Sociedad entre profesionales establecimiento veterinario reclamo del valor llave



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SOCIEDAD ENTRE PROFESIONALES – ESTABLECIMIENTO VETERINARIO – RECLAMO DEL VALOR LLAVE
Con fecha 10 de Abril de 2014, la Sala I de la Exma. Cámara de Apelación en lo Civil y comercial de Azul dictó sentencia en la causa ENRIQUE OSVALDO ADALBERTO C/ GUENZATTI GUSTAVO CESAR S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)” (Causa N° 58.450), en materia de sociedad entre dos profesionales veterinarios y el reclamo del valor llave del establecimiento donde ejercen dicha profesión

1-58450-2013 -

"ENRIQUE OSVALDO ADALBERTO C/ GUENZATTI GUSTAVO CESAR S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)"

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL - OLAVARRIA (EX JUZGADO DE PAZ)

Nº Reg. ............

Nº Folio ..........


En la Ciudad de Azul, a los 10 días del mes de Abril de 2014 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Lucrecia Inés Comparato, Ricardo César Bagú y Esteban Louge Emiliozzi, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ENRIQUE OSVALDO ADALBERTO C/ GUENZATTI GUSTAVO CESAR S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) ", (Causa Nº 1-58450-2013), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Doctores LOUGE EMILIOZZI - BAGU - COMPARATO .-

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:



-C U E S T I O N E S-

1ra. ¿Corresponde declarar la deserción del recurso interpuesto a fs. 364 y fundado a fs. 378/381?

2da.- ¿Es justa la sentencia de fs. 354/359?

3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?



- V O T A C I O N

A LA PRIMERA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:

Si bien al tratar la siguiente cuestión haré una reseña de lo actuado en este proceso, basta mencionar, a los fines que ahora interesan, que en oportunidad de contestar el actor a fs. 416/417vta. los agravios vertidos por el demandado a fs. 378/381 solicita en primer término la declaración de deserción del recurso por insuficiencia de la expresión de agravios (arts. 260, 261 y conc. del C.P.C.C.).

A fin de dar respuesta a esa petición, he de señalar que este Tribunal ha venido aplicando un criterio amplio en la apreciación de los requisitos que debe satisfacer el memorial y aunque el mismo diste de exhibir una adecuada suficiencia técnica, siempre que se exteriorice, aunque mínimamente, el agravio o el esbozo de la crítica, se abre la función revisora en miras de asegurar más adecuadamente el derecho de defensa (causas nº 43894, “Ane”, del 20.02.02; nº 49665, “Adami”, del 16.03.06; nº 51438 “Bonnat”, del 29.11.07; nº 51278, “Valerio”, del 06.12.07.; n° 53.567, “Bruni”, del 28.10.09.); que los principios y límites en esta materia deben ser aplicados en su justa medida bajo riesgo de caer en rigorismo excesivo por apego a las formas, no querido por el ordenamiento legal (conf. causa n° 44262 “Banca Nazionale del Lavoro S.A.” del 17.05.02).

Aplicando estos principios al caso de autos, hecho el necesario análisis del contenido de los agravios encuentro que si bien existen pasajes de dicha pieza recursiva que son ciertamente oscuros y confusos, no aprecio que deba caer la totalidad de la queja como lo pretende la actora. Máxime que –como se verá en el desarrollo que sigue- en la aludida pieza recursiva existe algún agravio que aunque no es formulado con absoluta claridad es al menos atendible y resulta dirimente para la resolución de la litis.

Con tal aclaración, voto por la negativa.

Los Señores Jueces Doctores Bagú y Comparato adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.



A LA SEGUNDA CUESTION: el Señor Juez Doctor Louge Emiliozzi dijo:

I.a) El presente proceso es promovido por el Sr. Osvaldo Alberto Enrique, quien acciona contra el Sr. Gustavo César Guenzatti en procura del cobro de una suma de dinero que el accionado le adeudaría en concepto de “valor llave” del fondo de comercio identificado como “Veterinaria del Parque”.

