Sentencias del tribunal constitucional. TipologíA. Sentencias interpretativas introducción



Descargar 133,34 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión23.06.2017
Tamaño133,34 Kb.
  1   2   3
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

TIPOLOGÍA. SENTENCIAS INTERPRETATIVAS
1.- Introducción
1.1.- Reglas fundamentales para una sana convivencia humana.
El respeto a la persona humana, a su dignidad y a sus derechos fundamentales – a la vida, a la igualdad, a la libertad, al honor, entre otros-; la forma de democrática de gobierno –división de poderes y contrapeso entre éstos-; constituyen la base fundamental para una convivencia humana civilizada; permiten la paz y la seguridad entre las personas; fijan los parámetros para la solución de los conflictos con equidad y justicia.
Tales reglas básicas para cualquier sociedad contemporánea, establecidas por el pueblo en ejercicio de su soberanía o por sus representantes designados para tal efecto, deben ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos, en especial por quienes tienen la delicada tarea de conducir los destinos del país. Por ello se encuentran incluidas en la Ley Fundamental del Estado, conocida desde antaño como Constitución Política; por la envergadura de su contenido, se encuentra ubicada jerárquicamente por encima de cualquier norma o disposición emanada de cualquier órgano público; obviamente, éstas deben ser compatibles con aquella; tal situación genera de inmediato diversas interrogantes: ¿quién debe encargarse que ello se cumpla? ¿quién debe ser el celoso guardián que asegure su cumplimiento y extraiga de sistema la norma que la infrinja o que por tal razón se impida su aplicación?. Las respuestas son variadas; en principio todos debemos ser guardianes del cumplimiento y respeto de las disposiciones y reglas fijadas en la Carta Fundamental; lo son, en especial, los Poderes del Estado que emiten normas o son generadoras de éstas -como el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo-, así como los órganos constitucionales autónomos; todos ellos deben cuidar que, en el ejercicio de sus funciones, tales disposiciones o normas que ellas expidan no contravengan la Carta Fundamental1.
1.2.- Efectiva vigilancia para el cumplimiento y respeto de dichas reglas fundamentales incorporadas a la Constitución.
Sin embargo, la propia Constitución ha encargado –en nuestro país- de modo directo la función de vigilar su cumplimiento y respeto, a dos órganos del Estado, los que por su función son los encargados de decidir las controversias o conflictos surgidos entre los particulares, o entre éstos y órganos públicos o, en algunos casos, las que surgen entre los propios órganos del Estado, declarando el derecho a quien corresponda. Estos son: el Tribunal Constitucional, quien es el intérprete por excelencia de la Constitución Política, con poderes de derogar –in abstracto- normas que la contravengan y al Poder Judicial que, en las causas que se tramitan ante este Poder del Estado, vigila la preeminencia de la carta fundamental sobre cualquier norma de inferior jerarquía.
Como se puede apreciar, la Constitución peruana -vigente desde 1994- ha adoptado el sistema mixto de control constitucional; ello significa que existe instalado en nuestra estructura jurídica constitucional no solo el control en abstracto de la constitucionalidad de las normas con rango de ley, la que se ejerce a través de un órgano constitucional autónomo –Tribunal Constitucional2;- con el poder de decidir cuando una ley o norma con rango de ley es incompatible en todo o en parte con la Constitución, sea por la forma o por el fondo; sino que además se ha autorizado a los jueces ordinarios –del Poder Judicial- a efecto que ejerzan el control sobre la constitucionalidad de las normas legales en las causas que de manera especifica se ventilan ante sus despachos. La doctrina reconoce al primero como el sistema austriaco o kelseniano3 –control concentrado-, de gran difusión en el continente europeo; y al segundo como el judical review norteamericano –control difuso o disperso-, con presencia en diversos países latinoamericanos4.
Cuando en la justicia ordinaria, ejerciendo el control difuso, se decide que determinada norma legal, de aplicarse en el caso que se tiene para resolver, afectará derechos con rango constitucional, o simplemente se observa que dicha norma legal, en su aplicación al caso concreto, resulta incompatible con la Carta fundamental, debe declarar su inaplicación, prefiriendo la norma constitucional5. Tal decisión no afecta la vigencia de la norma legal inaplicada, la que podría ser aplicada en cualquier otro caso; además ello solo tiene efecto inter-partes; significa que lo allí decidido, respecto de la inaplicación de la norma legal, no alcanza a terceros ajenos a ese proceso.
