Stjsl-s. J. – S. D. Nº 010/17. En la Ciudad de San Luis, a nueve días del mes de febrero de dos mil diecisiete



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STJSL-S.J. – S.D. Nº 010/17.-

---En la Ciudad de San Luis, a nueve días del mes de febrero de dos mil diecisiete, se reúnen en Audiencia Pública los Señores Ministros Dres. OMAR ESTEBAN URÍA, HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y LILIA ANA NOVILLO - Miembros del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, para dictar sentencia en los autos: “RECURSO DE CASACIÓN EN AUTOS: “ROMERO DANIEL (IMP) – VIDELA CLAUDIA VERÓNICA (DEN)- AV. DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL CON ACCESO CARNAL” - IURIX PEX INC. Nº 168809/3.

Conforme al sorteo practicado oportunamente con arreglo a lo que dispone el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial, se procede a la votación en el siguiente orden: Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, LILIA ANA NOVILLO y OMAR ESTEBAN URÍA.-

Las cuestiones formuladas y sometidas a decisión son:

I) ¿Es formalmente procedente el Recurso de Casación interpuesto?

II) ¿Existe en el fallo recurrido alguna de las causales enumeradas en el Art. 428 del Código Procesal Criminal?

III) En caso afirmativo la cuestión anterior, ¿Cuál es la ley a aplicarse o la interpretación que debe hacerse del caso en estudio?

IV) ¿Qué resolución corresponde dar al caso en estudio?

V) ¿Cuál sobre las costas?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, dijo: 1) Que a fs. sub 1 la abogada defensora del condenado en autos Daniel Romero interpone recurso de casación, el que es fundado a fs. sub. 3/sub. 9, contra la sentencia sin número de fecha 09/05/2016, dictada por la Excma. Cámara en lo Penal Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en los autos principales a fs. 349/361vta., y que resolvió declarar culpable a su defendido como autor penalmente responsable, del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de convivencia, previsto en el art. 119 3º y 4°, inc. “f”, en relación al art. 45 del Cód. Penal, condenándolo a sufrir la pena de quince años de prisión, accesorias de ley y costas procesales, proponiendo su alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial.-

2) Que corresponde en primer término, efectuar el pertinente análisis a los fines de determinar si se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la normativa vigente en punto a la admisibilidad del recurso en cuestión.-

Al interponer el recurso, la defensa destaca que la sentencia recurrida no fue oportunamente publicada en el despacho diario, como tampoco fue notificada por cédula, lo cual condujo a que la defensa técnica se notificara personalmente de la misma el día 10/05/16, interponiendo el presente el recurso de casación en fecha 12/05/16.-

Analizadas las constancias del expediente principal que a la vista se tiene, se observa que efectivamente la Sentencia dictada en autos fue firmada digitalmente por el Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Penal Nº 2 con fecha 09/05/2016, y que el recurrente interpuso recurso de casación en fecha 12/05/16, por lo que el recurso ha sido interpuesto y fundado en término. Asimismo, ataca una sentencia definitiva de un Tribunal competente, encontrándose el recurrente exento del depósito judicial conforme al art. 431 del Cód. Procesal Penal. El recurso se interpone por causal reglada y no reglada expresamente pero admitida por la CSJN a partir de los autos “Casal” y “Giroldi” a los efectos de asegurar al imputado el derecho al recurso y a la doble instancia.-

En consecuencia, debe considerarse en este estudio preliminar y en mérito a lo dispuesto por el inc. a) del art. 442 del código de rito, que el recurso articulado deviene formalmente procedente.-

Por ello, VOTO a esta PRIMERA CUESTIÓN por la AFIRMATIVA.-

Los Señores Ministros, Dres. LILIA ANA NOVILLO y OMAR ESTEBAN URÍA, comparten lo expresado por el Sr. Ministro, Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTIÓN.-
A LA SEGUNDA y TERCERA CUESTIÓN, el Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, dijo: 1) De los antecedentes de la causa surge que por Sentencia de fecha nueve de mayo de 2016 se declara culpable a Daniel Anselmo Romero de datos y circunstancias personales obrantes en autos, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de convivencia, previsto en el art. 119 3º y 4°, inc. “f”, en relación al art. 45 del Cód. Penal, condenándolo a sufrir la pena de quince años de prisión, accesorias de ley y costas procesales, proponiendo su alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial.-