Narra el actor en el escrito de inicio (fs. 26/38) que tanto él como el accionado son veterinarios, y que ejercen la profesión de manera liberal y autónoma, pero desde septiembre del año 2004 compartieron un mismo espacio comercial, en la veterinaria comercialmente denominada con el nombre de fantasía “Veterinaria del Parque”, sita en la calle Belgrano 2296 en su intersección con la calle Riobamba de la ciudad de Olavarría.

También refiere el accionante que desde el punto de vista del contralor sanitario, administrativo, fiscal y tributario y/u otro contralor oficial, en todos los ámbitos, la citada veterinaria siempre estuvo habilitada a su nombre como único responsable técnico, profesional, funcional y operativo del centro asistencial. Agrega, en el mismo sentido, que los proveedores facturaban a su nombre y que es el titular del número de teléfono utilizado en el comercio.

Sin embargo, también precisa a continuación que en el decurso de la actividad profesional ambas partes atendían la veterinaria en un marco de absoluta colaboración técnico profesional de buena fe y amistad, actuando ambos en las ventas de productos inherentes a la profesión, participando de las ganancias y pérdidas en partes iguales, más allá de que cada uno tenía su CUIT en forma personal para facturar los servicios profesionales.

Continúa relatando el Sr. Enrique que por diferencias operativas y profesionales el día 2 de diciembre de 2010 decidió cambiar el domicilio profesional de la veterinaria a su cargo, trasladándose al actual consultorio sito en calle Moreno 3366 de la ciudad de Olavarría. A su vez, a finales del año 2010, con intervención del Notario Carlos E. Ressia, procedió a vender al accionado el 50% indiviso del inmueble donde funciona “aún hoy” (en referencia al momento de la presentación de la demanda) la “Veterinaria del Parque”.

Adjunta a la demanda fotografías y publicidades correspondientes a la mentada veterinaria para demostrar que el accionado aparece como nuevo responsable del establecimiento del que el actor era titular.

Puntualiza que en este marco de conflicto, es decir, habiendo cambiado su domicilio profesional al consultorio de calle Moreno 3356 por desavenencias profesionales, y continuando el demandado en forma unilateral e irregular el uso exclusivo y personal del fondo de comercio conocido con el nombre de fantasía “Veterinaria del Parque”, habilitado a su nombre, se encuentra legitimado para reclamar el “valor llave”.

Hace referencia a un cruce epistolar habido entre las partes, consistente en el intercambio de cuatro cartas documento.

Luego puntualiza que el objeto de su reclamo lo constituye el “valor llave” del fondo de comercio y se explaya sobre su concepto y las distintas formas para calcularlo. A título informativo adjunta 24 hojas de cuaderno en las que se asentaban los ingresos de la veterinaria, correspondientes al tiempo comprendido entre el 2 de octubre al 2 de diciembre de 2010. Estima que el valor llave del fondo de comercio es de $ 180.000 y reclama el 50% del mismo, es decir, $ 90.000, o lo que en más o en menos surja de la prueba y del criterio del sentenciante. Solicita que a dicho monto se le adicione la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha de mora operada desde la recepción de la primera carta documento hasta el efectivo pago.

b) Bilateralizada la demanda bajo el cauce del proceso sumario (fs. 39/40), se presenta el accionado a fs. 55/64 a contestarla y solicitar su rechazo, con costas.

Luego de negar algunos hechos contenidos en la demanda y reconocer otros, el accionado proporciona su propia versión de lo acaecido.

En esa faena, refiere que comenzaron a ejercer conjuntamente la profesión de veterinarios en una fecha muy anterior a la indicada en la demanda, más puntualmente desde el 1 de abril de 1991, en el que iniciaron el ejercicio profesional en un inmueble que les fue prestado por sus padres, sito en calle Belgrano 2457 de la ciudad de Olavarría. Agrega que en el año 2004, con los ahorros reunidos, procedieron a adquirir el inmueble en el que se asentó el comercio objeto de este litigio, sito en calle Riobamba 2896 de la ciudad de Olavarría (cabe acotar que conforme se aclara en la contestación de oficio del Colegio de Veterinarios, obrante a fs. 112/113, ambas direcciones –es decir, Belgrano 2296 y Riobamba 2896- corresponden al mismo inmueble, por estar el mismo situado en la intersección de las calles Belgrano y Riobamba).

En ese contexto, afirma en diversos pasajes de la contestación de demanda que desde el inicio conformaron una sociedad de hecho, más allá de que es cierto que ciertos clientes elegían a su veterinario de confianza (fs. 57vta. y 58vta., entre otros pasajes).

Refiere que si bien es cierto que la habilitación del nuevo local figuraba solo a nombre del actor, ello lo fue para simplificar los trámites.

También alega en diversos pasajes que ellos no ejercían el comercio sino que se dedicaban y se siguen dedicando al ejercicio de la profesión de veterinarios (fs. 57vta., entre otros).

Del mismo modo, refiere que la decisión del actor fue sorpresiva y que no fue él sino sus hermanas quienes hicieron un esfuerzo por comprar el 50% del inmueble, por lo que el accionado les abona un alquiler. Aduna que frente a la decisión del actor repartieron todos los bienes, y que el actor debió representarse que el demandado continuaría ejerciendo la profesión en el mismo lugar (fs. 58).

II) Luego de abrirse la causa a prueba (fs. 69/70), y transitarse por las alternativas propias de esta etapa procesal, se arriba al dictado de la sentencia de fs. 354/359 cuya apelación genera la actual intervención de este tribunal.

Dicho decisorio dispuso, en su parte resolutiva, hacer lugar a la demanda, condenando al accionado a pagar al actor la suma de $ 60.000 en concepto de valor llave del fondo de comercio denominado "Veterinaria del Parque", que ambos compartieron durante los años 2004 a 2010, con más los intereses calculados de acuerdo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, a computar desde el 10 de diciembre de 2010 (fecha en que el actor se retiró del comercio) y hasta el efectivo pago. Impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 51 del Decreto Ley 8904/77.

Para así decidir, y luego de reseñar detalladamente los antecedentes de la litis, la Sra. Juez de grado comenzó refiriéndose al concepto de “valor llave”, recurriendo para ello a opiniones doctrinarias y precedentes de la Excma. S.C.B.A. También precisó que por razones prácticas el valor llave no puede ser transferido en forma separada del fondo de comercio.

Sentadas esas pautas introductorias, la anterior sentenciante se abocó a la consideración de las pruebas rendidas en el expediente, lo que la llevó a tener por probado que ambas partes compartieron un fondo de comercio durante el período 7/2004 al 10/12/2010.

También concluyó la magistrada de grado en otro pasaje que la profesión de veterinarios era ejercida de manera independiente por cada uno de ellos, lo que resulta lógico porque se trata de una prestación de servicios, donde el valor confianza rige las relaciones con sus respectivos clientes. No obstante, también aseveró que el capital de la sociedad era el inmueble (50% a cada uno), los objetos muebles y el valor llave reclamado, y que sobre los dos primeros hubo acuerdo pero no sobre el último, lo que dio lugar a este proceso. Completando esta idea, puntualizó que está probado que el actor vendió el 50% indiviso del inmueble a las hermanas del demandado, lo cual demuestra un acuerdo parcial en la distribución del fondo de comercio.

En base estas consideraciones, la anterior sentenciante concluyó que el actor logró acreditar que ambas partes ejercieron el comercio en el local denominado “Veterinaria del Parque”, a través del cual se prestaba el servicio veterinario y la venta de medicamentos para animales, que es en definitiva lo que da sustento al reclamo del actor.

Seguidamente volvió sobre las pautas para calcular el valor llave y lo estimó prudencialmente en la suma de $60.000 por la que –como ya vimos- prospera la demanda.

III) Ambas partes apelaron el decisorio reseñado en el apartado anterior (fs. 360 y 364), siendo los recursos concedidos libremente (fs. 361 y 365, respectivamente).

Arribados los autos a esta instancia, la actora expresó agravios a fs. 383/392, los que no fueron contestados (conf. informe de secretaría de fs. 418). Por su parte, la demandada hizo lo propio a fs. 378/381, obteniendo respuesta de la contraparte a fs. 416/417, además del planteo de deserción del recurso que ya fue analizado al tratar la cuestión anterior.

Las críticas del demandado son de diverso tenor y –como antes lo dije- varios pasajes son de compleja comprensión. Sin embargo, es de destacar que en al menos dos oportunidades hace referencia a que entre las partes existía una sociedad de hecho y en consecuencia debió procederse a su disolución y liquidación (fs. 378vta. y 380vta.).

