Sentencia t-197/16



Descargar 0,64 Mb.
Página1/12
Fecha de conversión01.08.2017
Tamaño0,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12



Sentencia T-197/16

Referencia: expediente T-5.286.367


Acción de tutela interpuesta por los miembros del Consejo Comunitario de Ma-Majari del Níspero, el Consejo Comunitario de Flamenco y la Asociación de Pescadores y Agricultores Artesanales de Pasacaballo (Agropez) contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y otros.
Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO



Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril dos mil dieciséis (2016).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó la suspensión inmediata de la operación y construcción del Gasoducto Loop San Mateo – Mamonal en Bolívar, tras comprobar que no se cumplió el proceso de consulta previa a las comunidades de Ma-Majari del Níspero, de Flamenco y Pasacaballo adyacentes a la zona. El Tribunal Constitucional dispuso que el Ministerio del Interior y Promigas S.A. E.S.P. deben iniciar la consulta de manera tal que permita establecer los efectos de la construcción y dicho trámite solo será constitucionalmente válido si tiene en cuenta el consentimiento previo, libre e informado del Consejo Comunitario de Pasacaballo de cara a la intervención asociada a las obras del gasoducto. Titulares del derecho a la consulta previa; coexistencia del elemento subjetivo y objetivo. Factor objetivo de cara a las nuevas prácticas sociales. Concepto de afectación directa. Subreglas de la consulta previa. Reiteración de Jurisprudencia.
6. Titulares del derecho a la consulta previa; coexistencia del elemento subjetivo y objetivo.
6.1. Los pueblos indígenas y tribales constituyen al menos 5000 pueblos con características distintivas y una población de más de 370 millones, en 70 países diferentes. Esta diversidad no puede capturarse fácilmente en una definición universal y se está gestando un consenso en el sentido de que no es necesario ni deseable contar con una definición formal del término “pueblos indígenas”. En igual sentido, no se cuenta con un acuerdo internacional en cuanto al término “minorías” o el término “pueblos”. El Convenio no define estrictamente quiénes son pueblos indígenas y tribales sino que describe los pueblos que pretende proteger1.
Así las cosas, el Convenio 169 de la OIT precisó en su artículo 1º que sus disposiciones se aplicarían a: (i) los pueblos tribales que se rigieran total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial y compartieran condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguieran de otros sectores de la colectividad nacional y (ii) aquellos pueblos considerados indígenas por descender de poblaciones que habitaban en el país durante la época de la conquista, la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales, si además conservaban sus propias instituciones sociales, económicas, culturales o políticas, cualquiera que fuera su situación jurídica.
A su vez el artículo 6° consagró, la obligación de consultar a los pueblos interesados sobre las medidas susceptibles de afectarlos directamente. Los “pueblos interesados” son aquellos a los que el instrumento internacional se refirió en su declaración de cobertura, es decir, los pueblos indígenas y tribales.
La ausencia de una definición específica al respecto tiene que ver con lo difícil que resultaría abarcar a grupos humanos tan disímiles en una definición estricta y cerrada. De ahí que, en lugar de vincular la condición de pueblo indígena o tribal a una definición concreta, la comunidad internacional haya optado por asociarla a que el respectivo grupo posea ciertas características particulares que lo distingan del resto de la sociedad, y a que reivindique esa diferencia, en ejercicio de su derecho a determinar su propia identidad o pertenencia, de conformidad con sus propias costumbres y tradiciones2.
Son estas, entonces, las exigencias que legitimarían a una comunidad para reclamar el amparo de sus derechos de autodeterminación, subsistencia, consulta previa y territorio, y para exigir la aplicación de las demás prerrogativas que las legislaciones internas habrían de reconocer en ese ámbito. La exigencia subjetiva sería, como se dijo, la conciencia de identidad indígena o tribal, a la que el Convenio 169 calificó como un criterio fundamental para determinar su aplicación3.
De acuerdo con la doctrina especializada, para considerar que existe una “etnia” deben identificarse en un determinado grupo humano dos condiciones: una subjetiva y otra objetiva. La primera, se refiere a lo que se ha llamado la conciencia étnica y puede explicarse de la siguiente manera: " es la percepción que tienen los miembros de su especificidad, es decir, de su propia individualidad a la vez que de su diferenciación de otros grupos humanos, y el deseo consciente, en mayor o menor grado, de pertenecer a él, es decir, de seguir siendo lo que son y han sido hasta el presente4”.
Si bien, para determinar la aplicación del Convenio 169 de la OIT es indispensable la coexistencia de dos factores (subjetivo y objetivo), la jurisprudencia constitucional ha precisado que el autoreconocimiento es el criterio prevalente para la identificación de las comunidades, en tanto es la perspectiva de análisis que se muestra más compatible con la eficacia del principio de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural5.
El criterio objetivo, por el contrario, se refiere a los elementos materiales que distinguen al grupo, comúnmente reunidos en el concepto de “cultura”. Este término hace relación básicamente al “conjunto de creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano. En este conjunto se entienden agrupadas, entonces, características como la lengua, las instituciones políticas y jurídicas, las tradiciones y recuerdos históricos, las creencias religiosas, las costumbres (folklore) y la mentalidad o psicología colectiva que surge como consecuencia de los rasgos compartidos6".
Como elementos objetivos asociados a la condición de indígena, el Convenio 169 mencionó (i) la continuidad histórica, (ii) la conexión territorial y (iii) el hecho de que conserven sus instituciones sociales, culturales, económicas y políticas o una parte de ellas. En el caso de los pueblos tribales, es relevante i) que reúnan ciertas condiciones culturales, sociales y económicas que les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y ii) que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones o por una legislación especial7.
Estos elementos han sido en diversos casos avalados por la jurisprudencia constitucional. Así las cosas, la sentencia C-1269 de 2001 afirmó respecto a la existencia de los criterios objetivos y subjetivos lo siguiente:
Es así como, en síntesis, la norma internacional en comento hace referencia a dos requisitos que deben concurrir a la hora de establecer quiénes se pueden considerar como sus beneficiarios: (i) Un elemento "objetivo", a saber, la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento "subjetivo", esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión”.
En el mismo orden de ideas la sentencia T-576 de 2014, aseveró que: “el Convenio 169 consideró relevantes para identificar a las colectividades que podrían beneficiarse de su protección: un criterio objetivo, asociado al cumplimiento de unas características materialmente verificables, y uno de carácter subjetivo, relativo a la conciencia de la respectiva comunidad sobre su identidad diferenciada”.
Lo expuesto hasta acá confirma que la caracterización de cierto grupo como titular del derecho a la consulta previa depende, necesariamente, de que reivindique cierta especificidad, que puede estar vinculada a una historia compartida, a su relación con la tierra o a la presencia de ciertos rasgos comunes, como su fisiología, su lengua, tradiciones, prácticas de producción, organización social, instituciones políticas, autoreconocimiento etc., lo cual, en todo caso, no implica que la existencia de la comunidad indígena o tribal pueda descartarse, solamente, sobre la base de la ausencia de alguno de esos factores8.
6.2. Es de anotar que el término "tribal" difícilmente puede entenderse en el sentido restringido de una "tribu". Este concepto forma parte de la tipología propuesta por los teóricos de la antropología social, quienes dividieron las sociedades humanas en "bandas", "tribus", "cacicazgos" y "Estados", dependiendo de su estadio de complejización. Haciendo a un lado el debate sobre la válidez académica de estas categorías, lo cierto es que mal haría la Corte en aceptar, como parte del derecho que tiene que aplicar, una determinada postura teórica9.
Por ese motivo, resulta más apropiado interpretar el término "tribal" en el sentido amplio en que lo han hecho entidades multilaterales como el Banco Mundial, el cual, en su Directiva Operacional No. 4.20 de Septiembre de 1.991, sobre políticas institucionales respecto de proyectos que afecten a los pueblos indígenas, especificó que los términos "pueblos indígenas", "minorías étnicas indígenas" y "grupos tribales" se refieren, en general, a grupos sociales que comparten una identidad cultural distinta a la de la sociedad dominante10.
La sentencia C-864 de 2008 fue la primera en señalar, explícitamente, que cualquier colectividad que cumpla con los elementos objetivo y subjetivo del Convenio 169 de la OIT puede ser considerada como comunidad negra, aunque no se encuentre ubicada en las zonas rurales ribereñas del Pacífico colombiano. Con base en esa hipótesis, calificó a las comunidades negras de la Cuenca del Pacífico, a las de otras zonas del país con similares condiciones y a las comunidades raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia como sujetos de especial protección constitucional, que tienen derecho a contar con servicios de salud adecuados, organizados y prestados a nivel comunitario bajo su propia responsabilidad y control, según lo previsto en el instrumento internacional.
El reconocimiento formal de la comunidad por parte del Estado, por ejemplo, a través de actos administrativos contribuye a demostrar la existencia del pueblo étnico, pero no es un factor necesario para ello. Así, se ha considerado por la Corte que el hecho de que una comunidad aparezca o no en un registro institucional o en un censo adelantado para el efecto, no descarta la existencia de una identidad colectiva, puesto que ésta parte de un ejercicio de reconocimiento propio que los interesados pueden constatar materialmente, en caso de duda, a través de los estudios etnológicos y las demás pruebas que resulten pertinentes para el efecto11.
Es más, la competencia respecto a la autoridad encargada de “certificar” la existencia de comunidades diferenciadas genera múltiples problemas desde el punto de vista jurídico, antropológico y sociológico, tal y como lo reconoció la Corte en sentencia T-576 de 2014 en los siguientes términos: “no son las autoridades administrativas ni judiciales las llamadas a establecer si una comunidad étnica “existe”, si es “étnicamente diversa” o si determinado individuo pertenece o no a ella.
Dicha posición fue recientemente reiterada por este tribunal en sentencia T-485 de 2015:
El punto de partida sobre esta materia es la preeminencia del propio reconocimiento de la comunidad étnica como factor principal para la adscripción de titularidad de los derechos diferenciados. Como se ha explicado en esta decisión, la eficacia del principio de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural pasa por la imposibilidad que desde la sociedad mayoritaria se decidan unilateralmente, y mucho menos impongan, las características que deben cumplir las comunidades tradicionales para recibir ese estatus. Estas características definitorias corresponden, de manera general, a los organismos al interior de la misma comunidad diferenciada. En términos simples, pretender que las autoridades del Estado determinen, por sí y ante sí, cuáles son las condiciones que debe cumplir un colectivo para que sea considerado una comunidad tradicional, desconoce el mandato de protección de la diversidad étnica.
La Corte también ha considerado que si bien la relación de la comunidad con el territorio es indicativa de su identidad étnica, no es un factor determinante para confirmar o excluir su condición de titular de derechos. De esta manera, aunque la relación ancestral con el territorio es un factor usual en la determinación de la naturaleza diferenciada de los pueblos étnicos, al punto que sea un aspecto clave para su supervivencia, tal vínculo no puede tornarse en un factor dirimente para el reconocimiento étnico12.
7. Factor objetivo de cara a las nuevas prácticas sociales.
7.1. El elemento objetivo de la consulta previa debe ser reinterpretado en el tiempo de cara a las nuevas prácticas sociales tal y como lo establece la guía sobre el Convenio número 169 de la OIT, en los siguientes términos:
A veces las sociedades indígenas son percibidas como estáticas y homogéneas, lo que supone erróneamente que si cambian o adoptan formas de organización diferentes podrían ser menos “indígenas”. Sin embargo, en realidad, las sociedades indígenas son multifacéticas y dinámicas (…) En otras palabras, las adaptaciones culturales y el desarrollo tecnológico de los pueblos indígenas no deberían reducir o impedir la aplicabilidad de estas disposiciones. Esto también significa que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer instituciones contemporáneas, si las instituciones tradicionales ya no son adecuadas para satisfacer sus necesidades e intereses13.
En tanto colectividades humanas, los pueblos indígenas y tribales tienen una trayectoria social propia que se adapta a los cambios históricos y se reconfigura continuamente. Así las cosas, aunque la identidad cultural de estos pueblos es compartida por sus integrantes, es inevitable que algunos de ellos vivan con menos apego a las tradiciones culturales que otros. Esto no significa que pierdan su identidad ni las prerrogativas que les confiere el marco normativo internacional de protección de sus derechos14.
Sobre el carácter dinámico y evolutivo de la cultura indígena y tribal esta Corporación, en sentencia T-792 de 2012, manifestó lo siguiente: “No son admisibles constitucionalmente los parámetros que plantean una definición fija o estática de la identidad étnica, porque la etnicidad es una construcción cultural15 y, por lo tanto, no puede desconocerse que ella varía en función del desarrollo de los procesos al interior de cada comunidad, del momento histórico-social, e incluso de los avances de otras disciplinas tales como la sociología, la antropología y la historia”16.
Establecer que alguien se ha alejado de su comunidad y ya no comparte su cosmovisión, es un hecho complejo de demostrar y que debe tener en cuenta las especificidades del pueblo indígena del que se trate, así como su historia y su desarrollo actual. No prueba nada, por tanto, demostrar por ejemplo que un joven se viste como ‘occidental’, que obtuvo ‘el grado de bachiller’ o que se encuentra estudiando una carrera en una Universidad ubicada en la capital del departamento o de la nación. Ninguno de estos hechos, autónomamente, prueba algo con respecto a la condición de indígena o tribal de una persona17.
Ahora bien, la verificación del elemento objetivo de cara a las nuevas prácticas sociales cobra una especial dificultad cuando se habla de pueblos indígenas o comunidades tribales que habitan en centros urbanos o sus proximidades. En este orden de ideas, se debe entender que la dinámica del poblamiento en las grandes ciudades del país no solo está dirigida a las sociedades “occidentalizadas” sino también a las distintas etnias de nuestro país, las cuales han estado particularmente vinculadas a la urbanización de sus territorios y han experimentado fuertes cambios en su forma de relacionarse con la ciudad.
En este sentido, vale la pena traer a colación varios estudios que han intentado explicar la complejidad de este fenómeno y en especial la manera como el derecho debe abordar estos choques culturales. Para mayor ilustración téngase lo referido por el observatorio étnico Cecoin en el informe titulado “Nuevos escenarios de vida indígena urbana”:
La presencia de lo indígena en el contexto urbano ha suscitado muchos debates sobre la legalidad de éstos ante diversos proyectos societarios en los que se buscaba su invisibilización. (…) durante las dos últimas décadas el estudio sobre los indígenas urbanos ha sido un tema que ha tomado su importancia, dado que no existía conciencia histórica en el colectivo social ni en los practicantes de las disciplinas sociales sobre la larga tradición de presencia indígena”18.
Según determina el citado documento, la presencia de comunidades diferenciadas en la ciudad obedece a dos fenómenos: de una parte, responde a procesos migratorios emprendidos por distintas etnias que desde sus lugares de origen se asomaron a la ciudad para quedarse y, de otro, está asociado a las dinámicas de expansión urbana que terminaron asimilando a estas.
Por su parte, la investigación titulada El peritaje antropológico, Justicia en clave cultural” igualmente ilustró esta situación en los siguientes términos:
Las discusiones sobre los pueblos indígenas genuinos, puros o auténticos, y los que no lo son, hacen parte de debates que no provienen de los antropólogos, pues uno de los más frecuentes alegatos que hacen estos últimos se refiere precisamente a la defensa de la condición de los indígenas por fuera de los fenómenos exóticos identificables con lo indígena, o con el pasado, o con el lugar donde viven (…) Es posible verificar que la antropología ha jugado un papel determinante en los estrados judiciales en cuanto a la reflexión sobre el indígena moderno, el indígena contemporáneo, e incluso sobre las fisuras internas que dentro de los pueblos indígenas se presentan, es decir, sobre la diferencia dentro de la diferencia, como por ejemplo, la demanda de los jóvenes por cambios en las sanciones, o de las mujeres en los nuevos procesos de participación”19.
Es precisamente respecto a varias comunidades tribales e indígenas que actualmente viven o colindan con grandes centros urbanos y empresariales, donde empiezan a desdibujarse los clásicos criterios objetivos y subjetivos, los cuales fueron ideados en la década de los 80 para identificar a los destinatarios de la protección contenida en el Convenio 169 de la OIT. Es decir, los actuales procesos de reconstrucción, resistencia y asimilación de identidad que varias comunidades afro e indígenas adelantan en nuestro país, no pueden ser comprendidos adecuadamente bajo postulados que tienen más de tres décadas de diferencia.
De hecho, buena parte de las controversias sometidas a consideración de la Corte y que han dado lugar al desarrollo de la doctrina constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas, involucran a comunidades en proceso de reconstrucción o reconfiguración de su identidad y, en algunos casos, situadas en un espacio liminar o de frontera étnica”. Estos casos han enriquecido la jurisprudencia, en tanto han permitido a este Tribunal conocer los múltiples rostros que asume la identidad indígena en Colombia y, en general, comprender que el proceso de formación nacional de alteridad es en sí mismo diverso y no es posible aprehenderlo ni simplificarlo apelando a visiones esencialistas de la identidad indígena.20
En desarrollo de lo anterior, la sentencia T-792 de 2012 expresó respecto a este fenómeno lo siguiente:
Comunidades en proceso de “reindianización” o “reetnización”, son grupos que tienen procesos más o menos recientes de recuperación de su identidad étnica y, en esa medida, aunque en todos los casos satisfacen el criterio de auto reconocimiento como comunidad indígena (criterio subjetivo), o bien no realizan ni siquiera de forma mínima ninguno de los presupuestos objetivos, pues sus miembros no comparten una lengua, una forma de vestir, tradiciones religiosas o formas de solucionar los conflictos, etc (…) en la medida en que su propósito es construir una identidad individual y colectiva como indígenas es posible que, como resultado del paso del tiempo y de la movilización social y política, algunas de estas comunidades logren consolidar no solo la auto identificación de sus miembros como indígenas, sino la apropiación de territorios, la recuperación de la cultura, la lengua y otros marcadores objetivos que los identifiquen como indígenas.
Es claro que estas comunidades no pueden ser identificadas a partir de los criterios objetivos y subjetivos previstos usualmente, no es igualmente evidente que deban ser excluidas de la protección brindada a los pueblos indígenas. La decisión sobre este último punto plantea una tensión entre los deberes del Estado en la materia y el alcance de la diversidad étnica y cultural contemplada en la Constitución”.
De acuerdo a la jurisprudencia anteriormente reseñada, los procesos de frontera étnica o reconstrucción de la etnicidad se presentan en dos situaciones. En el primer caso, comunidades indígenas que se autodespojaron de su identidad en respuesta a presiones políticas, sociales o económicas externas, deciden empezar a revertir estos procesos, reivindicando las tierras en las que siempre han vivido, las prácticas cotidianas que mantienen, el autogobierno para todos aquellos que conocen una lengua étnicamente diferenciada, etc.
El segundo caso se circunscribe a procesos de etnogénesis, en los que un grupo trabaja por el reconocimiento de su diversidad cultural y étnica, no con base en la recuperación de elementos identitarios que quedaron prácticamente invisibilizados o suprimidos, pero de los que se conservan al menos vestigios, sino con fundamento en la apropiación actual de elementos étnicos propios de comunidades ancestrales, con los que se construye alguna conexión por la vía de la ocupación del territorio, de la práctica de ritos religiosos, o de la incorporación de prácticas y costumbres tradicionales en la vida cotidiana21.
7.2. Es más, se debe precisar que los anteriores lineamientos jurisprudenciales no están exentos de cuestionamientos. En este orden de ideas, actualmente han surgido varios reparos en relación con el deber de consultar únicamente a los pueblos indígenas y tribales de nuestro país o aquellos que se encuentran en procesos de etnogénesis o reconstrucción de la etnicidad. En este sentido la sentencia T-550 de 2015 afirmó lo siguiente:
Los dilemas asociados al dinamismo propio de los procesos de construcción identitaria y a la manera en que distintos fenómenos institucionales, sociales, políticos y culturales pueden incidir en la percepción que las comunidades tengan sobre su propia identidad y en el uso estratégico que hagan de ella han hecho de la definición de los titulares de la consulta previa una de las tareas más complejas a la hora de abordar controversias relativas a la protección de ese derecho fundamental”.
Así las cosas, en ciertos espacios deliberativos han surgido reclamos en relación con el deber de consultar a comunidades que de alguna manera tienen un “estatus intermedio” o identidad cultural distinta, los cuales no se encuentran entre los pueblos indígenas y tribales pero tampoco tiene las características comunes de la sociedad dominante. Estos cuestionamientos particularmente de la última década buscan integrar al tema de la frontera étnica, a varias comunidades de pescadores artesanales tradicionales y a algunas comunidades campesinas que poseen una forma de organización especial22.
Sobre el particular, vale la pena destacar que recientemente en sentencia C-623 de 2015, esta Corporación reconoció que algunos campesinos tienen especiales relaciones espirituales, sociales, culturales, económicas con sus territorios en los siguientes términos:
Acerca del concepto de tierra y territorio es relevante precisar que el primero hace alusión a la base física de un asentamiento humano, mientras que el territorio hace referencia a las relaciones espirituales, sociales, culturales, económicas, entre otras, que construyen las personas y las comunidades alrededor de la tierra. Por ello, a la luz del artículo 64 Constitucional, el Estado debe garantizar no sólo el acceso a la tierra de los campesinos sino también su derecho al territorio, así como proveer los bienes y servicios complementarios para el mejoramiento de su calidad de vida desde el punto de vista social, económico y cultural (…)
A partir del reconocimiento de la importancia de tales relaciones, la jurisprudencia constitucional ha señalado que en el caso de los pueblos indígenas y tribales, el derecho al territorio es un derecho fundamental. Sin embargo, tal vínculo con el territorio, existe también entre los campesinos y el espacio físico en el cual desarrollan sus labores diarias”.
En igual medida, por parte de la jurisprudencia se ha reconocido en distintas providencias bajo el calificativo “derecho a la participación efectiva” una serie de garantías constitucionales que han protegido “en similar medida23 que la consulta previa, los derechos de comunidades pesqueras artesanales y campesinas24. Sin embargo, hay que aclarar de dichos pronunciamientos expresamente han afirmado que la protección otorgada no extiende a esas poblaciones las garantías reconocidas en el Convenio 169 de la OIT.
La jurisprudencia constitucional también ha advertido que existen peligros intrínsecos que podían originarse al ampliar las garantías étnicas a grupos que solo poseen “algunas diferencias en relación con la sociedad mayoritaria”. En este sentido la sentencia T-792 de 2012 afirmó lo siguiente:
Una de la acciones para preservar la diversidad de las comunidades, y la legitimidad de su identificación como indígenas, sería precisamente evitar que bajo el nombre de las comunidades indígenas se incluyan otros grupos que aunque reivindiquen algunas diferencias en relación con la sociedad mayoritaria, no lo hagan en razón de ser una etnia distinta pues, ello llevaría a situaciones que contradicen el propósito de la Constitución, tales como la trivialización de los derechos de los indígenas o el fomento de los conflictos entre grupos indígenas por los recursos y derechos de sus pueblos”25.
Al mismo tiempo, esta Corporación ha manifestado que “la decisión de casos que involucran reclamos de identidad disputados estimula la reflexión sobre el inevitable ejercicio de poder que comporta el que una entidad estatal se pronuncie sobre la pretensión de reconocimiento de la identidad indígena o afro por parte de un individuo o comunidad que se reclama como tal, así como sobre la necesidad de establecer criterios para reducir y someter a control el ejercicio de este poder de nombrar e identificar a los otros”26.
La condición de ser una comunidad indígena, tribal o aquellas que se encuentran en la frontera étnica y aducen conservar o estar reconstruyendo su integridad cultural, social y económica (elemento objetivo) tiene que ser valorado en el contexto específico de cada caso particular. No obstante, cuando una persona o comunidad se identifique como indígenas, afro, o en el espectro de la frontera étnica, debe presumirse y considerarse que esto es cierto.
Catálogo: files -> susc -> cdj -> juri
juri -> República de Colombia
juri -> Sentencia c-646/00 democracia y estado de derecho
juri -> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera
juri -> Accion de reparacion directa – Retención aeronave utilizada para tráfico de sustancias controladas / pruebas – Normas aplicables. Código de Procedimiento Civil
juri -> Decomiso de mercancias medida cautelar de suspensión provisional: improcedencia al requerir examen de antecedentes, normas y pruebas / normas constitucionales por ser de contenido general y abstracto no sirve para decretar suspensión
juri -> Sentencia No. C-430/95 contribucion
juri -> Modulacion de efectos de los fallos facultad dada al fallador para decidir cual es el efecto que mejor protege los derechos constitucionales
juri -> Sentencia c-488/02 demanda de inconstitucionalidad-requisitos mínimos/demanda de inconstitucionalidad
juri -> Sentencia c-620/16
juri -> Potestad reglamentaria definición


Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2019
enviar mensaje

    Página principal