Tema: "Derivaciones prácticas de la determinación genérica de reincorporación: Caso "Alvarez"



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Buenos Aires, jueves 21 de julio de 2011





 

Tema: “Derivaciones prácticas de la determinación genérica de reincorporación: Caso "Alvarez"







De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente le hacemos llegar el artículo completo sobre el tema de referencia, escrito por el Dr. Gonzalo Vazquez, publicado en la Ley en el mes de Julio.

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Atentamente,

                                             Estudio de Diego & Asociados



Título: Derivaciones prácticas de la determinación genérica de reincorporación: Caso “Alvarez”.

Sumario: 1. Antecedentes. — 2. Ratificación de una tendencia. — 3. Algunas consideraciones acerca del fallo. — 4. Cuadro de situación actual. — 5. Derivaciones prácticas de la situación actual. — 6. Conclusión.

“La resolución del máximo órgano judicial de determinar la condena de un despido discriminatorio con la reincorporación del trabajador como mecanismo de reparación, debería ser al menos, complementada con un mayor grado de precisión desde el ángulo temporal, ya que de lo contrario, podríamos encontrarnos en la práctica con una situación de estabilidad absoluta, que lleve a la desaparición judicial de la figura del despido sin causa.”



I. Antecedentes

Una nueva avanzada de fallos que asumen la nulidad del despido por causas discriminatorias y, en consecuencia, ordenaron la reinstalación de trabajadores a sus puestos de trabajo, se dio iniciada en los primeros años de éste siglo, con los casos "Stafforini", "Balaguer" y "Greppi"(1)

Dentro de las razones que podrían justificar dicha tendencia, podríamos encontrar el motivo fundamental en la derogación del Art. 11 de la Ley 25.013 a partir de la Ley 25.877), el cual contemplaba de un modo específico el despido discriminatorio.

Quienes entienden que dicha derogación dejó un vacío dentro de la legislación laboral que regule los casos de discriminación, puntualmente por motivos sindicales, han acudido a normas que podrían ser entendidas como ajenas al ámbito específico del derecho laboral, como resulta ser la ley 23.592, para subsanar dicha omisión.

Como consecuencia de ello, las distintas Cámaras del Trabajo tuvieron oportunidad de expedirse recientemente acerca de los reclamos intentados por trabajadores que, no cumpliendo con los recaudos señalados en el Ley de Asociaciones Sindicales para gozar de estabilidad sindical (Arts. 48, 50 y 52 de la L.A.S.), pretendían la reinstalación en sus puestos de trabajos sustentándolo jurídicamente en el Art. 1 de la Ley 23.592.

Si bien se advierten diversos matices en estos fallos, existen actualmente un común denominador en todas las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en cuanto consideran aplicable al ámbito del derecho laboral la Ley 23.592, conocida comúnmente como Ley "antidiscriminación"(2).

Las recientes sentencias judiciales han entendido aplicable la Ley 23.592 en el ámbito del derecho laboral, procediendo en consecuencia, a declarar la nulidad del despido, condenando al empleador a la reincorporación del trabajador en el puesto de trabajo y bajo las mismas condiciones de trabajo que ocupaba, dentro de un determinado plazo, bajo apercibimiento en caso de renuencia, de la aplicación de astreintes.

Es decir, como consecuencia de la declaración de nulidad del acto discriminatorio (Art. 1044 C.C.), se restituye la situación al statu quo con la reinstalación del trabajador (Arts. 1050 y 1083 C.C.).



2. Ratificación de una tendencia

En los autos "Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo", de fecha 07 de Diciembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió en un fallo sumamente dividido, confirmar la sentencia que condenaba a la demandada a la reinstalación en su cargo de los actores y una reparación económica como consecuencia de haber incurrido en un despido discriminatorio por motivos sindicales.

En su proceso de análisis de la causa, la C.S.J.N. trató diversas cuestiones que hasta entonces no habían sido ponderadas por el máximo órgano de justicia, dilucidando su postura acerca de la eventual aplicación de la Ley 23.592 al ámbito del derecho individual del trabajo privado, como así también si la reinstalación en los puestos de trabajo resulta ser compatible con los derechos del empleador, consagrado en los arts. 14, 14 bis de la LCT y el art. 16 de la CN.

En un primer orden, se concluyó que la ley 23.592 no resulta incompatible en el ámbito del derecho individual del trabajo, toda vez que la ley y su finalidad no indican lo contrario y que la discriminación no admite excepciones, entendiéndola también propicia para dicho ámbito.

En efecto, si bien reconoce la particularidad que reviste la relación laboral, en franca comparación con otros tipos de vinculaciones jurídicas, considera relevante en su examen que la prestación del trabajador se encuentra constituida por la actividad humana y su dignidad, entendiéndolo una obligación fundamental mínima para el Estado garantizar la no discriminación.

Por otro lado, y despejada la duda acerca de la aplicación de ley 23.592 en el espectro del derecho individual del trabajo, se dirige a examinar cuál sería la sanción más atinada para un despido discriminatorio, hallando en dicho camino la conclusión que la reinstalación del trabajador no resulta incompatible con el derecho a contratar y ejercer toda industria lícita, consagrado dentro del Art. 14 de la CN.

Entre las argumentaciones mencionadas, se destaca fundamentalmente que el marco normativo constitucional, en la actualidad, difiere del vigente para la época del caso "De Luca"(3), como así también que la ratio decidendi de dicho fallo resulta ser a una cuestión ajena al presente (relativa al Art. 17 de la CN y el derecho de propiedad en su nexo con los "salarios" o "remuneraciones).

Del mismo modo, justifica la decisión de reinstalación por entenderlo en sintonía con los extremos contenidos en el ámbito jurisdiccional internacional en materia de derechos humanos, conforme a lo cual el Art. 14 bis de la CN ha de ser entendido al modo de lo que ocurre con los preceptos que enuncian dichos derechos. Señala, además, que sólo un entendimiento superficial del art. 14 bis llevaría a que la "protección contra el despido arbitrario" implicara una suerte de prohibición absoluta y permanente a toda medida de reinstalar.

Por último, tampoco considera que la reinstalación conlleva a la supresión de las facultades "discrecionales" del empleador de organización y dirección de la empresa e integración del personal que invocara la demandada, invocando el caso "Figueroa"(4).

En relación a ello, entiende que el contenido y alcances de dichas facultades y de la discrecionalidad de su ejercicio, por más amplios que hipotéticamente fuesen, en ninguna circunstancia y lugar podrían dejar de estar limitados por el inquebrantable respeto de la dignidad del trabajador y el jus cogens que informa al principio de igualdad y prohibición de discriminación.

Más aún, continua expresando que debieran ser dichos poderes los que habrán de adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los derechos humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad.

3. Algunas consideraciones acerca del fallo

Más allá de las argumentaciones mencionadas anteriormente, resulta atendible efectuar algunas consideraciones a las cuales se arriba luego del análisis que deja la determinación arribada por la Corte Suprema de Justicia en relación a cuestiones de discriminación.

En atención al principio de progresividad evidenciado fundamentalmente en el último tiempo acerca de la condena de los actos discriminatorios, estimamos como una cuestión ya dilucidada por la jurisprudencia que los mismos deben ser sancionados en forma particular y autónoma de los rubros que se derivan de un despido sin causa.

Disipada dicha cuestión, y enfocándonos en el mecanismo de sanción de dichos actos discriminatorios, el máximo órgano judicial ha determinado, en fallo dividido, la reincorporación del trabajador como mecanismo de reparación de un despido discriminatorio, resolución que amerita a continuación algunas reflexiones respecto de los fundamentos invocados para la misma.

a. En un primer orden, del análisis de los considerandos consignados por el voto mayoritario del fallo, se advierte como fundamento de la determinación exteriorizada por la C.S.J.N. que el marco constitucional actual, difiere del vigente para la época del fallo "De Luca", siendo ello entendido como relevante respecto de su determinación.

Cabe recordar que en el fallo "De Luca", la C.S.J.N. concluyó en el año 1969 la inconstitucionalidad del régimen de estabilidad de los trabajadores bancarios, en virtud de considerarla violatoria del derecho de propiedad y de la libertad de contratar. En dicho caso, se concluye que "una vez rota la relación laboral a raíz de un despido injusto debe reconocerse el derecho a reclamar una indemnización razonablemente proporcionada al perjuicio sufrido", pero "no puede admitirse como legítima la carga de seguir abonando remuneraciones que, en cuanto tales, carecen de toda justificación" (5).

Merece también destacarse que la inconstitucionalidad en el ámbito privado de regímenes de estabilidad propia, determinado en el fallo "De Luca" resultó ratificada reiteradamente por la C.S.J.N. en diversas oportunidades y con diversas integraciones, constituyendo hasta el fallo "Alvarez" una doctrina arraigada.

Así es, en fallos posteriores (dictados entre 1969 y 1972) la Corte reiteró las consideraciones del precedente "De Luca", a propósito de despidos de trabajadores bancarios o de empresas de seguro, reaseguro, capitalización y ahorro, dispuestos bajo la vigencia del régimen comentado (es decir, el de la ley 12.637 y sus decretos reglamentarios 20.268/46 y 21.304/48) (6). Ahora bien, en uno de esos pronunciamientos ("Núñez") aclaró que el resarcimiento no podía abarcar salarios posteriores a la fecha de la efectiva cesación en el empleo (7), lo que completó el entierro definitivo del sistema (8). En otro fallo de la misma época ("Alzaga") la Corte extendió la doctrina de "De Luca" a un régimen de estabilidad estipulado en una convención colectiva (9).

En el mismo sentido y en períodos posteriores, la Corte siguió confirmando su doctrina, revocando sentencias que -con fundamento en la CCT N° 160/75 (para el personal de entidades deportivas y civiles)- ordenaban reincorporar al trabajador y pagarle salarios caídos hasta la reincorporación o la negativa a hacerlo (10).

Asimismo, al expedirse en los autos "Figueroa", la Corte, con una integración distinta de la anterior, determinó que una disposición convencional que, por vía de un sistema de estabilidad absoluta, suprime el poder discrecional que es imprescindible reconocer a un empleador en lo concerniente a la integración de su personal, menoscaba la garantía del art. 14 de la CN -que consagra la libertad de comercio e industria- y lesiona la garantía al derecho de propiedad. Es decir, reitera la conclusión de "De Luca" en torno a que, una vez extinguida la relación laboral por voluntad inequívoca del empleador, debía reconocerse al trabajador el derecho a solicitar "una indemnización razonablemente proporcionada al perjuicio", pero no el de seguir percibiendo remuneraciones.

Con otra nueva integración, la Corte nuevamente ratificó la doctrina "De Luca" al sentenciar en la causa "Agnese"(11).

Ahora bien, en el caso objeto de análisis ("Alvarez"), la CSJN, al menos en su mayoría, determina un cambio de rumbo en comparación con la evolución histórica señalada anteriormente, justificándolo en que "el marco normativo constitucional, en la actualidad, difiere del vigente para la época de De Luca".

En relación a dicho argumento merece señalarse que, si bien el caso "De Luca", fue dictado en el año 1969, reiteradamente la Corte, con diversas integraciones ha procedido a confirmar, conforme se detallara previamente, la doctrina exteriorizada en dicho fallo, revalidándose sus extremos en cada uno de esos períodos reseñados.

Lo más interesante resulta ser que, incluso, varios de los votos mayoritarios en éste caso "Alvarez" confirmaron la doctrina de "De Luca", recientemente. En efecto, sin ir muy lejos, en el ya mencionado caso "Agnese" del año 1998, los Dres. Enrique Petracchi y Carlos S. Fayt, ya integraban la Corte y expresaron su postura al respecto.

En la causa "Agnese", el voto conjunto de la mayoría (12) ratificó expresamente conceptos vertidos en el fallo y en el dictamen de "De Luca", mientras que el voto en disidencia (13) expresó (en coincidencia con la doctrina de ese precedente) que los regímenes de estabilidad previstos para los trabajadores bancarios en los regímenes derogados, afectaban derechos constitucionales de los empleadores"(14).

En éste análisis que intenta efectuarse de los fallos dictados por el máximo órgano judicial, también podemos retrotraernos hasta el año 2004, en el cual se advierte que nuevamente los votantes mayoritarios del caso "Alvarez", han reconocido expresamente la vigencia de la estabilidad relativa para los empleados privados en el reconocido fallo "Vizzotti"(15).

Paralelamente, merece destacarse que en el caso "Alvarez", se acude a expresiones que dispusieran en el reciente fallo "Madorrán"(16); sin embargo la invocación de dicho caso no resulta ser total sino parcial. En efecto, los votos mayoritarios del presente fallo "Alvarez", han incurrido en una revalidación del fallo "Madorrán" que no alcanza a ser integral, toda vez que en éste último caso se delineó una fundamentación nucleada en los diversos grados de intensidad que tenían los empleados, según fueran públicos o privados.

Efectivamente, en el caso "Madorrán" la CSJN se encontraba integrada por los mismos magistrados que votan en el presente caso objeto de análisis ("Alvarez") y en dicha ocasión se ha advertido que dentro de los fundamentos válidos para justificar su determinación, han sabido efectuar una clara distinción entre el empleado público y el privado, siendo el marco diferenciador el distinto grado de estabilidad otorgado para cada uno de ellos.

Nótese que dentro de los votos mayoritarios del caso "Alvarez", encontramos nuevamente al Dr. Carlos S. Fayt y Enrique Petracchi (17), como así también el Dr. Maqueda, quienes se expresan también en el caso "Madorrán"(18).

A partir de lo expuesto, dicha circunstancia podría dar lugar a entender que la argumentación utilizada en el caso "Alvarez" por los votantes mayoritarios ingresa en un campo de colisión en relación a sus votos anteriores, desde el mismo momento en el cual se omite revalidar los conceptos de estabilidad propia e impropia que le reconocieran mismos votantes en el caso "Madorrán" a los empleados públicos y privados, respectivamente.

En conclusión, pareciera que el camino de argumentación delineado por el voto mayoritario en el caso "Alvarez" se nutre del fallo Madorrán al exclusivo fin de justificar el derecho contra la discriminación, pero incurriendo en una descalificación, a priori incomprensible, de dicho caso respecto de la distinción de los modos de protección contra la discriminación del trabajador, respetando los derechos fundamentales que le cabe al empleador.

Por lo tanto, no pareciera que la invocada falta de actualidad del fallo "De Luca", como consecuencia de la reforma constitucional del año 1994 resulte ser relevante si se considera la evolución jurisprudencial de la CSJN y, fundamentalmente, los recientes casos "Agnese", "Vizzotti" y "Madorrán", en los cuales, votantes mayoritarios del caso "Alvarez" que determinaron la reincorporación de los actores, han ratificado la evolución de la doctrina de la estabilidad impropia de los empleados privados.

b. Del mismo modo, y continuando con el análisis del particular Considerando 7°, corresponde destacarse la expresa mención del Convenio N° 158 referida a la extinción de la relación de trabajo.

Dentro de la argumentación expuesta, se menciona que "Corresponde agregar, aun cuando la República no ha ratificado el Convenio N° 158 sobre la terminación de la relación de trabajo (OIT; 1982), que el mentado Comité no ha dejado de considerar que los alcances del derecho del trabajo del PIDESC son determinables a la luz del instrumento citado, al menos en cuanto "impone, en particular, la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido".

Continúa mencionado el Considerando 7° que "Y, es de importancia subrayarlo, dicho Convenio, además de excluir los motivos discriminatorios como causa justificada para la terminación de la relación de trabajo (art. 5.d), prevé, dentro de la sección aludida anteriormente por el Comité, que los tribunales llamados a resolver sobre el carácter justificado o injustificado de dicha terminación puedan, en este último supuesto, "anular la terminación" y ordenar la "readmisión" del trabajador (Art. 10)."

Ahora bien, en relación a dicho sustento, es dable en señalar en un primer orden, que se acude al Convenio N° 158, el cual no se encuentra expresamente ratificado por la República Argentina, como bien se reconoce en el fallo, surgiendo en forma inexorable el interrogante respecto del grado de obligatoriedad del mismo.

En otro orden, si bien dentro de la argumentación se destaca el método de sanción de despidos supuestamente ilícitos, como "anular la terminación "y "ordenar la readmisión del trabajador", se advierte de la lectura del Art. 10 del Convenio que se efectúa una extracción aislada de dicha normativa.

Efectivamente, el invocado Art. 10 del Convenio N° 158 condiciona dicha determinación al supuesto jurídico de que "...si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador", estipulando que se considera ajustado a derecho "la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada".

Por lo tanto, más allá del reconocimiento que el Convenio N° 158 no resulta ratificado por la República Argentina, en el fallo en cuestión si bien se alude al término "puedan", al hablar de anulación y readmisión, se incurre en la omisión de señalar en forma clara que el mismo el Art. 10, el cual se invoca, contempla expresamente la posibilidad de aplicar una indemnización adecuada como consecuencia de un despido ilícito.

4. Cuadro de situación actual

Destacando que el presente artículo no tiene por objeto cuestionar la determinación del fallo aludido, las consecuencias lógicas que se derivan de una sentencia dictada nada menos que por el máximo órgano judicial, torna obligatorio la elaboración de un análisis, no en forma aislada sino en forma integral con otros instrumentos legales existentes, que si bien no resultaron ser objeto de examen de dicho órgano, integran en forma inevitable el mundo judicial laboral actual.

A partir de lo expuesto, cabe señalar que el panorama jurídico existente lleva necesariamente a todo empleador a merituar con el debido detenimiento la eventual decisión de prescindir de los servicios de algunos de sus dependientes sin causa, a la luz de las recientes novedades no sólo jurisprudenciales sino también legislativas.

Nótese que el mapa legal enarbolado en la actualidad delinea un proceso riesgoso que en algunos aspectos resulta ser incierto acerca de cómo proseguir con algún caso en concreto en particular.

A tales fines, efectuamos a continuación un listado de situaciones que debería considerar un empleador al momento de decidir la extinción de un contrato de trabajo sin causa.

1.- Si bien de los términos de la sentencia de "Alvarez "y "Pellejero"(19) , parecería que la eventual procedencia de un reclamo discriminatorio quedaría supeditado al tema probatorio, a pesar de no haber sido tratado dicho tema por no ser, según entiendo, una cuestión federal, merece recordarse que, independientemente que algunos de los jueces de la Cámara Laboral consideran necesario una acreditación clara y precisa del acto discriminatorio en cuestión, la mayoría de los actuantes en dicha Cámara comulga con la Teoría de la Carga Dinámica de la prueba.

Un fiel exponente de dicha discusión se produce en el fallo "Parra Vera"(20), donde la Dra. García Malgarejo, adhiere al dictamen del Fiscal Dr. Eduardo Alvarez, el cual expresa que "en cuanto a que éste tipo de acciones en las que se pretende nulificar el acto extintivo de la contratación, requiere para su procedencia, la producción de una prueba muy convictiva y una apreciación muy exigente de los elementos acompañados". Dicha postura, ha sido ratificada en otros fallos, como en el caso "Pellicori"(21). O sea, para ésta tesitura, no resulta factible la probanza tan sólo por y con indicios.

Mientras que el voto del Dr. Oscar Zas, al que se suma el del juez Julio C. Simon, entiende que debe aplicarse la teoría de la carga dinámica de las pruebas, en las cuales "debe producirse un desplazamiento de las reglas tradicionales de distribución de las carga de la prueba". En relación a dicha teoría, continúa expresando dicho voto, que el trabajador debe "aportar únicamente un indicio razonable que el acto del empleador lesiona su derecho fundamental y, en su caso, el motivo oculto de aquél. Una vez configurado el cuadro indiciado precitado, recae sobre el empleador la carga de acreditar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la invocada vulneración como adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios". En dicha postura, se ve reiterada a los fallos "Cáceres"(22) y "Arecco"(23).

Es decir, a partir de dicha postura la sumatoria de indicios (hechos comprobados), puede llevarnos por inferencia al conocimiento de un hecho desconocido. Dichos indicios, en cumplimiento de lo establecido por el inc. 5 del Art. 163 del CPCCN, deben ser graves, precisos y concordantes. En atención a lo señalado, resulta ser el empleador quien debería acreditar los extremos de su postura, es decir, no haber incurrido en un acto discriminatorio.

Conforme a dicha postura, si la decisión judicial en una causa en la cual se debate si se ha incurrido en un acto discriminatorio, la procedencia de la misma descansaría en los aspectos probatorios que acredite un empleador de no haber incurrido en dicho proceder.

2.- En vinculación con ello, es menester también recordar que el Art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, una de las manifestaciones expresas del principio protectorio, extendió recientemente aún más sus fronteras históricas, para acaparar su aplicación sobre la apreciación de la prueba, a partir de la reforma registrada con la Ley N° 26.428 (24).

En efecto, dicha legislación determinó que si existiera una duda sobre la apreciación de la prueba en un caso concreto, los jueces actuantes deberán decidir en el sentido más favorable al trabajador.

3.- A ello debemos agregar que si bien nos encontramos con un régimen sindical aún vigente (Ley 23.551), que delinea en forma clara la actividad sindical, las recientes sentencias de la Corte Suprema en los casos "A.T.E."(25) y "Rossi"(26), jaquean dicha rigidez, haciéndose ecos de las diversas observaciones que se le efectuara a dicho cuerpo normativo en el orden internacional.

A partir de ello, las sentencias expuestas dejan, al menos, hasta que exista un nuevo orden normativo en dicha materia, una situación de incertidumbre para los empleadores acerca de cuáles son los parámetros que deberían atenderse, más allá de los desarrollados por la ley N° 23.551, para evitar incurrir en supuestos actos discriminatorios, con trabajadores que pudieran no revestir la debida representatividad sindical.

En atención a lo expuesto, no se tiene hasta el momento un cuadro de situación que brinde certeza acerca de qué modo o mediante qué hechos o circunstancias concretas la empresa podría quedar encuadrada en una supuesta conducta discriminatoria que la derive a asumir, en forma inexorable, la contingencia de un reclamo por discriminación.

5. Derivaciones prácticas de la situación actual

De acuerdo a la descripción que se elaborara previamente, resulta conveniente esbozar algunas consecuencias que se originan del cuadro de situación descripto:

a. Estimamos como una solución que podría ser tildada en la práctica como inconclusa, resolver dichas cuestiones concluyendo en la simple reinstalación de quien fuera pasible de un despido discriminatorio, abstrayéndose de dar precisiones respecto del mismo.

Es decir, si bien es cierto que la sanción tiene por finalidad condenar el despido discriminatorio como un acto único, la mera decisión de reincorporar sin mayores detalles, deja entrever una sensación ineludible de cuestionamiento al sistema de estabilidad relativa aún vigente en la Constitución Nacional.

Así es, consistiendo la condena en la mera reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo, pareciera que la demandada cumpliría con dicha carga judicial permitiéndole al dependiente el regreso a las tareas que desarrollaba con antelación a que fuera pasible del despido discriminatorio.

Ahora bien, subyace de un modo inevitable la incertidumbre de cuál podría ser la causal de entidad suficiente que le permitiera en el futuro al empleador poder ejercer de un modo pleno y exitoso sus facultades de organización y dirección de la empresa, sin que ante dicha pretensión, el cuestionado trabajador invoque haber sido nuevamente discriminado.

Por ello, advertimos al menos como objeto de análisis en particular la decisión de la C.S.J.N. la cual debiera complementarse con el otorgamiento de precisión desde el ángulo mínimamente temporal, más cuando el ordenamiento normativo específico en materia sindical lo contempla en forma concreta.

Si bien es cierto que la condena en las actuaciones de análisis resulta ser la discriminación de la cual fuera pasible el trabajador con el acto del despido, siendo la medida adoptada motivada por la protección del accionar sindical de los trabajadores, resulta inevitable recordar que los representantes gremiales que cumplen con los requisitos de la Ley de Asociaciones Sindicales para gozar de estabilidad sindical, ostentan una protección acotada en el tiempo.

Tanto el caso de los representantes gremiales como los delegados sindicales tienen un período limitado de protección el cual se extiende durante la vigencia de sus mandatos y hasta de un año a partir de la cesación de los mismos (27). Asimismo, el párrafo 3° del Art. 52 de la L.A.S. limita temporalmente la aplicación de las astreintes "durante el período de vigencia de su estabilidad". Es decir, dada la secundariedad de las sanciones conminatorias, la aplicación de ellas sólo subsistirá con el alcance temporal en que esté vigente el deber del empleador de reinstalar, es decir, durante el período de estabilidad del representante gremial, o sea, mientras dure su mandato y un año más (28).

Por lo tanto, la protección a la estabilidad sindical que garantiza la L.A.S. se encuentra temporalmente limitada al año posterior al vencimiento del mandato que le hubiera sido otorgado al representante o delegado gremial, por lo que la aplicación del sistema de reinstalación previsto en su Art. 52, no supone el restablecimiento por tiempo indefinido de la relación contractual, y en subsidio, de la ejecución de las astreintes.

Ahora bien, es distinto en el caso de las sentencias judiciales que determinaron la simple reincorporación de trabajadores con fundamento en la Ley 23.592 (ajenos a la protección sindical consagrada en la LAS) como el determinado en el caso "Alvarez", ya que la falta de precisión temporal en la exigibilidad al empleador de la reincorporación, podría llevar al reestablecimiento del sistema de estabilidad absoluta, dando inicio en la práctica a una situación, al menos, controvertida.