Por su parte, los agravios de la actora se centran en el importe del valor llave reconocido en la sentencia, naturalmente por considerarlo insuficiente, y en la tasa de interés que se dispuso aplicar.



IV) A fs. 418 se llamó autos para sentencia y a fs. 420 se practicó el sorteo de ley, por lo cual las actuaciones se encuentran en estado de resolver.

V.a) A lo largo del presente proceso ha quedado evidenciado que las partes no son contestes respecto a la naturaleza jurídica de la relación que las vinculaba.

Ello ya quedó plasmado en el intercambio epistolar previo al inicio del proceso, en el que la demandada, en respuesta a la primera carta documento enviada por el actor (obrante a fs. 11) alegó la existencia de una sociedad de hecho (carta documento de fs. 12) cuya existencia fue negada por el actor (carta documento de fs. 13).

Las mismas posiciones encontradas se mantuvieron en los escritos constitutivos de la litis, ya que en la pieza de inicio –y al margen de algunas contradicciones sobre las que luego volveré- el actor afirmó que ejercían sus profesiones de manera liberal y autónoma aunque compartiendo un mismo espacio comercial (fs. 26vta.). A la inversa, el accionado sostuvo al contestar demanda que por más de veinte años conformaron una sociedad de hecho (fs. 57vta.).

Frente a tales divergencias, entiendo que el primer paso necesario para la correcta solución del litigio es calificar adecuadamente la naturaleza de la relación jurídica que vinculó a las partes (doctr. art. 163 inc. 6to. del C.P.C.C.).

Esto no ha de sorprendernos pues, como agudamente se señala en un excelente trabajo que citaré reiteradamente a lo largo de este voto, uno de los primeros problemas que se plantean cuando hay conflictos entre profesionales que trabajaron bajo alguna forma de agrupamiento –sea éste societario o no- es la disputa sobre la definición de los roles de cada una de las partes que litigan (Favier Dubois, Eduardo M. (p) y Favier Dubois, Eduardo M. (h), “Sociedades entre profesionales para la prestación de servicios”, La Ley 2012-B, 837). Como explican estos autores, una vez sobrevenido el conflicto una y otra parte se atribuirá a sí misma o a la contraria, según patrimonialmente le convenga, la calidad de socio, la calidad de asociado no socio, la calidad de locador o locatario de obra o servicios, y/o la calidad de empleado en relación de dependencia. En todos los casos –concluyen- para juzgar el verdadero vínculo habrá que indagar la naturaleza de la relación conforme con los hechos, más allá de lo que formalmente aparezca.

1. Como punto de partida, debemos apuntar que existía una relación de condominio respecto al inmueble sito en la intersección de las calles Belgrano y Riobamba de la ciudad de Olavarría, cuya dirección –como ya aclaramos- es indistintamente Belgrano 2296 o Riobamba 2899 (conf. fs. 112/114).

El accionado refiere en su contestación de demanda (esp. fs. 60) que ese condominio habría tenido su inicio en el año 2004, cuando con ahorros reunidos ambas partes adquirieron el inmueble en cuestión, para pasar a ejercer la profesión en él tal como hasta ese momento lo hacían en el inmueble sito en calle Belgrano 2457.

Si bien no obra en autos un informe de dominio del inmueble ni testimonio de la escritura de compra, la fecha de inicio del condominio se vería corroborada –aunque con una pequeña diferencia temporal- con la escritura N° 31 pasada por ante el Notario Carlos Enrique Ressia. Ello es así pues en dicho instrumento, cuya copia obra a fs. 53/54, de fecha 22.03.2011, por la cual el actor (actuando a través del demandado mediante un mandato irrevocable), vende a las hermanas de éste (María Inés Guenzatti y Gabriela Cecilia Guenzatti) la mitad indivisa del bien que nos ocupa, se hace constar que la porción vendida le correspondía al vendedor por compra que realizara según escritura pasada ante la Notaria María Laura Lucas de fecha 11.03.2005.

En cuanto a la fecha de finalización del condominio, a priori parecería claro que la misma tuvo lugar el día 22.03.2011, en la que se celebró el acto jurídico mencionado en el párrafo anterior, por el cual el actor vendió su mitad indivisa a las hermanas del accionado.