Manifiesta la defensa, con relación al recurso de casación, que el objetivo o función de unificación interpretativa del Derecho Penal, está vinculada con instituciones del Derecho Constitucional, como son la seguridad jurídica, el estado de derecho y el derecho a la igualdad. Que la aplicación segura del derecho es una cuestión de igualdad, por lo tanto la seguridad jurídica requiere que las normas sean aplicadas con continuidad, estabilidad e igualdad.-

Que al lado de la posición tradicional o restrictiva, aparece la postura flexible, la que a partir de la reforma constitucional del año 1994, elimina los límites de la postura tradicional, sustentando la modificación en la legislación supranacional, mediante una postura más amplia que permite ahora, revisar el marco fáctico de la causa y su correcto establecimiento en el fallo condenatorio.-

Que este cambio responde a un proceso, cuyo comienzo data del año 1995 con el caso Giroldi y termina desembocando en Casal, donde ya de manera definitiva se plasman principios acordes con la legislación y doctrina supranacional, en virtud de ello la Corte especifica por sentencia del 2 de Julio de 2004, que el recurso indicado en el art. 8.2. h de la C.A.D.H., debe garantizar un examen integral de la decisión recurrida y de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el Tribunal Inferior.

Que finalmente, el 20 de setiembre de 2005, la CSJN se expidió en los autos “Casal Matías”, dejando sentado el criterio que hoy reina en materia de casación y que importo una adecuación de la posibilidad de reexamen de la sentencia en materia recursiva, a las garantías supranacionales incorporadas en nuestra Carta Magna.-

Que bajo el título Error en la interpretación (fs. sub 6vta), en el punto 1) manifiesta la defensa que luce contradictoria la sentencia recaída contra su defendido en relación a la aplicación del art. 119, párrafo 3 y 4, inc. “f”, por considerarlo excesivo, habiendo pedido oportunamente la mutación por el delito de abuso sexual simple. En el punto 2) se refiere a errónea aplicación de la ley, en virtud de la prueba colectada para establecer el perfil genético del agresor, la cual, según la declaración de la bioquímica, Lic. María Belén Barloa “No existió perfil masculino” en las pruebas que se llevaron a cabo en Laboratorios Puntanos.-

En virtud de ello, se cuestiona cómo puede sentenciarse al Sr. Romero por los delitos mencionados, cuando no se pudo definir el perfil genético, resaltando la sentencia lesiva, que no se condice con otra sentencia, dictada por la misma Cámara.-

Alega que, en el caso de marras es de aplicación el art. 119, pero que deberían eliminarse la agravante de acceso carnal, por no haber quedado de manifiesto en el debate oral.-

Agrega que en la causa “Rubianni Gabrielle s/ Abuso Sexual gravemente ultrajante”, se mutó la calificación legal dada por el A quo, por una más leve, por ello solicita se aplique el principio de igualdad ante la ley, pues lucen semejanzas en cuanto a las calificaciones, en ambas causas.-

Refiere también al principio de Igualdad ante la ley y al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia de igualdad, peticionando se aplique dicho principio en las presentes actuaciones. Introduce cuestión constitucional.-

2) A fs. sub 11 y vta. contesta el traslado el particular damnificado por el término de ley, (en fecha 23/06/16) y a fs. sub 15 y vta obra contestación de traslado del Sr. Fiscal de Cámara, considerando ambos, que el recurso intentado debe rechazarse por las razones expresadas, a las cuales me remito.-

3) A fs. sub 18 y vta., luce el dictamen del Sr. Procurador General de la Provincia quien considera que debe rechazarse en todas sus partes el recurso articulado por la defensa de Daniel Romero, en razón de los fundamentos que expone, dictamen al que me remito en honor a la brevedad.-

4) El recurso de casación ha sido definido como el medio de impugnación a través del cual, por motivos de derecho específicamente previstos en la ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva, o la anulación de la sentencia y una nueva decisión, con o sin reenvío a un nuevo juicio. (TRATADO DE LOS RECURSOS, Tomo III, Recurso de Casación Penal, por Jimena Jatip, Págs. 39/82. Ed. Rubinzal Culzoni).-

Calamandrei, en su obra "Estudio sobre el Proceso Civil", Ed. Bibliográfica Argentina, B.A. 1961, afirma que: “el recurso de casación es una acción de impugnación que se propone ante el órgano jurisdiccional supremo para obtener la anulación de una sentencia de un juez inferior que contenga un error de derecho en la decisión de mérito".-

Sin perjuicio de ello, con el alcance del nuevo recurso de casación surgido de la sentencia de la Corte Suprema en “Casal Matías Eugenio”, del 29/9/2005, según la cual, después de la reforma constitucional de 1994 (Cfr. art. 75 inc. 22) y teniendo en cuenta la jurisprudencia internacional (en particular “HERRERA ULLOA”, 1994, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), todo condenado tiene derecho a recurrir la sentencia para que un tribunal superior revise integralmente los fundamentos del fallo, incluidos los que hacen a la prueba del hecho, con el único límite de los que están íntimamente ligados a la inmediación real.-

La Corte remarcó que la norma procesal que regula el recurso de casación (arts. 456 en la Nación, arts. 428/429 Cód. Procesal. Crim. Provincial), no restringe el alcance de la casación entendida de este modo sino que había sido interpretada restrictivamente –y por ende de modo inconstitucional-, y por ello no declaró su inconstitucionalidad sino que estableció cuál era el criterio con que debe ser interpretada.-

5) Sentado lo anterior, adelanto que comparto íntegramente y hago míos los fundamentos dados por el Sr. Procurador General en su dictamen de fs. sub 18 y vta., como así también lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara a fs. sub 15 y vta., ya que como bien se sostiene en los mismos, el recurso intentado debe ser rechazado.-

Que del detenido estudio de la cuestión sometida a consideración, se advierte que, si bien el recurrente funda la casación en la causal del art. 428 inc. a) y b) del C.P. Crim., no es menos cierto que dichas cuestiones en definitiva se refieren a la calificación legal atribuida al hecho, a materia de prueba merituada en su oportunidad por la Cámara, con resultado adverso para el recurrente y a una supuesta violación del principio de igualdad ante la ley.-

En primer lugar, corresponde tratar el agravio relativo, a que la defensa sostiene que Daniel Romero debió ser condenado por el delito de abuso simple, sosteniendo que al no haber material genético del condenado, debe descartarse el acceso carnal y en virtud de ello se cuestiona, cómo puede sentenciarse al Sr. Romero por los delitos mencionados, cuando no se pudo definir el perfil genético, destacando que la sentencia en crisis, no se condice con otra sentencia, dictada por la misma Cámara, y que por ello se viola el principio de igualdad.-

Que el agravio de la recurrente resulta inatendible, pues se traduce en el desconocimiento de los principios que informan el proceso penal, de la libre convicción y sana crítica racional, pues refiere que la sentencia de Cámara luce contradictoria, al aplicar el art. 119, párrafo 3 y 4, inc. “f” del C.P., por considerarlo excesivo, sin arrimar un nuevo elemento que pueda modificar el tipo penal por el cual fue condenado su defendido, solicitando por ello, la mutación por el delito de abuso sexual simple.-

Que asimismo, tal situación quedó ventilada en el debate donde se dijo que para resolver el cambio de calificación, la cuestión es demostrar si hubo penetración o no hubo penetración, y si no hubo penetración podría ser mutada la calificación legal, lo cual no ocurre en autos, teniendo en cuenta la contundencia de los informes médicos de los Dres. Samper Battini y Torres, que dijeron claramente que las lesiones que presentaba la menor, eran compatibles con una penetración y la claridad de la declaración de la menor, en la Cámara Gesell.-

Que efectivamente, la pericia de ADN realizada por Laboratorios Puntanos que descartó la existencia de material biológico masculino, no implica menospreciar la prueba que obtuviera el Laboratorio de la Policía de la Provincia, pues la Lic. en Bioquímica María Belén Barloa aclaró, que la ausencia o la imposibilidad de obtener un patrón biológico, se debió a que no había espermatozoides en las muestras recabadas por la Policía, lo que les imposibilitó cotejar muestra alguna, siendo éste el motivo por el cual especificó que no existió perfil genético masculino.-

Que en relación a la cuestión referida a la igualdad ante la ley, el recurrente pretende que se le aplique la calificación legal de otra causa, sin hacer un análisis respecto de la calificación que por analogía solicita, es decir sin realizar una crítica circunstanciada del tipo penal aplicado, ya que en recursos de excepción, como el de marras, se exige una clara, específica y detallada crítica respecto de la calificación legal, mostrando el error del sentenciante en la aplicación de la norma de fondo, tal como lo sostiene el Sr. Fiscal de Cámara, a fs. sub. 15 y vta. de autos.-

En este sentido, cabe concluir que la calificación legal aplicada en la sentencia recurrida, concuerda con los hechos que se han declarado probados.-

Que el llamado principio de igualdad, tal como ha sido entendido por el Derecho Constitucional, hace que todos los hombres deban ser tratados igualmente por el Estado, en cuanto, a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los llamados derechos fundamentales que están contemplados en nuestra Constitución, que son el corolario de la dignidad humana.-

Es decir que la garantía analizada ampara “iguales derechos frente a hechos semejantes” (Fallos: 295.937), igual trato siempre que las personas se hallen en idénticas circunstancias y condiciones (Fallos: 312:615), de modo tal que solo cuando las fórmulas legales son ostensiblemente arbitrarias cabe descalificarlas y aplicar con estrictez el principio de igualdad mentado (Fallos: 312:851, todos citados por SAGÜES, Néstor Pedro, “Elementos de derecho constitucional”, Tomo 2, segunda edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires 1977, pág. 435 y ss.” Fallos de la Casación Penal, Luis A. Arnaudo, compilador, Fabián J. Di Placido Editor, p. 337).-

Que en efecto, se advierte que el recurrente no efectiviza una crítica razonada y seria sobre la sentencia, si bien menciona que basa el recurso en ambas causales del art. 428 del código citado, omite en lo que resulta sustancial determinar cuál es la norma que debió aplicarse y solo efectúa menciones genéricas de la normativa legal (art. 119 párrafo 3 y 4, inc. “f” del C.P.Crim.), que no satisfacen los requisitos referidos-.

Respecto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia, la misma luce congruente con relación a las pruebas admitidas y valoradas en la causa y en el debate oral, considerando que la misma se encuentra fundada y motivada y la mera discrepancia del casacionista, sin una fundamentación que contradiga los fundamentos de aquella, no puede prosperar.-

En mérito a ello, corresponde rechazar el recurso de casación, por los motivos expresados ut supra, al no verificarse en el caso a estudio la configuración de las causales señaladas por el impugnante, sino que se observa más bien un simple interés o disconformidad con lo resuelto.-

En lo que respecta a la fundamentación probatoria, compete a esta Sala verificar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto, con el único límite de lo que no resulte revisable, esto es, lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Y que si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al Tribunal de mérito- entre otros recaudos- tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional (art. 193 CPP), resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que las integran – lógica, psicología, experiencia- debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de éste, a su vez evidenciar la decisividad del vicio que se denuncia, de acuerdo a lo prescripto por el art. 413 inc. 4 del CP. Por ello, resulta inconducente una argumentación impugnativa que se contenta sólo con reproches aislados que no atienden al completo marco probatorio o que esgrime un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquél. En tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las distintas premisas que sostienen la conclusión que causa agravio, la crítica no alcanza a enervarla y la decisión transita incólume el control casatorio”. (Ohanian, Andrea y otro s. lesiones culposas – Recurso de casación. Tribunal Superior de Justicia, Córdoba; 02-mar-2012; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Córdoba; RC J 676/14).-

Todo ello, nos lleva a sostener que “... está excluido del control de la Corte de casación el ejercicio de los poderes discrecionales del juez de mérito, siempre que sean ejercidas dentro de los límites de la autorización legal”. (DE LA RÚA FERNANDO – RECURSO DE CASACIÓN, p. 312).-

Por ende, no corresponde en esta oportunidad juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal que dictó la sentencia impugnada, señalándose al respecto que: “es insuficiente que el recurso se limite a exteriorizar la discrepancia con las conclusiones del fallo, siendo menester que se demuestre que se haya incurrido en flagrantes incoherencias o la infracción de las leyes de la lógica. Lo contrario es obligar a inferencias impropias de este recurso” (C. S. Bs. As.: In re – “CARBONEL GREGORIO Nº 23.785, FARIÑA JUAN Nº 24.126).-

Al respecto, se tiene dicho que asumir facultades de los tribunales de mérito, es crear una tercera instancia ordinaria. No puede pretenderse que por el recurso de casación se llegue a este punto con el fin de reeditar la justicia material de la sentencia de los Tribunales de grado sino “el restablecimiento del imperio de la Ley, y lleva por consiguiente una función pública con prescindencia de los intereses de las partes”. (Cfr. STJSL, “Romero Roque Daniel – Recurso De Casación”, 29-11-05, “Baigorria Silvia Graciela c/ Saisa – Demanda Laboral- Recurso de Casación”, 27-03-2007, entre otros).-

