Sentencia Número c 536 de 12-07-2006. Corte Constitucional. Unidad normativa-integración excepcional unidad normativa



Descargar 189,99 Kb.
Página1/4
Fecha de conversión14.05.2017
Tamaño189,99 Kb.
  1   2   3   4
Sentencia Número C 536 de 12-07-2006. Corte Constitucional.

UNIDAD NORMATIVA-Integración excepcional

UNIDAD NORMATIVA-Casos en que procede integración

UNIDAD NORMATIVA-Improcedencia de integración

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia

TRIBUTOS EN LA CONSTITUCION DE 1991-No univocidad ni precisión respecto a la denominación de los tributos

IMPUESTO-Características

CONTRIBUCION PARAFISCAL-Características

TASA-Características

TASA Y TRIBUTO PARAFISCAL-Diferencias

TASA E IMPUESTO-Diferencias

TARIFA-Concepto

TARIFA DE TASAS Y CONTRIBUCIONES-Distribución de competencias entre Legislador y la administración  para fijarla

TASAS UNIFORMES-Cobro para expedición de documentos que permiten acceder a beneficios y servicios estatales

No se ajustan a la Constitución, por establecer un tratamiento discriminatorio, tasas uniformes establecidas para la expedición de documentos que permiten el acceso a ciertos beneficios y servicios estatales, las cuales condicionan la expedición del documento a una suma fija que no consulta la capacidad económica de los potenciales usuarios de los servicios.

CEDULA DE CIUDADANIA-No cobro por renovación

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-No aplicación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Antecedentes

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Concepto

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Trámites y actuaciones para los que se requiere

INFORMACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Expedición, renovación y disponibilidad electrónica sobre antecedentes judiciales  se considera como un servicio público

CEDULA DE CIUDADANIA Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Semejanzas y diferencias

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-No se puede confundir con el derecho a recibir información sobre situación judicial/INFORMACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Acceso no puede condicionarse al pago de  contraprestación económica

No se debe confundir el certificado de antecedentes judiciales con la información relativa a la situación judicial de un ciudadano frente a la justicia y autoridades colombianas, información a la cual, en principio, pueden acceder los interesados por medios distintos al certificado judicial, como por ejemplo, en ejercicio del derecho de petición. No obstante, a pesar de lo expuesto en uno de los escritos de intervención del DAS, esta entidad interpreta las disposiciones legales y reglamentarias vigentes de manera tal que sólo suministra esta información al interesado mediante la expedición del certificado de antecedentes judiciales, es decir, una vez se ha pagado la tasa prevista en la Ley 961 de 2005. Resulta entonces que en la práctica el acceso a la información sobre si una persona tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía, o si no es solicitado por las mismas autoridades está condicionado al pago de un tasa. Lo cual resulta a todas luces inconstitucional, porque una persona interesada, que carezca de los recursos suficientes para el pago del tributo, no podrá acceder a esa información en extremo relevante para su libertad personal, ni tampoco podrá actualizarla ni corregirla, tal como prevé el artículo 15 constitucional. Supeditar el ejercicio de derechos fundamentales al pago de una contraprestación económica significa ignorar su carácter inalienable, tantas veces puesto de relieve por la jurisprudencia constitucional.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Hechos generadores de la tasa/INFORMACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Acceso gratuito

El literal a) del artículo tercero de la Ley 961 de 2005 prevé como hechos generadores de la tasa demandada la expedición física del certificado de antecedentes judiciales y sus renovaciones (numeral 1) y la disponibilidad electrónica de información sobre antecedentes judiciales para ser consultados por el interesado o por terceros (numeral 2). De manera tal que todas las posibilidades de acceso a la información sobe los antecedentes judiciales están condicionadas al pago de una tasa, razón por la cual la Corte Constitucional declarará la inexequibilidad de la expresión “por el interesado” contenida en el numeral 2 del literal a) del artículo 3 de la Ley 961 de 2005, para garantizar que las personas interesadas puedan tener acceso a la información electrónica sobre sus antecedentes judiciales de manera gratuita, y de esta manera quede a su disposición una vía no onerosa para poder asegurar el ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa.

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de cargo de inconstitucionalidad

DERECHO A LA AUTODETERMINACION INFORMATIVA EN CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Desconocimiento en interpretación según la cual DAS está autorizado a informar sobre antecedentes judiciales solamente través de certificado/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-Obligación de suministrar gratuitamente y a petición del interesado información sobre sus antecedentes judiciales

Esta Corporación no puede dejar de observar que el Departamento Administrativo de Seguridad hace una interpretación de las normas relacionadas con el certificado de antecedentes judiciales de conformidad con la cual sólo está autorizada a informar a los interesados para suministrar información sobre antecedentes judiciales mediante la expedición del certificado. Tal interpretación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la expedición de este documento desconoce claramente el derecho a la autodeterminación informativa, por cuanto impide el acceso a la información relativa a la situación judicial frente a la justicia y autoridades colombianas, la cual resulta relevante para las personas residentes en Colombia. Razón por la cual la Corte Constitucional se ve obligada a precisar que el Departamento Administrativo de Seguridad está obligado a suministrar a petición del interesado y de manera gratuita información sobre sus antecedentes judiciales, para que éste pueda conocer tal información, actualizarla y rectificarla, sin que la respuesta a esta solicitud reemplace al certificado de antecedentes judiciales, en los trámites y actuaciones para los cuales este documento es requerido.

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA-Límites

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Imposibilidad de estudiar constitucionalidad del valor de la tarifa

En el caso concreto el demandante y el Ministerio Público sostienen que la tasa prevista como contraprestación de la expedición del certificado de antecedentes judiciales es excesivamente alta, de manera tal que se erige en una barrera para el ejercicio del derecho al trabajo, debido a que este documento es un requisito para el ejercicio de cargos y funciones públicas, para celebrar contratos de prestación de servicios con el Estado y adicionalmente es exigida por muchos empleadores privados. Empero, esta Sala estima que estos cargos no pueden ser examinados en la presente decisión, por dos razones, en primer lugar porque las disposiciones que regulan el sistema y el método para fijar la tarifa de la tasa no fueron demandadas en el presente proceso. En segundo lugar, porque la Ley 961 de 2005 no fija directamente el valor de la tarifa, pues las disposiciones legales se limitan a fijar el sistema y el método para calcularla y delegan en la Administración, específicamente en el Departamento Administrativo de Seguridad, su cómputo. Por tal razón un estudio sobre la constitucionalidad del valor de las tarifa prevista por la expedición del certificado de antecedentes judiciales desborda las competencias de esta Corporación, por suponer el examen de disposiciones legales que no fueron demandas y, adicionalmente, por implicar el examen de disposiciones reglamentarias, específicamente actos administrativos expedidos por el DAS, los cuales como se sostuvo con anterioridad, escapan al control abstracto de constitucionalidad que realiza esta Corporación.

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DEL TRIBUTO EN CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-No vulneración porque tasa para la expedición del certificado de antecedentes puede ser una tasa uniforme

Aduce el demandante que la tasa en cuestión vulnera el principio de igualdad, en su manifestación de la progresividad del tributo, pues es una tasa uniforme que no consulta la capacidad de pago de los sujetos gravados. Como antes se señaló la jurisprudencia constitucional ha sostenido que no se ajustan a la Constitución las tasas uniformes establecidas para la expedición de documentos que permiten el acceso a ciertos beneficios y servicios estatales, las cuales condicionan la expedición del documento a una suma fija que no consulta la capacidad económica de los potenciales usuarios de los servicios y establecen un trato discriminatorio entre quienes pueden sufragar el costo de la tasa y, de esta manera, acceder a los servicios prestados y quienes carecen de los recursos económicos necesarios y por lo tanto se ven privados de las prestaciones estatales. Al respecto cabe señalar que el certificado de antecedentes judiciales no es un documento previsto para acceder a prestaciones estatales, sino un documento que acredita la situación judicial de un ciudadano frente a la justicia y autoridades colombianas, requerido para ciertos trámites judiciales y administrativos. En esa medida este criterio fijado por la jurisprudencia constitucional para establecer en ciertos eventos la inexequibilidad de las tasas previstas por la expedición de un documento público, no resulta aplicable en este caso concreto. En esa medida considera esta Corporación que la tasa prevista por la expedición de un documento público, como el certificado de antecedentes judiciales, puede ser una tasa uniforme, en aras de garantizar la eficiencia tributaria, siempre y cuando atienda exclusivamente los gastos en que incurra el Estado por la prestación de este servicio, sin que esto constituya una vulneración el principio de progresividad tributaria.

Referencia: expediente D-6067

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º y 3º (parciales) a Ley 961 de 2005.

Demandante: Guillermo Otálora Lozano

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Bogotá, D. C., doce (12) de julio de dos mil seis (2006).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente



SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Guillermo Otálora Lozano demandó apartes de los artículos 1 y 3 de la Ley 961 de 2005, “por la cual se regulan tasas por la prestación de los servicios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y se dictan otras disposiciones”.

Por medio de auto de primero (01) de diciembre de dos mil cinco (2005), el Magistrado Sustanciador admitió la demanda presentada, en la misma providencia decidió comunicar la iniciación del trámite al Presidente del Congreso, al Presidente de la República y al Ministerio del Interior y de Justicia para que, de considerarlo oportuno, intervinieran en el proceso. Así mismo, ofició a la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario -ICDT- y al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- para que emitieran concepto sobre la exequibilidad de los enunciados normativos demandados. Igualmente invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las facultades de derecho de las Universidades Andes, Externado, Javeriana, Libre y Nacional Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a las Universidades Andes, Católica, Externado, Javeriana, Libre, Nacional y Rosario, a que intervinieran en el presente proceso mediante la presentación de un escrito en el que consignaran su parecer sobre la constitucionalidad de los enunciados normativos demandados.

El día catorce (14) de diciembre el Director Académico del Instituto Colombiano de Derecho Tributario solicitó una prórroga para emitir el concepto solicitado en el auto admisorio de la demanda. El día dieciséis (16) de diciembre de dos mil cinco el representante del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- presentó el concepto solicitado en la providencia de primero (01) de diciembre de dos mil cinco (2005). Vencido el término probatorio ordenado en el auto admisorio fue recibido un escrito de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil seis (2006), suscrito por la Dra. Cecilia Montero Rodríguez, Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Posteriormente, mediante auto de veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), el Magistrado Sustanciador ordenó dar cumplimiento a los numerales tercero y siguientes del auto admisorio de la demanda.

Dentro del término de fijación en lista se recibió escrito firmado por el ciudadano Carlos Andrés Ortiz Martínez en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dentro del mismo término se recibió escrito presentado por el Sr. Guillermo Otálora Lozano en uso de sus facultades como ciudadano en ejercicio. Vencido el término de fijación en lista el Sr. Otálora Lozano presentó un escrito de intervención adicional. El día diez (10) de marzo de dos mil seis (2006) el Procurador rindió concepto en el proceso de la referencia.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.



II. DISPOSICIÓN DEMANDADA

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, tal como fue publicado en el Diario Oficial No. 45.961 de seis (06) de julio de dos mil cinco (2005) y se subrayan los enunciados normativos demandados.

LEY 961 DE 2005

(julio 5)

Diario Oficial No. 45.961 de 06 de julio de 2005

Por la cual se regulan las tasas por la prestación de los servicios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

 

 ARTÍCULO 1o. Obligación Tributaria. La presente ley regula las tasas por la prestación de los servicios de certificados sobre los antecedentes judiciales de nacionales o extranjeros residentes en el país, las cédulas de extranjería, la prórroga de permanencia en el territorio nacional de los extranjeros, los salvoconductos de permanencia y salida del país, el registro de extranjeros y movimientos migratorios de nacionales y extranjeros que desarrolla el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en cumplimiento de sus funciones de inteligencia de Estado, investigación criminal, Interpol, control migratorio y protección de altos dignatarios.



(…) 

ARTÍCULO 3o. Elementos. Los elementos de las tasas a que se refiere la presente ley serán los siguientes:

 

a) Hechos generadores. Constituyen hechos generadores los siguientes servicios que presta el DAS:

 

1. La expedición física del certificado sobre antecedentes judiciales y sus renovaciones. Uno y otra tendrán una vigencia de un año.



2. La disponibilidad electrónica de información sobre antecedentes judiciales para ser consultados por el interesado o por terceros. En este caso, la tasa se originará con motivo de la solicitud del servicio por parte del interesado y su pago permitirá que la información sea consultada durante el lapso de un año. Las renovaciones del servicio de disponibilidad de que aquí se trata también tendrán vigencia de un año y darán lugar a la tasa en el momento en que se soliciten.

 

3. La expedición de cédula de extranjería.

 

4. La prórroga de permanencia en el territorio nacional de los extranjeros.

 

5. La expedición de salvoconductos de permanencia y salida del país.

 

6. La certificación sobre movimientos migratorios de nacionales y extranjeros;

 

b) Sujeto activo. El sujeto activo de las tasas será el DAS, a través del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad en los términos de la Ley 4ª de 1981 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan;

 

c) Sujeto pasivo. Tendrán la condición de sujetos pasivos, las personas naturales que soliciten cualquiera de los servicios a que se refiere la presente ley que constituyen hechos generadores;

 

d) Base de imposición y tarifa. Las tasas a que se refiere la presente ley serán establecidas con sujeción a los principios y a las condiciones a las que se refieren los artículos 2 y 4 en relación con los hechos generadores previstos en el literal a) del presente artículo.



III. LA DEMANDA

Estima el actor que los enunciados normativos demandados vulneran el Preámbulo y los artículos 1 (principio de Estado Social de Derecho), 2 (fines esenciales del Estado Colombiano), 5 (primacía de los derechos inalienables de la persona), 13 (Principio de igualdad), 15 (derecho a la autodeterminación informativa), 25 (derecho al trabajo), 40.7 (derecho a acceder a los cargos y funciones públicas), 95.9 (deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado) y 333 (libertad económica) constitucionales. Las razones que fundamentan su acusación se resumen a continuación.

En primer lugar el demandante sostiene que los enunciados normativos demandados guardan similitud con el artículo 65 del Decreto Ley 2241 de 1986, disposición declarada inexequibles mediante la sentencia C-511 de 1999. Acto seguido expone los argumentos relacionados con la vulneración, por parte de la disposición demandada, de distintos derechos fundamentales. Así, afirma que ésta vulnera el derecho al habeas data porque impone una tasa uniforme que deben pagar los interesados para acceder a la información relacionada con sus antecedentes judiciales, tasa que estima demasiado elevada en relación con el nivel de ingresos del colombiano promedio, de manera tal que la mayoría de las personas no podrá costearse la expedición el certificado de antecedentes judiciales y en esa medida no podrá ejercer el derecho a la autodeterminación informativa respecto de la información consignada en las bases administradas por el Departamento Administrativo de Seguridad.

Asegura también que infringe el derecho a la igualdad, pues a su juicio desconoce el deber del Estado colombiano de asegurar la igualdad “real y efectiva”. Consigna que la disposición demandada limita de manera ilegítima el derecho al trabajo y al acceso a los cargos y funciones públicas debido a que la mayoría de las entidades públicas exigen la presentación del certificado de antecedentes judiciales para “ejercer empleos”. Sostiene, así mismo, que la tasa demandada es inconstitucional porque restringe la libertad económica de las personas menos favorecidas.

Aduce que el cobro de una tasa uniforme para la expedición del certificado de antecedentes judiciales contraría el principio de solidaridad económica, una de cuyas manifestaciones encuentra el actor en el numeral 9 del artículo 95 constitucional, pues a su juicio “…no debe el Estado, en una visión puramente capitalista del servicio esencial que éste presta, considerar que está vendiendo un servicio por el cual todos pagan el mismo precio de equilibrio que sirve  para cubrir los costos. En virtud de sus facultades constitucionales, el estado debe exigir solidaridad de aquellos que gozan de una capacidad económica superior, con el fin de llevar a cabo sus fines esenciales consagrados en el Preámbulo y los artículos 1, 2 y 5 de la Constitución”. Estima, por lo tanto, que se deben buscar fuentes de financiación distintas al cobro de una tasa para garantizar los recursos dirigidos a asegurar el funcionamiento de las bases de datos administradas por el Departamento Administrativo de Seguridad.

Estima el demandante que si bien la sostenibilidad financiera es un criterio constitucionalmente relevante, cuya finalidad es asegurar el adecuado cumplimiento de los fines estatales, en todo caso debe ceder frente a la primacía de los derechos inalienables de la persona, consagrada en el artículo 5 constitucional, razón por la cual el Estado no puede “priorizar la sostenibilidad financiera con una tasa uniforme y directa aun cuando esta beneficie a una gran mayoría de personas”.

Concluye de esta manera que el Legislador debe adoptar otras alternativas para asegurar la recuperación de los costos de las bases de datos administradas por el DAS, tales como “…utilizar su potestad impositiva sobre las personas más favorecidas económicamente al cobrar un impuesto progresivo, u ordenar inaplicar el cobro de la tasa para personas en circunstancias de debilidad económica manifiesta”.

Formula finalmente una solicitud de declaratoria de inexequibilidad diferida de los preceptos acusados porque considera que la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos inmediatos “... generaría una situación caótica en el DAS, que atentaría contra la sostenibilidad de las dependencias encargadas de expedir el pasado judicial”, lo que podría atentar contra los derechos fundamentales de los residentes en Colombia.



IV. CONCEPTOS RENDIDOS A SOLICITUD DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

1. Concepto del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-.

El ciudadano Edison Córdoba Chicango rindió concepto, como apoderado especial del Departamento Administrativo de Seguridad, en defensa de la exequibilidad de las disposiciones demandadas. Sostiene que la Ley 961 de 2005 fue expedida por el Congreso de la República en ejercicio de sus competencias y con plena observancia del procedimiento establecido en la Constitución, e igualmente que el artículo 4 del mencionado estatuto “contempla de forma detallada, clara y rigurosa cada uno de los elementos y procedimientos constitucionales como son el método y el sistema para definir los costos y beneficios, y la forma de hacer el reparto, además el parágrafo 1º  Ibid., prevé el tope máximo de las tarifas de las tasas reguladas en la citada ley, adviniéndose completamente la norma al precepto constitucional de artículo 338 superior”.

Aduce que los criterios distributivos sugeridos por el demandante, como el cobro de tarifas diferenciales, no son aplicables respecto del certificado de antecedentes judiciales por distintas razones, entre las que menciona (i) no se trata de un servicio que permita hacer efectivos derechos civiles o políticos, (ii) la expedición del certificado judicial no es un servicio público ni este documento “tiene un vasto alcance en el orden social”, (iii) la tarifa de la tasa es irrisoria pues es inferior al diez por ciento (10%) del salario mínimo mensual, (iv) afecta a una pequeña parte de la población colombiana, (v) no se trata de un documento indispensable para acceder a empleos públicos o privados.

Alega el apoderado el DAS que la disposición demandada no vulnera el derecho a la autodeterminación informática pues los interesados en actualizar, corregir o modificar la información que figura en los archivos de la entidad estatal pueden ejercer este derecho mediante la presentación de solicitudes ante el DAS, sin costo alguno “ya que el hecho generador de la tasa es la expedición física del certificado sobre antecedentes judiciales y sus renovaciones, así como la disponibilidad electrónica de la información sobre los antecedentes judiciales” (negrillas en el original).

Insiste en que la disposición demandada no vulnera el derecho a la igualdad porque la expedición del certificado de antecedentes judiciales no es un servicio obligatorio ni generalizado, ni indispensable para el normal desarrollo de las actividades de los ciudadanos. Replica, además, que la tasa debe ser pagada por todos los ciudadanos que requieran el documento en cuestión, por lo tanto la previsión legal no establece un trato diferenciado injustificado.

Rebate la supuesta vulneración del derecho al trabajo porque a su juicio el actor hace referencia a una mera posibilidad o expectativa de conseguir empleo y no al derecho al trabajo tal como ha sido configurado por la Corte Constitucional. Con los mismos argumentos rechaza las acusaciones en torno a la violación de la libertad económica.

Como colofón agrega que el Legislador en ejercicio de su libertad de configuración en materia impositiva decidió crear una tasa como contraprestación a la expedición de certificados de antecedentes judiciales por parte el DAS, con sujeción a las disposiciones constitucionales vigentes, razón por la cual solicita la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones acusadas.

  1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal