SR. ministro ponente: ministro jorge mario pardo rebolledo



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aRectangle 2mparo directo en revisión 2658/2014

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2658/2014.

QUEJOSO: **********.

VISTO BUENO

SR. MINISTRO

PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de octubre de dos mil catorce.


V I S T O S, para resolver los autos relativos al AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2658/2014, interpuesto contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, al resolver los autos del amparo directo penal **********; y,
R E S U L T A N D O:
P R I M E R O. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito recibido el veinticuatro de enero de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo,1 **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo en la vía directa en contra de las autoridades y actos que a continuación se indican:
Autoridades Responsables:


  • Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.




  • Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.


Actos Reclamados:


  • El auto de formal prisión emitido en la partida penal **********, instruida en contra de **********, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de DESPOJO.




  • La sentencia de quince de julio de dos mil trece, emitida por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en la que se estimó a ********** penalmente responsable en la comisión del delito de DESPOJO.




  • La resolución de veintinueve de noviembre de dos mil trece, dentro del Toca Penal **********, mediante la que se MODIFICÓ la sentencia de primera instancia, por lo que se refirió al grado de culpabilidad del quejoso.


S E G U N D O. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS. El quejoso señaló como Derechos Fundamentales vulnerados en su perjuicio, los establecidos en los artículos 1º, 14, 16 y 19, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2
T E R C E R O. TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió conocer de la citada demanda de amparo al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, cuyo Magistrado Presidente mediante proveído de diez de febrero de dos mil catorce, la ADMITIÓ a trámite únicamente por lo que respecta a la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil trece, dictada dentro del Toca Penal **********, mediante la que se MODIFICÓ la sentencia de primera instancia. De esta forma, ordenó su registro bajo el número de AMPARO DIRECTO PENAL **********; así, estimó que procedía DESECHAR DE PLANO la demanda interpuesta respecto del auto de plazo constitucional y la sentencia condenatoria de primer grado que dictó la Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.
Seguidos los trámites procesales correspondientes, dicho órgano de control constitucional, mediante acuerdo correspondiente a la sesión de veintinueve de mayo de dos mil catorce,3 dictó la respectiva sentencia constitucional, en la cual, por unanimidad de votos de sus integrantes, se determinó NEGAR al quejoso el Amparo y Protección de la Justicia Federal.
C U A R T O. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. Inconforme con el sentido de la resolución constitucional anterior, el quejoso **********, por propio derecho, interpuso el respectivo Recurso de Revisión, mediante escrito recibido el cuatro de junio de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito.4
De esta forma, mediante proveído de cuatro de junio de dos mil catorce, el Presidente del citado Tribunal constitucional A quo, tuvo por interpuesto el referido re curso de revisión y ordenó remitir los autos del juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se realizó mediante oficio número “3698/2014”, mismo que fuera recibido en este Alto Tribunal el dieciocho de junio siguiente.
Q U I N T O. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Con la remisión de autos anterior, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil catorce,5 ordenó formar y registrar el recurso de revisión bajo el número 2658/2014, con reserva del estudio de los motivos de importancia y trascendencia que fuese realizado; puntualizó que la tramitación del asunto se regiría por lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo al derivar de un proceso constitucional iniciado bajo su vigencia. Asimismo, se ordenó que dicho expediente fuese turnado para su estudio al Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y, por ende, radicado en la Primera Sala de este Alto Tribunal, ya que la materia del asunto correspondía a su especialidad -penal-.
S E X T O. RADICACIÓN DEL ASUNTO. De esta forma, el Ministro Presidente de la Primera Sala de este Supremo Tribunal, mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil catorce,6 se AVOCÓ al conocimiento del recurso de revisión interpuesto y, además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia de su adscripción para la elaboración del proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O:
P R I M E R O. COMPETENCIA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 5/2013 emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado en amparo directo, cuya resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
S E G U N D O. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Por tratarse de un presupuesto procesal cuyo análisis es de estudio preferente y oficio, es necesario corroborar que la interposición del recurso fue oportuna.
Así, debe decirse que el recurso de revisión planteado por **********, fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, ya que de autos se advierte que la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, al resolver los autos del juicio de amparo directo de origen, fue notificada por LISTA al quejoso el cinco de junio de dos mil catorce,7 por lo cual, la misma surtió efectos el seis siguiente, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo.
Así, el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve al veinte de junio de dos mil catorce, debiendo descontarse los días siete, ocho, catorce y quince intermedios, por haber sido inhábiles -sábados y domingos- conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado el cuatro de junio de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, es evidente que su interposición resultó oportuna. Sin que obste que el recurso de revisión se interpusiera previo al inicio del plazo para su presentación.
Resulta aplicable, por analogía, la tesis aislada LXXIII/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo criterio se comparte, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de dos mil doce, Tomo tres, página dos mil treinta y siete, que es del tenor literal siguiente:
RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO. - El artículo 86 de la Ley de Amparo establece que el plazo para interponer el recurso de revisión es de 10 días, contados desde el siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida; punto de partida que es acorde con el diverso 24, fracción I, de la misma ley, donde se precisan las reglas para el cómputo de los términos en el juicio de amparo destacándose, además, que en ellos se incluirá el día del vencimiento. De esta manera, la interpretación de ambos preceptos permite concluir que, al fijar un plazo para la interposición del recurso, el legislador quiso establecer un límite temporal a las partes para ejercer su derecho de revisión de las resoluciones dictadas dentro del juicio de amparo, a fin de generar seguridad jurídica respecto a la firmeza de esas decisiones jurisdiccionales; sin embargo, las referidas normas no prohíben que pueda interponerse dicho recurso antes de que inicie el cómputo del plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley.”
T E R C E R O. PROBLEMÁTICA JURÍDICA A RESOLVER. En el presente asunto, deberá dilucidarse como primer aspecto, si el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, resulta o no procedente y, en su caso, determinar si el órgano de control recurrido realizó alguna interpretación constitucional.
C U A R T O. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. A fin de facilitar la comprensión del asunto, en el presente apartado, se procederá a la reseña de los respectivos antecedentes, de los conceptos de violación, de la sentencia recurrida y de los agravios formulados por el quejoso:


