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Segunda etapa: procedencia de la objeción de conciencia en la prestación del servicio militar obligatorio
En el año de 2009, la Corporación cambió su jurisprudencia y reconoció el derecho fundamental a la objeción de conciencia en la prestación del servicio militar obligatorio.
En la sentencia C-728 de 200955, la Corporación estudió si en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa por no incluir dentro de las exenciones en todo tiempo de la prestación del servicio militar obligatorio, a los objetores de conciencia.
En primer lugar, la Corporación consideró que la supuesta omisión legislativa no era predicable del artículo 27 de la Ley 48 de 1993. Lo anterior, en razón a que existen una serie de características objetivas, las cuales eximen de la prestación del servicio militar y de la obligación de pagar la cuota de compensación militar. La pretensión de los demandantes se encaminaba a la consagración de una situación subjetiva y concreta de aquellas personas que por razones de conciencia se oponen a la prestación del servicio militar, a pesar de encontrarse obligadas. Es decir, las dos situaciones no son asimilables y, por tanto, no debían regularse de la misma forma en la norma legal.
En estos términos, la Corte consideró que en el caso de la objeción de conciencia “no habría una exención a la obligación de prestar el servicio militar, sino un derecho subjetivo a no verse forzado a prestar un servicio -al que se estaría obligado por la ley- por consideraciones de conciencia.”
En razón de lo anterior, la Corporación estableció que lo que verdaderamente se presentó fue una omisión legislativa absoluta, por cuanto el legislador no ha expedido una ley que regule la objeción de conciencia en el ámbito del servicio militar. En este sentido, no podía la Corte suplir la omisión del legislador.
Sin embargo, la Corporación dejó absolutamente claro que ello no implicaba que el derecho a la objeción de conciencia, incluido el que se plantee frente al servicio militar, no pueda ejercerse, sino que en tal caso se aplica de manera directa la Constitución y el derecho puede hacerse valer, cuando sea necesario, por la vía de la acción de tutela.
En este contexto, la Corte precisó que “en el concepto de objeción de conciencia confluyen dos aspectos distintos, puesto que, por un lado, está el derecho constitucional que tiene una persona a no ser obligada a actuar en contra de su conciencia o de sus creencias y, por otro, el procedimiento que debe establecer el legislador en orden a puntualizar las condiciones requeridas para que se reconozca a una persona su condición de objetor de conciencia al servicio militar. El “primero es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento, cuyo goce efectivo, como se ha dicho, puede ser garantizado por el juez de tutela. El segundo es un desarrollo legal que en Colombia no existe. No obstante, el cumplimiento del primer derecho no puede depender de la existencia del procedimiento legal para que se reconozca a alguien su condición de objetor. (Énfasis no es del texto original).
No obstante, la Corporación resaltó que no cualquier razón o motivo podría dar lugar a la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar, sino que “las convicciones o las creencias que son objeto de protección constitucional, tienen que definir y condicionar la actuación de las personas. Esto es, su obrar, su comportamiento externo. No puede tratarse de convicciones o de creencias que tan sólo estén en el fuero interno y vivan allí, que no transciendan a la acción. En tal sentido, si una convicción o una creencia han permanecido en el fuero interno durante algún tiempo, al llegar el momento de prestar el servicio militar obligatorio, tal convicción o creencia puede seguir limitada a ese ámbito interno. No existe en tal caso, en principio, un deber constitucional de garantizar el derecho a no ser obligado a actuar en contra de su conciencia.”
En tal sentido, en la citada providencia se determinó que todo objetor de conciencia tiene la mínima obligación de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha condicionado y determinado su actuar de tal forma, que prestar el servicio militar obligatorio implicaría actuar en contra de ella.
En razón de ello, las convicciones o creencias que se invoquen, además de tener manifestaciones externas que se puedan probar, deben ser profundas, fijas y sinceras. Sobre el contenido de cada una de ellas dijo:
“5.2.6.3.1. Que sean profundas implica que no son una convicción o una creencia personal superficial, sino que afecta de manera integral su vida y su forma de ser, así como la totalidad de sus decisiones y apreciaciones. Tiene que tratarse de convicciones o creencias que formen parte de su forma de vida y que condicionen su actuar de manera integral.
5.2.6.3.2. Que sean fijas, implica que no son móviles, que no se trata de convicciones o creencias que pueden ser modificadas fácil o rápidamente. Creencias o convicciones que tan sólo hace poco tiempo se alega tener.
5.2.6.3.3. Finalmente, que sean sinceras implica que son honestas, que no son falsas, acomodaticias o estratégicas. En tal caso, por ejemplo, el comportamiento violento de un joven en riñas escolares puede ser una forma legítima de desvirtuar la supuesta sinceridad, si ésta realmente no existe.
