Sentencia t-691/12



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2. Argumentos y solicitud
2.1. Heiler Yesid Ledezma Leudo considera que los actos a los cuales lo han sometido algunos docentes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la poca protección que le han dado las autoridades de la institución conllevan una violación de sus derechos a la igualdad (art. 13, CP) y a la educación, en especial de grupos étnicos protegidos (art. 68, CP) y, en general, un desconocimiento del carácter pluralista del Estado (arts. 1 y 5, CP), con base en las siguientes razones.
“[…] nuestra Constitución del 91 protege la violación de los derechos fundamentales y dentro de estos la discriminación por raza. || El artículo 1° de la Constitución Política nacional establece que Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
El artículo 5 de la Constitución Política nacional reza que el estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.
Los artículos 67 y 68 de la Constitución Política nacional, hacen referencia a que la educación es un derecho fundamental, por lo que es inherente e inalienable, esencial a la persona humana que realiza el valor y principio material de la igualdad consagrado en el preámbulo de la Constitución nacional y que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.
El principio de no discriminación racial; la Constitución Política dispone a la igualdad como patrón fundamental del estado y la sociedad. Al contrario, la carta rechaza cualquier trato excluyente o diferenciador que no tenga estricta justificación en sus postulados. Pues bien, tales mandatos han sido inspirados por obligaciones y pautas normativas definidas internacionalmente que sirven de referencia para comprender su definición y alcance. […].23
Por lo anteriormente descrito puedo concluir que se deben respetar mis derecho a ser tratado de manera igualitaria a todas las demás personas, sin ninguna clase de discriminación.”

Hace referencia, concretamente, a las sentencias C-257 de 1999 y T-1090 de 2002 de la Corte Constitucional.


2.2. El accionante presentó cuatro peticiones concretas a la Corte Constitucional, a saber: (i) “exigir a la Universidad que en lo sucesivo no permita la violación de los derechos de sus alumnos afrocolombianos”; (ii) “que se me permita la realización de mis dos exámenes restantes en cada asignatura dictada por el docente Chavarrio, con el fin de evitar el retrazo en la terminación de la carrera como consecuencia de estos hechos racistas, o en su defecto, acogerme al sistema de créditos, mediante el cual podría cursar materias en otra Universidad. Esto con el objetivo de culminar a tiempo mi formación universitaria”; (iii) “que se me restablezcan las notas correspondientes a la asignatura de comunicaciones digitales”; (iv) “la calificación de talleres y trabajos presentados en la materia regulación de telecomunicaciones”; (v) “igualdad con respecto a mis compañeros en la calificación de quices y talleres”; y (vi) “calificación del primer parcial de la asignatura regulación de telecomunicaciones”.
3. Participación de la Facultad Tecnológica, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
La Decana de la Facultad, Dora Marcela Martínez Camargo participó en el proceso de la referencia para ejercer su derecho de contradicción, fundándose en la información y documentos anexados.24
3.1. En primer lugar, la intervención alega que el profesor acusado de un acto discriminatorio en una de las clases, en razón a un ejemplo presentado a sus alumnos, es una buena persona, de buena conducta. Y se considera que lo ocurrido es tan sólo un hecho marginal, no intencional.25
Es necesario precisar que Comunicaciones Digitales, donde alega el accionante que tuvo lugar el no sustentado cambio de la nota del segundo examen parcial [de dos siete a uno cero (27 a 10)], fue dictado por el profesor Ricardo Alirio González Bustamante y no por el profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado, como también lo afirma la Decana. Finalmente, los hechos que se acusan de discriminatorios no ocurrieron en la clase de Medios de transmisión, que sí fue dictada por el profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado, sino en la clase de Conmutación Digital, también dictada por éste docente.