Esta facultad, concedida a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, se puede ejercer en los procesos ordinarios –justicia común-, como en los procesos constitucionales a su cargo –garantías constitucionales-, esto es, acciones de amparo, habeas corpus, acción de cumplimiento y habeas data. Sin embargo el tratamiento resulta ser distinto, pues, en el primer caso, si el Juez decide ejercer el control difuso y, en sentencia, declara la inaplicación de una norma legal, dicho fallo debe ser elevado en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, conforme lo dispone el Art. 14 del TUO de la LOPJ6, quien decidirá si la inaplicación dispuesta por el a-quo resulta ser válida o no; en el segundo caso la inaplicación de una norma legal, por ser incompatible con la Constitución, es uno de los supuestos que justifican o da origen a las citadas garantías constitucionales, en consecuencia no se requiere que, en tal situación, se produzca consulta alguna ante el órgano superior para su revisión; en todo caso dicha revisión solo será posible en virtud de la impugnación respectiva formulada por la parte que se considere agraviada; en ella se decidirá si la inaplicación dispuesta por el a-quo fue o no correcta; y, en caso de que el superior considere que lo fue, dará por concluido el proceso constitucional. Si bien la citada disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial no establece distinción, es pacifico en la jurisprudencia nacional que cuando un juez civil –o de derecho público- en un proceso de amparo o de hábeas corpus, inaplica una norma legal, prefiriendo la constitucional, no eleva en consulta la decisión a la citada Sala de la Corte Suprema, ni menos al Tribunal Constitucional, en razón de que la ley especial –Ley 23506 y sus modificatorias- no prevé tal mecanismo procesal.
1.3 Tribunal Constitucional: Guardián de la Constitución y máximo interprete de ésta.
Por su parte, el Tribunal Constitucional cuando resuelve –vía acción de inconstitucionalidad7- si determinada ley o norma con rango de ley es incompatible –en todo o en parte- con la constitución, tal decisión es de carácter general –erga onmes- y vincula a todos los ciudadanos y órganos públicos, quienes están obligados a acatar dicha decisión. Con ella la norma declarada inconstitucional es expectorada del sistema jurídico, quedando sin efecto alguno –ex nunc- a partir de la publicación de la sentencia respectiva8.
Adicionalmente, el Tribunal constitucional ejerce control constitucional en concreto, es decir, control difuso en determinadas causas que se originaron en los órganos jurisdiccionales de instancia del Poder Judicial. Ello sucede en las causas sobre garantías constitucionales –acción de amparo, hábeas corpus, hábeas data y acción de cumplimiento- que iniciadas ante los órganos del Poder Judicial fueron denegadas en dicho poder del Estado en segunda instancia9.
En el ejercicio de la función de control de la Constitución –en abstracto y en concreto, según sea el caso-, el Tribunal Constitucional ha expedido diversos pronunciamientos, algunas de ellas con carácter de estimatorias, es decir amparando las pretensiones de inconstitucionalidad, sea para extraer del sistema determinada norma legal –en todo o en parte- sea para disponer su inaplicación al caso concreto; otras con el carácter de desestimatorias o, lo que es lo mismo, denegando las citadas pretensiones y confirmando la constitucionalidad de la norma impugnada o, en su caso, estableciendo que la aplicación de la norma legal cuestionada no infringe la Constitución ni los derechos fundamentales del accionante. En todos ellos el Tribunal a fijado la interpretación aplicable a la norma impugnada, así como la que corresponde a determinada norma constitucional. Tales interpretaciones resultan vinculantes a todos los órganos del estado, en especial a los Jueces.

1.4.- Sentencias interpretativas según el Tribunal Constitucional peruano.
No obstante, en determinados casos, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencias con la finalidad de cubrir vacíos normativos, o de evitar que éstos se produzcan como consecuencia de sus decisiones, o salvar la norma legal cuestionada, o suspendiendo los efectos de la sentencia, así como exhortando a otros poderes del Estado, por ejemplo, al Congreso de la República, para que adopten determinados comportamientos, entre otros; realizando para ello interpretaciones al contenido normativo, mas que al texto o enunciado del dispositivo, estableciendo que la norma cuestionada admite por lo menos dos interpretaciones, una de las cuales se acopla a la constitución; todo ello con el objeto de impedir que el fallo que se expida no cause traumas sociales irreversibles o afecte negativamente el sistema jurídico vigente, buscando con ello compatibilizar la Constitución con la realidad viva del país o con las convicciones sociales vigentes.
Dichas sentencias se conocen en la doctrina como “sentencias interpretativas”. Si bien el Tribunal Constitucional a expuesto de modo abierto su uso en la Sentencia expedida en el Expediente Nº 010-2002-AI/TC de fecha 03 de enero de 2003, publicada en el diario oficial El Peruano al día siguiente10, sin embargo, como veremos después, ellas se han venido dictando o expidiendo con mucha antelación.
En este caso, el propio Tribunal realizó en la citada ejecutoria una breve tipología sobre estas sentencias interpretativas; así, identifica a las denominadas sentencias aditivas, que se presenta, según indica, cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición o una parte de ella en cuando se deja de mencionar algo que es necesario que se previera para que ella resulte conforme a la Constitución; señala que en tal caso no se declara la inconstitucionalidad de todo el precepto legal, sino solo de la omisión.
También reconoce, dentro de este grupo, las llamadas sentencias sustitutivas, que se caracterizan por el hecho de que por ellas el Tribunal declara la inconstitucionalidad en la parte que prevé una determinada cosa, en vez de prever otra. En ese caso, indica el Tribunal, la decisión sustitutiva se compone de dos partes diferentes: una que declara la inconstitucionalidad de un fragmento o parte de la disposición legal impugnada, y otra que la “reconstruye”, introduciendo el Tribunal un contenido diferente, de acuerdo con los principios constitucionales vulnerados.
Alude además a las denominadas sentencias exhortativas, señalando que son aquellas en virtud de las cuales, al advertirse una manifestación de inconstitucionalidad en un determinado dispositivo legal, sin embargo, el Tribunal Constitucional solo declara su mera incompatibilidad y exhorta al legislador para que, en un plazo razonable introduzca aquello que es necesario para que desaparezca el vicio meramente declarado.
En el citado expediente de inconstitucionalidad, el Tribunal califica su sentencia como “estipulativa”, en razón de que, según indica, expone los conceptos, alcances y efectos de la sentencia, de manera que, mas adelante, ya no tenga que volver a explicarlos.
Refiere finalmente el Tribunal Constitucional que la expedición de los diferentes tipos de sentencias, citadas líneas arriba, -sentencias interpretativa, además de aditiva, sustitutiva, exhortativa y estipulativa- constituye no solo una potestad lícita, sino fundamentalmente un deber, pues es obligación del Tribunal la búsqueda, vigencia y consolidación del Estado Constitucional de Derecho.
La breve tipología de sentencias expresada por el Tribunal en la sentencia citada, es solo una de las que se conocen en la doctrina y jurisprudencia comparada. Como veremos mas adelante la variedad de tipos de sentencias que expiden los Tribunales Constitucionales contemporáneos es mucho mas compleja. Se reconoce, casi de manera unánime, que ha sido la Corte Constitucional italiana la que incursionó, hace ya varias décadas, en el uso de las denominadas sentencias interpretativas; se atribuye similar protagonismo a los Tribunales Constitucionales alemán, austriaco y español.
El presente trabajo tratará de abordar e identificar los diferentes tipos de sentencias que expiden los Tribunales Constitucionales en algunos países, buscando su correlato con diversas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional peruano.
2.- Disposición y norma.
En las sentencias interpretativas lo que se busca, generalmente, es el la aplicación del principio de conservación de las leyes. Refiere Marina Gascón11 que las sentencias interpretativas son aquellas que no anulan el texto de la ley en la medida que admita alguna interpretación conforme a la constitución. Para poder abordar cómodamente el tema –sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional-, resulta necesario establecer la distinción conceptual entre disposición, texto o enunciado y el contenido normativo. DÍAZ REVORIO12 señala que se entiende por “disposición” cualquier enunciado que forma parte de un documento normativo, es decir, cualquier enunciado del discurso de fuentes, y por “norma” entiende cualquier enunciado que constituya el sentido o significado adscrito a una o varias interpretaciones. Concluye señalando que disposición sería el conjunto de palabras que forman una oración, mientras que la norma sería su significado, esto es, el resultado de su interpretación.
