Sentencia t-691/12



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8. Órdenes
En el presente caso, al inicio existían dos peticiones centrales en la acción de tutela. Por una parte, que se reconociera el carácter de acto discriminatorio que había cometido el profesor y, por otra, que se removieran los obstáculos que impedían al accionante continuar con sus estudios e, incluso, llegaban a poner en riesgo la posibilidad misma de continuar haciéndolos y concluirlos. Con el paso del tiempo, y ante las negativas de los jueces de instancia en tutelar sus derechos, Heiler Yesid Ledezma Leudo decidió sortear los obstáculos y cumplir con los requisitos que le eran exigidos para graduarse. Al llegar el caso a la Corte Constitucional e iniciarse su estudio por parte de esta Sala de Revisión, el accionante ya había logrado reunirlos. Para este momento, insistía decididamente en que se decidiera justamente el caso y se tomaran medidas de fondo para proteger sus derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad. Las otras cuestiones, para el momento, se entendían superadas.
En tal medida, la Sala de Revisión pasa a indicar en qué solicitudes se ha dado el fenómeno de la carencia de objeto superado y respecto de cuáles no y, en consecuencia, requieren que se adopten medidas de protección.
8.1. Carencia de objeto
8.1.1. Como se dijo, son varias las peticiones que formuló el accionante en primera instancia que hoy en día son un asunto superado, puesto que los obstáculos que solicitó que fueran removidos, ya los superó. No requiere por tanto, que juez de tutela alguno imparta órdenes en tal sentido.
8.1.2. La carencia de objeto en un caso de tutela, esto es, la ausencia de violación o amenaza real y presente en contra de un derecho constitucional fundamental, no es razón para que no exista una decisión por parte del juez de tutela. Es una situación que, sin duda, deberá ser valorada por el juez al momento de establecer cuáles son las órdenes y las medidas que, en virtud de sus facultades constitucionales y legales se deben impartir. En ocasiones puede ser inocua toda clase de orden, porque, por ejemplo, el asunto fue adecuadamente resuelto y no compete nada más al juez de tutela. Más pueden existir otros casos, como el obstaculizar irrazonablemente el acceso a un servicio de salud del cual dependía la vida de una niña o un niño que se hubiera podido salvar, si se le hubiera atendido. En tales eventos la carencia de objeto es evidente, no se pueden tutelar los derechos de la persona menor si falleció. Sin embargo, en tales circunstancias el juez de tutela puede proteger los derechos constitucionales de personas involucradas, que fueron violados o son amenazados, por ser familiares o por pertenecer a la misma categoría de la que fue objeto de vulneración (por ejemplo, pueden ser otros en la misma situación de desprotección en la misma institución encargada de asegurar el acceso a los servicios de salud que se requieran con necesidad262). En tales eventos, como ocurrió en la sentencia T-576 de 2008, el juez de tutela puede tener razones para adoptar medidas, incluso simbólicas, que protegen los derechos a la verdad, a la memoria y a la no repetición.263
8.1.3. Por supuesto, la carencia de objeto no es una cuestión relevante para establecer si el caso se debe decidirse o no, y mucho menos para determinar si los derechos fundamentales fueron violados o no. En otras palabras, el problema jurídico que es presentado ante un juez de la República debe ser resuelto mediante la decisión judicial que sea del caso. Si la situación que dio lugar al reclamo desapareció en la realidad, bien porque la amenaza se consumó definitivamente o porque cesó, por ejemplo, son cuestiones que se deben valorar al momento de resolver que órdenes se deben impartir para restablecer y proteger los derechos que se decidió, fueron violados. De hecho, como se resaltó, la carencia de objeto, la imposibilidad de tutelar un derecho, porque su titular, por ejemplo, ya no existe, lejos de ser un argumento para concluir que no hubo una violación a un derecho fundamental, es la prueba que demuestra que, en efecto, se ha debido conceder la tutela que había sido invocada, pues el derecho sí fue violado. Por tal motivo, en múltiples ocasiones, la Corte Constitucional ha resuelto tutelar los derechos de una persona, a la vez que, por ejemplo, se ha abstenido de dar ciertas órdenes, en razón a que se declaró la carencia de objeto. Concretamente, así ha ocurrido en casos que se han resuelto acciones de tutela con relación a hechos acaecidos en ámbitos académicos, que al llegar a la Corte Constitucional en sede de Revisión, son un hecho superado.264 El caso bajo análisis presenta una situación que ha sido resuelta, pero sólo parcialmente.
8.1.4. Las situaciones que se resolvieron para Heiler Yesid Ledezma Leudo en materia de educación y que hoy constituyen un hecho superado, se refieren a los obstáculos que debió superar en relación con su derecho a la educación. Las afectaciones que se produjeron a su dignidad, al haber sido sometido a un escenario de discriminación en el que se promovió y preservó un estereotipo racista, persisten y no han acabado. Como lo ha señalado el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, las violaciones al derecho a la igualdad y a no ser discriminado en razón a insultos, suelen ser minimizados. Para el Comité, “[…] a menudo se subestima el grado en que los actos de discriminación racial e insultos por motivos raciales dañan la percepción de la parte ofendida de su propio valor y reputación.”265
8.2. Medias a tomar para proteger los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad del accionante
8.2.1. La jurisprudencia constitucional, frente a la exclusión de personas de lugares abiertos al público en general, en razón a su color de piel, , por ejemplo, ha ordenado (i) a los respectivos locales, no continuar con las mismas prácticas y (ii) a las autoridades nacionales y territoriales correspondientes, para que, dentro del respeto de las competencias y funciones establecidas por el orden jurídico vigente, tomaran las medidas que aseguraran el cabal cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional. También se ha exhortado al Congreso de la República a tomar medidas al respecto.266
Ahora bien, teniendo en cuenta que “la indemnización in genere se encuentra prevista como una de las facultades excepcionales del juez constitucional cuando quiera que se defina la existencia de [los] requisitos267 para ello, ya identificados en la jurisprudencia, la Corte ha llegado incluso a proferir condenas en abstracto (in genere).268 No obstante, en el pasado la jurisprudencia constitucional ha reiterado lo dispuesto en la sentencia T-1090 de 2005, sin necesidad de tener que establecer una indemnización in genere.269
8.2.2. Recientemente, el Comité ha insistido en que la obligación de tomar ‘medidas’ contra la discriminación es un concepto jurídico amplio e indeterminado, que contempla todo tipo de herramientas orientadas a asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales en cuestión. Dijo el Comité,
“Por ‘medidas’ se entiende toda la gama de instrumentos legislativos, ejecutivos, administrativos y reglamentarios a todos los niveles de la administración del Estado, así como los planes, políticas, programas y sistemas de cuotas en sectores tales como la educación, el empleo, la vivienda, la cultura y la participación en la vida pública para los grupos desfavorecidos, ideados y aplicados sobre la base de esos instrumentos. Para cumplir las obligaciones que les impone la Convención, los Estados partes deben incluir disposiciones sobre las medidas especiales en sus ordenamientos jurídicos, bien en la legislación general o bien en las leyes destinadas a sectores concretos, teniendo en cuenta el conjunto de los derechos humanos enumerados en el artículo 5 de la Convención, así como los planes, programas y otras iniciativas de política antes mencionados, a los niveles nacional, regional y local.”270
8.2.3. En su intervención, el profesor Juan de Dios Mosquera Mosquera en representación del Movimiento Cimarrón, solicitó a la Sala de Revisión ordenar a la Universidad Distrital: (i) buscar convenios y acompañamiento de organizaciones de la comunidad afrocolombiana que trabajen la temática; (ii) exigir, incluso contractualmente, a los docentes de la institución, el conocimiento de los derechos de la población afrodescendiente. (iii) Establecer la Cátedra de Estudios Afrodescendientes, (iv) solicitar a los docentes que presenten excusas públicas, (vi) responsabilizar disciplinariamente a los funcionarios que fueron permisivos, por acción u omisión, con los prejuicios y prácticas racistas. (vii) Condenar al docente y a la universidad al pago del daño emergente y el lucro cesante y (viii) ordenar dar cumplimiento y aplicación a lo que contempla el Estatuto Docente, al prohibir los actos de discriminación racial en sus artículos 20 literal o, 85, 107, 109 literal a, 12 literal a.271
Por su parte, la RedAfro, por medio de su Presidente, solicitó a la Sala tres medidas, (i) una de reparación simbólica, (ii) una de protección al derecho a la educación y (iii) una de reparación jurídica.272
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia propuso varias medidas. Ordenar a la Universidad Distrital la creación de una instancia para la resolución de casos similares, advertir que la aplicación de las normas estatutarias de la Universidad deber preferir el derecho sustantivo al formal, advertir que en tales casos se debe aminorar la carga de la prueba, que se deben tomar las medidas efectivas de protección y, además, reconociendo una indemnización in genere en para el caso del accionante.273
Finalmente, el Centro de Estudios DeJuSticia presentó varias medidas de solución posibles a consideración de la Corte Constitucional. En primer lugar, se propuso la creación de un espacio similar a aquel en el que ocurrieron los hechos, en el que el accionante pueda contradecir y contrarrestar los argumentos que fueron sugeridos a través de los ejemplos dados en la clase del profesor Yaroslav Chavarrio. En segundo término, se solicita a la Corte tomar medidas para asegurar que en el futuro quejas similares sean tramitadas adecuadamente. En tercer término se reclama una disculpa pública del docente. Por último, en cuarto lugar, se propende por la adopción de medidas que aseguren la no repetición de los actos acaecidos en la Universidad, incluyendo para ello, a la comunidad.274
8.2.4. La queja de Heiler Yesid Ledezma Leudo en su acción de tutela es, básicamente, la falta de protección de la Universidad. A su juicio, el acto de discriminación al que se le había sometido se trató de minimizar, y no se atendió su petición. No se tomó ninguna medida para remover los obstáculos que se le interpusieron en su proceso de finalizar la carrera que, con esfuerzo, había adelantado. En sede de Revisión, consciente de que su caso, gracias a su propio esfuerzo, es ahora un hecho superado, Heiler Yesid Ledezma Leudo sostuvo que su propósito no es evadir cargas o compromisos académicos. Su intención es buscar justicia.
