Sentencia t-500/16



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Sentencia T-500/16

Referencia: Expediente T-5336862
Asunto: Acción de tutela instaurada por Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en contra del director del programa Séptimo Día, del director del canal Caracol, y de la Agencia Nacional de Televisión, ANTV.



Procedencia: Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, Sala Civil
Magistrada sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá, D. C., septiembre catorce (14) de dos mil dieciséis (2016).


La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez, y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA


En el proceso de revisión de la sentencia de tutela proferida el 19 de noviembre de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El asunto fue conocido por la Corte Constitucional por remisión que realizó el mencionado tribunal, según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. El 12 de febrero de 2016, la sala de selección número dos de tutelas de esta Corporación, lo seleccionó para revisión.


  1. ANTECEDENTES




  1. El 25 de septiembre de 2015, el señor Luis Fernando Arias, en calidad de representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, presentó una acción de tutela para solicitar la protección de los derechos al buen nombre, a la honra, a la rectificación de la información, a la autonomía, a la no discriminación, y a recibir información veraz e imparcial de los pueblos indígenas asociados en dicha organización.




  1. Estos derechos fueron presuntamente vulnerados por el director del programa Séptimo Día, el director del Canal Caracol, y la Agencia Nacional de Televisión, ANTV, quienes transmitieron y/o autorizaron la transmisión de un especial de tres programas consecutivos los días 26 de julio, 2 y 9 de agosto de 2015, como parte de una serie denominada “Desarmonización, la flecha del conflicto”. El primero de estos programas se llamó: “Abusos sexuales, prostitución, drogadicción: es suficiente la justicia indígena?” El segundo, del 2 de agosto, “La corrupción llegó a los cabildos indígenas?”, y el del 9 de agosto, se tituló “El dilema jurídico de la recuperación de tierras por parte de los indígenas”.


Antecedentes relacionados con la situación de los pueblos indígenas
3. El demandante comienza su escrito con una descripción de diversos aspectos de la situación de los pueblos y comunidades indígenas de Colombia. Justifica la información de contexto argumentando que el programa Séptimo Día descontextualizó los problemas de los pueblos indígenas abordados en los tres episodios. Así, la demanda realiza una descripción exhaustiva de las que considera que son algunas de las causas de los problemas abordados, que los realizadores del programa han debido tener en cuenta.
4. Tras hacer una breve descripción general sobre las características demográficas de la población indígena en nuestro país, el demandante se refiere a la descripción que hace la ONU del estado actual de dichos pueblos. Menciona específicamente la opinión del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según la cual “Los estereotipos negativos y los intentos por instrumentalizar a los pueblos indígenas y por debilitarlos son frecuentes en Colombia.” Posteriormente, entra a describir diferentes aspectos de la situación social, cultural, política y económica de estos pueblos, en resumen, así:
5. El primero de los programas versa sobre los problemas de la jurisdicción especial indígena. Por lo tanto, la demanda aborda el problema del acceso a la justicia por parte de las comunidades indígenas. Sostiene que no ha habido apoyo del Estado para la creación e implementación de una ley de articulación de la jurisdicción especial indígena y la ordinaria, ni para garantizar el funcionamiento adecuado de la jurisdicción especial indígena. Esto ha traído como consecuencia la alta tasa de impunidad, el déficit en la resolución de conflictos, y el desconocimiento de la autonomía por parte de la jurisdicción ordinaria.
6. El segundo de los programas se refiere al manejo que los líderes indígenas le han dado a los recursos del Sistema General de Participaciones que les otorga la Nación a los resguardos y territorios indígenas. Posteriormente la demanda se refiere a la autonomía de los pueblos indígenas, y enfatiza que a pesar de que la Constitución Política consagra la autonomía, y para ello dispone la creación de los territorios indígenas, durante 23 años el legislador no los creó. Para el demandante esta omisión legislativa no sólo tiene graves consecuencias respecto de la preservación de la identidad cultural de dichos pueblos, sino que, contrario a lo afirmado en el programa Séptimo Día, la normatividad existente impide que los indígenas manejen directamente los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP. Por el contrario, afirma, son los alcaldes municipales quienes administran los recursos que les corresponden a los resguardos. A partir de la entrada en vigencia del Decreto 1953 de 2014 el presidente facultó la creación de los territorios indígenas. Sin embargo, hasta la fecha sólo un resguardo en todo el país ha entrado a manejar directamente los recursos del SGP (fl. 137), pues en todos los demás casos son los alcaldes quienes les administran esos recursos a los pueblos indígenas.
7. En virtud de que el tercero de los programas se refiere a la manera como los indígenas adquieren sus territorios, la demanda hace un recuento de los problemas que las comunidades y pueblos indígenas han tenido para que el Estado titule los resguardos. Argumenta que la falta de voluntad de formalizar las tierras de los indígenas ha producido inseguridad en la tenencia de la tierra. Esta situación, a su vez, ha desatado conflictos con terratenientes, campesinos, industrias extractivas y con actores al margen de la ley, facilitando el despojo de tierras y el desplazamiento forzado.
8. Así mismo, en la medida en que el programa aborda el tema de la consulta previa, la demanda relata los problemas en la interlocución que han tenido los pueblos y comunidades indígenas, tanto con el Estado, como con las industrias extractivas y otras. Sostiene que los problemas de interlocución se derivan de las deficiencias en la implementación de la consulta previa, y de la adopción de lo que consideran un modelo de desarrollo basado en una economía extractiva.
9. Finalmente, la demanda describe y analiza la situación de violencia contra las mujeres y los niños indígenas. Hacen un recuento de los programas que vienen desarrollando para prevenir la violencia y acompañar a las víctimas de violencia, en conjunto con distintas entidades del Estado. Así mismo, muestran cifras de violencia contra las mujeres indígenas y dejan claro que éste es un problema multifactorial, que tiene como una de sus causas más importantes la presencia del conflicto armado interno en sus territorios, y que, aun cuando también hay casos de violencia contra la mujer por parte de miembros de las mismas comunidades, el problema no se puede reducir a esos casos.
10. Dentro de los casos de violencia contra la mujer la demanda se enfoca en la mutilación genital femenina entre los Embera, que fue abordada dentro del programa de Séptimo Día. Sin embargo, dicen, el programa no da cuenta de la realidad de esta situación, ni de la transformación de esta práctica en el último tiempo, sino que reiteró los estereotipos según los cuales los Embera y sus autoridades son cómplices en el mantenimiento de dicha práctica.
Procedencia de la acción e identificación de los derechos presuntamente vulnerados
11. En esta parte de su escrito, el demandante sostiene que la acción cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, y con el requisito específico cuando se demanda la protección del buen nombre frente a un medio de comunicación, que consiste en haber elevado ante el medio de comunicación la respectiva solicitud de rectificación.
12. Posteriormente hace un análisis de los derechos en tensión y sostiene que la libertad de expresión y de información están sujetas a ciertos límites. En particular menciona que los medios de comunicación están obligados a presentar información veraz e imparcial, lo cual les exige hacer un esfuerzo por confirmar y contrastar las fuentes, la plausibilidad de las inferencias, el deber de mostrar todas las aristas del debate, y el deber de diferenciar opiniones y hechos.
13. Sostiene, así mismo, que si bien la libertad de expresión tiene una posición privilegiada dentro de nuestro ordenamiento constitucional, tiene también un límite en los derechos de los pueblos indígenas. Para el demandante, tanto la presentación de los hechos como las opiniones planteadas en el programa traspasaron los límites protegidos por la Constitución, lesionando los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas representadas por la ONIC. Desde este punto de vista, el demandante sostiene que la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas proviene tanto de la falta de veracidad e imparcialidad en la presentación de los hechos, como de las opiniones que fueron presentadas en el programa.
14. Para fundamentar su argumento, la demanda hace un recuento de las disposiciones internacionales y de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho al buen nombre y a la honra, poniendo de presente que éstas le imponen a los medios el deber de rectificar la información cuando sea falsa o parcializada. Posteriormente el demandante hace un listado de las opiniones transmitidas en los tres programas que considera atentan contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Específicamente, cita como ejemplos de afirmaciones violatorias de tales derechos, los siguientes:


  • “Hay altas cifras de descomposición social dentro de sus propias comunidades”

  • “Otro problema grave es la manera como los indígenas se están apoderando de tierras que ya tienen dueño”

  • “La violación sexual y otros atropellos son un delito en Colombia pero no lo es en los cabildos indígenas”

  • “Centenares de víctimas en su mayoría indígenas ya no creen en su propia justicia, por eso muchos de ellos están pidiendo a grito herido que la justicia indígena sea revaluada modificada por el gobierno”

  • “La justicia indígena opera de manera fácil y rápida, la jurisdicción indígena es un juego de voluntad donde si eres amigo o familiar del gobernador puede ser un castigo de una semana y sale”

  • “Estamos hablando de una jurisdicción que nadie controla y por eso obedece a resabios”

  • “Los gobernadores indígenas afirman que una violación no es un delito sino una enfermedad. Lo que se pretende es disfrazar un delito diciendo que es una enfermedad”

  • “Contrabando, tráfico de droga y vandalismo, es decir es fácil delinquir en estos territorios porque allí la policía no puede entrar”

  • “Los indígenas hoy por hoy son seres humanos quebrantados”

  • “No podemos culpar a todos los líderes indígenas pero la gran mayoría son una parranda de haraganes pero porque el mismo Estado lo permite”

  • “Además que hay vínculos de algunas comunidades indígenas con la guerrilla, hay nexos entre la dirigencia indígena y las FARC”

15. Posteriormente analiza la autonomía de la cual gozan los pueblos y comunidades indígenas en nuestro ordenamiento constitucional. Sostiene que si bien las opiniones críticas generan transformaciones sociales, y esto es sano, la libertad de expresión y de información no puede presentar ciertas prácticas culturales como reprochables y en necesidad de modificación.


16. Por otra parte sostiene que la libertad de expresión tiene una serie de restricciones, y en particular la prohibición de incitar a la violencia y/o al odio por motivos de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Sostiene que el programa promueve el odio racial hacia los indígenas, aspecto que se observa en las reacciones de los espectadores vía la cuenta de Twitter de Manuel Teodoro, y aporta copias de los mensajes como anexos a la demanda.
17. Adicionalmente, la demanda sostiene que el programa Séptimo Día no permitió que hubiera una perspectiva imparcial, ni que se presentara la visión de los pueblos indígenas sobre las problemáticas que los aquejan. Sostienen que no presentó una información contextualizada de los problemas abordados, sino una visión sesgada de los mismos. Como ejemplo de lo anterior afirman que mientras el audio del programa se refiere a los castigos por la comisión de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, las imágenes mostraban un castigo impartido por la comisión de otro delito distinto que nada tenía que ver con el tema del cual el narrador estaba hablando.
18. En relación con la información que, según el demandante, el programa debe rectificar, sostiene lo siguiente:
En relación con el programa del 26 de julio, la demanda hace un recuento de las afirmaciones del presentador Manuel Teodoro y de algunos de los intervinientes, que considera vulneran los derechos al buen nombre y a la honra, bien porque están basadas en hechos falsos, porque el programa no distingue entre hechos y opiniones, o porque considera que las afirmaciones están basadas en prejuicios e incitan a la violencia y al odio. Así, por ejemplo, la demanda cita algunas afirmaciones hechas por el presentador Manuel Teodoro sobre la pérdida de valores entre los pueblos indígenas, otras hechas por la senadora Paloma Valencia sobre la dificultad de los indígenas para reclamar sus derechos frente a sus líderes, y otras hechas por el presentador sobre la corrupción de éstos últimos, sobre lo que considera son disfunciones de la jurisdicción especial indígena, y sobre las dificultades para llevar a cabo proyectos de desarrollo como explotación de recursos y carreteras como consecuencia de la consulta previa.
19. Frente a las anteriores afirmaciones, la demanda sostiene que se basan en hechos falsos, o que corresponden a opiniones individuales y no a hechos, o que cuando se refieren a hechos se trata de casos aislados. En todo caso, continúa, estas afirmaciones no representan la manera como viven, se organizan y gobiernan los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, al presentarlas como situaciones generalizadas, el programa no sólo tergiversa la realidad, sino que reafirma una serie de prejuicios en contra de los indígenas. Más aun cuando estos hechos van acompañados de epítetos discriminatorios, como hablar de la “sociedad normal” para referirse a la sociedad mayoritaria, es decir, a la sociedad no indígena, o utilizar la expresión “salen de su guarida para seguir delinquiendo”, al hablar de los indígenas que cometen delitos.
20. Sobre el programa de 2 de agosto, que trató entre otros, el tema de las transferencias del Sistema General de Participaciones que les corresponde a los resguardos indígenas, el demandante afirma en términos generales que las aseveraciones del presentador y de los intervinientes están basadas en hechos falsos. Sostiene también que los recursos del Sistema General de Participaciones el gobierno nacional no los gira a las autoridades indígenas, sino a los alcaldes. Por otra parte afirma que aunque los resguardos hoy pueden llegar a solicitar el giro directo de estos recursos con base en el Decreto 1953 de 2014, sólo un resguardo en todo el país recibe directamente dichos recursos, pues los demás no han acreditado los requisitos frente al Departamento Nacional de Planeación. Por lo tanto, resultan falsas las afirmaciones relacionadas con la falta de control sobre la utilización de los recursos, y sobre su indebida utilización por parte de las autoridades indígenas.
21. Así mismo, sostiene que la información referente a las presuntas relaciones de los indígenas con la guerrilla son violatorias de los derechos fundamentales, en la medida en que el medio acusado generaliza a partir de unas pocas situaciones particulares. Dice, además, que la mayoría de los indígenas que están en la guerrilla han sido reclutados forzosamente. Por lo tanto, son víctimas del conflicto y no perpetradores. Sostiene que algunas de las afirmaciones hechas por el medio son infundadas y no hay forma de que las hubieran corroborado, que son presentadas de manera tendenciosa, y que el medio no distingue hechos de opiniones.
22. Finalmente, en relación con el programa de agosto 9 de 2015 dice que son falsas las aseveraciones hechas por el programa en relación con la forma como adquieren las tierras. Agrega que el programa afirma de manera general que los indígenas reclaman tierras que les pertenecen a otras personas. Para controvertir dicha afirmación alega que la mayor parte de los pueblos indígenas solicitan la constitución, ampliación, o el saneamiento de sus resguardos ante las autoridades gubernamentales responsables. Dice además que las afirmaciones hechas por las personas entrevistadas en el programa son demasiado generales, y carecen de cifras concretas.
Contestación de los accionados
La Autoridad Nacional de Televisión adujo que su objetivo misional, conforme a la Ley 1507 de 2012, es salvaguardar “la expresión y difusión de contenidos en la programación del servicio de televisión de manera libre (…) [sin que] pued[a] ser objeto de censura ni control previo”1.
En razón de sus funciones de vigilancia, control y seguimiento, anunció la verificación del material emitido por el Programa Séptimo Día, en cuestión. El objetivo es determinar la viabilidad de una investigación, de la necesidad de imponer una sanción o de buscar la rectificación, si se encuentra que la información emitida condujo a la afectación de derechos fundamentales. Así, a través del Memorando Interno I-10-1972 del 7 de octubre de 2015, convocó a la Coordinación de Contenidos, para que hiciera dicha constatación.
Finalmente, sostuvo que la acción de tutela que se analiza es improcedente porque el interesado se limitó a enunciar los derechos que estima comprometidos, sin explicar cuál es el perjuicio irremediable que debe contener el juez de tutela. Solicitó que se negaran las pretensiones, en tanto esa entidad no ha comprometido los derechos del actor.
Mediante comunicación del 9 de octubre de 2015, Caracol Televisión S.A. y Manuel Teodoro, actuando como director del programa Séptimo Día, afirmaron enfáticamente que las “acusaciones del accionante no son ciertas”2, si se valoran a la luz del alcance de los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información. Solicitan tener en cuenta que según estos derechos es imposible que el periodista llegue a corroborar, con total certeza, la veracidad de los contenidos sobre los que informa. De tal manera, sólo es posible exigir de los periodistas y de los medios de comunicación un deber de diligencia en la labor informativa que desempeña, expresada en la búsqueda de diversas fuentes de información3.
Alegaron que los capítulos del programa Séptimo Día sobre los que trata esta acción de tutela fueron estructurados con arreglo a los principios de veracidad e imparcialidad, con fundamento en fuentes relevantes que soportan distintas versiones sobre el tema que se analizó. Además de ello, las “declaraciones se emitieron tal y como se dieron sin modificación alguna”,4 y dan cuenta de posiciones contrarias, lo cual muestra que el periodista y el medio mantuvieron el equilibrio y la imparcialidad.
Destacaron que “en ningún momento [el programa o su equipo] emitió (sic) opiniones o señalamientos subjetivos”, con independencia de las apreciaciones de las declaraciones presentadas. El accionante hizo transcripciones de ellas, para fundamentar esta queja constitucional.
Con todo, señalaron que se han orientado por los principios básicos de la libertad de expresión y asumieron las cargas que derivan de ella. Por tal motivo no procede el derecho a la rectificación, cuya solicitud oportunamente absolvieron cuando fue solicitada por el demandante. Sobre él mencionan que no está legitimado para ejercer la acción de tutela en beneficio particular, so pretexto de defender los intereses de la comunidad indígena.
Concluyeron que con la emisión de los capítulos del programa5 ejercieron “su derecho-deber de información, (…) [al poner] en conocimiento de su audiencia una problemática que afecta los derechos fundamentales de miembros de la comunidad indígena colombiana y que por lo mismo trasciende al interés público, garantizando los principios de veracidad e imparcialidad de la información emitida”6. A causa de ello solicitan que se declare que no han comprometido los derechos reclamados.


  1. Sentencia de Primera Instancia

El 19 de octubre de 2015, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, negó el amparo formulado por la Organización Nacional Indígena de Colombia por estimar que no hubo vulneración de los derechos al buen nombre, a la honra y a la rectificación de la información. Para fundamentar su decisión argumentan que, al examinar las afirmaciones que Manuel Teodoro hizo en el programa7 es evidente que “se hace una referencia general e inespecífica de la población o comunidad indígena” y no se aprecia “una intencionalidad del medio (…) de afectar la imagen social de este tipo de población”.


El juez recalcó que no está demostrado que la información difundida por los accionados esté soportada en hechos falsos ni la falta de diligencia en la recolección de la misma.
En lo relativo a la solicitud de amparo frente a la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV-, esa instancia precisó que se configuró un hecho superado por cuanto las gestiones para investigar y sancionar al medio de comunicación accionado fueron desplegadas conforme lo adujo la ANTV.


  1. Impugnación

La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- impugnó la decisión de primera instancia insistiendo en que el proceder de Séptimo Día sometió a los pueblos indígenas a un estado de indefensión, dada la situación de discriminación y desconocimiento de derechos que actualmente experimentan en el contexto nacional.


Manifestó que el objetivo del programa es claro, consiste en cuestionar la autonomía de las comunidades indígenas, en la cual se funda la jurisdicción especial con la que sus autoridades administran justicia. Para ello se usan declaraciones de personas que manifiestan una “posición de odio” hacia los pueblos indígenas. No se inquirió, desde la perspectiva de las autoridades indígenas, por qué se imponen sanciones aparentemente leves por faltas catalogadas como graves en el ordenamiento jurídico colombiano, ni se aludió a los problemas estructurales que enfrenta la justicia indígena.
Respecto de la focalización del juez en los argumentos expuestos por Manuel Teodoro, la ONIC afirmó que es un desacierto no advertir que la acción cuestiona el proceder del grupo de investigación del programa, y no solo el de su Director.
Además, reiteró las expresiones que se difundieron a través del programa, y destacó que “hablar de sociedad ‘normal’ frente a otro tipo de cultura, es afirmar que la que no está [en] la posición ‘normal’, es anormal” con la carga discriminatoria que tiene ese adjetivo. Sostuvo que el programa sobrepasó los límites constitucionales para la presentación de información, en detrimento de la imagen social de los pueblos indígenas.


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