Sin embargo, ello no se condice con la versión de los hechos narrada en la demanda, en que se relata que “por finales del año 2010, con intervención del Notario Carlos E. Ressia, procedí a vender al Sr. Guenzatti el 50% indiviso del inmueble donde funciona aún hoy la “VETERINARIA DEL PARQUE” sita en calle Belgrano n° 2296 de esta ciudad”.

Entiendo que esta aparente contradicción obedece a que las partes recurrieron a un contrato indirecto para obtener el fin buscado (la compraventa), como fue la celebración de un mandato irrevocable (art. 1977 del Código Civil; Nicolau, Noemí L. y otros, “Fundamentos de Derecho Contractual”, La Ley, T. I, pág. 181 y sig., donde precisamente se brinda el ejemplo del otorgamiento de un mandato irrevocable como medio indirecto de asegurarse la transferencia del dominio). En efecto, nótese que en la escritura de venta (fs. 53/54) se hace constar que el accionado comparece al acto en representación del actor conforme poder especial irrevocable pasado por ante el mismo Notario –es decir, Carlos Enrique Ressia- el día 01.12.2010 (fs. 53vta.) y que el precio fue íntegramente abonado antes de ese acto (fs. 54). Todo ello me lleva a inferir que el actor tomó como fecha de venta la de la celebración del mandato irrevocable, lo cual no es jurídicamente correcto, aunque se comprende que la celebración de un contrato indirecto y la percepción anticipada del precio pudo llevarlo a confusión en este aspecto.

Para finalizar este apartado, he de aclarar que me he detenido en primer término en la figura del condominio para dimensionar la complejidad del caso y analizarlo desde todas las facetas posibles. En tal sentido, señalan los Dres. Favier Dubois en el trabajo antes citado (“Las sociedades…”) que a las relaciones de distinto tipo que los profesionales pueden entablar entre sí se añade la posibilidad de la existencia de otras relaciones jurídicas entre ellos, “como son los casos del condominio o de locación de la cosas en común”.

Más aún, puede apreciarse que en este caso la existencia del condominio contribuyó concretamente a sumar mayor complejidad al conflicto, ya que una de los argumentos que el demandado alegó al contestar demanda –aunque no lo reiteró al expresar agravios- es que el actor, al vender su mitad indivisa del inmueble, debió representarse que él seguiría ejerciendo su profesión en el mismo lugar (fs. 58).



2. Ahora bien, resulta claro que la situación jurídica que vinculaba a las partes del proceso con el inmueble no se agotaba en un condominio, ya que en el mismo instalaron un establecimiento para desarrollar su actividad profesional y vender productos afines a la misma. Por lo tanto, el próximo y necesario paso es dilucidar cuál es la naturaleza jurídica de dicho establecimiento.

A esos fines, podemos observar que en el certificado de habilitación obrante a fs. 16, expedido por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires con fecha 04.06.2007, por el cual se deja constancia de que el actor es propietario del “Establecimiento Veterinario” denominado “Veterinaria del Parque”, sito en calle Belgrano 2296 de Olavarría, se aclara expresamente que dicha habilitación es extendida en los términos de la Ley 10.526/87 y del Decreto 154/89. También se consigna que el establecimiento está habilitado como “Consultorio Veterinario y venta de zooterápicos”.

El art. 1 de la ley 10526 dispone –en lo que aquí interesa- que todo establecimiento en el que se ejercite la medicina veterinaria deberá hallarse previamente habilitado. El art. 2 declara comprendidos en dicha categoría “los consultorios, clínicas, hospitales o sanatorios con o sin internación de animales, los laboratorios de diagnóstico veterinario y todo otro establecimiento donde se realicen actividades propias de la profesión veterinaria”. El art. 3 dispone que también deberán hallarse habilitados los establecimientos que funcionen como depósito y/o distribuidores que expendan vacunas, zooterápicos y demás productos de uso en medicina veterinaria (inciso a) y los que se dediquen a la venta de animales de ornato o compañía (inciso b). Finalmente, el art. 4 prescribe que los establecimientos a los que se refiere el artículo 3 deberán contar con el asesoramiento técnico de un profesional veterinario.