En consecuencia, siendo las cuestiones planteadas por el recurrente ajenas al ámbito de la casación, el medio recursivo en estudio deviene improcedente, más aún cuando el recurso de casación no procura una tercera instancia con el fin de revisar la justicia material de las sentencias de tribunales de grado, sino más bien el restablecimiento del imperio de la ley, que lleva por consi­guiente, una función pública con prescindencia de los intereses de las partes (STJSL N°31/09 “Pérez Sandra Noemí y Otros c/ Lucía Perfumes y/o Ángel Alfredo Sanuni y/o Ana María Esnaola de Sanuni – Dem. Laboral - Recurso de Casación”, 23-04-09).-

Que en el caso de marras, quedó efectivamente demostrado y acreditado que la menor atacada sexualmente contaba en dicha oportunidad con once años de edad y el examen médico realizado en forma inmediata, luego de la denuncia efectuada por la madre de la menor, Sra. Claudia Verónica Videla, el día 19/10/14 en la Comisaria Seccional Segunda, de esta Ciudad, arrojó, que la misma había sido penetrada, habiendo plena coincidencia en que el condenado se encontraba junto a la menor y su hijo en el domicilio, en oportunidad de ocurrir el hecho investigado, es decir que sólo estaban los tres (el imputado, la víctima y su hermano de nueve años), ya que la madre se había retirado al Centro de Salud, debido a las molestias que presentaba por su estado de embarazo, quedando descartada entonces la participación de un tercero en el hecho y que Daniel Romero, había consumido alcohol en la fiesta familiar, a la cual todos habían asistido.-

Que el testimonio de la menor Brisa Abigail Díaz, prestado bajo la modalidad de Cámara Gesell no presenta fisuras, por ello debe tenerse como prueba preponderante, en consideración de los criterios de validación o criterios de comprobación, al verificarse los parámetros dispuesto por UNICEF para tal fin, en virtud de ello, corresponde sea valorada con el resto de las probanzas colectadas en autos y ventiladas en el debate oral, lo cual permite concluir que la calificación legal aplicada en la sentencia recurrida, concuerda con los hechos que se han declarado probados, a los fines de establecer la responsabilidad penal de Daniel Romero, respecto del delito que aquí se investiga.-

Que la penetración de la menor es un hecho incontrastable, que no puede ser rebatido por la defensa del condenado, ya que las pruebas practicadas y la revisación médica realizadas sobre Brisa A. Díaz por parte del Dr. Samper Battini, fueron cumplidas el mismo día en que la madre hiciera la denuncia y ello deviene contundente, conjuntamente con el informe médico del facultativo ut supra mencionado, al consignar que las lesiones datan entre la hora 6 y 7 y que son típicas de la introducción de un elemento compatible, con el abuso sexual que sufriera la menor.-

Así entonces, debo señalar que la determinación de la materialidad ilícita objeto de juzgamiento y la autoría responsable de Daniel Romero, ha encontrado suficiente y racional sustento en la valoración armónica y conjunta del material convictivo, que fue relevado por el tribunal sentenciante, sin que en dicha operación se verifique la presencia de vicio o defecto alguno que importe una vulneración de las reglas de la sana crítica racional, ni su presencia es demostrada por cierto a través de los argumentos vertidos en el recurso que es objeto de análisis.-

Que se tiene dicho, que el principio de congruencia deriva de la garantía de defensa en juicio establecida en el art. 18 de la C.N., y exige que medie correlación o identidad entre el hecho imputado en las sucesivas etapas procesales y el establecido en el veredicto y la sentencia, para así evitar la sorpresa procesal que supondría la alteración de la plataforma fáctica al momento de sentenciar, y con ello el perjuicio que tal circunstancia supondría para las posibilidades de defensa.-

Que por consiguiente, se exige como requisito de la racionalidad de la sentencia, para que ésta se halle fundada, que sea reconocible el razonamiento del juez. Por ello se le impone que proceda conforme la sana crítica, que no es más que la aplicación de un método racional en la reconstrucción del hecho pasado.-

