Sentencia t-10



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1.2.2.2.Recordó el carácter excepcional de la accn de tutela frente a las actuaciones de las autoridades judiciales, al no poderse utilizar como una instancia adicional dentro del proceso ordinario.

1.2.2.3.Por otra parte, afirmó que no se vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes, ya que siempre contaron con la oportunidad procesal adecuada para controvertir las decisiones que consideraron desfavorables. De esta manera, hicieron uso de los recursos de la vía gubernativa y acudieron a las instancias judiciales contempladas para el efecto.

1.3. PRUEBAS DOCUMENTALES

En el expediente obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:

1.3.1. Poder otorgado por los accionantes al apoderado judicial para la interposicn de la presente acción de tutela.

1.3.2. Copia de la Sentencia del 8 de agosto de 2012, proferida la Sección

Tercera, Subsección C del Consejo de Estado.

2. DECISIONES JUDICIALES
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2.1. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia proferida

el seis (06) de diciembre de dos mil doce (2012), negó por improcedente la acción instaurada por los peticionarios.



2.1.1. Reiteró el carácter excepcional de la acción de tutela y, en ese orden, resaltó que no cualquier desatino de la autoridad judicial da lugar a la prosperidad del amparo constitucional, puesto que únicamente procederá cuando no exista otro medio de defensa judicial, o existiendo, sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

2.1.2. Refirió que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante Sentencia del 31 de julio de 2012, rectificó la tesis de la improcedencia absoluta de la acción de tutela contra decisiones judiciales, para en su lugar, admitir que sí procede cuando se esté en presencia de la vulneración de los derechos fundamentales de las partes.

2.1.3. Precisó que no obstante la posibilidad excepcional de que el juez de tutela pueda abordar el estudio de providencia judiciales, ello no se extiende a la sentencias proferidas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, quienes son órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones.

2.1.4. De esta manera, indi que la accn de tutela objeto de estudio no se encuentra llamada a prosperar, puesto que está dirigida contra una decisión judicial adoptada por un órgano de cierre, las cuales son consideradas como últimas, intangibles e inmodificables, a través del mecanismo residual y subsidiario de la acción de tutela.

2.1.5. No obstante, advirtió que la decisn cuestionada se encontraba debidamente sustentada y motivada, con una carga argumentativa razonable y de conformidad con la normativa y la jurisprudencia de la Subseccn accionada.

2.1.6. Concluyó que se está utilizando la accn de tutela como un recurso o instancia adicional para controvertir una decisión judicial que ya fue definida por el juez natural.

2.2. IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El apoderado judicial de los accionantes, dentro del término impugnó el fallo de primera instancia reiterando los mismos argumentos esgrimidos en la demanda de tutela. Agregó no compartir el argumento expuesto por el juez de primera instancia, en el sentido de que no procede la acción de
11 tutela contra las providencias proferidas por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones, puesto que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la accn de tutela no se encuentra exceptuada para las sentencias de las Altas Cortes.

2.3. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA- SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante Sentencia del veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013), modificóel fallo de primera instancia, para en su lugar declarar la no procedencia de la accn de tutela.

2.3.1. Realizó un estudio de la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, aseverando que fue un proceso de apertura progresiva de admisión excepcional del mecanismo de amparo constitucional contra las providencias judiciales, hasta acatar la tesis de su procedencia siempre y cuando no exista otro medio de impugnación ordinario y extraordinario; se ejerza la tutela dentro de un término razonable; no se dirija contra una decisión de tutela; la trasgresn tenga carácter constitucional y; el solicitante, siempre que fuera posible, haya alegado el quebrantamiento del derecho fundamental dentro del proceso judicial.

2.3.2. Consideró que lo realmente pretendido por los accionantes es controvertir el criterio utilizado por la autoridad judicial cuestionada para establecer el quantum de los perjuicios morales, lo cual evidencia un descontento frente al monto establecido para el efecto, al no cumplir con sus expectativas. Reiteró en este sentido, que la naturaleza de la tutela no es ser una instancia adicional en asuntos ya definidos por los jueces de conocimiento, que no implican una transgresn de derechos fundamentales de las partes dentro del proceso.

2.3.3. Puntualizó que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha manifestado reiteradamente que el juez contencioso administrativo para fijar la indemnizacn correspondiente por concepto de los perjuicios morales, goza de independencia para establecerlos, en cada caso, y con sustento en las pruebas allegadas al proceso, sin que ello implique un desconocimiento del precedente, por cuanto los valores varían en cada proceso.

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

3.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
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