Sentencia t-691/12



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7. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas desconoció los derechos de protección a la no discriminación y al debido proceso de Heiler Yesid Ledezma Leudo
Para la Sala de Revisión, la respuesta al segundo de los problemas jurídicos también es afirmativa. Es decir, una universidad sí desconoce los derechos a la igualdad, a no ser discriminado y al debido proceso de una persona que, en su calidad de estudiante, solicite que se adopten medidas de protección ante un acto de discriminación, incluso si, en ejercicio de su autonomía universitaria, considera que la mejor manera de tratar el asunto es, simplemente, omitiendo que ocurrió, actuar como si nada hubiese pasado. Esto es especialmente grave si la institución adelantó una investigación que (i) comprobó que en efecto si se había sometido al estudiante a un escenario de discriminación, y (ii) que se requería tomar medidas amplias de protección.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas desatendió las obligaciones de protección derivadas de los derechos a la igualdad y a la no discriminación que tenía para con Heiler Yesid Ledezma Leudo, a la no discriminación y a la dignidad, por haberlo sometido a un escenario de discriminación en el que se preservó un estereotipo racista en un escenario académico, por parte de un profesor en su rol de tal.
A continuación la Sala hará referencia (i) a la regulación aplicable en el para casos como el presente en el contexto de la Universidad, (ii) se analizará el hecho de que la Universidad no hubiera decidido no tomar medidas de protección, (iii) el cumplimiento del debido proceso, para, finalmente, (iv) concluir que la Institución acusada si violó los derechos fundamentales del accionante.
7.1. El orden constitucional vigente hace parte de la regulación de la Universidad Distrital; uno y otro se retroalimentan y potencian, no se oponen
7.1.1. Como se indicó, la Universidad Distrital aportó al expediente el Acuerdo N° 027 de diciembre 23 de 1993, por el cual se expidió el estatuto estudiantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.247 De este cabe resaltar algunos aspectos relevantes, normativamente, para el análisis del presente caso. El Estatuto es un reglamento que rige las relaciones de la Universidad con sus estudiantes (art. 1). Busca dotar a la Institución de un ‘cuerpo reglamentario orgánico y sistemático que permita’ lo siguiente,
“a. Generar los espacios académicos para garantizar una gestión estudiantil fundamentada en los principios generales de las libertades de cátedra, de investigación y de aprendizaje;
b. Formar egresados sobre la base de la permanencia, responsabilidad e igualdad de oportunidades en la Universidad Francisco José de Caldas;
c. Contribuir a elevar el nivel de calidad de los estudiantes en búsqueda permanente de la excelencia;
d. Definir las condiciones para el desempeño de las actividades académicas del estudiante y los criterios para su evaluación;
e. Establecer derechos y, deberes de los estudiantes de la Universidad;
f. Garantizar la permanencia de los estudiantes de la Universidad Distrital sobre la base de los méritos y la productividad académicos;
[…]” (art. 2)
El Estatuto Estudiantil reconoce a toda persona, de manera generosa, un conjunto de derechos. En primer lugar, reconoce los derechos ‘que se derivan de la Constitución Política, de las leyes, el estatuto general, el presente estatuto (estudiantil) y demás normas de la Universidad Distrital.’ [art. 2, (a)] Expresamente, el Estatuto Estudiantil reconoce el derecho a la libertad de crítica; ‘Exponer, discutir y examinar con toda libertad, las doctrinas, las ideas y los conocimientos dentro de los principios éticos y morales, con respeto a la opinión ajena y a la libertad de cátedra’ [art. 2,(b)].
7.1.2. La Corte Constitucional celebra que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas incorpore el orden constitucional vigente en el seno de la institución. El Rector, la Decana de la Facultad del accionante, sus profesores, sus estudiantes, en fin, todas las personas que constituyen la Universidad, han manifestado de manera clara y fehaciente el compromiso con los derechos fundamentales. Concretamente, con los derechos a la igualdad y a la no discriminación.248 La Sala de Revisión resalta las consideraciones del docente investigador Harold Vacca González, quien sin duda, introdujo en el proceso disciplinario y pedagógico muchos de los presupuestos básicos que constitucionalmente ha debido tener en cuenta la Universidad.249
7.2. Pese a las reglas aplicables, y las conclusiones y recomendaciones del profesor investigador, no se tomó medidas de protección
7.2.1. Tal como se indicó previamente, a los cuatro días de ocurrido el escenario de discriminación, Heiler Yesid Ledezma Leudo intentó cambiar de docente para no tener que ver clases con el Profesor Yaroslav José Chavarrio, y solicitó que se abriera un proceso disciplinario en su contra por la manera como había actuado.250 El estudiante suspendió su proceso educativo y acudió ante las autoridades de la institución para dos cosas. (i) Buscar la reparación del daño moral que la ofensa le había causado, investigando lo ocurrido y tomando las medidas correspondientes. (ii) Proteger su derecho a la educación, removiendo los obstáculos a su proceso educativo, teniendo clases con otro profesor diferente al que había irrespetado su derecho a no ser discriminado.
7.2.2. El Presidente del Consejo Curricular de Tecnología en Electrónica, Ingeniero Frank Giraldo Ramos, comunicó al estudiante la decisión de negar su solicitud de cambio de docente y la decisión de recomendarle “[…] al Coordinador de carrera la apertura de un proceso de investigación, conforme al capítulo 2, artículo 86 donde se explica el procedimiento para realzar una investigación disciplinaria, con respecto al caso mencionado por usted para esclarecer dichos acontecimientos”.251
7.2.3. El docente investigador del caso llegó a establecer varias valoraciones y juicios importantes, con base en las cuales llegaría a concluir tres recomendaciones concretas para solucionar el caso que había sido a su conocimiento.252 En primer lugar, calificó la responsabilidad disciplinaria del docente. Afirmó que “actuó sin dolo ni premeditación”, no obstante, indicó que sí lo hizo “de manera incauta, como él mismo lo reconoció”; esta manera ‘incauta’ de actuar fue haber utilizado “una analogía que suele ser, infortunadamente racista a la manera de un lugar común para ilustrar una temática del curso en cuestión”.253 En segundo término, se resalta el buen nombre del docente investigado. Luego de exonerar la conducta del profesor investigado, pese al incauto acto (la “analogía [que] no fue concluyente y bien pudo obviarse”), se resalta “el concepto como persona del docente Yaroslav Chavarrio como quiera que, según testimonios generalizados, se ha caracterizado por su calidad e intachable desempeño personal, profesional y académico, así lo indican su evaluación general por algunos de los pares del proyecto circular y por algunos de los estudiantes; los cuales indicaron una disculpa suya por el instantáneo pero bochornoso suceso.254
En tercer lugar, el docente investigador reconoce la afectación del estudiante, ahora accionante. Reconoce que Heiler Yesid Ledezma Leudo “se siente vulnerado con alguna razón”. Valora que él “es un reconocido activista de la comunidad afrodescendiente y realizador ejemplar en el campo de la electrónica, como quiera que ha sido objeto de reconocimientos por la comunidad bogotana”. En este caso, nuevamente, el profesor reivindica el buen nombre del alumno pues afirma que tale condiciones del Heiler Yesid Ledezma Leudo, son también un logro institucional, son “hechos por los cuales debemos sentirnos orgullosos en esta facultad pues significa que lo estamos haciendo bien.”255 El cuarto aspecto que valoró el docente investigador, fue el proceso académico del estudiante. Aunque reconoció que el estudiante ha tenido, “y posiblemente tendrá baches”, también reconoció que por “las calidades académicas que le han sido reconocidas”, esos baches serán “susceptibles de superar y […] salvarse”. El quinto y último aspecto que tuvo en cuenta el docente investigador es referente a no someter a una persona dentro de un proceso educativo a presiones indebidas. A su parecer, “el normal desarrollo de la actividad académica, en el sentido evaluativo y de desempeño no puede estar sujeta a ninguna presión ni pretexto diferente al alcance de la calidad como parámetro de excelencia”. Afirma que la “reivindicación de la equidad para con los estudiantes debe mirarse como una forma más de tolerancia en los procesos educativos”.256
Luego de las anteriores valoraciones, el docente investigador hizo tres recomendaciones. Una referente a la responsabilidad del profesor, una alusiva a la solicitud de cambio de curso del estudiante y una referente a la comunidad en general. (1) Con relación al Profesor se resuelve “no ameritar apertura ni proceso disciplinario alguno, en ningún sentido, como una manera de conciliar y reivindicar la solvencia ética y moral de los individuos en cuestión.” (2) Con relación a la solicitud del estudiante se recomendó “el cambio de grupo, por lo excepcional del caso”; aunque, “por efectos de terminación de clases” indicó que el cambió debería “hacerse el próximo semestre”; sugirió para ello “la figura [de] la cancelación extemporánea de la asignatura”. (3) Por último, con relación a la comunidad, el docente investigador recomendó crear “en el proyecto curricular un escenario académico” cuyo propósito fuera el de divulgar “la política distrital frente a la población afro-descendiente, de manera que los procesos pedagógicos no sean presa de lugares comunes que pueden configurarse, sin serlo, como actividades de segregación o racismo.” El docente considera que ese escenario sería una oportunidad “para que desde docentes, estudiantes y funcionarios afrodescendientes” contribuyan “con sus realizaciones ejemplares al fortalecimiento del proyecto Facultad tecnológica”.257
7.2.4. La Decana de la Facultad Tecnológica, el 31 de mayo de 2010, resolvió que no era factible el cambio de clase, dado lo avanzado del semestre, asumiendo que se respondía una solicitud de 26 de mayo y no, como realmente fue, una solicitud del 28 de abril de 2010, cuatro días después de ocurrido el suceso. Además, indicó que se estaba esperando el informe escrito acerca de la investigación disciplinaria, el cual había sido remitido al Consejo Curricular tres días antes.
7.2.5. Finalmente, el Consejo Curricular de la Facultad dio una respuesta definitiva al estudiante Heiler Yesid Ledezma Leudo el 2 de junio de 2010, dos días después de la comunicación de la Decana, y cinco días después de la presentación del informe de investigación acerca de lo ocurrido. De las tres sugerencias del docente investigador, se decidió adoptar exclusivamente la referente a la responsabilidad disciplinaria del docente, en los términos en que fue fundamentado por éste, esto es, como manera de reconciliación. El Consejo dejó de lado las demás consideraciones acerca de la protección a los derechos a la educación y la igualdad del estudiante y de la protección de los miembros de la comunidad educativa en general, dadas las condiciones en que el acto había ocurrido y el impacto que había tenido.
7.2.6. Para la Sala de Revisión no es razonable constitucionalmente que si una Universidad constata que ocurrió un acto discriminatorio racista que supuso una puesta en escena en clase, haya decidido no hacer nada. En especial cuando en el proceso disciplinario que se inició a solicitud del estudiante se concluyó (i) que sí se había dado el escenario de discriminación y (ii) que, teniendo en cuenta los presupuesto del orden constitucional vigente, se debían tomar medidas de protección al derecho fundamental de no discriminación.
7.2.6.1. La universidad concluyó (1) que no se había discriminado al estudiante –a pesar de los hechos probados– y (2) que lo mejor para el buen nombre y la honra de los involucrados, era no adelantar ningún proceso en contra del profesor. La propuesta del docente investigador contemplaba, además, adelantar un proceso de concientización de la comunidad universitaria para que no volvieran a ocurrir lamentables y desafortunados hechos como el acaecido. Esta fue la forma de referirse al escenario de discriminación que se había constado.
7.2.6.2. Ahora bien, las excusas presentadas por la institución no justifican razonablemente que la petición haya sido negada de manera rotunda al estudiante.
Según la Facultad no se podía acceder a la petición de cambio de docente, porque la solicitud se había presentado en un momento muy avanzado del semestre. Aunque es cierta esa afirmación, ello se debe a que los hechos ocurrieron al final del penúltimo mes del semestre, en la recta final del curso. En tal medida, la petición de Heiler Yesid Ledezma Leudo no se habría podido plantear previamente. Él presentó la solicitud prácticamente al momento de haber ocurrido los hechos (sólo cuatro días después). Adicionalmente, el hecho de que la decisión se tomara al final del último mes del semestre se debió al tiempo que demoró el trámite interno de la petición del estudiante. Las decisiones de la Universidad fueron tomadas a pesar de que el accionante, insistió una y otra vez que se resolviera de fondo la cuestión.
Adicionalmente, se alegó que el hecho de que el semestre se estuviera terminando, implicaba que fuera totalmente imposible que se cambiara a otra clase. Pudieron ofrecerse soluciones al alumno, como la que planteó el docente investigador en su informe.
7.2.7. Como se dijo, una persona tiene derecho constitucional a no permanecer en un escenario de discriminación, como lo es una clase. Pero esto no implica necesariamente que el estudiante deba seguir faltando a la clase de manera indefinida. El hecho de que una persona tenga que presenciar en clase el uso de una expresión que promueve, preserva y difunde un estereotipo racial, y se retire de esa clase, no implica que esta deba necesariamente permanecer fuera.
Empleando mecanismos de participación, estrategias pedagógicas o medidas inspiradas en justicia restaurativa, la Universidad y la Facultad hubieran podido explorar aproximaciones entre el docente, alumno y compañeros. Quizá hubiese sido posible que frente al reclamo del estudiante, en lugar de confrontación, la Universidad hubiera considerado una respuesta que recompusiera las relaciones. Una solución que permitiera, mediante un diálogo libre y participativo, evidenciar las estructuras lingüísticas que se perpetúan en nuestra sociedad y que siguen sometiendo a las personas, a generar escenarios de discriminación, sin tener tal intención de ello, a padecerlos o a presenciarlos.
En otras palabras, el mismo error que tuvo el profesor en el contexto de la clase, lo repitió la Facultad y la Universidad a nivel institucional, al haberse negado a tomar medidas de carácter pedagógico, con deliberación en libertad, que permitieran enfrentar lo ocurrido y protegieran a Heiler Yesid Ledezma Leudo de la violación que había representado la situación vivida. La expresión que promovió el estereotipo no fue realmente cuestionada por el profesor. La Universidad y la Facultad tampoco lo hicieron.
En la solicitud de la Defensoría del Pueblo, se alegó la falta de protección de parte de la Universidad. Al igual que esta Sala de Revisión, la Defensoría indicó que no era admisible que ante la evidencia de los hechos ocurridos no se hubieran tomado medidas para que el estudiante pudiera presentar sus pruebas académicas en condiciones de igualdad frente a otros estudiantes. Sin tener que ser evaluado por un profesor que él cuestionó por su comportamiento en clase. Independientemente de la capacidad del profesor para ser equilibrado y justo incluso en tal situación, lo cual no sería extraño ni ajeno a una persona como el profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado, con experiencia y trayectoria en el ejercicio de la docencia, un estudiante tiene derecho a que mientras se prepara y presenta una evaluación, tenga la certeza de la imparcialidad del calificador.
7.3. Desconocimiento del debido proceso en el trámite de la queja por haber sido sometido a un acto discriminatorio fundado en razones de ‘raza’
7.3.1. Como se mencionó previamente, el derecho de autonomía universitaria, como cualquier otro, no tiene un carácter absoluto. Encuentra limitaciones en el ejercicio y protección de otros derechos fundamentales claramente interconectados. Esto ocurre precisamente, con el derecho al debido proceso en el contexto de trámites universitarios.
En otros términos, la mínima acción posible que hubiera podido adelantar la Universidad para proteger los derechos del accionante, era haber tramitado la queja que se le había presentado, respetando los mínimos parámetros de un debido proceso. Pero ni siquiera esto ocurrió. La Universidad en ejercicio de su autonomía, pareciera reclamar el derecho a tramitar una solicitud de protección invocada por un estudiante, a raíz de un escenario de discriminación durante una clase, sin observar el debido proceso. Por supuesto, esto es inadmisible en un estado social de derecho. La autonomía de la Universidad Distrital encuentra un límite en el derecho al debido proceso de Heiler Yesid Ledezma Leudo.
7.3.2. La jurisprudencia constitucional se ha referido entre otros, a los siguientes contenidos mínimos del derecho al debido proceso en trámites, que una Universidad debe respetar. Ha dicho,
“La consagración de un procedimiento que permita investigar y sancionar las faltas disciplinarias con plena garantía de protección de los derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso. Para llegar a tal objetivo, el trámite debe, por lo menos: (i) Determinar en cabeza de qué autoridades se encuentran las facultades de investigación de la falta e imposición de la sanción; (ii) Conceder al integrante de la comunidad educativa instancias adecuadas y suficientes para que ejerza su derecho de defensa ante los cargos que se le imputen y de contradicción respecto a las pruebas que sustenten la comisión de la falta disciplinaria; (iii) Aplicar el principio de presunción de inocencia a favor del sujeto disciplinado, razón por lo cual el ejercicio de la actividad probatoria es una tarea propia de quien ejerce la potestad disciplinaria, sin perjuicio que al afectado se le permita hacer valer las que considere necesarias para su defensa; (iv) Garantizar el principio de publicidad, a fin que el disciplinado tenga la oportunidad de conocer y controvertir las faltas que se le imputen, lo que lleva a inferir que toda modificación a la formulación de cargos debe estar precedida de una instancia de defensa adecuada.258259
La deliberación que garantiza las reglas del debido proceso constitucional, y que apuesta por la controversia de razones, argumentos, pruebas y evidencias, abre el camino para lograr determinar cuáles es la mejor solución a un determinado caso o problema que se someta a juicio de una autoridad educativa. En tal medida, omitir las instancias y pasos procesales de deliberación, participación y controversia, por considerarlas innecesarias ante la supuesta evidencia palmaria de la conclusión a la que se pretende llegar, olvida, precisamente, el valor de tales procesos tienen para la construcción de las respuestas que se buscan en democracia. Por ello, la jurisprudencia ha tutelado el derecho de una persona a que se le respete su derecho al debido proceso, así las instancias disciplinarias de una institución educativa, autónomamente, consideren que el objeto de la investigación y procedimiento que se adelantaría llevaría a una conclusión que es, supuestamente, ‘evidente’. Así, reiterando y aplicando las reglas jurisprudenciales citadas (en la sentencia T-622 de 2003), dijo la Corte al respecto,
“[…] el proceso seguido por el ente accionado al menor Zapata López, no siguió los parámetros establecidos en el Manual de Convivencia para imponer sanciones, por cuanto el menor no fue escuchado durante el proceso, no se le dio oportunidad para presentar descargos ni controvertir las pruebas en su contra.

[…] desechar el cargo de violación del debido proceso, reduce el alcance de este derecho fundamental a la mera comprobación de la ocurrencia en el plano de lo natural de los hechos y a la aceptación de tal ocurrencia por parte del estudiante, previamente al procedimiento sancionatorio. Tal estimación representa un desconocimiento del principio de contradicción y presunción de inocencia, dada la imposición de la suspensión definitiva a partir de una simple comprobación objetiva de una conducta prohibida por el manual de convivencia.


En efecto, como se evidencia en el expediente, la imposición de la sanción no estuvo precedida de la necesaria realización de un procedimiento donde se permitiera al peticionario el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. En esta medida se desconoció la garantía del debido proceso al deducirse en contra del estudiante consecuencias negativas sin que se le oyera y se examinaran y evaluaran las pruebas que obraban en su contra y también las que él menor quería hacer constar en su favor.”260
El cumplimiento de las reglas del debido proceso para resolver cuestiones disciplinarias en el contexto académico, específicamente universitario, es por tanto un conjunto de garantías que aseguran que mediante la participación y la deliberación se podrá construir la mejor decisión a un caso concreto.
7.3.3. La Decana sostuvo que la Facultad ni la Universidad le violaron el derecho al debido proceso del accionante, por cuanto los procedimientos y los parámetros establecidos en las normas aplicables habían sido cumplidos debidamente.
No obstante, se han adelantado procesos que han concluido exactamente lo contrario. Han considerado que, en efecto, sí se desconocieron las reglas propias del debido proceso. La personería de Bogotá resolvió favorablemente peticiones en contra de los funcionarios a los que les correspondió adelantar la investigación por los supuestos actos de discriminación en contra del accionante y les correspondió tomar la decisión de qué medidas de protección adoptar en el caso sometido a estudio. Cuestionaron que la Universidad hubiera omitido seguir el procedimiento correspondiente. Para el órgano de control se trató de una decisión inconsistente. Heiler Yesid Ledezma Leudo había solicitado, formalmente, que se adelantara una investigación disciplinaria formal en contra del profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado que, a su juicio, le había sometido a un acto de discriminación. Sin embargo, de la mano del investigador docente, se concluyó que no era necesario adelantar tal investigación, de acuerdo con el procedimiento establecido para el efecto reglamentariamente, porque en una actuación preliminar, se había podido concluir que, efectivamente el acto discriminatorio no había ocurrido. La personería impuso sanciones al docente investigador y al docente que presidía el Consejo Curricular de la Facultad, que resolvió la petición de Heiler Yesid Ledezma Leudo.261 Consideró violatorio del derecho al debido proceso que se dejara de adelantar el trámite reglamentario para averiguar una aparente discriminación por parte de un profesor, El derecho al debido del proceso le garantizaba al estudiante que la investigación misma se adelantara según las reglas mínimas del debido proceso en el contexto universitario y, concretamente, según las reglas establecidas por la propia Universidad en ejercicio de su autonomía. No obstante, en criterio de la Personería, la Institución renunció al cumplimiento de sus obligaciones y resolvió dejar las reglas aplicables de lado. Prefirió seguir un camino propio desconociendo el procedimiento de debate para llegar a construir una verdad luego de un proceso argumentativo.
Como se dijo previamente, el debido proceso contempla un conjunto de reglas de actuación en materia de procedimientos que aseguran precisamente, que solicitudes como la de Heiler Yesid Ledezma Leudo se resuelvan correctamente. El debido proceso es el camino para darles a las peticiones una respuesta en una sociedad democrática, no un camino que se ha de seguir si ya se encontró, previamente, una solución al caso mediante otro procedimiento, no establecido normativamente. Precisamente, el debido proceso es la herramienta construida socialmente para lograr responder si el acto que se acusa de reprochable se cometió o no y ha de ser sancionado o no.
7.3.4. Para la Sala de Revisión es reprochable la conducta de la Universidad. En el proceso de acción de tutela se alegó que no se había violado el derecho al debido proceso, porque en efecto, sí se había tramitado la solicitud del accionante y se habían observado las reglas aplicables para tales efectos, llevando a cabo una investigación preliminar que probó que no hubo discriminación. Pero, por otra parte, ante la personería de Bogotá la Universidad alegó que no se había violado el derecho al debido proceso del accionante, a pesar de no haberse cumplido estrictamente los pasos para adelantar una investigación y un proceso disciplinario acerca de lo ocurrido, puesto que en una investigación previa se había concluido que no era necesario adelantar tal procedimiento.
7.3.5. Por último, advierte la Sala de Revisión que los procesos al interior de una institución educativa tienen además, una función pedagógica. Son un medio para formar y preparar a los estudiantes, para resolver los conflictos y los litigios en democracia y pacíficamente. En tal medida, no haber atendido las reglas procesales respectivas, para haber tramitado la solicitud presentada por el estudiante, afectó su derecho de educación. La formación integral que supone este tipo de experiencias durante el proceso educativo, fue afectada.
Adicionalmente, desde la primera instancia la universidad no sólo pedía a la justicia que negara la tutela invocada sino que la declarara improcedente, por ser un ‘irrespeto’ en contra del cuerpo de profesores que laboran en la Universidad Distrital. Al respecto, cabe anotar que el ejercicio del derecho político de interponer acciones en defensa de la Constitución, como lo es una acción de tutela, no puede ser tomado por una Universidad como una afrenta, sobre todo, si el accionante intentó antes por las vías institucionales ser oído, pero acudió a la justicia, luego de ver la ineficiencia para resolver la cuestión.
7.4. Conclusión
Para la Sala, la universidad desconoció los derechos a la igualdad, a no ser discriminado y al debido proceso de Heiler Yesid Ledezma Leudo, una persona que, en su calidad de estudiante, solicitó que se adoptaran medidas de protección ante un acto de discriminación. Es irrazonable pretender que el ejercicio del derecho de autonomía universitaria, se pueda usar para querer justificar un acto prohibido constitucionalmente: no adelantar el trámite de una solicitud presentada, observando las reglas mínimas de un debido proceso constitucional. Esto es especialmente grave si la institución adelantó una investigación informal que (i) comprobó que en efecto si se había sometido al estudiante a un escenario de discriminación, y (ii) que se requería tomar medidas de protección. Por tanto, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas dejó de proteger los derechos a la igualdad y a la no discriminación de Heiler Yesid Ledezma Leudo.
Una vez resueltos los dos problemas jurídicos sometidos a consideración de los jueces de tutela de primera y segunda instancia en sus fallos, pasa la Sala de Revisión a establecer cuáles son las órdenes y las medidas concretas a las que habrá lugar.
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