Los conceptos señalados líneas arriba son compartidos por el Tribunal Constitucional Peruano, quien en el fundamento 34 de la Sentencia publicada el 4 de enero del 2003, expedida en el Exp. No. 010-2002-AI/TC, glosada líneas arriba, citando la obra “Disposizione vs. Norma” de RICARDO GUASTINI establece que en todo precepto legal se puede distinguir entre el “texto o enunciado” por un lado, y el “contenido normativo” por el otro; respecto al primero indica que es el conjunto de palabras que integran un precepto legal –disposición- y con relación al segundo, señala que es el significado o sentido de ella –norma-. Refiere el Tribunal, en el citado fallo constitucional, que el fundamento y la legitimidad del uso de este tipo de sentencias –interpretativas- radica en el principio de conservación de la ley y en la exigencia de una interpretación conforme a la constitución, a fin de no lesionar el principio básico de la primacía constitucional.
Resulta obvio que, en la cotidiana actividad de los órganos jurisdiccionales así como del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de la función de control de la Constitución, requieren de interpretar no solo el precepto legal cuestionado, sino incluso el propio precepto constitucional que resultaría ser afectado por aquel. Sin embargo lo que interesa en el presente caso, a efecto de obtener, en estricto, una sentencia interpretativa, es establecer que el contenido normativo del precepto legal puede admitir mas de una interpretación de tal manera que una de ellas sea la que se acopla al texto o norma constitucional, logrando con ello salvar el precepto legal, evitando la creación de vacíos normativos que pongan en riesgo la seguridad jurídica del sistema; dejando establecido que el texto normativo subsistirá siempre y cuando se adopte, por el sistema jurídico, la interpretación hecha por el Tribunal Constitucional, desechando las otras interpretaciones en tanto éstas, según el Tribunal, no resulten compatibles con la Carta Fundamental.
Existen diversos métodos interpretativos. SISINNI13 señala que se conocen, en cuanto a métodos de interpretación que han contribuido a la integración del ordenamiento jurídico, diversas corrientes, entre ellas: la dogmática, quien, indica, es defensora de del carácter cerrado de los textos constitucionales, y propone un mecanismo de interpretación basado en la confección de un silogismo; se trata de una interpretación acotada, que se independiza del valor; agrega que otra corriente más amplia que pivotea sobre la expresión “Constitución material”, que según refiere, flexibiliza y da cabida a ciertas situaciones de integración normativa; refiere que esta corriente posibilita la búsqueda de soluciones a las mutaciones del sistema, apoyándose en una significación mas amplia de la Ley fundamental; precisa finalmente que la filosofía del derecho, desde una teoría de los valores, va ofreciendo pautas de interpretación mas abiertas; señala que los valores superiores son normas meta jurídicas para la identificación e interpretación de las disposiciones de un sistema, y tendrán como virtualidad otorgar la posibilidad de contribuir a identificar el verdadero significado de la norma, entre los diversos posibles.
Del espectro metodológico expuesto, la que hace uso de la teoría de los valores resulta ser la mas adecuada para una válida, idónea y contemporánea interpretación constitucional, teniendo en cuenta que, como lo indica SISINNI, los valores son el fundamento primigenio del ordenamiento e impelen su vigencia por todos sus contornos.
Tal apreciación resulta coincidente con la conclusión arribada por ALONSO GARCIA14, quien al exponer la denominada “Jurisprudencia de los valores”, señala que su implantación en la segunda mitad del siglo XX ha sido un fenómeno universal; refiere que los valores son expresión del “deber ser” (nivel axiológico), de la pretensión de normatividad de conceptos jurídicos; los valores, indica, al hacer referencia a la dimensión axiológica, añaden un plus a normas y principios. DWORKIN, en su obra “Los derechos en serio” ha rescatado la importancia de los valores sustantivos en la interpretación de la Constitución.
En cualquier caso, los métodos de interpretación que se adopten no solo se aplicarán al texto o enunciado normativo del precepto legal, sino además, y principalmente al contenido o significado del mismo y de la norma constitucional; ello en razón de que, como lo reconoce DÍAZ REVORIO15, todo proceso constitucional implica inevitablemente, además de la interpretación de la Constitución, una interpretación de la resolución impugnada; se verifica en realidad la presencia de la interpretación de quién impugna dicha disposición y la del Tribunal encargado de valorar su constitucionalidad.
3.- Tipología de las sentencias del Tribunal Constitucional.-
3.1.- Sentencias estimatorias y desestimatorias en general. Sus efectos en el Perú.