3.2. La Decana sostiene que la Facultad y la Universidad no se le han violado los derechos al debido proceso del accionante, por cuanto los procedimientos y los parámetros establecidos en las normas aplicables han sido cumplidos debidamente.26
3.3. Además señala que el accionante no es uno de los mejores estudiantes de la carrera. A su juicio eso lo demuestra su promedio acumulado de notas de la carrera, así como el hecho de que varias asignaturas las ha tenido que repetir, luego de haberlas perdido.27 Advierte que su desempeño es tan precario que se encuentra en prueba académica.
3.4. La Decana advierte que el estudiante ha tenido problemas académicos con otros profesores, como lo es el caso del docente Giovani Mancilla Gaona, respecto del cual se dice que fue presionado por el estudiante accionante.28
3.4.1. La Universidad aportó, entre otros documentos, una carta de julio 27 de 2010, en la que el profesor de la clase de Regulación en Telecomunicaciones, Giovani Mancilla Gaona se refiere al caso de Heiler Ledezma. En ella considera que el estudiante ha estado sometido a gran número de presiones en razón a su situación académica; por lo que propone que se le realice un examen de habilitación, así sea de carácter extraordinario. Con la carta en cuestión (de julio 27), el profesor Mancilla adjuntó una serie de acusaciones por el comportamiento del accionante Heiler Yesid Ledezma Leudo, haciendo referencia a pruebas y testimonios que daba a conocer al Consejo Curricular, pero no al estudiante.29
3.4.2. Se aportó al expediente el Acuerdo N° 027 de diciembre 23 de 1993, por el cual se expidió el estatuto estudiantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.30 También se adjuntó el Acuerdo N° 07 de la Universidad Distrital, por el cual se modificó y reglamentó la prueba académica de los estudiantes de la Institución.
3.4.3. La Universidad remitió las notas finales de las clases Conmutación Digital,31 y Medios de Transmisión, dictadas por el profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado.32 Del curso Comunicaciones Digitales, dictado por el profesor Ricardo Alirio González Bustamante;33 el curso Regulación de Telecomunicaciones, dictada por el profesor Giovani Mancilla Gaona.34 También se adjuntaron las calificaciones de la clase Integración de Redes y Servicios, dictada por el profesor Danny Javier Tapiero.35
3.5. La Decana solicita rechazar la acción de tutela por ser falsa e irrespetuosa, en los siguientes términos,
“Solicito a Usted, señor juez constitucional de primera instancia, tenga a bien negar el amparo de tutela solicitad por el señor Heiler Yezid Ledesma Leudo [sic], por ser improcedente, e irrespetuoso en contra del cuerpo de profesores que laboran en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como también, nuestra Institución ha garantizado y garantizará el debido proceso, los derechos constitucionales y fundamentales, pro ser nuestra institución respetuosa de la normatividad vigente institucional.”
4. Decisión judicial de primera instancia
La Juez Treinta y Uno Civil Municipal de Bogotá, D.C., resolvió negar la tutela invocada por Heiler Yesid Ledezma Leudo, por considerar que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no había incurrido en las violaciones de los derechos fundamentales del accionante, de las cuales era acusada dentro del proceso. Luego de plantear el problema jurídico a analizar,36 y hacer referencia a dos decisiones judiciales constitucionales (T-974 de 1999 y T-310 de 1999), la juez de primera instancia considera que no le es dado evaluar el trato entre los estudiantes y los profesores a la luz del derecho a la igualdad, porque se trata de una competencia privativa de las Universidad, en virtud de su derecho constitucional de autonomía universitaria. Así, el trato diferente entre los estudiantes, profesores o trabajadores de una institución, no puede ser evaluado por el juez de tutela. Dice textualmente la sentencia,
“Así las cosas, del examen de los documentos arrimados al proceso y del contenido tanto de la acción de tutela, como de su contestación, se encuentra que la parte accionada no logró demostrar la violación al derecho constitucional conculcado, éste es, el de igualdad, frente a los señalamientos del docente según los hechos expuestos y respecto de la posición y decisión del ente universitario frente a sus solicitudes; además, las solicitudes del accionante fueron resueltas dentro de la oportunidad legal, no significando esto que la respuesta de las mismas debería ser positiva a las pretensiones del estudiante, como quiera que es la institución educadora, quien con fundamento en su autonomía dado el carácter constitucional que la reviste, decide o no como maneja los conflictos suscitados entre sus docentes y sus alumnos.