En efecto, mientras los representantes sindicales o delegados, ostentan una estabilidad sindical delimitada en el tiempo, la sentencia judicial analizada pareciera que le otorga a los trabajadores una estabilidad sindical de tiempo ilimitado con aplicación, subsidiaria, de astreintes en forma indefinida.

Si bien los empleadores tienen un exiguo plazo para cumplir con la manda judicial de reincorporación, luego del cual no sólo continúan obligados a cumplir con la misma, sino que pueden ser pasibles de astreintes, entendemos como necesario que se determina cuál es el límite temporal durante el cual el empleador se encuentra obligado.

Así es, la nueva oleada de sentencias judiciales reseñadas previamente, ratificadas con la reciente determinación de la C.S.J.N., en la cual se determina la reincorporación del trabajador en forma genérica sin mayores precisiones de orden temporal, dan lugar a que los trabajadores carentes de las garantías sindicales otorgadas en la Ley 23.551 por no cumplir con sus requisitos, vean consolidados judicialmente una protección más extensa que los reconocidos legislativamente, a los delegados o representantes sindicales.

No escapa a nuestro conocimiento que el régimen cerrado de protección de los representantes sindicales de la ley 23.551, ha sufrido diversos cuestionamientos que han tenido su eco en los fallos de la CSJN, en los mencionados casos "A.T.E."(29) y "Rossi"(30), permitiendo una menor rigidez en cuanto a los recaudos que los tornarían representantes sindicales.

Aún así, por la interpretación que se efectuara de la ley 23.592 se le estaría concediendo a trabajadores que no han evidenciado reunir elementos que logren convencer acerca de una verdadera representatividad sindical, una protección más intensa que la ostentada por quienes resultaron efectivamente elegidos por el voto directo de los trabajadores, siguiendo determinados lineamientos objetivos que disipan cualquier duda sobre su grado de representatividad como delegados sindicales.

Por ejemplo, en el caso "Greppi", donde el desencadenamiento del despido directo habría sido la misiva que por vía e-mail que remitiera la accionante a sus compañeros de trabajo instándolos a adoptar acciones colectivas pacíficas en solidaridad con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, o el de "Balaguer" que concluyó que el despido obedeció a su condición de esposa del delegado gremial.

En ninguna de éstos casos, los cuales resultaron concluidos por la nulidad de los despidos y reinstalación a sus puestos de trabajo con fundamento en la ley 23.592, se advierten que los reclamantes hayan acreditado haber obtenido al momento de su extinción una representatividad mayor de la lograda por los delegados, quienes han sabido respaldar su cargo en un proceso eleccionario, el cual se encuentra avalado expresamente por el voto de los mismos representados.

Habida cuenta de lo expuesto, a priori parecería irrazonable aplicar, con fundamento en una ley de carácter general como resulta ser la ley 23.592, un sistema de estabilidad más intenso que el adoptado por una ley específica como la 23.551 con relación a los representantes gremiales y delegados, en atención a que no existe norma alguna de la denominada ley "anti-discriminación" que permita arribar a una estabilidad absoluta.

b. Ahora bien, y siguiendo dicha línea de pensamiento, cabe preguntarse si resulta ajustado a derecho sancionar un supuesto acto discriminatorio aplicando una norma que podría ser tildada de incurrir en una nueva discriminación.

En efecto, nótese que el contrato de trabajo requiere, como todo contrato de ejecución continuada, la concurrencia de la voluntad de ambas partes el cual debe mantenerse durante todo el período de tiempo por el cual se desee continuar con el contrato, destacando que, conforme el art. 897 del CC, serán voluntarios, aquellos actos que se ejerzan con discernimiento, intención y libertad. De lo contrario, aquellos actos que no reúnan tales condiciones no surten los efectos previstos (Art. 900 CC).

La garantía constitucional consistente en la libertad de contratar incluye la libertad de no contratar, conforme la doctrina imperante en la materia (31). Asimismo, no sólo se estaría violando la libertad de comercio e industria sino también el derecho de propiedad de raigambre constitucional.

Por lo tanto, las sentencias en los términos antes descriptos, podría ser consideradas como un obstáculo al ejercicio mínimo de facultades discrecionales que resulta preciso reconocer a las empresas privadas en orden a la dirección de sus actividades.

En virtud de lo expuesto, la determinación judicial que un trabajador deba ser reincorporado por su empleador, en atención a la aplicación del Art. 1° de la Ley 23.592, sin que se determine un límite temporal a su ejecución compulsiva, que incluya la sanción ante la renuencia del empleador a dicho cumplimiento, llevaría, contra la voluntad del empleador, a mantener un vínculo contractual en forma indefinida.

Por ello, si las sentencias encuentran como única solución ante un acto de discriminación sindical, obligar al empleador a reincorporar a un trabajador respecto del cual no desea mantener el vínculo contractual, se estaría incurriendo en una nueva discriminación, toda vez que dicho empleador no podría ejercer los derechos de no contratar y el de propiedad (Arts. 14, 17 y 33 CN).

Entonces, continuando por el camino trazado por los sentenciantes de los fallos mencionados, la ley 23.592 consagra una tutela en términos muy generales, respecto de la cual no correspondería excluir a los trabajadores. Pero, del mismo modo, en atención a dicha protección genérica tampoco correspondería excluir a los empleadores, quienes podrían verse discriminados en derechos de raigambre constitucional.

A los efectos ilustrativos, destaco que el. Art. 1 de la Ley 23.592 no sólo alude a los actos discriminatorios por motivos sindicales, sino que también, y en el caso de los empleadores, se hace referencia a motivos relacionados con la posición económica.

6. Conclusión

En primer lugar, merece destacarse que coincidimos con la determinación de la C.S.J.N. vinculada a que los actos discriminatorios deberían ser condenados en forma particular debiéndose resolverse, para el caso de despidos tildados de dicho proceder, con sanciones autónomas de los rubros que se derivan de un despido sin causa.

Sin perjuicio de ello, más allá de la conclusión final a la cual se arribara en conjunto en el caso "Alvarez" consistente en la obligatoriedad de la demandada de reincorporar a los actores como medio de reparación del despido discriminatorio, estimamos que dicha resolución podría ser objeto de revisión en el futuro.

Dicha hipótesis halla su sustento en la votación minoritaria del mismo fallo, en el cual exteriorizan su disconformidad con dicho mecanismo de reparación, destacándose que sólo ostentan el carácter de minoritario por sólo un voto, trasluciéndose, en consecuencia, la posibilidad de un fuerte debate sobre la aplicabilidad de dicha decisión para otros casos ajenos al caso en concreto.

Incluso dicha controversia se encuentra ratificada por el análisis de los fundamentos del voto mayoritario que se elaborara anteriormente, en cuanto pareciera que algunos de sus mismos votantes no revalidaran algunas de sus recientes conclusiones en otros casos de renombres (caso "Agnese" del año 1998; caso "Vizzotti" del año 2004; "Madorrán" del año 2007), como se expusiera previamente.

Por otro lado, si bien no fuera materia de análisis específico de la C.S.J.N. en el caso "Alvarez", la necesidad de abordar las conclusiones que se derivan del mismo en el cuadro de situación laboral existente y que fuera descripto anteriormente, refuerza la teoría de que se ha procedido a la eliminación por vía judicial de la figura legislativa del despido sin causa, exigiéndosele a los empleadores acudir al despido con causa de cualquier trabajador.

Nótese que ello resultó ser materia de agravio en la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el reciente fallo "Villalba"(32), en donde se trató las consecuencias futuras del decisorio que llevaría al trabajador a garantizarle en la práctica una estabilidad absoluta, pues toda medida rescisoria que se pretenda adoptar se exhibiría siempre teñida de sospecha de discriminación.

Obsérvese que reincorporado el trabajador en cuestión, cualquier determinación extintiva que decidiera, sin que estuviera teñido en la realidad de un carácter discriminatorio, sería probablemente cuestionado nuevamente por el trabajador, quien apoyado en una sentencia judicial que lo posicionara como víctima de un anterior acto de discriminación, pretendería invocar la misma estrategia judicial, jaqueándose de ese modo, la estabilidad relativa aún vigente, conforme la normativa actual.

Analizando la situación del empleador que se aviene a cumplir con la manda judicial, procediendo a reincorporar al trabajador, cabe preguntarse cuál seria la causal, que ostente entidad suficiente, según los actuales parámetros judiciales, que permita al empleador con posterioridad a dicha reincorporación, extinguir el contrato de trabajo sin que ello no sea nuevamente tachado de discriminatorio.

Ante dicho agravio, la jueza Bogán señaló que "Cabe destacar, ante todo, que en tanto el agravio -no materializado- es sólo eventual, y toda vez que no corresponde a este Tribunal emitir pronunciamientos abstractos, el mismo no puede ser atendido. El acogimiento de la demanda en la instancia de grado -y la confirmación en esta sede de dicho pronunciamiento- obedece a las circunstancias aquí y ahora evidenciadas: el actor fue víctima de un acto discriminatorio por su actividad sindical, razón por la cual se ordenó dejar sin efecto el distracto y restituir al trabajador en su lugar de labor. Ello no significa limitar a futuro el ejercicio de la facultad rescisoria que la Ley de Contrato de Trabajo confiere en cada caso a las partes, según las distintas hipótesis que contempla (arts. 241, 242, 244, 246 y ccs., ley cit.). (33).

A partir de la argumentación indicada, en la cual se abstrae de pronunciarse acerca de las consecuencias irremediables que resultaría de la determinación que adoptara, se difiere el tratamiento para el futuro, reconocimiento implícitamente la posibilidad de su existencia de una estabilidad absoluta, y en consecuencia, de la "derogación" en la práctica del despido sin causa.

Por ello, entiendo que si el legislador determinó que todos los casos de despido, con o sin causa, tienen eficacia extintiva, es éste mismo legislador quien debe modificar el sistema de estabilidad relativa implementado por vía legislativa. Resumiendo, es competencia del legislador determinar los lineamientos jurídicos de las relaciones de trabajo y las consecuencias de la ruptura del contrato laboral, sin que los jueces se hallen facultados para decidir sobre el mérito y la conveniencia de tal legislación.

En virtud de lo expuesto, consideramos que la resolución del máximo órgano judicial de determinar la condena de un despido discriminatorio con la reincorporación del trabajador como mecanismo de reparación, debería ser al menos, complementada con un mayor grado de precisión desde el ángulo temporal, ya que de lo contrario, podríamos encontrarnos en la práctica con una situación de estabilidad absoluta, que lleve a la desaparición judicial de la figura del despido sin causa, contemplada legislativamente dentro del art. 245 de la LCT.

Así es, con la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, se consolidó para la generalidad de los trabajadores un régimen de estabilidad impropia, ya que se impone al empleador que despide sin causa al trabajador el pago de una indemnización por antigüedad o despido tarifada, que se puede complementar con reparaciones agravadas, como por ejemplo, para el caso de despido por causa de matrimonio o maternidad.

En atención a ello, estimamos conveniente que las decisiones judiciales que consideren como única solución contra el despido discriminatorio la reincorporación de los trabajadores, deberían contemplar dentro del mismo texto de sentencia, el período durante el cual, se extiende dicha obligación, habilitando en subsidio, ante el incumplimiento de la demandada de la reincorporación por cuestiones diversas, que se proceda a abonar una indemnización agravada, a merituar por los jueces actuantes conforme cada caso en concreto.

Nótese que, otro lado, la profusión de sentencias que le permiten gozar a trabajadores que no ostentan la estabilidad sindical consagrada por la legislación específica, de una protección de mayor intensidad que los delegados sindicales, llevaría, no sólo a una inseguridad jurídica ante el cuadro de situación mencionado, sino también a debilitar la capacidad representativa y negocial de los sindicatos.

En efecto, independientemente que la CSJN evitó pronunciarse acerca de la Ley de Asociaciones Sindicales a pesar de haber estado fundada la demanda en el Art. 47 de dicho cuerpo normativo, el exceso de protección de los trabajadores afecta directamente, y en primer lugar, a los sindicatos preexistentes, ya que el amparo de activistas espontáneos ajenos al esquema sindical y con dudosa representatividad de los trabajadores, causa un irremediable debilitamiento de los poderes que la ley le otorga y que el Estado protege.

Conforme a lo cual, es el conjunto de trabajadores a quienes se intentan proteger en un primer orden, aquellos que en definitiva, resultan perjudicados con sentencias en los términos antes señalados, ya que a partir de las mismas, la protección anhelada queda reducida exclusivamente a los intereses particulares de algún trabajador que en forma espontánea resultó ser activista sindical, es decir, sin mandato expreso de los propios trabajadores.

Por el otro lado, los empresarios podrían entender que el actual ámbito jurídico se encuentra caracterizado con demasiados interrogantes que le ocasionan una inestabilidad en sus previsiones económicas, situación que podría originar la desinversión que tuvieran previstas en nuestro territorio, definiéndose por países vecinos que puedan augurarle al menos reglas claras, donde se puedan elaborar un análisis crítico y anticipado de riesgos y beneficios.

Así es, en materia laboral todos los frentes han generado mayores costos, cambios importantes en las reglas de juego en forma imprevista, y nuevas amenazas y renovadas en el corto plazo. No solo se desbordaron los aumentos salariales. Al mismo tiempo, se produjeron importantes reformas en la legislación que provocan nuevos conflictos en desmedro de la potestad del empleador de organizar y dirigir la empresa. La jurisprudencia laboral y la de la Corte Suprema siguieron avanzando sobre diversos institutos, siempre creando nuevos y más estrictas reglas en perjuicio de los empleadores. Las medidas de fuerza crecieron en agresividad y violencia física y psicológica, logrando resultados que no son sustentables en el mediano plazo. El enfrentamiento entre los gremios tradicionales y los nuevos sindicatos apoyados por la izquierda en sus diversas manifestaciones tienen como "campo de batalla" a cada empresa (34).

Por último, siendo que el aspecto probatorio representa un aspecto relevante en la resolución de actos considerados discriminatorios, destacamos que en el caso "Alvarez", la CSJN no se ha pronunciado acerca de su postura respecto de la valoración de la misma y sobre quien recae principalmente la carga.

Sin perjuicio que esta discusión podría devenir abstracta ya que seguramente ambas partes intentarán acreditar sus extremos con los medios probatorios que consideren idóneos a dicho fin, entendemos que la C.S.J.N. ha brindado determinadas señales que nos permiten interpretar que la eventual determinación judicial de considerar a un trabajador como pasible de discriminación debe ser acreditado de un modo acabado y terminante, recayendo en forma inexorable la carga probatoria en el dependiente.

Dichas señales podemos encontrarlas, por un lado, ante la prueba recabada en la causa "Pellejero" 35, en la cual hubiera resultado entendible que el máximo órgano judicial se hubiera pronunciado a favor de reclamante, si la CSJN comulgara con la Teoría de la Carga Dinámica, sin embargo el reclamo en cuestión resultó ser desestimado.

Mientras que por otro lado, la Corte decidió exteriorizar su doctrina en una causa en la cual el aspecto probatorio resultó dilucidado ni bien iniciada la causa. Si bien ello, no se evidenció en la sentencia de dicho órgano superior, nótese que sí lo subraya la sentencia de Cámara Laboral, al señalar que la demandada se encontraba rebelde en su contestación de demanda, colocándola a los actores en una inmejorable situación procesal desde el ángulo probatorio.

En conclusión, todas las personas resultan ser distintas y como tal, cualquiera que fuera pasible de una desvinculación podría considerarse discriminado, aún sin que ello fuera la verdadera causal de su despido, y pretender su reincorporación. Es verdad que se debe distinguir entre seleccionar y discriminar, pero considero que la diferenciación entre las mismas podría ser demasiado sutil, para la actual situación jurídica laboral existente en la que nos encontramos, siendo, así y todo, una diferenciación harta difícil para el empleador de poder acreditar en una causa judicial, debiendo recaer, en definitiva, sobre quien invoca dicha discriminación.

(1) Sala X, "Stafforini, Marcelo R. c. Administración Nacional de la Seguridad Social" del 20/06/2001; Sala VI, "Balaguer, Catalina T. c. Pepsico de Argentina S.R.L." del 10/03/2004; Sala IX ", Greppi, Laura K. C/ Telefónica de Argentina" del 31/05/2005

(2) Sala V "Parra, Vera M. C. San Timoteo S.A." de fecha 14/06/2006; Sala V, "Arecco, Maximiliano c/ Praxair Argentina S.A." del 21/12/2006; Sala II, "Alvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud S.A." del 25/06/2007; Sala VI "Mendez, Hector H c. Carrefour Argetnina de fecha 06/09/2007; Sala IX "Novile, Martín Olico c/ Frávega" de fecha 29/10/2007; Sala VIII "Caceres, Orlando N. c. Hipódromo Argentina de Palermo" del 30/10/2007; Sala III "Pellicori, Liliana S. C/ C.P.A.C.F." del 28/03/2008; Sala X "D´Oliveira Amancay, Jasmin c. Actionline de Argentina S.A.

(3) Fallo CSJN, 05/02/69, "De Luca, José y otros c/ Banco Francés del Río de la Plata".

(4) Fallo CSJN, 04/09/84 "Figueroa, Oscar F. C. Loma Negra S.A CIASA s/ cobro de pesos - inconstitucionalidad y casación".

(5)  Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lucca de Hoz, Mirta Liliana c. Taddei, Eduardo y otro, 2010-08-17, DT, 2010 (octubre) 2785.

(6) Fallo CSJN, 27/08/69 "Nuñez, Bernardina T. c/ Nahuel Compañía de Seguros s/ reconocimiento de dependencia y reincorporación"; 17/02/71, "Arroquigaray, Juan Arturo c/ Sud América Terreste y Marítima Compañía de Seguros Generales S.A. s/ reincorporación y cobro de pesos"; 06/08/71 "Comité de Baiman, Clelia N. c/ S.A. Sol del Plata de Acumulación y Ahorro"; 11/08/72, "Chaco Argentina Compañía de Seguros Generales S.A. c/ Daniel Ayala s/ consignación".

(7) Fallo CSJN, 27/08/69 "Núñez, Bernardina T. c/ Nahuel Compañía de Seguros s/ reconocimiento de dependencia y reincorporación".

(8) Conf. López, Guillermo A. F. Régimen de los Empleados de banco y seguros, en Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido por Deveali, Mario , 2° Edic., Buenos Aires, 1972, T. III, pág.340.

(9) Fallo CSJN, 29/11/71, "Alzaga, Evergisto E. c/ Cervecería Córdoba S.A.C.I.F. y sus acumulados s/ reincorporación".

(10) Fallo CSJN, 12/04/1980, "Nazar, Luis M. C/ Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina"; 04/09/1984 "Figueroa, Oscar F. C. Loma Negra S.A.; 31/03/1999 Donati, Alberto c. Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

(11) Fallo CSJN, 24/11/98, "Agnese, Miguel Angel c/ The First National Bank of Boston ( Banco de Boston) s/ ac. de reinc. , ley 25.323"

(12) Dr. Petracchi, tiene una opinión concurrente a la mayoría, señalando en el Fallo CSJN, 24/11/98, "Agnese", Considerando 11) "Que, en tales condiciones, es indudable que en el sub examine se presenta un supuesto de alteración de efectos de actos jurídicos concluidos con arreglo a una determinada legislación y que, por tanto, se desconoce la garantía de la propiedad tutelada por la Ley Fundamental (confr. Fallos: 270:201, considerando 4° y sus citas). Al establecer un orden de preferencia en el ingreso de los dependientes, lo que la ley impone -en verdad- es la reincorporación de ciertas personas ya desvinculadas de la empresa, por cuanto ésta sólo puede liberarse de esa obligación mediante el pago de una cuantiosa indemnización basada en la ficticia antigüedad que surgiría de computar los años no trabajados. En otras palabras: castiga a quien actuó conforme a la ley y convierte el mero ejercicio del derecho a elegir la persona del contratante en factor de atribución de responsabilidad, imponiendo una carga pecuniaria que importa el reconocimiento de derechos sin contraprestación alguna".

(13) Dr. Fayt, integra el voto minoritario, señalando en el Fallo CSJN, 24/11/98, "Agnese", Considerando 7°) "Que de lo expuesto hasta aquí se desprende que ese grupo de trabajadores, mereció -desde hace ya largos años- un trato inconstante por parte del órgano legislativo -el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo en períodos de facto- que regló sistemas de "absoluta inestabilidad" que facilitaron abusos, como el despido de quienes participaron de legítimas actividades gremiales, o consagraron regímenes de "estabilidad propia" que, por beneficiosos para con los trabajadores, afectaron derechos de terceros constitucionalmente tutelados.

(14) Guisado, Héctor C. en su artículo "Estabilidad en el Empleo Privado".

(15) Fallo CSJN, 14/09/2004, "Vizzotti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido", Considerando 6 "Que, por cierto, no hay dudas en cuanto a la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin causa, esto es un sistema que resigne la puntual estimación del daño en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquellas." En el mismo sentido, en el considerando 7 se destaca "Que, en tal sentido, es aplicable al presente caso la doctrina de la Corte según la cual "el resarcimiento del empleado debe ser equitativo, y ello importa que la reglamentación legal del derecho a la llamada estabilidad impropia, constitucionalmente reconocido, debe ser razonable, lo que a su vez quiere decir, adecuada a los fines que contempla y no descalificable por razón de inequidad ( Carrizo c. Administración General de Puertos", fallos: 304:972, 978, considerando 5° y su cita)."

(16) Fallo CSJN, 3/5/07, "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas"

(17) Fallo CSJN, "Madorrán", Considerando 4) "Que la reforma de la Constitución Nacional producida en 1957, mediante la introducción del art. 14 bis, tuvo como inequívoco propósito dar recepción en el texto de 1853-1860, a los aportes y experiencias que habían tenido lugar, durante la primera mitad del siglo XX, en el ámbito de lo que dio en llamarse el constitucionalismo social ("Aquino", Fallos 327:3753 [6], 3770, 3788 y 3797). Esto último es así pues, si bien es cierto que el art. 14 bis, comprende al trabajo "en sus diversas formas", lo cual entraña tanto al que se desarrolla dentro del campo de la actividad privada como de la pública, no lo es menos que los dos períodos normativos antes destacados encuentran su explicación precisamente en distinguir entre los mentados ámbitos, para los cuales se prevé un diferente grado de estabilidad en el empleo". Del mismo modo, ponen de manifiesto que "el convencional Carlos A. Bravo, miembro de la Comisión Redactora y secretario de la Subcomisión de Derechos Sociales y Gremiales,"En el campo de las relaciones del Derecho Privado, la situación es distinta. El poder discrecional, que constituye la excepción en la Administración Pública, representa en este campo la regla. Resulta muy difícil obligar a un empleador a readmitir en el local de su empresa, para reincorporarlo al empleo, al trabajador cuyos servicios desea no utilizar más [...]" (Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, año 1957, t. II, 1958, Imprenta del Congreso de la Nación, p. 1226).

(18) Fallo CSJN, "Madorrán", Considerando 5) "Que, a tales fines, cabe señalar que la concepción de la estabilidad del empleado público introducida en el texto del art. 14 bis CN. implica la estabilidad en sentido propio que excluye, por principio, la cesantía sin causa justificada y debido proceso, y cuya violación trae consigo la nulidad de ésta y consiguiente reincorporación. Si esto no hubiere sido así, a lo que ni el texto constitucional ni sus antecedentes dan sustento, habría sido suficiente el pasaje anterior relativo a la "protección contra el despido arbitrario", que no es otra cosa que la llamada estabilidad en sentido impropio (disidencia de los Dres. Aberastury y Zavala Rodríguez en Fallos 261:336, consid. 6 y voto del juez Belluscio en Fallos 307:539, 547, consid. 6).

(19) Fallo CSJN, 07/12/2010, "Pellejero, María Mabel s/ amparo s/ apelación".

(20) Sala V, Parra Vera, Máxima c. San Timoteo S.A., 14/06/2006

(21) Sala III , Pellicori, Liliana S. C/ C.P.A.C.F., 28/03/2008

(22) Sala VIII, Cáceres, Orlando N. c. Hipódromo Argentina de Palermo, 30/10/2007

(23) Sala V, Arecco, Maximiliano c/ Praxair Argentina S.A., 21/12/2006

(24) B.O. 26/12/2008.

(25) Fallo CSJN, 11/11/2008 "Recurso de Hecho, Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo.

(26) Fallo CSJN, 09/12/ 2009 "Recurso de Hecho, Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional -Armada Argentina s/ sumarísimo".

(27) De Diego, Julián, en su Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 7° Edic. Pág. 707

(28) Etala, Carlos A., en su " Derecho Colectivo de Trabajo", 2° Edic., pág. 265.

(29) Fallo CSJN, 11/11/2008 "Recurso de Hecho, Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo.

(30) Fallo CSJN 09/12/ 2009 "Recurso de Hecho, Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional -Armada Argentina s/ sumarísimo".

(31) Ekmekdjian, en su Tratado de Derecho Constitucional, T. 1, p.504, Ed. De Palma.; Lorenzetti, en el fallo CSJN, 27/12/2006, Massa, Juan A. c/ PEN.

(32) Fallo S.C.J.N.,22/12/2010,"Villalba, Franco Rodrigo c/ The Value Brands Company de Argentina. Amparo".

(33) Voto Dra. Bogan, S.C.J.N., 22/12/2010 "Villalba, Franco Rodrigo c/ The Value Brands Company de Argentina. Amparo"

(34) De Diego, Julián A., en su artículo publicado el 30.11.10, diario El Cronista, sección Opinión, pág. 18.

 





Puede consultar este y otros artículos en la sección “Prensa y Artículos”  en www.dediego.com.ar






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