La primera gran clasificación que se nos viene a la mente es la agrupa las sentencias del Tribunal, en función del resultado final del proceso constitucional, es decir, si la pretensión del accionante fue o no amparada. En el primer grupo están las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, que son aquellas en que el Tribunal consideró que la norma legal impugnada resulta incompatible con la Constitución y que por tal razón debe ser extraída del sistema jurídico, dejándola sin efecto a partir del día siguiente a su publicación; también forman parte de este grupo las sentencias estimatorias de acciones de garantía denegatorias que provienen del Poder Judicial –hábeas corpus, amparo, cumplimiento y hábeas data-, en las que el Tribunal ha considerado que la pretensión invocada por el accionante, referido a la violación o amenaza de violación de algún derecho fundamental, corresponde ser tutelado; en ambos casos las sentencias estimatorias constituyen cosa juzgada16; cabe precisar que en el primer caso, las sentencias expedidas en acciones de inconstitucionalidad –estimatorias o desestimatorias- siempre son cosa juzgada, mientras que en el segundo caso solo lo son las sentencias estimatorias de acciones de garantías originadas en el Poder Judicial17.
En el segundo grupo de esta primera y genérica clasificación, se ubican las sentencias desestimatorias expedidas por el Tribunal Constitucional, que pueden haberse presentado en acciones de inconstitucionalidad o en las acciones de garantía provenientes del Poder Judicial.
Las sentencias desestimatorias expedidas en acciones de inconstitucionalidad, no solo constituyen cosa juzgada, como se ha indicado, sino que además, con tal decisión se ha confirmado la constitucionalidad de la norma impugnada, obligando con ello a los jueces a aplicarla18; tal disposición normativa contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial colisiona, en mi opinión –como se explica en el pie de página-, con la facultad de control constitucional –en concreto- que el Art. 138 de nuestra Constitución confiere a los jueces, en todo proceso judicial.
Con relación a las sentencias desestimatorias expedidas en los procesos constitucionales de acciones de garantías originadas en el Poder Judicial y que acceden al Tribunal por haber sido denegadas en dicho Poder de Estado, cabe precisar que si bien tales sentencias no constituyen cosa juzgada, como se ha dicho anteriormente, y que aparentemente no tendrían efecto vinculante hacía los órganos jurisdiccionales, sin embargo, tal apreciación no resulta exacta, y puede, en algunos casos no resultar válida, en razón de que una sentencia de este tipo –desestimatoria- puede contener principios de alcance general19 o contenga preceptos o principios constitucionales que el Tribunal haya establecido en sus resoluciones, conforme al cual los Jueces y Tribunales deben interpretar y aplicar las leyes o normas con rango de ley20, en cuyo caso tales principios o preceptos constitucionales, que constituyen el criterio del Tribunal Constitucional, si resultan vinculantes a los Jueces y Tribunales del Poder Judicial.
Una sentencia desestimatoria expedida por el Tribunal Constitucional peruano en un proceso proveniente del Poder Judicial, que contiene interpretación de preceptos y principios constitucionales conforme al cual los Jueces y Tribunales de Poder Judicial deben interpretar y aplicar las leyes o normas con rango de ley, y que por tal razón resulta vinculante a éstos, es la que recayó recientemente en el Expediente No.0090-2004-AA/TC de fecha 05 de Julio del 200421, en los seguidos por Juan Carlos Callegari Erazo contra el Ministerio de Defensa, sobre acción de amparo, relacionado con el pase a retiro por causal de renovación de cuadros. En dicha sentencia el Tribunal Constitucional desestima la demanda de amparo con el argumento que se habría producido sustracción de la materia en razón de que el demandante llegó a cobrar su compensación por tiempo de servicios; sin embargo el pleno de Tribunal aprovecha la oportunidad para establecer preceptos y principios constitucionales que en su opinión debían aplicar e interpretar los Jueces y Tribunales del Poder Judicial en el futuro, señalando, entre otros argumentos, que la facultad del Presidente de la República, prevista en los Art. 168 y 169 de la Constitución no puede entenderse como una competencia cuyo ejercicio se sustraiga del control constitucional, ni tampoco como que tal evaluación únicamente deba realizarse en virtud de la ley y los reglamentos; señala finalmente el TC en el fundamento 47 de dicha sentencia que los criterios vertidos en ella deberán ser observados por las futuras resoluciones mediante las cuales la administración pase a la situación de retiro por la causal de renovación a oficiales de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal