Sentencia Nº 14



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5. El momento de los cargos:

Dos aspectos referidos al momento de la responsabili­dad que se le imputan a Silvano. Por un lado se dice que el fallo es extemporáneo, desde que se habría emitido el fallo después del año al que se refiere la Consti­tución de la Pro­vincia y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. En este aspecto, comparto el criterio razonado por el Procurador, en el sentido de que el plazo con que cuenta el Tribunal de Cuentas es de un año desde que se presenta la documentación completa y la documentación completa se presenta por parte de Silvano recién es agregada a fs. 300/320 el 29 de octubre de 1997 y el fallo es emitido por el H. Tribunal el 28 de octu­bre de 1998, razón por la cual no se ha producido la caduci­dad de la competencia atribuida al organismo de control.

En otro orden de cosas, tampoco ha debido esperar que se terminaran el proceso disciplinario y el proce­so penal, pues el juicio de responsabilidad por las cuentas, básicamente es un juicio que se emite para liberar o no al controlado de la responsabilidad por el manejo y administra­ción de fondos o caudales públicos.

La responsabilidad del funcionario público por su gestión reconoce varias áreas o facetas que no se superponen. Existe la responsabilidad política o institucio­nal, una res­ponsabili­dad administrativa o disciplinaria, una responsabili­dad conta­ble por el buen manejo de fondos y, eventualmente, una respon­sabilidad penal. La política supone una rendición de cuentas de cumplimiento de objetivos genera­les trazados y se hace valer a través de la aceptación de la renuncia o el retiro de confianza del funcionario superior, eventualmente se trata de la responsabilidad establecida en el art. 53 de la Constitu­ción nacional y 109 de la Constitución de la provin­cia; la responsabilidad administrativa o discipli­naria que emerge del poder de investigación y aplicación de sanciones a los funcio­narios o empleados públicos sometidos a un procedi­miento administrativo especial cual es el sumario administra­tivo. La contable propia del juicio de cuentas y responsabili­dad espe­cífica prevista en los arts. 181 y si­guientes de la Constitu­ción de la provincia, reglamentada por la ley Orgánica del tribunal de Cuentas. Ley 1.003. La civil prevista en el art. 1112 del C.C. y la penal, por la comisión de un delito penal, en base a las disposiciones del Código Penal y en especial las que se encuentran previstos desde el art. 237 y siguientes referidos a delitos contra la adminis­tración Públi­ca.

La disidencia del fallo en cuestión, plantea precisa­mente la necesidad de tener TODOS LOS ELEMENTOS DE JUICIO Y PROCESOS INVESTIGATIVOS PARA FORMULAR EL CARGO DE CUENTAS.

He pensado mucho la alegación de la parte actora y de la disidencia en este sentido, pero estimo que el juicio del tribunal sigue siendo básicamente un juicio de responsabilidad contable y no política, civil, disciplinaria o penal. Exigir como terminados y definidos el proceso discipli­nario interno o el proceso penal, para formular un cargo contable es a mi juicio una exageración. Se trata de consagrar el principio de la independencia de juzgamiento de la respon­sabilidad y se trata en definitiva de una resolución de tipo contable, donde se le imputa o se lo libera de un cargo y donde se visualiza si las cuentas se han llevado con correc­ción. No se incursiona en ninguno de los otros ámbitos de responsabilidad. Ergo, la documentación necesaria es la es­trictamente contable y la decisión no puede quedar supeditada a otros procesos, pues así romperíamos el principio de inde­pendencia de responsabilidad. Actuar como lo pretende la disidencia, a mi criterio es consa­grar, sin quererlo, la impunidad, pues no se puede formular el cargo, pero tampoco liberarlo si se necesita de todos los resultados de las inves­tigaciones y en definitiva se demoraría el reproche contable más allá de lo que quiere la propia Constitución de la Provin­cia que es liberar al funcionario del cargo de rendir cuentas lo antes posible y dentro del año de presentada la documenta­ción. Exigir la culminación de todos los procesos podría generar un círculo vicioso de interdepen­dencia del proceso disciplinario, con el penal y con el conta­ble y no terminaría ninguno en tiempo y forma consagrando un marco de impunidad.

Hoy en día, más que nunca se reclama claridad en la administración y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Por ello, a mi entender, la responsabili­dad debe ser juzgada en tiempo y forma, adecuadamente con independencia en cada uno de los ámbitos correspondientes.

Del análisis del fallo -en su voto mayori­tario-, surgen, a mi juicio, con claridad las falencias o las impu­taciones que el hace el tribunal al cuentadante. Por ello cuenta con la debida fundamentación y se ha hecho el reproche administrativo con la documentación imprescindible para formu­lar el cargo, sin esperar el resultado de otros procedimientos de nivel disciplinario o judicial.

Y no se trata de formular una imputación delictiva, ni siquiera una responsabilidad disciplinaria, sino esencialmente institucional de conducción y supervisión de la dependencia a su cargo, que no se hizo del modo pertinente y que ha generado esta situación de irregularidades administra­tiva y comisión de delitos penales por parte de empleados involucrados.

En otro aspecto temporal el Tribunal de Cuentas le formu­la a Silvano una irregularidad cometida duran­te su propia gestión, esto es el cobro de un cheque N32556503 por pesos 20.000 con más los intereses, con lo que el cargo es de $ 25.400, ocurrido en el mes de julio de 1996 por parte de Javier Agüero y durante su propia gestión administra­tivo. A Silvano no se lo responsabiliza por hechos ajenos a su propio tiempo de gestión, del mismo modo que a la Dra Bolgan se le imputa una irregularidad propia de su gestión al obtener el mismo empleado el cobro de un cheque N 31524318 por $ 40.000 ocurrido en el mes de marzo de 1996 y antes de finali­zar su dirección.

La responsabilidad genérica de Silvano de tipo políti­co o contable no excluye la especial o específica que se le formula a la contadora Rini, ni releva la penal de Agüero. Tampoco la individualizada situación penal del emplea­do lo releva a Silvano de la genérica y contable que le repro­cha el pronun­ciamiento del Tribunal.

6. El acto administrativo de control:

Hemos definido al tribunal de cuentas como un órgano de control, de naturaleza constitucional, que tiene por fina­lidad comprobar cómo se administran contablemente los fondos o caudales públicos y la inversión, de conformidad con las normas administrativas, económicas y jurídicas que impli­can la responsabilidad de administrar fondos que no son pro­pios y que en definitiva pertenecen a toda la comunidad.

El actor, en su intento de desplazar el reproche y la responsabilidad que se les ha imputado pretende invalidar el acto administrativo por presuntos vicios previos a la emisión del acto, en la emisión, en la fundamentación, calificándola de arbitraria, en la forma, en el objeto y en el tiempo.-

Del análisis del fallo y en base a lo ya expresado prece­dentemente, no encuentro configurado ninguno de los vicios denunciados, conforme se pasa a exponer a continua­ción:

En la voluntad previa a la emisión del acto: La queja consiste en señalar como insuficientes y gené­ricos los repro­ches formulados por la Secretaría Relatora y por la Contadora revisora, cuestionando el informe ampliador, confundiendo en su encabezamiento al Secretario Relator con el Director de asuntos Jurídicos y emitiendo un informe que no había sido solicitado.

Más allá de errores de fecha o de encabe­zamientos, no se impugna el contenido mismo del informe sino sólo se cues­tiona su carácter ampliador. En ello, no se ad­vierte que se haya vulnerado el derecho de defensa. En tal sentido no se advierte que se haya afectado sustancialmente el derecho de defensa no se ha demostrado fehacientemente cuáles defensas pudo haber planteado y no lo hizo por la ampliación del infor­me de la Contadora Revisora.

Tampoco le encuentro asidero a la observa­ción plantea­da en punto a la fecha de emisión del fallo o al procedimiento impetrado en dos días hábiles, pues las constan­cias de las fechas han sido insertas no están cuestionadas ni impugnadas y menos aún demostrada su falsedad.

Respecto de la arbitrariedad, el actor manifiesta su discrepancia valorativa sobre los errores repro­chados al actor, pero los mismos están suficientemente deta­llados, explicitados y hacen a conductas omitidas de supervi­sión y control, detalladas perfectamente en el pronunciamiento conta­ble.

En cuanto a la forma del acto, la objeción se refiere a la no consignación de la disidencia. En rigor de verdad la ley 1.003 y el acuerdo 1840/93 reglamentan el modo de expedir­se. El art. 4 dispone que el tribunal resolverá todos los asuntos sometidos a su consideración por mayoría de sus miem­bros. El quórum para funcionar es de tres miembros presentes. Cuando existan desacuerdos entre éstos, debe reu­nirse en pleno.

De acuerdo con las constancias del fallo han existido disidencias y ha sido firmado por los cinco miem­bros del tribunal: tres por el cargo y dos en desacuerdo y ello aparece consignado en al notificación del pronunciamien­to.

Ahora bien, el acuerdo 1840 se refiere a las formas de los acuerdos y de los fallos en sus arts. 2 y 3. El art. 2 señala que las resoluciones que dicte el tribunal serán escri­tas, debiendo contener el lugar y la fecha de su dictado y sus fundamentos, cuando sean necesarios se expresa­rán en forma breve sencilla y clara. Los autos, fallos, reco­mendaciones e instrucciones serán pronunciados por el Presi­dente y Vocales que hubiesen entendido en ellos, debiendo ser certificados por el Secretario relator y registrados en los libros respectivos. En los expedientes en que se hubiere dictado alguna resolución se agregará ésta en original. Los autos, recomendaciones e instrucciones serán fundamentados, debiendo contener, además, una parte dispositiva expresa, clara y precisa sobre las cuestiones o puntos que la motiven. Toda decisión del Tribunal debe fundarse en derecho, citando, por lo menos, la disposi­ción legal correspondiente. El art. 3 establece que “tres votos conformes hacen resolución cuando hay quórum completo; caso contrario se requiere unanimidad. Se debe dejar constan­cia fundada de los votos disidentes en el acta del acuerdo respectivo. Es decir que para las formali­dades, según la reglamentación de la ley 1003, la disidencia debe constar en el acta de acuerdo, no es necesario pues, que la disidencia quede expre­sada en la notificación de la resolu­ción. A los fines del conocimiento del acto, tratándose de un resolutivo definitivo, al enjuiciado le basta con conocer la parte dispo­sitiva y no es necesario el conocimiento exacto de todos los fundamentos. Por otra parte, se le ha hecho saber que el fallo contiene disidencias. Tampoco ha demostrado de qué manera la ignorancia de la disidencia ha afectado sus derechos. Por su parte, al ejercer su defensa ha conocido los fundamentos de la mayoría y sabe qué han existido discrepan­cias, porque tal constancia sí aparece consignada en el fallo. En rigor de verdad este plan­teo es de la nulidad por la nuli­dad misma, o el defecto formal por su sola observación, sin que llegue a demostrarse o a determinarse con precisión que su ignorancia le ha impedido una alegación o defensa en favor de su situa­ción jurídi­ca.

Sobre la incompetencia en razón del tiempo me remito a fundamentos anteriores formuladas en el pre­sente voto.

Sólo me resta formular consideraciones sobre la soli­dari­dad, concediéndole la razón al quejoso en este aspecto. En principio, tal como se han presentado los hechos existen tres responsables del hecho irregular. A) Por supuesto el empleado infiel Javier Agüero autor material del ardid y de la estafa según aparece probado en las constancias del proceso penal y del sumario administrativo; B) La contado­ra Estela Rini, habilitada de la Subsecretaría y encargada directa del manejo y administración de los fondos por parte de la Subsecretaría; C) la Responsabilidad de los Subsecretarios de Trabajo y Seguridad Social derivada, indirecta o de segundo grado, frente a las inobservancias del empleado infiel y de la habi­litada.

Las responsabilidades son a mi juicio personales y cada una de ellas derivan de sus propias omisio­nes o incumpli­mien­tos.

De tal modo, no encuentro que exista un vínculo obliga­cional que relacione las tres responsabilidades ni norma jurídica que la impongan. Tienen a mi juicio de común el daño sufrido por la Administración, pero ello por sí solo no supone la existencia de la solidaridad.

En este aspecto y dada las circunstancias particulares del caso, considero que el fallo debe ser modifi­cado y consi­derarse el vínculo obligacional como simplemente mancomunado, aunque en ambos casos sea por el total de la irregularidad o del daño sufrido por la Administración Públi­ca.

En definitiva, la acción procesal adminis­trativa debe ser admitida sólo en tanto y en cuanto impone una solidaridad no prevista por la ley específica y declarar que los cargos imputados a la Contadora Rini y al Dr. Silvano en el presente fallo no son exigibles solidariamente sino como una obligación simplemente mancomunada, de la misma manera que las multas aplicadas son estrictamente personales. ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. BÖHM y SALVINI, adhieren por los fundamentos al voto que antecede.


SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. NANCLA­RES, dijo:

Atento como ha sido resuelta la cuestión anterior corresponde admitir parcialmente la acción procesal adminis­trativa deducida a fs. 20/31 de autos por Jorge Raúl Silvano­.En consecuencia la demandada deberá anular parcialmente el art. 5 del fallo 13.222/98 en cuanto el cargo se formula en forma solidaria, debiéndose declarar el mismo como obligación simplemente mancomunada, ello dentro del plazo dispuesto por el art. 68 de la ley 3018. ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. BÖHM y SALVINI, adhieren al voto que antecede.
SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. NANCLA­RES, dijo:

Atento como ha sido votada y resuelta la cuestión anterior, corresponde imponer las costas del proceso en cuanto prospera a la demandada y en lo que se rechaza a la actora (art. 36 C.P.C. y 76 C.P.A.).

Respecto al planteo que se admite, el mismo no puede ser valuado en forma directa, por lo que resulta de aplica­ción el art. 10 de la ley arancelaria. En tal sentido y dentro de sus pautas se considera que la cuestión que se resuelve es accesoria, se toman en cuenta los argumentos esgrimidos por la actora a fs. 29 y los de la demandada en el punto 11 de su responde de fs. 66/80 y que existen al respecto precedentes en el Tribunal. ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. BÖHM y SALVINI, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:
SENTENCIA:
Mendoza, 02 de febrero de 2001.-
Y VISTO: Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,
RESUELVE:
1) Admitir parcialmente la acción procesal adminis­trativa deducida a fs. 20/31 vta. por el Dr. Jorge R. Silvano, con los alcances determinados en la Primera y Segunda cuestión de la presente.
2) Imponer las costas del proceso en lo que prospera, a la demandada y en lo que se rechaza a la actora (arts. 36 C.P.C. y 76 C.P.A.).
3) Regular los honorarios profesionales de la si­guiente manera y a la fecha de la presente resolución:

Por la parte que prospera, al Dr. Osvaldo F. PRITZ, en la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600).

Por la parte que se rechaza, a los Dres. Julio R. GOMEZ, en la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO ($ 1.324); Ana María NICOLOSSI, en la suma de PESOS DOS MIL SEIS­CIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 2.648); Pedro GARCIA ESPETXE, en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 294) y Alicia LOPEZ REVOL, en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE ($ 147).
4) Remitir las actuaciones administrati­vas a origen.

Notifíquese. Ofíciese.








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