Al respecto se tiene dicho: “La sana crítica racional como regla de valoración probatoria supone la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba, excluyendo la discrecionalidad del juzgador. En consecuencia al valorar las pruebas a través de la regla de la sana crítica racional implica la unión entre la aplicación de los principios de la lógica y la experiencia (“máximas de experiencia”), sin abstracciones de orden intelectual y que propenda a asegurar un eficaz razonamiento. En aplicación de dichas reglas el magistrado resulta soberano en la selección de pruebas, pudiendo preferir unas y descartar otras. La sola omisión de considerar el examen de determinada prueba, no configura agravio atendible si el fallo apelado contempla y decide aspectos singulares de la cuestión y la resuelve con otros elementos de juicio”. (Prov. de Mendoza vs. Drago María s. Expropiación, Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario. Mendoza: 10-abr-2012; Rubinzal Online; RC J 3356/12).-

Se ha sostenido que la sentencia debe ser una consecuencia razonada del derecho vigente y de las constancias de autos, por lo que habrá falta de motivación si hay contradicción en los fundamentos normativos o con equívocas probanzas de autos. (CSJ de Santa Fe, Fallos, t. XXVIII, Pág. 137, voto de los Dres. Barraguirre y Ulla).-

Habida cuenta de la naturaleza y contenido de los agravios analizados, debo recordar que la ley no impone reglas generales para comprobar algunos ilícitos, ni fija en abstracto el valor de cada prueba, dejando al sentenciante en libertad de admitir la que tenga por útil y conducente a los fines del proceso, asignándole dentro de los límites fijados por la razonabilidad, la importancia que poseen para la determinación de los hechos.-

Se ha dicho que: “Si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al Tribunal de mérito-entre otros recaudos-tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio” (De la Rúa, Fernando, La casación penal, Depalma, 1994. Pág. 140; TSJ, Sala Penal, Sent. Nº 44, 8/06/2000, “Terreno”, entre muchos otros) “y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional (art. 193, CPP), resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran-lógica, psicología, experiencia- debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de éste, a su vez, evidenciar lo decisivo del vicio que denuncia. (Art. 413 inc. 4ª CPP). De allí que resulte inconducente una argumentación impugnativa que se contente solo con reproches aislados que no atiendan al completo marco probatorio o que esgrima un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquél. En tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las distintas premisas que sostienen la conclusión que causa agravio, la crítica no alcanza a enervarla y la decisión transita incólume el control casatorio. (TSJ Sala Penal, “Martínez”, sent. Nº 36, 14/03/2008” (TSJ de Córdoba, Sala Penal, 17/10/08, “Crivelli, Felipe Virgilio Ariel p.s.a. homicidio etc. –Recurso de Casación-“(Expte. C, 63/06) Mag. Tarditti, Cafure de Battistelli, Blanc G. de Arabel).-

En consecuencia, debo destacar que el fallo atacado no viola el derecho de igualdad ante la ley ni luce contradictorio, por el contrario, se han consignado suficiente las razones que llevan a determinar las conclusiones expresadas, por lo que el recurso articulado deviene improcedente, y debe ser rechazado.-

Por todo ello, VOTO a estas SEGUNDA y TERCERA CUESTIÓN por la NEGATIVA.-

Los Señores Ministros, Dres. LILIA ANA NOVILLO y OMAR ESTEBAN URÍA, comparten lo expresado por el Sr. Ministro, Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y votan en igual sentido a estas SEGUNDA y TERCERA CUESTIÓN.-
A LA CUARTA CUESTIÓN, el Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, dijo: Que en consecuencia, de conformidad a lo resuelto en la primera cuestión, corresponde el rechazo del Recurso de Casación interpuesto.-

Los Señores Ministros, Dres. LILIA ANA NOVILLO y OMAR ESTEBAN URÍA, comparten lo expresado por el Sr. Ministro, Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y votan en igual sentido a esta CUARTA CUESTIÓN.-


A LA QUINTA CUESTIÓN, el Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, dijo: Costas al recurrente vencido.-

Los Señores Ministros, Dres. LILIA ANA NOVILLO y OMAR ESTEBAN URÍA, comparten lo expresado por el Sr. Ministro, Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y votan en igual sentido a esta QUINTA CUESTIÓN.-

Con lo que se da por finalizado el acto, disponiendo los Sres. Ministros la Sentencia que va a continuación:
San Luis, nueve de febrero de dos mil diecisiete.-
Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto.-

II) Costas al recurrente vencido.-



REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.-

La presente Resolución se encuentra firmada digitalmente por los Dres. OMAR ESTEBAN URÍA, HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y LILIA ANA NOVILLO, en el sistema de Gestión Informático del Poder Judicial de la Provincia de San Luis, no siendo necesaria la firma ológrafa, conforme Reglamento Expediente Electrónico.-




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