5.2.6.4. Por otra parte, aclara la Corte, que las convicciones o creencias susceptibles de ser alegadas pueden ser de carácter religioso, ético, moral o filosófico. Las normas constitucionales e internacionales, como fue expuesto, no se circunscriben a las creencias religiosas, contemplan convicciones humanas de otro orden, que estructuran la autonomía y la personalidad de toda persona.
5.2.6.5. Finalmente, basta señalar que hasta tanto no se considere un proceso especial, reglamentado por el legislador, las objeciones de conciencia que presenten los jóvenes, deberán ser tramitadas de forma imparcial y neutral, de acuerdo con las reglas del debido proceso, y, en todo caso, el derecho constitucional de objeción de conciencia, puede ser objeto de protección por parte de los jueces de tutela.”
A partir de la sentencia C-728 de 200956, se consideró que, a pesar de no existir una disposición legal que desarrolle el derecho a la objeción de conciencia, éste se erige como un derecho fundamental de aplicación inmediata por virtud de la Constitución. Por esta razón, podrá alegarse la exoneración de la prestación del servicio militar si se prueba que existe un profundo, fijo y auténtico dictamen de conciencia, una convicción profunda que impida cumplir el deber. Adicionalmente, en esa providencia la Corte exhortó al Congreso de la República para que regule lo concerniente a la objeción de conciencia frente al servicio militar, sin que hasta la fecha de esta sentencia se haya regulado legislativamente la objeción de conciencia en los términos referidos en la providencia mencionada.
Tercera etapa: procedencia del amparo constitucional en casos concretos para proteger el derecho fundamental de objeción de conciencia a la prestación del servicio militar
En la sentencia T-018 de 201257, la Corporación estudió la solicitud de un joven bachiller que alegaba que sus creencias religiosas para ser excluido de la prestación del servicio militar.
La Corte reconoció la existencia del derecho a objetar, por razones de conciencia, el deber de prestar servicio militar obligatorio. En efecto, la sentencia C-728 de 200958 cambió la postura de la jurisprudencia constitucional sobre la objeción de conciencia en el ámbito militar teniendo en cuenta, de una parte, que su protección se encuentra avalada en la libertad de conciencia (art. 18 C.P.) y la libertad de religión y de cultos (art. 19 C.P.), y de otra, que su ejercicio no requiere un desarrollo legislativo específico.
Una vez analizado el precedente jurisprudencial desarrollado en la sentencia C-728 de 200959, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional determinó que el actor tenía derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio, mediante la acción de tutela y sin que pudiera desconocérsele como objetor bajo el argumento de la inexistencia de un desarrollo legislativo de este derecho.
El análisis de las creencias y/o convicciones que exponía el actor para declararse como un objetor de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio cumplían con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para relevarlo del cumplimiento de ese deber legal. En contraste, su permanencia en el Ejército Nacional estaría vulnerando sus derechos a la libertad de conciencia, cultos y religión.
En virtud de lo expuesto, la Corte decidió revocar la decisión de la sentencia proferida y, en consecuencia, concedió la tutela de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos y religión del actor. Por consiguiente, se ordenó la desincorporación del accionante y la expedición de la respectiva libreta militar.
En la sentencia T-357 de 201260, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, estudió si el Ejército Nacional vulneró el derecho a la libertad de conciencia del accionante, al no pronunciarse sobre su solicitud de ser eximido de prestar el servicio militar, debido a su condición de ministro de la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová.
En ese caso, el comandante calificó la solicitud formulada por el peticionario de improcedente, con el argumento de que, al no haber sido regulada la objeción de conciencia por el Congreso, la misma no puede operar como una causal de exención para la prestación del servicio militar obligatorio.
En aplicación de las pautas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-728 de 200961, acerca de las condiciones que debe cumplir el objetor de conciencia frente al servicio militar obligatorio, se consideró:
“5.2.6.1.En primer lugar, cabe resaltar que las convicciones o las creencias que son objeto de protección constitucional, tienen que definir y condicionar la actuación de las personas. Esto es, su obrar, su comportamiento externo. No puede tratarse de convicciones o de creencias que tan sólo estén en el fuero interno y vivan allí, que no transciendan a la acción. En tal sentido, si una convicción o una creencia han permanecido en el fuero interno durante algún tiempo, al llegar el momento de prestar el servicio militar obligatorio, tal convicción o creencia puede seguir limitada a ese ámbito interno. No existe en tal caso, en principio, un deber constitucional de garantizar el derecho a no ser obligado a actuar en contra de su conciencia.
5.2.6.2.  En tal sentido, todo objetor de conciencia tendrá la mínima obligación de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha condicionado y determinado su actuar de tal forma, que prestar el servicio militar obligatorio implicaría actuar en contra de ella.

5.2.6.3. Ahora bien, las convicciones o creencias que se invoquen, además de tener manifestaciones externas que se puedan probar, deben ser profundas, fijas y sinceras.


 5.2.6.5. Finalmente, basta señalar que hasta tanto no se considere un proceso especial, reglamentado por el legislador, las objeciones de conciencia que presenten los jóvenes, deberán ser tramitadas de forma imparcial y neutral, de acuerdo con las reglas del debido proceso, y, en todo caso, el derecho constitucional de objeción de conciencia, puede ser objeto de protección por parte de los jueces de tutela (…)”.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional reiteró que el amparo del derecho a la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio depende de que las convicciones y creencias de quien la alegue determinen y condicionen su conducta, a través de manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento que, además, sean profundas, fijas y sinceras.
En la sentencia T-603 de 201262 se analizó el caso de un objetor de conciencia que por [sus] principios éticos, morales y religiosos, producto de una formación que [le] ha dado su familia y la iglesia, basado en el amor al prójimo, [el] respeto por la vida, [y el deseo de] permanecer en paz con [su] entorno (…)” (Cuad. 1, folio 1). De igual manera, adujo que fue obligado por su padre para proceder a la prestación del servicio militar, situación que incluso lo había llevado a tener impulsos suicidas.
En dicha oportunidad, la Sala Tercera de Revisión afirmó que la garantía de no ser obligado a actuar en contra de la conciencia es sin duda relevante, toda vez que significa el derecho de toda persona de actuar en sociedad conforme a sus convicciones, lo cual constituye el núcleo esencial del derecho a objetar, sin embargo, estableció que es un derecho limitable, pues de lo contrario no podría haber presupuestos vinculables para las personas sometidas al Derecho. Por ello, frente a la obligación de prestar el servicio militar, consideró que si la objeción es sincera y se encuentra fundada en razones que demuestran que la persona debe eludir sus obligaciones militares, la libertad de conciencia prima sobre el deber del servicio militar. En el mismo fallo, agregó:
“(…) Así las cosas, el objetor de conciencia debe informar a las autoridades los motivos por los cuales la obligación del servicio militar riñe con sus convicciones y  por qué éstas son profundas, fijas, sinceras y colisionan con la obligación constitucional de prestar el mismo. Una vez informado lo anterior, las autoridades de reclutamiento tendrán la carga de desvirtuar tales elementos mediante un acto motivado, controvertible en todo caso ante el juez constitucional, quien –en caso de ser llamado a intervenir- deberá resolver el caso particular a través de una ponderación que determine la responsabilidad con que es asumida la convicción que presuntamente impide la prestación del servicio militar, así como la afectación que podría derivarse para la persona de ser impuesto el cumplimiento de tal deber (…)”.
“(…) Entonces, el juez constitucional, de manifestarse una conducta atentatoria contra la libertad de conciencia, concretamente contra la posibilidad de objetar un deber relativo como lo es la prestación del servicio militar, tiene el deber de proteger el derecho invocado, independientemente del origen de las convicciones que sustentan tal objeción -ya sean morales, religiosas, filosóficas, políticas o de otra índole-, y de que no exista un marco establecido por el poder legislativo que regule el ejercicio de este derecho fundamental. Para ello, efectuando una ponderación, ha de determinar si realmente la persona asume las convicciones que alega tener y la afectación que acarrearía imponerle el cumplimiento de la aludida obligación. En consecuencia, ha de determinar si las razones invocadas son profundas, fijas, serias y sinceras. Una forma de llevarlo a cabo, es cotejando los principios que aduce la persona como constitutivos de la objeción presentada –a partir de la índole y del origen de su convicción- y compararlo con los comportamientos externos que en desarrollo de ella ha tenido (…)”.
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, decidió confirmar las decisiones de instancia proferidas en el proceso de tutela en las que se niega la condición de objetor de conciencia del actor frente a la prestación del servicio militar, al considerar que el actor no es realmente un objetor de conciencia, sino que, según los medios probatorios obrantes en el expediente, es posible que el actor padezca afectaciones en su salud mental.
Lo anterior, en razón a que le fue otorgado un permiso especial por una presunta afectación mental y por el resumen de atención médica que recibió en la Clínica San Juan de Dios, donde se enfatizó la ideación de un plan suicida. Por lo anterior, la Sala instó a la autoridad demandada para que, al momento de que el actor termine su servicio militar obligatorio, o –de haberlo finiquitado ya- analice con cuidado el estado de salud mental que presente y le brinde la asistencia a que haya lugar.
En la Sentencia T-430 de 2013, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional revisó tres acciones de tutela interpuestas contra el Ejército Nacional. Al resolver los casos, dicha Sala tuteló la libertad de conciencia, la libertad de religión y, concretamente, el derecho a objetar por razones de conciencia la prestación del servicio militar obligatorio de cuatro accionantes, desconocidas por el Ejército Nacional.
Reiteró esta providencia que el Ejército desconoce la libertad de conciencia de una persona, cuando no le reconoce su condición de objetor de conciencia, en razón a que no existe una regulación concreta y específica que desarrolle la institución constitucional. Además,
“…La decisión de la sentencia C-728 de 2009 es una aplicación directa de la regla según la cual “la Constitución es norma de normas” (art. 4°, CP). Esta disposición constitucional ha sido desarrollada, dentro del conjunto de reglas que fijan las competencias del juez de tutela, de la siguiente manera: “no se podrá alegar la falta de desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político para impedir su tutela.” (art. 41, Decreto 2591 de 1991).  En otras palabras, un juez de tutela no puede negarse a reconocer el derecho fundamental de toda persona a objetar la prestación del servicio militar por razones de conciencia, con base en el argumento de que falta ‘desarrollo legal’ del derecho. Que el juez de tutela se considere incompetente con base en tal razón implica una violación (i) del derecho fundamental del accionante a acceder a una justicia pronta y cumplida, (ii) de la obligación de protegerle a éste el goce efectivo de su derecho (en este caso, a la libertad de conciencia) y también, (iii) implica la violación de la supremacía de la constitución como norma de normas, en el orden jurídico vigente”.
En relación con las limitaciones temporales del derecho fundamental a objetar en conciencia el servicio militar obligatorio, dicha Sala consideró que Se podría cuestionar el hecho de que el joven no hubiera presentado su objeción de conciencia al momento de ser incorporado a las filas, pero esto supondría considerar que la protección del goce efectivo del derecho a la libertad de conciencia tiene limitaciones temporales en su ejercicio, lo cual no es aceptable. Como se ha dicho, mientras que las creencias en que se funde la objeción de conciencia sean profundas, fijas y sinceras, hay lugar a la protección del derecho fundamental. En efecto, un joven puede tener una serie de creencias profundas, fijas y sinceras que se enfrenten de manera radical con la prestación del servicio militar obligatorio, y no saberlo hasta tanto se incorpore al Ejército Nacional. Lo que importa no es el momento o el instante en que la persona haya presentado la objeción, sino la profundidad, la fijeza y la sinceridad de las creencias en las que se funde (…) Un joven no pierde su derecho constitucional, o legal, a no prestar servicio militar, por el hecho de no haber invocado su condición al inicio del proceso de incorporación”.
En la Sentencia T-455 de 201463, la Sala Novena de Revisión analizó dos casos con relación a la objeción de conciencia y tuteló el derecho frente al servicio militar. En esta decisión, la Corte consideró que en relación con el deber de prestación del servicio militar y la libertad de conciencia opera una tensión que debe ser resuelta por medio de una ponderación entre derechos y deberes, que garantice la protección de los derechos involucrados. Al respecto, afirmó que “los derechos no tienen carácter absoluto, tampoco los tienen los deberes, so pena de transmutar el Estado en uno de índole autoritario y por lo mismo contrario a la vigencia de las libertades individuales”. En su ratio decidendi, solucionó algunos problemas identificados con la falta de respuesta oportuna de las solicitudes de objeción de conciencia, de la siguiente manera:
“Ahora bien, en lo que tiene que ver con el término para resolver, se ha señalado en esta decisión que la obtención de una respuesta oportuna por parte de las autoridades estatales es una garantía que hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de petición y que, a su vez, es condición para la eficacia del derecho al debido proceso administrativo. También se ha indicado que, de ordinario, las solicitudes que se eleven a la administración deben responderse en el término de quince días, previsto por el legislador para ese efecto. 
En ese orden de ideas, se generan dos deberes constitucionales específicos para las autoridades militares.  En primer lugar, están llamadas a reconocer y evaluar a la objeción de conciencia como una de las causales jurídicamente vinculantes para la exención del servicio militar obligatorio. Para ello, no podrán en ningún caso invocar la inexistencia de una previsión legal o reglamentaria que así lo establezca, puesto que la objeción de conciencia es un derecho de índole constitucional y, por esa razón, obligatorio para todas las personas y autoridades, en los términos del artículo 4 C.P.
En segundo término, en tanto para el caso las autoridades militares operan en su condición de autoridades administrativas, están obligadas a responder de fondo las solicitudes de exención de la prestación del servicio militar, basadas en el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, según las reglas definidas por el legislador para el derecho de petición y las condiciones constitucionales sobre el contenido y alcance de ese derecho, descritas en el fundamento jurídico 9 de esta sentencia.  Esto quiere decir, entre otros aspectos, (i) que las autoridades militares deben resolver lo pedido en el término máximo de quince días contados a partir de la formulación de la solicitud de exención al servicio militar obligatorio; (ii) que la respuesta debe ser material y de fondo, es decir, debe resolver si es o no procedente la exención al servicio militar obligatorio; (iii) en caso que se niegue la solicitud, debe expresar las razones que fundamentan esa negativa; y (iv) en cuanto se trata de una actuación administrativa, las autoridades militares deben responder la solicitud de exención mediante acto administrativo, el cual debe ser notificado conforme a la ley al interesado, indicándosele los recursos que puede interponer respecto de lo decidido.  Todo ello conforme lo estipulan los artículos 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011”.
Adicionalmente, en el numeral quinto de la parte resolutiva, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, fijó siete reglas que deben cumplir todas las autoridades militares encargadas del reclutamiento de ciudadanos obligados a la prestación del servicio militar, al momento de tramitar una solicitud ciudadana de objeción de conciencia, a saber:

 

1.     No podrá negarse el trámite de ninguna solicitud de exención al servicio militar por objeción de conciencia, al margen si es presentada antes o después de la inscripción al servicio militar, o incluso una vez el obligado ha sido acuartelado con el fin de prestar dicho servicio.



 

2.     Las solicitudes de exención al servicio militar por objeción de conciencia, deben ser resueltas por la autoridad militar de reclutamiento respectiva, inclusive cuando el conscripto ya se encuentre acuartelado.  En ese caso, la autoridad de reclutamiento coordinará con el comandante de la unidad militar correspondiente la notificación y trámite de dicha solicitud. Así mismo, se coordinará el procedimiento de desacuartelamiento entre la autoridad de reclutamiento y el comandante de la unidad militar, cuando a ello hubiere lugar.

 

3.     Las solicitudes de exención al servicio militar por objeción de conciencia, deberán resolverse de fondo y en el término improrrogable de quince (15) días hábiles.  La respuesta se le notificará al interesado de manera personal y conforme al procedimiento previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. En dicha diligencia de notificación se indicarán al solicitante los recursos que puede interponer contra el acto administrativo, así como ante qué autoridades debe presentarlos.

 

Adicionalmente, deberá instruirse a las autoridades militares para que, al tramitar las solicitudes de exención en comento, se ciña en lo pertinente a las reglas sobre el procedimiento administrativo general de que tratan los artículos 34 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

 

4.     La respuesta a las solicitudes de exención al servicio militar por objeción de conciencia deberá de ser de fondo.  Por ende, en caso que se niegue la solicitud, la autoridad de reclutamiento debe indicar las razones completas, precisas y específicas que fundamentan esa decisión, las cuales no podrán ser otras que la demostración acerca que las convicciones que fundamentan la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio no son profundas, fijas y sinceras, según lo explicado en el fundamento jurídico 6.4 de esta sentencia. En el que se advirtió que corresponde al objetor de conciencia demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha condicionado y determinado su conducta, y por lo tanto, prestar el servicio militar obligatorio implicaría actuar en contra de ella.

 

Correlativamente, las autoridades de incorporación y reclutamiento deberán expresar las razones sustantivas que demuestran el incumplimiento de esas condiciones, so pena que el acto administrativo correspondiente adolezca de falta de motivación y, por lo mismo, vulnere no solo la libertad de conciencia, sino también el debido proceso. A su turno, de requerirse, dichas autoridades podrán solicitar al peticionario la presentación de información adicional para resolver la petición, en los términos definidos por el Código Contencioso Administrativo.

 

Así mismo, al momento de evaluar las solicitudes de exención al servicio militar por objeción de conciencia, las autoridades militares competentes no podrán discriminar a los peticionarios en razón de la índole de su credo religioso o si fundamentan sus convicciones en motivos que no tengan ese carácter.  En cualquier caso, deberán resolver la solicitud con base en el principio pro homine y en los términos fijados en esta sentencia.

 

5.     En ningún caso podrá negarse la solicitud de exención al servicio militar por objeción de conciencia en razón de la ausencia de regulación legal sobre el derecho fundamental a la objeción de conciencia.

 

6.     En caso que las autoridades militares decidan reconocer al interesado como objetor de conciencia, se considerará exento de prestar el servicio militar obligatorio. Así, deberá expedirse la tarjeta de reservista de segunda clase, regulada en el artículo 30 de la Ley 48 de 1993, sin exigirse ningún otro requisito que el pago de la cuota de compensación militar.  Esto último sin perjuicio que el conscripto demuestre que, en virtud de otra norma jurídica, no está obligado al pago de dicha cuota de compensación.



 

7.     En caso que la respuesta afirmativa a la solicitud de exención al servicio militar por objeción de conciencia se resuelva luego de verificado el acuartelamiento del interesado, las autoridad militares ordenarán su inmediato desacuartelamiento, así como el trámite para la expedición de la tarjeta de reservista de segunda clase, conforme se explicó en el numeral anterior”.
En este fallo, se ratificó que, por la estabilidad y permanencia de las convicciones constitutivas de objeción de conciencia, estas pueden expresarse en cualquier momento,  por tratarse de un derecho fundamental con carácter permanente. Bien puede entonces invocarse al momento en que se incorpora al servicio o cuando ya está en curso su prestación, que es la que puede llevar a poner de manifiesto la incompatibilidad entre las convicciones personales y el ejercicio de actividades militares.
En la Sentencia T-185 de 2015, la Sala Cuarta de Revisión concedió el amparo de los derechos de libertad de conciencia y de cultos y ordenó al Ejército el desacuartelamiento y expedición de la correspondiente libreta militar del accionante, en un caso en el cual alegaba que en su conciencia no venera los símbolos patrios, solo a Nuestro Señor Jesucristo”, por ser miembro cristiano de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Consideró la Sala lo siguiente, “…el accionante es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, desde el 28 de diciembre de 2005; es decir, desde que tenía 9 años de edad, lo que permite suponer que tiene una creencia de carácter religioso que estructura su existencia. No se trata por tanto, de creencias superficiales, que establecen dictados más o menos fuertes en la persona. Por el contrario, se trata de una visión omnicomprensiva de la existencia y de la realidad con una visión de carácter religioso, que afecta y está presente en las consideraciones que este haga sobre cualquier aspecto de su vida”.
Del anterior recuento jurisprudencial, se concluye que es a partir de la sentencia C-728 de 200964, cuando la jurisprudencia constitucional tomó partido por la procedencia de la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio, sin que se requiera de una ley que la reglamente, ordenando mediante tutela el desacuartelamiento cuando se ha demostrado que las razones aducidas son auténticas, serias y profundas.
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