  1. ANTECEDENTES:


I). El Representante Social consignó los hechos siguientes:
El diecinueve de enero de dos mil siete, se le entregó a **********, la posesión real, material y jurídica de un inmueble en el Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, el cual fue adquirido por compraventa celebrada el veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y dos, con **********.
El dieciocho de mayo de dos mil doce, el comprador **********, al pasar por el citado predio, se percató de que el zaguán que sirve de acceso de salida se encontraba abierto y en su barda un anuncio de vulcanizadora y de servicio de autolavado; al entrevistarse con el encargado, éste le comentó que el lugar se lo rentó **********, sin embargo, carecía de derechos respecto del predio y de autorización para disponer del mismo, por lo que, no podía celebrar ningún acto jurídico respecto del inmueble.
II). Una vez que el Representante Social local estimó que probablemente ********** cometió el delito de DESPOJO, consignó la indagatoria al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; y, solicitó la emisión de la orden de aprehensión.
III). El veintinueve de noviembre de dos mil doce, se radicó –sin detenido- la causa bajo el número de partida penal **********; con posterioridad se cumplimentó el mandamiento de captura; y de esta forma, una vez que se tomó declaración preparatoria al quejoso, el veinticuatro de enero de dos mil trece, se emitió el Auto de Plazo Constitucional. Agotados los trámites procesales respectivos, el quince de julio de dos mil trece, la juez penal de la causa emitió sentencia, en la que estimó que ********** fue penalmente responsable en la comisión del delito de DESPOJO, en agravio de **********.
IV). Inconforme con la resolución de mérito, el defensor particular del sentenciado promovió Recurso de Apelación, del cual, conoció la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; misma que el veintinueve de noviembre de dos mil trece, resolvió el Toca Penal **********, en el que MODIFICÓ el fallo de primer grado, sólo por lo que se refirió al grado de culpabilidad del apelante.
V). En contra de la citada resolución de Alzada **********, interpuso demanda de amparo directo, de la que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, quien en sesión de veintinueve de mayo de dos mil catorce, NEGÓ el amparo impetrado por el quejoso. Siendo este último acto el que constituye la materia del presente recurso de revisión.


  1. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.

