, U. A. s/ Amparo s/ Competencia", Expte. N* 16322/01 R09; STJ, Se. N* 19/02 del 01R09;03R09;02; Se. N* 38/89 in re: "PEREZ"; Se. N* 43/90 in re: "UNTER" y Se. N* 7/91 in re: "DIAZ VARELA"). ( SE. 15/04 "B., O. R. S/MANDAMUS")… Que los pronunciamientos de carácter abstracto están vedados a los tribunales de justicia (Corte Sup. Justicia de la Nación, Fallos 262: 367, “Bodegas y Viñedos Saint Remy, S.A.” ). ( SE. 39/04)

El Poder Judicial está llamado por la Constitución a ejercer sus atribuciones de los arts. 196, 200 y cc., ante casos concretos, no en abstracto. No funciona en consulta, ni anticipando sus interpretaciones si no se está ante tales circunstancias del “caso concreto”; nunca sustituir al legislador en cuanto a la determinación de los alcances de una norma ni al administrador respecto de la reglamentación o la interpretación de la que fuere merecedora. (Voto del Dr. Lutz)

(AU. 157/07 “Zumos Argentinos Sociedad Anónima S/Acción De Inconstitucionalidad Ley 3993” (Expte. Nº 20607/05 R09; STJR09;), y sus acumulados "Jugos S.A. S/Acción De Inconstitucionalidad (LEY 3993/05)" (Expte. N° 20649/05 R09; STJR09;), "Gregorio, Numo Y Noel Werthein S.A. S/Acción De Inconstitucionalidad (LEY 3993/05)" (Expte. N° 20650/05 R09; STJR09;) y "Jugos Del Sur S.A. S/Acción De Inconstitucionalidad (LEY 3993/05)" 08R09;08R09;07).

 “En este sentido ha sostenido V.E. que “…corresponde aplicar la Doctrina Legal sentada por este tribunal, en cuanto cabe declarar abstracta la cuestión sometida a estudio y decisión (STJRNCO in re “JEREZ” Se 21/08 del 21R09;04R09;08; STJRNCO in re “BAQUERO LAZCANO” Se. 23/00 del 31R09;03R09;00; STJRNCO in re “CHAER” Se. 5/99 del 03R09;03R09;99; STJRN in re “UNTER” Se. 43/90 del 24R09;07R09;90; STJRN in re “DIAZ VARELA” Se. 7/91 del 04R09;03R09;91), puesto que sólo puede someterse a su consideración un caso concreto y no una cuestión que ha devenido abstracta, atendiendo a las circunstancias existentes al momento de su decisión. (STJRNCO: SE. 48/09)

También ha dicho que “Este Tribunal ya ha señalado oportunamente que sólo puede conocerse en juicio ejerciendo las atribuciones jurisdiccionales cuando se somete a su consideración un caso concreto y no una cuestión que ha devenido abstracta, atendiendo a las circunstancias existentes al momento de su decisión (cf. CSJN., “JUSTO” del 23R09;11R09;95; STJRNCO in re “COLEGIO DE ABOGADOS DE GENERAL ROCA” Se. 96/02 del 24R09;04R09;02); y que cualquier pronunciamiento al respecto tendría carácter simplemente abstracto, carente de todo interés y finalidad práctica.”

 

III

 

En función de ello esta Procuración General entiende que ha devenido abstracta la cuestión relativa a la nulidad o validez del Decreto 342/10 que emanara del Poder Ejecutivo Provincial a fin de convocar al Pueblo de Río Negro a consulta popular expresándose sobre el ejercicio de la facultad del Poder Ejecutivo para enviar un proyecto de ley que declare la necesidad de la Reforma Constitucional. Por consiguiente a V.E. solicito así lo declare, atendiendo a la existencia de los actos institucionales prenotados y a la argumentación de esta Procuración General en tal sentido, como así también lo expuesto por el Partido Justicialista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Liliana Laura Piccinini

Procuradora General

Poder Judicial

 

 

 

DICTAMEN Nº  61    /10.


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