8.2.5. La Sala de Revisión considera que la protección de los derechos del accionante supone la adopción de por lo menos dos medidas. Una orden de protección simbólica de los derechos fundamentales afectados, que reparen el escenario de discriminación enfrentado, y una orden de protección a la comunidad académica general y en especial a los estudiantes, como garantía de no repetición de lo ocurrido.
Por supuesto, lo establecido en la presente sentencia no impide de forma alguna que se adopten mayores y mejores medidas, adicionales, para lograr los objetivos de protección constitucional.
8.3. Evento público y simbólico
Para proteger el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad del accionante, la Sala de Revisión ordenará a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que realice en la facultad de tecnología un acto simbólico de carácter público para celebrar los aportes de la comunidad afrocolombiana a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
En principio, el escenario de reconciliación y reparación que se genere debería ser equivalente y similar al escenario de discriminación en el cual ocurrieron los hechos. No obstante, ello no es posible, debido a que el curso ya no existe más. El escenario que representaba la clase concluyó antes de que el accionante interpusiera la acción de tutela. En tal sentido, deberá construirse un nuevo escenario en el cual se lleve a cabo un acto de reconciliación y reparación.
El tiempo, modo y lugar del evento que se realice, dependerá de la propia Universidad que, en ejercicio de su autonomía los definirá. Sin embargo, tanto en el proceso de diseño, de planeación y de ejecución del evento, dos principios básicos se han de tener en cuenta. El respeto al diálogo, el uso de la deliberación como herramienta para llegar a tomar decisiones. El respeto a la participación, garantizar que la deliberación sea abierta y todas las personas tengan acceso a ella. El evento debe permitir el acceso real y efectivo de la comunidad universitaria en general (estudiantes, docentes, personal administrativo) a presenciar y participar del mismo, tanto por el lugar, por el tiempo o por el modo en que se lleve a cabo.
Se ordenará a la Universidad remitir un informe escrito a la Sala de Revisión dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la realización del evento, adjuntándose imágenes de video que dejen registro de cómo fue llevado a cabo el mismo. De tal informe, se habrá de remitir copia al Alcalde Mayor de Bogotá, así como a la Personería Distrital y a la Defensoría del Pueblo.
Las discriminaciones, sobre todo si son estructurales, pueden generar incomprensiones y rechazos de ambas partes, de los agresores y de las víctimas. En un estricto sentido, las discriminaciones estructurales afectan a todas las personas involucradas; especialmente a las que forman parte del grupo excluido, marginado o estereotipado, pero también a los que lo presencian e incluso a quien cometió el acto. Las discriminaciones estructurales se normalizan, naturalizan e invisibilizan. Desmantelarlas debe ser compromiso de todos. Por eso, en cualquier caso, el sentido del acto que se realice debe concretar un escenario de rectificación y de reconciliación.
8.4. Medias de prevención
Finalmente, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas deberá adoptar las medidas adecuadas y necesarias para evitar que entre sus estudiantes, sus docentes y su personal administrativo de cualquier nivel jerárquico, vuelvan a suscitarse escenarios de discriminación en general, y a causa del racismo en particular. La Universidad Distrital deberá presentar un informe con relación a esta orden dentro de 60 días calendario, en el que establezca qué resolvió hacer la comunidad universitaria. Aunque, la Universidad tendrá una prelación importante en el diseño e implementación de tales políticas educativas, la participación y la deliberación en libertad, deben ser herramientas que acompañen constantemente el cumplimiento de la orden. El informe del que trata esta orden, también deberá ser remitido a la Alcaldía Mayor de Bogotá, DC, y a la Secretaria de Educación de la misma ciudad.
8.5. Peticiones adicionales
8.5.1. Algunos de las peticiones solicitadas a la Corte Constitucional en las intervenciones exceden, o bien las competencias del juez constitucional en una democracia (como lo es establecer qué conductas deben ser o no delito), o bien las competencias mismas del derecho (decidir usos privados e individuales del lenguaje275).276 También se solicitó a la Sala que se pronunciara acerca de los Manuales de Convivencia de las instituciones públicas o privadas y, su obligación de prohibir toda forma de discriminación racial. Que se ordenara al Ministerio de Educación Nacional, el diseño de un sistema integral y funcional para dar cumplimiento a la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la no discriminación racial en todas las instituciones educativas del país, desde preescolar hasta los más altos estudios universitarios; así como procesos de sensibilización dentro de la sociedad colombiana por la eliminación de todas las formas de discriminación. Se pidió exhortar al Gobierno Nacional, y en especial a la rama judicial para tutelar la protección de los derechos de la población afrocolombiana e indígena, y así eliminar las brechas de racismo y exclusión racial que se imparten desde estas instancias hacia los grupos étnicos víctimas históricas del racismo y la discriminación racial.277 Se trata de peticiones generales que, por mucho, exceden las competencias judiciales de esta Sala de Revisión, como juez encargado de resolver, en democracia, los problemas jurídicos que plantea el caso de la referencia.
8.5.2. Incluso, se solicitó que se ordene al Gobierno colombiano a levantar la reserva sobre el artículo 14 de la Ley 22 de 1981, que permita el reconocimiento por el Estado Colombiano de la existencia de la discriminación racial como violación de los Derechos Humanos y denunciarlos ante el Comité Internacional para la eliminación de todas las formas de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–.278 Al respecto, por supuesto, a esta Sala de Revisión sólo le corresponde reconocer la competencia que tienen las autoridades democráticamente instituidas para resolver tales cuestiones, en especial, el Presidente de la República y el Gobierno Nacional.
8.5.3. Finalmente, con relación a la indemnización in genere, la Sala de Revisión considera que esta no es viable por dos razones principales. En primer lugar, para respetar la posición del accionante, que en su comunicación a la Sala de Revisión, indicó categóricamente que lo único que buscaba era la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad. En segundo lugar, como se dijo, el acto discriminatorio no pretendió, deliberadamente, afectar los derechos del accionante. Ocurrió, pero más por falta de cuidado y atención que por un deseo o decisión de afectar los derechos fundamentales de otra persona.
9. Comentarios finales
9.1. La Sala de Revisión lamenta que la primera instancia no haya considerado decisiones de constitucionalidad recientes, así como tampoco referentes del bloque de constitucionalidad. La sentencia más reciente que se cita en tales fallos, es de hace más de una década, antes de los desarrollos en materia de protección por discriminación racial que se han suscitado al interior de la jurisprudencia constitucional. Los precedentes judiciales, como se sabe, son una colección de respuestas a problemas jurídicos, que sirven como modelos para resolución de casos futuros. En tal sentido, no se compadece con el deber de protección de los derechos fundamentales de las personas afrodescendientes como el accionante, ni con los deberes propios de la función judicial, que no se consultaran la solución que se ha dado a los casos referentes a la discriminación de personas con base en el criterio de ‘raza’. En todo caso, la jurisprudencia constitucional que sí fue citada, reclamaba una mayor atención a la posibilidad de que se hubiese dado un acto de discriminación.
En la segunda instancia se elaboró un juicio con mayor atención y detenimiento que en la primera instancia, pero también echa de menos esta Sala de Revisión, una mayor sensibilidad de parte de la juez con los derechos fundamentales para analizar debidamente la cuestión que había sido sometida a su consideración por Heiler Yesid Ledezma Leudo. Consideró que tal como lo había señalado la propia Universidad, el acto del profesor Yaroslav José Chavarrio no constituye un acto de discriminación, por cuanto no se trató de una conducta constante y repetitiva. A su parecer, para que un acto de discriminación sea tal, era preciso acreditar “conductas constantes y sucesivas del profesor que atenten contra los afrodescendientes o que los margine por su condición racial”.
No comparte la Sala de Revisión el criterio expresado por la juez de segunda instancia, pues un acto de discriminación no requiere ser repetitivo o sucesivo para conllevar efectos excluyentes. La repetición puede ser determinante para establecer el grado de afectación de los derechos fundamentales o el grado de responsabilidad de la persona que sea victimaria. No obstante, existen infinidad de actos de discriminación que ocurren en un único momento y no puede ser sucesivos ni repetirse. Por ejemplo, gritar algo ofensivo y humillante a una persona por su condición racial, en una sola ocasión muy especial –como lo puede ser el día de graduación– es un ataque al derecho a la igualdad y, concretamente, al derecho a no ser discriminado. Un acto de discriminación existe con que tan sólo una vez se discrimine.
La exigencia de una conducta sucesiva y reiterada es propia para establecer, por ejemplo, un patrón de discriminación, un contexto discriminatorio. En tal sentido, la Sala consideró que en el presente caso no se constató un contexto de persecución o de discriminación racial generalizado en la Universidad o en la Facultad.
9.2. El tiempo y los hechos le dieron la razón a Heiler Yesid Ledezma Leudo. Debido a la falta de protección de las decisiones judiciales de instancia, él, con su propio esfuerzo, superó las barreras y obstáculos impuestos. Por eso, el reclamo de justicia ante la Corte Constitucional se presenta acompañado de los resultados finales del programa académico que cursaba. Incluso aportó un certificado de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el resultado del 100% de las materias cursadas.279 Además, el resultado de la evaluación de su trabajo de grado; el Tutor y el Jurado del Proyecto solicitaron al Consejo de la Facultad de la Universidad dar a la tesis de los hermanos Ledezma Leudo el reconocimiento de meritoria.280
9.3. No puede la Sala de Revisión terminar esta sentencia sin hacer un Público reconocimiento a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a muchos de los actos que en favor de las comunidades afro y negras colombianas ha hecho. Los acontecimientos que ocurrieron en el presente caso no borran los aportes que la Universidad ha realizado en este sentido en diversos ámbitos, como lo es, por mencionar tan sólo uno de ellos, una parte significativa de la programación de la emisora institucional, LAUD estéreo. Los actos analizados en el presente caso no son constitutivos ni representativos de la comunidad académica en general.
10. Conclusión
Para la Sala, (i) cuando se usa en clase, por parte de un docente, una expresión que mantiene y preserva estereotipos racistas y esclavistas en las estructuras lingüísticas, se promueve un trato excluyente, que margina a las personas consideradas como parte de una determinada ‘raza’. Promover, justificar o preservar el uso de expresiones racistas en el ámbito de la educación, así como invisibilizar su contenido discriminatorio, desconoce los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la vez que supone un trato cruel y degradante. Por tanto (ii) una persona, en calidad de profesor viola los derechos a la educación y a la igualdad (en especial, el derecho a no ser discriminado), cuando emplea durante una sesión de clase una expresión claramente racista para presentar un ejemplo, en especial si fácilmente se ha podido remplazar por otro. Tal acto discriminatorio ocurre así la palabra ‘haya sido retirada’ y lamentada por el propio profesor.
Para la Sala, (iii) emplear un medio prohibido constitucionalmente, como lo es usar expresiones discriminatorias que promuevan, preserven o difundan estereotipos racistas, para alcanzar un fin imperioso, viola los derechos a la igualdad y a no ser discriminado, en especial cuando este puede ser obtenido empleando infinidad de medios alternativos que no implican una carga adicional y que son evidentemente menos lesivos para los derechos a la igualdad y a no ser discriminado. En consecuencia, (iv) toda persona tiene el derecho constitucional, en defensa de su dignidad, a no soportar en silencio un escenario de discriminación; al igual que toda persona tiene el derecho constitucional a no permanecer en ese escenario, tiene derecho a abandonarlo.
(v) Si un docente, accidentalmente, utiliza expresiones de uso común y corriente, que generan un escenario de discriminación en el que se preserva, se promueve o se difunde estereotipos racistas, discrimina cuando no emplea el mismo espacio de clase, en el momento y del modo en que considere adecuado, para poner en evidencia la expresión con contenido discriminatorio y resaltar su carácter racista. Es deber del docente utilizar el diálogo y la participación para visibilizar los elementos racistas que, lamentablemente, todavía se esconden en nuestras prácticas lingüísticas.
(vi) Finalmente, para la Sala, una institución educativa desconoce los derechos a la igualdad, a no ser discriminado, a la educación y al debido proceso de una persona que, en su calidad de estudiante, solicite que se adopten medidas de protección ante un acto de discriminación y se decida no aplicar la reglas procesales correspondientes, así como no hacer nada al respecto, a pesar de tener evidencia de que ello es así.
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