El recurrente **********, en vía de conceptos de violación, realizó las siguientes manifestaciones:


1). Se transgredió en su perjuicio lo previsto en el artículo 1º constitucional, ya que el auto de formal prisión reclamado, no cumplió con los requisitos constitucionales que se establecen para su emisión.
2). De autos, no se precisó el lugar donde supuestamente se cometió la conducta ilícita imputada; por tanto, al no acreditarse este elemento, se vulneró en su perjuicio el artículo 19 constitucional.
3). Tampoco fue debidamente acreditada la circunstancia de tiempo del delito, ni tampoco se comprobaron las circunstancias de ejecución del delito.
4). No se advirtió la existencia de datos bastantes y suficientes que acreditaran el cuerpo del delito (sic), así como su probable responsabilidad; por tanto, no se observó lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 19 constitucional. Así, el Representante Social consignó la indagatoria sin razonar y fundar su acusación.
5). No se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento para privarlo de su libertad.
6). Desde su detención, no se respetaron los principios que enmarca el artículo 16 constitucional, ello, en razón de que la indagatoria como el auto de formal prisión estuvieron viciados de errores formales y de fondo.
7). Por último, estimó que debía tomarse en cuenta lo anterior para comprobar su inocencia; y por tanto, proceder a la concesión a su favor del amparo.


  1. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL COLEGIADO.


A). En principio, el Tribunal colegiado destacó la falta de transgresión al artículo 1º constitucional.
B). Asimismo, estimó que no se actualizó violación alguna al artículo 14 constitucional, ya que la sentencia reclamada se emitió con respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. Sin que se advirtiera aplicación por analogía o mayoría de razón de la ley en su perjuicio, ya que la pena impuesta se fundó en el artículo 218, fracción I, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, en el que se prevé y sanciona el delito de DESPOJO, por el cual se le condenó.
C). La sentencia reclamada también cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación, por tanto, no se vulneró el artículo 16 constitucional. Por otra parte, el quejoso fue juzgado dentro del plazo que establece el artículo 20, fracción VIII, constitucional. Asimismo, se observó lo dispuesto en la fracción IX, del mismo numeral constitucional. Afirmó que tampoco se le impuso alguna pena prohibida por el artículo 22 constitucional.
D). En el caso concreto se satisfizo el requisito de procedibilidad de querella, ya que se presentó en términos de lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo.
E). No se advirtió violación a los Derechos Fundamentales del quejoso, en cuanto a la justipreciación del material probatorio existente en la causa penal, ya que en términos del artículo 220 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, fue apto y suficiente para comprobar la plena responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de DESPOJO, así como para demostrar los elementos del ilícito: a) Que el sujeto activo ocupe un inmueble ajeno; y, b) Que esa conducta la realice sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo.

F). Contrario a lo expuesto por el quejoso, sí se conoció el lugar donde se encontraba ubicado el inmueble, lo que se advirtió de la querella presentada, así como de la concatenación de los diversos medios de prueba aportados a la causa penal; y si bien el quejoso alegó su inocencia, se advirtió la existencia de un contrato de compraventa agregado en autos, razón por la cual, el activo carecía de facultades para realizar actos de dominio respecto del mismo. Sin que en la especie se actualizara la figura de la “duda”, ya que ésta le correspondía verificar a los tribunales de instancia.
G). Por último, el Tribunal colegiado tuvo como correcto el grado de culpabilidad en que la Sala responsable ubicó al quejoso, así como las demás sanciones derivadas de la aplicación de la pena corporal.


  1. AGRAVIOS.

El quejoso **********, expresó lo siguiente:


A). La sentencia reclamada se apoyó en consideraciones improcedentes; y,
B). La resolución impugnada no fue debidamente fundada y motivada.
Q U I N T O. PROCEDENCIA DEL ASUNTO. Establecido lo anterior, debe decirse ahora que tal y como se precisó en diverso apartado de esta ejecutoria, primeramente, deberá analizarse si es o no procedente el recurso de revisión que nos ocupa, y además, si se acreditan los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Punto Primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dicho año.
Para tal fin, es necesario tener en cuenta lo previsto por la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]
IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; […]”.
Ahora bien, conforme a la exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 107, fracción IX, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se advierte que las facultades discrecionales otorgadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre la procedencia del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tienen por objeto que este Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia; por lo cual, el precepto legal in examine pretende fortalecer el carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en congruencia con el carácter uni-instancial del amparo directo, a fin de que sólo por excepción, pueda ser tramitada y resuelta dicha segunda instancia, pero acotada sólo a aquellos casos que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal.
Dicho en otras palabras, en tratándose de juicios de amparo directo, por regla general, no procede el recurso de revisión y sólo por excepción, éste será procedente.
Con base en lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto PRIMERO establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:
A). La existencia en la sentencia recurrida de un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o bien, que se hubiera establecido la interpretación directa de un precepto constitucional; o que habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se hubiera omitido su estudio; y,
B). Que dicho problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.
Luego, en ningún otro caso a los antes enunciados, procederá el recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo.
En lo relativo a los referidos requisitos de “importancia y trascendencia”, el punto PRIMERO del Acuerdo Plenario 5/1999 antes invocado, señala que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia si existe jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías; cuando no se hayan expresado agravios o de haberse expresado, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, y no exista obligación de suplir la queja deficiente; o bien, en casos análogos.
Es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 64/2001 sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo criterio se comparte, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Diciembre de dos mil uno, página trescientos quince, que es del tenor literal siguiente:
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente”.
Expuesto lo anterior, debe decirse que en el caso concreto, NO se surten los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo en revisión que han sido precisados, ya que por un lado, del escrito inicial de demanda se advierte que su accionante **********, NO impugnó la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o bien de un reglamento, ni tampoco planteó en sus conceptos de violación la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien de un Tratado Internacional; en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito recurrido al dictar la sentencia correspondiente, NO decidió sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado, ni mucho menos estableció la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, por tanto, tampoco omitió el estudio y decisión de estas cuestiones, pues no existía razón para que se pronunciara al respecto.
Lo anterior es así, ya que de la simple lectura de los conceptos de violación que fueron esgrimidos por el entonces sentenciado ********** en su escrito de demanda, claramente se advierte que las argumentaciones lógico-jurídicas que fueron formuladas por éste, estuvieron dirigidas a combatir aspectos de mera legalidad del acto de autoridad reclamado; vinculados esencialmente con los tópicos siguientes:
1). El auto de formal prisión reclamado, no cumplió con los requisitos constitucionales que se establecen para su emisión.
2). De las constancias de autos, no se observó el lugar, tiempo, ni circunstancias de ejecución del delito.
3). No se advirtió la existencia de datos bastantes que comprobaran el cuerpo del delito, así como su probable responsabilidad.
4). No se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento;
5). Tanto la indagatoria, como el proceso y sentencia estuvieron viciados con errores formales y de fondo, y,
6). En el caso concreto no se respetó su Derecho Fundamental de Presunción de inocencia.
Aspectos los anteriores que tal y como se precisó con antelación, NO implican un verdadero planteamiento de constitucionalidad sino de mera legalidad; sin que tampoco pueda estimarse que el Tribunal Colegiado hubiera realizado la interpretación directa de un precepto constitucional. Tan es así que el Tribunal colegiado recurrido, únicamente se limitó al análisis de los tópicos planteados bajo un enfoque de mera legalidad.
Lo anterior es así, ya que con respecto a la interpretación de normas positivas, se puede decir que las normas jurídicas entendidas como proposiciones racionales de carácter impersonal, abstracto y general- tienen que ser individualizadas o incorporadas al hecho que están llamadas a regir. Más para individualizarlas y aplicarlas hace falta empezar por determinar su sentido. A esta indagación del verdadero sentido y, por ende, del contenido y alcance de las normas jurídicas, en relación con los casos que por ellas hayan de ser reglados, se le llama interpretación.
Luego, interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido y precisamente, aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica, por tanto, también para la resolución judicial.
Existe criterio en el sentido de que el requisito de procedencia del recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito vía amparo directo, relativo a que en las mismas se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, debe entenderse, de acuerdo con las normas de la hermenéutica jurídica, que en tales sentencias el propio órgano de control constitucional haga un análisis del contenido del precepto constitucional, para determinar su sentido, alcance e inteligencia, lo que en la especie, se reitera, no aconteció.
Apoya a la anterior consideración la siguiente tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sentido y alcance comparte esta Primera Sala, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 91-96 Tercera Parte, página noventa y siete, que textualmente establece:
REVISIÓN CONTRA SENTENCIAS DE TRIBUNAL COLEGIADO. INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN.- El requisito de procedencia del recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito previsto por la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, consistente en que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, debe entenderse, de acuerdo con las normas de la hermenéutica jurídica, que tales sentencias hagan un análisis del contenido del precepto constitucional, para determinar su sentido, alcance e inteligencia”.
Por tanto, como en el caso no se combatió la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento expedido por el Presidente de la República o por el Gobernador de algún Estado, así como tampoco se planteó la interpretación directa de un precepto constitucional, y por consecuencia, tampoco se realizó dicho ejercicio exegético por parte del Tribunal Colegiado del conocimiento, procede DESECHAR el recurso de revisión planteado.
Se estima aplicable la tesis jurisprudencial 1a./J. 36/2002, sustentada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de dos mil dos, página ciento treinta, que dispone.
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INVOCACIÓN EN LA SENTENCIA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DEL MISMO Y, POR TANTO, NO SE SATISFACE EL REQUISITO DE EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL REFERIDO RECURSO.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia P./J. 46/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII-Noviembre, página 39, que para determinar si en la sentencia de un juicio de amparo directo existe o no interpretación directa de un precepto constitucional, no basta que la parte inconforme con dicho fallo manifieste que en la citada resolución el Tribunal Colegiado de Circuito hizo tal interpretación, sino que es necesario que, efectivamente, se interprete el sentido y alcance de algún precepto constitucional. En consecuencia, no puede considerarse que se efectúa la interpretación directa de un precepto constitucional, cuando en la sentencia de amparo el Tribunal Colegiado simplemente invoque algunos preceptos constitucionales, ya que el juicio constitucional se contrae, precisamente, en una adecuada referencia de tales preceptos, de modo que su cita, para la solución de la controversia respectiva, no sólo se encuentra inmersa como presupuesto indispensable al efecto; sino que la aislada aplicación efectuada por los órganos de amparo, no colma el requerimiento de excepcionalidad de procedencia del recurso de revisión conforme a los rasgos citados, pues arribar a una determinación en sentido opuesto, daría lugar a aceptar que todas las sentencias de amparo, por el hecho de haberse fundado en la cita de artículos de nuestra Carta Magna, son impugnables, con riesgo de violar la regla general de irrecurribilidad de dichos fallos”.
Sin que se advierta que en la especie opere suplir la deficiencia de la queja, ya que ésta se actualizaría una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no implica actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente.
Se estima aplicable por analogía la tesis jurisprudencial 1a./J. 13/94, sustentada por esta Primera Sala, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo setenta y ocho, Junio de mil novecientos noventa y cuatro, página veinticinco, que textualmente establece:
PROCEDENCIA DE RECURSOS. NO OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LA. Tratándose del análisis de la procedencia del recurso, la regla general es que no debe operar la suplencia de la queja deficiente, que ordena el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no obstante que se trate de la materia penal (artículo 76 bis, fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales), porque esta suplencia se ha instaurado, para que proceda cuando advierta el juzgador que la queja es deficiente, abarcando en la materia penal, incluso la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios, pero no hasta el extremo de modificar el régimen que ha establecido la Constitución Federal y la propia Ley de Amparo, respecto de la procedencia del recurso de revisión en amparos directos”.
De igual manera, se estima aplicable por analogía la diversa tesis jurisprudencial 1a./J. 50/98, emitida por esta Primera Sala en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos veintiocho que textualmente dispone:
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente”.
Tampoco es óbice para la conclusión a la que se llegó, el hecho de que la Presidencia de esta Primera Sala haya admitido el recurso, toda vez que se trata de una determinación de trámite que no causa estado.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 19/98, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, página diecinueve, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:
REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento”.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
P R I M E R O. Se DESECHA por improcedente el recurso de revisión a que este toca se refiere.
S E G U N D O. Queda FIRME la sentencia recurrida.
N o t i f í q u e s e; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos al Tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Firman el Ministro Presidente de la Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA


MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA


PONENTE


MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO


SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA


LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES

***********En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.



1 Cuaderno del Juicio de Amparo Directo **********. Foja 27, vuelta.

2 Ídem. Foja 6.

3 Ídem. Foja 71.

4 Cuaderno del Amparo Directo en Revisión 2658/2014. Foja 6, vuelta.

5 Ídem. Foja 9.

6 Ídem. 18.

7 Cuaderno del Juicio de Amparo Directo **********. Foja 11, vuelta.



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