En la exposición de motivos de la ley se aclara que su objetivo es llenar el vacío existente respecto del funcionamiento de los establecimientos donde se ejerce la medicina veterinaria, y que también se contempla la habilitación de los establecimientos de venta de zooterápicos y demás productos de uso en medicina veterinaria. También se menciona que los fundamentos de la ley radican en la necesidad de tutelar la salud pública, ya que existen diversas y graves enfermedades de los animales transmisibles al hombre (zoonosis), como así también en detectar y reprimir el ejercicio ilegal de la profesión. Por último, en otro pasaje de la exposición de motivos que resulta esclarecedor para esta litis, se menciona que el art. 2 (debió decir art. 3) incorpora dos tipos de establecimientos no incluidos en una normativa anterior, lo cual es lógico “ya que la actividad de estos establecimientos, vinculada en forma directa al ejercicio de la medicina veterinaria, debe ser objeto de control por parte del Estado…” (el destacado me pertenece).

Por su parte, el Decreto 154/89 es el que viene a reglamentar muy detalladamente la antedicha ley, regulando por separado los requisitos que deben reunir los establecimientos donde se ejerce la medicina veterinaria (es decir, los mencionados en el art. 2 de la ley), los establecimientos donde se venden animales de ornato o compañía y los depósitos y/o distribuidoras que expenden vacunas, zooterápicos y demás productos de uso en medicina veterinaria (es decir, los mencionados en el art. 3 de la ley).

Finalmente, existen tres artículos del Decreto que resultan sumamente esclarecedores, todos ellos contenidos en el título IV, “Anuncios”. El art. 33 dispone que “La expresión “VETERINARIA” sólo puede ser usada por profesionales veterinarios para designar el ámbito destinado a ejercer la medicina veterinaria. Así, podrán utilizarse las expresiones “consultorio veterinario”, “clínica veterinaria”, “sanatorio veterinario” o “laboratorio veterinario”, según corresponda”. El art. 34 prescribe que “Los establecimientos de venta de zooterápicos y demás productos de uso en medicina veterinaria, sólo podrán utilizar, cualquiera sea su nombre comercial, la denominación de “venta de zooterápicos”, para indicar el rubro en que se operan”. Finalmente, el art. 35 dispone que “En los casos en que se realice atención médico veterinaria y se expendan productos zooterápicos, deberán anunciarse de manera que aparezcan nítidamente deslindadas ambas actividades, utilizando al efecto, las respectivas expresiones indicadas en los arts. 33 y 34. En tal supuesto, el rubro “venta de zooterápicos” no podrá ser anunciado en caracteres más destacados que el que indica la actividad médico veterinaria, de tal manera que este último aparezca como anexo o induzca a creer en la existencia de una subordinación hacia el primero. (el destacado me pertenece).

Como ya fue dicho, en el caso de autos el establecimiento fue habilitado a ambos fines, es decir, como “Consultorio Veterinario y venta de zooterápicos” (conf. fs. 16). A su vez, las fotografías obrantes a fs. 21/23 demuestran que los profesionales dieron cumplimiento con el art. 35 del Decreto 154/89, ya que en la cartelería exterior sólo aparece la expresión “Veterinaria”, formando parte del nombre de fantasía (“Veterinaria del Parque”). Por el contrario, en dicha cartelería no aparece mencionada la “venta de zooterápicos”, aunque sí publicidades de alimentos para mascotas.

Este análisis del texto del certificado de habilitación de fs. 16 y de la normativa que rige la habilitación de esta clase de establecimientos permite apreciar que estamos frente a una situación que plantea interrogantes, en especial a la hora de definir si se trata de una actividad civil o comercial.

En efecto, en principio existe consenso en que la actividad que realizan los graduados universitarios que poseen un “título” que los habilita para el ejercicio de una profesión liberal es de naturaleza civil. En tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “El ejercicio de una profesión liberal no le confiere a quien la lleva adelante la calidad de comerciante, pues por su naturaleza es ajena a la definición de la materia mercantil que formula el Código de Comercio a través de los actos, hechos y demás situaciones que contempla su artículo 8°; y precisamente, es el ejercicio habitual y en forma profesional de ellos el que le otorga, a quien los realiza en nombre propio, la calidad de comerciante (art. 1°, Cód. Com.)” (CC0002 SM 54149 RSI-328-3 I 18-9-2003, “Bianchi, Luis Alberto s/ Acuerdo preventivo extrajudicial”, sumario disponible en base JUBA).

Sin embargo, la dilucidación de la naturaleza jurídica de la actividad de los profesionales liberales se torna más compleja cuando el ejercicio profesional está estrechamente vinculado con la compraventa de cosas muebles, como ocurre con los farmacéuticos o los veterinarios, ya que surge el interrogante de si adquieren el carácter de comerciantes en virtud de la conjunción de los arts. 1 y 8 inc. 1 y 2 del Código de Comercio.

Fontanarrosa, en su clásica obra, aborda el caso puntual de los médicos y los farmacéuticos. Respecto a los primeros afirma que el ejercicio del arte de curar no es actividad mercantil, y en principio tampoco lo es la explotación de un sanatorio o de una maternidad en la que el alojamiento, alimentación y suministro de medicamentos a los enfermos sea simplemente un medio para facilitar el tratamiento curativo. Sin embargo, también advierte que en la actualidad estos establecimientos suelen organizarse bajo la forma de sociedades anónimas y concentran en su edificio numerosas dependencias, no todas las cuales tienen una vinculación directa con la profesión médica, como ocurre con los sanatorios que cuentan con kioscos para la venta de libros y flores. Concluye, en definitiva, que es cuestión de hecho determinar si la explotación del sanatorio excede en magnitud al ejercicio de la profesión. Respecto a los farmacéuticos, entiende que realizan actos de comercio cuando compran específicos, perfumes y artículos de higiene para revenderlos y cuando los revenden, ya que en tal caso la actividad de intermediación y especulación en el cambio predomina sobre la técnico-profesional (“Derecho Comercial Argentino”, Zavalía, T. I, págs. 100 y 101).

A nivel jurisprudencial, existe un antecedente muy valioso de la Excma. Suprema Corte Provincial, fallado en un caso que si bien versaba sobre aspectos fácticos y jurídicos distintos –ya que se discutía si una farmacia cuyo titular era una persona jurídica estaba o no alcanzada por la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene- proporciona pautas que arrojan luz sobre esta temática (B 66027, “Antigua Farmacia Cravenna S.C.S. c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa”, del 10.07.13.). En cuanto aquí interesa, en el primer voto –que estuvo a cargo del Dr. de Lázzari y que conformó la mayoría- se analiza el texto de la Ordenanza General 125/71, la cual efectúa una distinción similar a la que proporciona Fontanarrosa y que es avalada en el fallo, en el sentido de que el ejercicio de una profesión liberal mencionado en el art. 1 de la ordenanza se vincula con la actividad inherente a la profesión de farmacéutico, mientras que la venta de otros productos que no requieren de una capacitación especial –tales como perfumería, cosmética, artículos de goma o similares- resultan meros actos de comercio.

A la luz de lo expuesto, concluyo que la actividad que desarrollaban las partes de este proceso era eminentemente civil, apreciación a la que arribo luego de analizar la normativa pertinente y de ponderar las circunstancias fácticas del caso.

Respecto a lo primero, recordemos que en la exposición de motivos de la ley 10526 se dice, con buen criterio, que la actividad de los establecimientos dedicados a la venta de vacunas, zooterápicos y demás productos de uso en medicina veterinaria está “vinculada en forma directa al ejercicio de la medicina veterinaria”. Coherente con ello, el art. 4 de la ley dispone que dichos establecimientos “deberán contar con el asesoramiento técnico de un profesional veterinario”. Por su parte, el art. 35 del Decreto 154/89 dispone que la publicidad no puede inducir a creer que la “actividad médico veterinaria” es un anexo o está subordinada a la “venta de zooterápicos”.

Desde el plano fáctico, las 24 planillas manuscritas obrantes a fs. 24/25, que fueron adjuntadas por el actor, dan cuenta de las actividades concretas que se llevaba a cabo en la “Veterinaria del Parque”, aunque en algunos casos es dificultoso comprender exactamente el texto, precisamente por el hecho de ser manuscritas. Pero sí puede observarse claramente que allí se anotaban los ingresos y egresos día por día. En cuanto a los ingresos se los anotaba en tres columnas, una de ellas titulada “Hon” (se entiende que “Honorarios”), otra “Med” (se entiende que “Medicamentos”) y otra “Caja”, en la cual se anotaba la sumatoria de las dos anteriores. Puede apreciarse que en muchos casos los ingresos anotados por la atención de un mismo animal se hacían constar en ambas columnas (honorarios y medicamento) como ocurría con las cirugías y la aplicación de vacunas. En otros casos solo se registraban ingresos en la columna de medicamentos, como ocurría con la venta de pipetas, pero no cabe duda de que las mismas resultan zooterápicos que deben ser vendidas bajo la supervisión de un veterinario, y así generalmente se hace constar en sus envases. En muchos casos también se registraban ingresos en la columna de “medicamentos” por venta de alimentos, y si bien es obvio que los alimentos no son medicamentos en sentido estricto y pueden ser adquiridos en otros locales (vgr., supermercados), a nadie escapa que es conveniente adquirirlos en una veterinaria, pues el profesional a cargo puede brindar asesoramiento sobre el más conveniente según las características de la mascota y la cantidad que debe suministrársele. Finalmente, sólo existen algunos registros aislados y muy escasos de ventas de productos que no requerirían necesariamente del asesoramiento de un profesional veterinario, como ocurre con la venta de collares.

A la luz de estos antecedentes, y como ya se anticipara, cabe concluir que la actividad que se llevaba a cabo en el establecimiento que nos ocupa era de naturaleza eminentemente civil, ya que consistía básicamente en prácticas veterinarias en las cuales se utilizaban medicamentos como accesorios, o en la venta de productos estrechamente vinculados a la profesión.

Dicha conclusión nos permite a su vez aseverar que el establecimiento que nos ocupa no consiste en un “fondo de comercio” o “establecimiento comercial” en sentido estricto, sino en un “establecimiento” en el cual se lleva a cabo una actividad civil (el ejercicio de una profesión liberal) y, por ende, no le es directamente aplicable la ley 11867 de transferencia de fondo de comercio (Jorge Osvaldo Zunino, “Fondo de comercio”, Astrea, pág. 86).

Lo expuesto se ve corroborado por la ya analizada ley 10.526, la que en todo su articulado y en la exposición de motivos hace referencia a “establecimientos” y no a “comercios”. Otro tanto cabe decir del Decreto 1546/91 reglamentario de dicha ley, que reiteradamente se refiere a “establecimientos”, y sólo contiene una única referencia al “fondo de comercio” en el art. 7, cuando regula el cambio de propietario por vía sucesoria. Pero entiendo, a la luz de lo dicho, que en ese caso la expresión está tomada en sentido amplio y no en sentido estricto.

Para concluir, creo importante advertir que la normativa analizada –en especial el Decreto 154/89- se refiere en varias oportunidades al “propietario” del establecimiento, calidad que puede o no coincidir con la dueño del inmueble en el que se asienta el mismo, ya que uno de los requisitos a cumplir para obtener la habilitación es adjuntar “copia auténtica del título de propiedad o contrato de locación o cualquier otro título que acredite la legítima tenencia del establecimiento” (art. 4 inc. “c”).

En el caso de autos, ya hemos visto que en el certificado de habilitación de fs. 16, expedido en el año 2007, se hace constar que el propietario del establecimiento es el actor, y esta circunstancia se destaca en la demanda (fs. 27). Sin embargo, también hay que reparar en que en el escrito de demanda no se reclama por la totalidad del “valor llave” sino solo por el 50% del mismo (conf. fs. 30vta. y sig.). Esto último me lleva a inferir que el propio actor reconoce –implícitamente- que si bien él era el propietario del establecimiento en el plano formal, ambos lo eran en el plano material. Por lo demás, con la contestación de oficio de la Municipalidad de Olavarría obrante a fs. 52 se robustece la versión de los hechos proporcionada por el accionado al contestar demanda, pues de allí surge que ambos profesionales ejercían la actividad con anterioridad en el inmueble sito en calle Belgrano 2457 de la ciudad de Olavarría, y que ambos eran titulares del establecimiento que allí funcionaba.


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