Sentencia t-10



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1.2. TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Mediante auto del 9 de noviembre de 2012, la Seccn Cuarta del



Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de
7 la misma a la autoridad judicial accionada para que rindiera informe sobre los hechos objetos de la accn.

De igual forma, como terceros interesados en las resultas del proceso, ordenó la vinculación al tmite de la tutela al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la Policía Nacional.

1.2.1. El Magistrado Ponente de la decisn cuestionada, doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, respondió la acción de la referencia, y solicitó negar las pretensiones elevadas por el accionante, con fundamento en los siguientes argumentos:

1.2.1.1.Afirmó que en la sentencia se salvaguardaron los derechos fundamentales de los demandantes dentro de la accn de reparacn directa, por cuanto no sólo se declaró la responsabilidad administrativa de la entidad blica demandada, sino que se condenó al pago de las indemnizaciones por concepto de los perjuicios morales y materiales ocasionados, de conformidad con los mandatos constitucionales y legales establecidos en los arculos 228, 229 y 230 de la Constitucn Potica y los arculos 305 y 307 del Código de Procedimiento Civil.

1.2.1.2.Aseve que la demanda de tutela incoada en contra de la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado del 8 de agosto de 2012, no reúne los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de amparo constitucionalidad contra providencias judiciales.

Al respecto, indicó que la decisión atacada no carece de motivación tal como lo plantean los accionantes, puesto que la argumentacn esgrimida para el efecto plantea que, existiendo, la misma no atendió el precedente jurisprudencial.

1.2.1.3.Precisó que en virtud de la autonomía e independencia judicial, el juez de conocimiento está llamado a motivar razonada, razonable, proporcional y ponderadamente las decisiones judiciales y no puede someterse a la aplicación de criterios jurisprudenciales parcialmente, ni puede atender a concepciones erradas del precedente, sino que está llamado a argumentar con base en los elementos que obren en el proceso”, pues de lo contrario sí se incurriría en una vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

De esta manera, advirtió que la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 6 de septiembre de 2001, estableció que el juez contencioso administrativo se encuentra llamado a motivar razonadamente la tasación y liquidación de los perjuicios morales, sin señalar para el efecto un método específico de valoración, no obstante tenerse en cuenta principios de proporcionalidad y razonabilidad con
8 base en los cuales deba decidir, agregando que la motivación razonada de la tasación y liquidación de los perjuicios morales exige que se sustente en una nima carga probatoria en cabeza de quien reclama tales perjuicios.

En relación con lo anterior, resaltó que en reciente jurisprudencia constitucional (Sentencia T-212 de 2012), se señaló que el juez incurre en una vulneración del derecho al debido proceso, cuando condena a pagar un monto por concepto de daños morales que carece evidentemente de sustento en el acervo probatorio del proceso. Indicó que en esta sentencia se fijó la posicn que debe orientar al juez contencioso administrativo para la tasación y liquidación de los perjuicios morales, considerando como criterios adicionales que deben ser tenidos en cuenta para determinar la discrecionalidad judicial en dicha materia: (i) las condiciones particulares de lactima; y (ii) la gravedad objetiva de la lesión.

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