Por ello, si bien la Universidad obró de conformidad con su reglamento interno, y su actuar fue diligente en la medida en que, disponiendo de los mecanismos para proceder de conformidad a las quejas del estudiante, fueran éstas de carácter académico administrativo, se encuentra que el amparo solicitado no encuentra recibo por parte del despacho.”
5. Impugnación
Heiler Yesid Ledezma Leudo impugnó el fallo de primera instancia, por considerar que la autonomía universitaria no tiene la amplitud que pretende darle la juez de primera instancia. A su juicio, se desconoce que tal garantía sí encuentra un límite efectivo en el derecho a la igualdad. Dice textualmente,
“De acuerdo a la Acción de Tutela que yo interpuse en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, me permito informar que no estoy de acuerdo con lo expuesto por la señora Jueza Luz Helena Montes Sinning, ya que si bien es cierto que el artículo 69 de nuestra Constitución Política le otorga a las Universidades la potestad de tener autonomía universitaria, también es cierto que esta autonomía nunca puede ir en contra de la ley y menos de la misma Constitución, y más cuando se trata de proteger derechos fundamentales consagrados en esta.
[…] en el fallo de la acción de tutela se prioriza en la autonomía universitaria por encima de lo que yo solicito en las peticiones de tal acción, las cuales buscan que se me trate con respeto a mi dignidad humana al igual que a mis compañeros independientemente de su identidad étnica, ya que la universidad nunca protegió mi dignidad humana ni mi derecho a tener una educación en condiciones de igualdad y respeto, y por ende el profesor Yaroslav Chavarrio continuó hasta el final del semestre con las burlas directas hacia mí, a pesar de que el profesor es un ingeniero que conoce perfectamente el artículo 12 de la Constitución de Colombia, el cual prohíbe los tratos inhumanos o degradantes hacia las personas.”
5.1. Para el señor Ledezma Leudo no es aceptable que la Universidad, a pesar de haber constatado el trato racista al cual había sido sometido, no hubiese hecho nada para protegerlo. El principio de dignidad humana, a su parecer,
“[…] me es vulnerada constantemente en la Universidad Distrital con la permanente creación premeditada de escenarios racistas hacia mi persona como si fuesen propios de un lugar común, como lo describe el informe de investigación del docente investigador Harold Vacca, quien describe la manera degradante en que soy tratado por parte del cuerpo docente. || […]
Con respecto a las afirmaciones de la señora Decana de la Facultad Tecnológica, Dora Marcela Martínez Camargo, debo aclarar que este docente no me dictaba la asignatura Comunicaciones Digitales, las materias que dictaba eran Medios de Transmisión y Conmutación Digital. La asignatura Comunicaciones Digitales la dictaba el profesor Ricardo Alirio González, quien me cambió la nota del segundo parcial de 2.7 a 1.0 como lo muestra el reporte de notas de la base de datos de la universidad, la cual anexé dentro de los elementos probatorios allegados a su respetado despacho.
Siendo evidentes los trato inhumanos y degradantes a los que fui expuesto por parte del profesor Chavarrio, situación que informe inmediatamente a la señora Decana, de la cual esta hizo caso omiso y no insto por brindarme algún tipo de garantías o protección ante tal problemática, al contrario prefirió no tomar cartas en el asunto y hacer como si esta situación nunca se hubiese presentado, generando esto una situación bochornosa como la califica el docente encargado de realizar la investigación.
Sin embargo la universidad en su respuesta a la acción de tutela interpuesta, nunca se pronunció de manera objetiva referente a la discriminación a que me sometía el profesor Chavarrio, aun cuando fueron en su momento los primeros en pronunciarse en contra de la discriminación racial por escrito a través del informe de investigación que se conoce. La Universidad describe que el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia constituyen una negación de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, reconocidos en la cotidianidad de la Facultad Tecnológica, por la discriminación, reconocidos en la cotidianidad de la Facultad Tecnológica, por la discriminación que se vive, y que ya que se presentaron los hechos discriminatorios con el profesor Chavarrio, es la oportunidad para que se organice un evento de reconocimiento para los estudiantes, docentes y funcionarios afrodescendientes que con sus realizaciones ejemplares contribuyan al fortalecimiento del proyecto Facultad Tecnológica.”
5.2. El accionante reclama a la decisión judicial de primera instancia, suponer que las diferencias de trato entre los estudiantes no pueden ser cuestionadas, pues están amparadas por la autonomía universitaria, y encubrir así el trato discriminatorio. Dice al respecto,
“A pesar de que relacioné todos los elementos probatorios en donde demuestro la mala conducta asumida por los docentes y la Universidad (porque esta debía actuar como garante de mis derechos fundamentales), la señora jueza hizo caso omiso a todo lo relatado en la acción de tutela, escudando a la Universidad con el tema de autonomía universitaria y pasando por alto la protección a mis derechos fundamentales, tales como la Dignidad Humana, el derecho a una educación en condiciones de equidad e igualdad.”
5.3. El accionante reclama sus logros académicos, los cuales han sido conocidos y apoyados por su comunidad. Insiste en que ello es así, y puede demostrarse. Dice al respecto,
“Adicionalmente, la comunidad universitaria, directivas y profesores han sido testigos de nuestros logros en materia académica y de investigaciones científicas y tecnológicas, de lo cual da testimonio el señor rector de la Universidad Distrital, Doctor Carlos Ossa Escobar, que me invitó junto a mi hermano Heicer Ledezma a participar en el programa radial de la UD Stereo ‘protagonistas’, en el cual fuimos escogidos como candidatos para ser nombrados personajes del año gracias a nuestros resultados en materia de investigación aeroespacial. Así, nuestra trayectoria fue destacada en el programa radial en mención y paralelamente en la sección ‘el Rector informa’ de la página oficial de la UD, en donde queda en claro la brillante trayectoria de la que con humildad gozamos, y ante todo colocando en alto el nombre de nuestra institución la cual llevamos en el corazón. || […]
Es gracias a nuestra humilde trayectoria que fuimos invitados (Heicer Ledezma y yo) a trabajar en el centro de Investigaciones Especiales (Center for Space Research) de la Universidad de Texas en Austin.”
5.4. Heiler Ledezma afirma: “Sueño con una Universidad en donde el objetivo común sea la ciencia y el conocimiento en un entorno multiétnico y pluricultural como manda nuestra Carta Magna. Tal como se evidencia en la fotografía que adjuntaré el día de mañana acerca de nuestra participación con el Grupo de Energías Alternativas de la Universidad Distrital GIEA-UD en el IV Congreso Mundial de Juventudes Científicas organizado por la Federación Internacional de Sociedades (Científicas FISS), en donde se refleja esta diversidad étnica y cultural, en donde prima el amor por la Ciencia y el Conocimiento como punto de unidad para tal diversidad.37
5.5. El accionante adjunta la carta de invitación del CSR (Center for Space Research) de la Universidad de Texas para trabajar como investigadores de tal institución. Las notas que muestran el buen desempeño académico en el proyecto curricular de electrónica, como lo describe el Investigador Harold Vacca en su informe de investigación, y por lo cual nos felicitan el rector y las directivas. Adjuntan también cartas de felicitaciones recibidas y artículos de prensa, en los que se hace mención a algunos de sus logros.38
“Por todo lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente a la señora jueza, jueces y entes jurídicos competentes, ayudarme a abolir los rezagos de esclavitud y discriminación racial que redundan en la memoria colectiva de gran parte del cuerpo docente de ésta, nuestra alma mater Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como lo contemplan los acuerdos internacionales que ha suscrito la Presidencia de la República con las Naciones Unidas y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para eliminar toda forma de discriminación racial en los pueblos que las integran.”
5.6. La Alianza Colectiva Multi-Étnica Estudiantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, participó en el proceso para apoyar la solicitud del accionante.39 Se reiteran varios de los dichos ya presentados por el accionante y, además, se cuestiona la grabación y el uso que se le ha dado al video. Se acusa, de oídas, al estudiante Jorge Augusto Herrera de haber ocultado parte del video que se adjuntó al proceso y en el cual se ve a Heiler Yesid Ledezma Leudo, en compañía de su hermano, presentando varios reclamos al profesor Giovani Mancilla.40
6. Decisión judicial de segunda instancia
La Juez Veintiuna Civil del Circuito de Bogotá, DC, resolvió en segunda instancia confirmar la decisión de negar la tutela presentada por Heiler Yesid Ledezma Leudo en contra de la Universidad Distrital. Consideró que tal como lo había señalado la propia Universidad, el acto del profesor Yaroslav José Chavarrio no constituye un acto de discriminación, por cuanto no se trató de una conducta constante y repetitiva,
“[…] el actuar desplegado por la Universidad demandada no trasgrede derecho fundamental alguno al accionante, para ello ha de tenerse en cuenta que al reclamo que hiciera el estudiante Heiler Ledesma (sic) Leudo sobre la discriminación de la cual aduce fue víctima se le dio el trámite contemplado en el estatuto estudiantil y el ente educativo consideró que no había mérito para iniciar investigación, dado que el comentario expresado por el docente no lo hizo de forma directa y despectiva, sino que fue parte de un ejemplo inapropiado que se dio en clase, sin que ello implique discriminación, pues no se acreditó conductas constantes y sucesivas del profesor que atenten contra los afrodescendientes o que los margine por su condición racial.
En otras palabras, de los supuestos fácticos narrados por el petente y de la actuación adelantada por el ente universitario no se vislumbra conexión alguna que afecte injustamente el rendimiento académico del estudiante, pues aunque son sobresalientes los reconocimientos internacionales y nacionales que se le han hecho al estudiante, tal situación no quiere decir que por ese hecho la universidad deba calificar al estudiante de forma satisfactoria.
Por otro lado frente a la calificación de los exámenes del señor Heiler Ledesma (sic) Leudo, ha de señalarse que de conformidad con el artículo 44 del Reglamento Estudiantil, el alumno puede solicitar la revisión del examen dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la calificación […]”.
Finalmente, la Juez sostiene que el accionante no aportó suficiente material como para determinar si realmente los profesores en cuestión le dieron un trato diferente al estudiante o no, como se alega en la acción de tutela.
7. Solicitud de la Defensoría del Pueblo
Considerando los hechos del caso y las decisiones judiciales de primera y segunda instancia, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional que revisara el caso. A su juicio, a diferencia de lo considerado por los jueces de instancia, en el expediente sí hay evidencia de que el estudiante fue sometido a un trato discriminatorio. Adicionalmente, en ningún momento la Universidad desmintió o desvirtuó los tratos diferentes injustificados entre estudiantes.41
8. Participaciones por solicitud de la Sala de Revisión
8.1. La Sala de Revisión vinculó y dio espacio para participar dentro del presente proceso a diferentes personas, naturales y jurídicas. Al profesor Yaroslav José Chavarrio Alvarado y a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, a la Universidad del Valle y a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Finalmente, al Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de Los Andes, al Centro de Estudios de Justicia, DeJusticia, a la Corporación Redafro, a la Conferencia de Organizaciones Afrocolombianas, al Centro de Justicia y Acción contra el Racismo y al Colectivo Cimarrón. Todas las intervenciones y participaciones que tuvieron lugar ante la Sala de Revisión son incluidas a título de anexo a la presente sentencia. Sin embargo, se hace referencia a la última comunicación remitida a la Sala de Revisión por el accionante dentro del proceso.
8.2. Heiler Yesid Ledezma Leudo presentó con orgullo a la Sala de Revisión un certificado de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el resultado del 100% de las materias cursadas. Además, el resultado de la evaluación de su trabajo de grado. Se adjuntan a continuación el resultado oficial de los tres últimos semestres”.42

Además, se transcribe el documento mediante el cual el Tutor del Proyecto, Gerardo Castang Montiel y Dulio A. Buelvas, Jurado del Proyecto, solicitaron al Consejo de la Facultad de la Universidad, dar a la tesis de los hermanos Ledezma Leudo el reconocimiento de meritoria.43


8.3. Teniendo en cuenta que la anterior información presentada por Heiler Yesid Ledezma Leudo ponía de presente que los obstáculos que existían para continuar el proceso educativo habían sido sorteados por el propio accionante, la Sala de Revisión se abstuvo de tomar medidas cautelares adicionales a la solicitud de la información ya recibida. Considerando suficiente el acervo probatorio pasa a resolver los problemas jurídicos planteados en el caso, la Sala pasa a resolverlos.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas jurídicos
A continuación se hará un breve recuento del caso que se somete a revisión de la Sala, para presentar, posteriormente, los problemas jurídicos que éste plantea.
2.1. En términos generales, puede resumirse la cuestión que se debate en los siguientes términos: el estudiante Heiler Yesid Ledezma Leudo presentó acción de tutela por considerar que en una clase de su carrera universitaria se le sometió a un trato discriminatorio, en la medida que un docente empleó un ejemplo de carácter racista durante una sesión, en frente de él y de todos sus otros compañeros. Considera a su vez que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, su alma mater, le falló en el momento en que le solicitó que protegiera sus derechos ante la situación de discriminación a la cual se le había sometido. Sostiene, además, que por cuestiones de ‘solidaridad de cuerpo’, algunos otros docentes le han sometido a presiones posteriores. La Universidad, por su parte, considera que sí llevó a cabo la investigación ante los hechos solicitados y se tomó una decisión al respecto, por lo que, a su parecer, no le fueron violados los derechos al debido proceso. Que no fuera del gusto y agrado del estudiante, es asunto diferente; a su parecer, sostienen la institución, el accionante está buscando beneficios académicos con el proceso, a costa del buen nombre de sus profesores. Pero la Universidad reitera que adoptó una decisión a su juicio adecuada, en el legítimo uso de su autonomía universitaria. El profesor acusado, por su parte, reitera ante la Sala de Revisión que fue un ejemplo desafortunado, por el cual, de forma inmediata pidió disculpas al estudiante. No obstante, insiste en que se trata de una expresión ‘castiza’, usual y corriente en la lengua española, cuyo uso no necesariamente implica un ataque de carácter racial.
Por último, el accionante ha indicado a la Sala que con posterioridad a la interposición de la acción de tutela y de otros medios de defensa de sus derechos fundamentales, su hermano y él, han sido sometidos a nuevas persecuciones y presiones, a propósito de la presentación de su tesis. Además, ha allegado documentos al proceso de tutela, en los cuales (1) prueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el programa cursado y (2) informa que la Personería de Bogotá ha tomado decisiones de protección frente a sus derechos fundamentales, encontrando responsables disciplinariamente a algunos funcionarios, por no haber seguido un debido proceso al momento de tramitar la queja del estudiante.
2.2. Teniendo en cuenta que la función de Revisión que ejerce la Corte Constitucional, la Sala advierte que los problemas jurídicos a resolver en el presente proceso son fundamentalmente dos. Uno referido a eventual irrespeto a los derechos del accionante por el profesor Chavarrio Alvarado, y el otro referido a la presunta desprotección por parte de las instancias académicas que se han ocupado de conocer el caso posteriormente.
2.2.1. El primer problema jurídico es el siguiente: ¿una persona, en el rol de profesor universitario, viola los derechos a la educación y a la igualdad (en especial, el derecho a no ser discriminado), cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de cátedra, usa en clase una expresión que se acusa discriminatoria (en este caso ‘racista’) para ejemplificar una categoría teórica técnica (de ingeniería), pese a que, ante el reclamo de un estudiante que se sintió discriminado, el docente (i) retiró lo dicho, (ii) pidió disculpas, y (iii) aclaró que sólo usó la palabra como se hace cotidianamente, ordinariamente, no para atacar a nadie?

2.2.2. El segundo problema jurídico es el siguiente: ¿desconoce una universidad los derechos a la igualdad (en especial el derecho a no ser discriminado) y al debido proceso de una persona que, en su calidad de estudiante, solicitó a las directivas de la entidad que se tomaran medidas de protección ante un acto que consideró discriminatorio, cuando en ejercicio de su autonomía universitaria resolvió no tomar medidas de protección, a pesar de que la investigación adelantada internamente por la Institución educativa concluyó que sí habían ocurrido los hechos reportados por el estudiante, al menos parcialmente?


2.3. Para resolver estas dos cuestiones la Sala de Revisión se ocupará de varios asuntos. En primer término, se presentará el derecho constitucional de toda persona a no ser sometido a un escenario de discriminación, precisando las reglas constitucionales relevantes y la jurisprudencia aplicable al presente caso (capítulo 3). En segundo lugar, la Sala se referirá al derecho constitucional a la libertad de cátedra; su importancia en democracia, y su complejidad, en virtud de la amplia interrelación, interdependencia e indivisibilidad con otros derechos fundamentales, que el ejercicio de esta libertad puede conllevar (capítulo 4). En tercer lugar, se abordará la especial relación que existe entre el derecho a la educación, la libertad de cátedra y la garantía de no discriminación, en especial, por razones de raza (capítulo 5). A continuación, la Sala procederá a estudiar cada uno de los problemas jurídicos planteados, y a dar su solución a la luz de las reglas y principios aplicables (capítulos 6 y 7, respectivamente). Teniendo en cuenta lo decidido, se indicará cuáles son las medidas que se adoptarán con relación al reclamo constitucional presentado por el accionante (capítulo 8), se harán unos comentarios generales, a propósito del caso (capítulo 9) y, finalmente, se concluirá, presentado de manera puntual las decisiones adoptadas (capítulo 10).
2.4. Es posible conocer el contenido esencial de la presente sentencia, mediante la lectura de las partes estructurales de la misma. En el presente capítulo (el segundo), se indican cuáles son los problemas jurídicos que supone el caso sometido a resolución judicial por las partes y se presenta la estructura general del resto de las consideraciones de la sentencia. Las decisiones adoptadas por la Sala de Revisión se presentan de manera precisa y resumida al final de la sentencia (capítulo 10). La respuesta al primero de los problemas jurídicos planteados, y las reglas constitucionales que llevan a la misma, se encuentran al final del sexto capítulo (sección 6.3.). La respuesta al segundo de los problemas, y las reglas constitucionales aplicadas, se encuentran al final del séptimo capítulo (sección 7.4.). El capítulo octavo plantea las principales órdenes y medidas que adoptará la Sala de Revisión (al respecto ver, en especial, los apartados [8.1.4], [8.2.5.], [8.3.] y [8.4.]). Al final de cada uno de los tres capítulos que recopilan las reglas y principios constitucionales relevantes y la jurisprudencia aplicable al caso, se resumen las principales conclusiones a las que llega la Sala (ver, respectivamente, las siguientes secciones: [3.5.], [4.5], y [5.4]). En todo caso, es posible consultar el índice que acompaña la sentencia a manera de anexo.
Pasa entonces la Sala a analizar, solucionar y resolver los problemas jurídicos planteados.
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