Sentencia Nº 14



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Sentencia Nº 14



Sentencia: Suprema Corte de Justicia- Juicio N° 65.821 “ SILVANO, Jorge Raúl C/ Provincia de Mendoza S/ A.P.A.”
Extracto: Control Interno y Externo – Tribunal de Cuentas (composición, funcionamiento) – Funcionario Público – Obligados a Rendir Cuentas – Responsabilidad Civil, Penal, Administrativa – Cargo Solidario – Prejuzgamiento.

SUMARIO:

Con toda claridad y preci­sión dice el art. 182 que "TODOS LOS PODERES PÚBLICOS, LAS MUNICIPALIDADES, Y CUANTOS EMPLEADOS Y PERSONAS ADMINISTREN CAUDALES DE LA PRO­VINCIA U OTRAS CORPORACIONES ESTARÁN OBLIGA­DOS a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubie­ran invertido o percibido, para su aprobación o desaprobación, debiendo el tribunal pronunciarse sobre ellas en el término de un año desde su presentación, so pena de quedar de hecho aprobadas..."

La norma constitucional no trae excepcio­nes: Todos los empleados o funcionarios que manejen fondos, deben rendir cuentas.

No hay dudas, a mi juicio, que el Subse­cretario de Traba­jo y Seguridad Social administraba y manejaba fondos públicos, a través de las cuentas corrientes bancarias perti­nentes y que se detallan en el fallo cuestionado.

Se trata de formular una imputación esencialmente institucional de conducción y supervisión de la dependencia a su cargo, que no se hizo del modo pertinente y que ha generado esta situación de irregularidades administra­tiva y comisión de delitos penales por parte de empleados involucrados.

Hemos definido al tribunal de cuentas como un órgano de control, de naturaleza constitucional, que tiene por fina­lidad comprobar cómo se administran contablemente los fondos o caudales públicos y la inversión, de conformidad con las normas administrativas, económicas y jurídicas que impli­can la responsabilidad de administrar fondos que no son pro­pios y que en definitiva pertenecen a toda la comunidad. El único control dentro del juicio de cuentas es el previsto en el art. 31 de la ley 1003 que define la competen­cia del Tribunal de Cuentas, consecuentemente lo único que se puede comprobar es si la cuenta está conforme con los modelos e instrucciones; si los documentos que justifican las partidas son auténticos, legíti­mos y suficientes; si la cuenta contiene alguno omisión en las partidas, y si las partidas están con­formes con los respecti­vos libramientos u órdenes de pago.

En principio, tal como se han presentado los hechos existen tres responsables del hecho irregular. A) Por supuesto el empleado infiel Javier Agüero autor material del ardid y de la estafa según aparece probado en las constancias del proceso penal y del sumario administrativo; B) La contado­ra Estela Rini, habilitada de la Subsecretaría y encargada directa del manejo y administración de los fondos por parte de la Subsecretaría; C) la Responsabilidad de los Subsecretarios de Trabajo y Seguridad Social derivada, indirecta o de segundo grado, frente a las inobservancias del empleado infiel y de la habi­litada.

Las responsabilidades son a mi juicio personales y cada una de ellas derivan de sus propias omisio­nes o incumpli­mien­tos.

De tal modo, no encuentro que exista un vínculo obliga­cional que relacione las tres responsabilidades ni norma jurídica que la impongan. Tienen a mi juicio de común el daño sufrido por la Administración, pero ello por sí solo no supone la existencia de la solidaridad.
SENTENCIA:
En Mendoza, a dos días del mes de febrero del año dos mil uno, reunida la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario tomó en consi­deración para dictar sentencia definitiva la causa Nº 65.821, caratula­da: "SILVANO, Jorge Raúl c/Provincia de Mendoza s/A.P.A.".

De conformidad con lo establecido por los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada nº 5845, quedó estable­cido el si­guiente orden de votación en la causa por parte de los señores Minis­tros del Tribunal: primero Dr. Jorge H. NANCLA­RES, segun­do Dr. Carlos BÖHM y tercero Dr. Herman A. SALVINI.


ANTECEDENTES:
A fs. 20/31, el señor Jorge Raúl Silvano por su propio derecho, interpone acción procesal adminis­trati­va en con­tra en contra del fallo Nro. 13.222 del H. Tribunal de Cuentas de la Provincia, de fecha 28 de octubre de 1.998, solicitando la anulación de los resolutivos 3 y 5, por los que se le aplica una multa y además se le formulan cargos por su gestión como Subsecretario de Trabajo y de Seguridad So­cial.

Admitidas las pruebas ofrecidas y agrega­dos los alega­tos presentados por las partes, a fs. 164/168 vta., corre agregado el dictamen del señor Procurador General, quien considera que debe acojerse favorablemente la acción.

A fs. 172, se llama al Acuerdo para sen­ten­cia y a fs. 173 se deja constancia del orden de estudio efec­tuado en la causa por parte de los señores miembros del Tribu­nal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las si­guientes cuestiones a resolver:


P R I M E R A: ¿Es procedente la acción procesal adminis­tra­ti­va interpuesta?
S E G U N D A: En su caso: ¿Qué solución corresponde?
T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.
SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. NANCLA­RES, dijo:

I. El Dr. Jorge Raúl Silvano inicia acción procesal administrativa en contra del fallo Nro. 13.222 del H. Tribunal de Cuentas de la Provincia, de fecha 28 de octubre de 1998, solicitando la anulación de los resolutivos 3 y 5, por los que se le aplica una multa y además se le formulan cargos por su gestión como Subsecretario de Trabajo y de Seguridad So­cial.

Relata que en expediente 368-S-96 caratu­lado Subsecre­ta­ría de Trabajo y Seguridad Social-Ejercicio 1996 se tramitó la rendición de cuentas de la mencionada repartición. Dice que asumió como subsecretario el 25 de marzo de 1996, siendo responsable de la gestión administrativa y contable, a partir de esa fecha.

Después de haber asumido se detectaron diferencias en el saldo de la cuenta corriente bancaria 20081381/4, en la que se depositaban fondos de terceros del banco de Previsión Social- Casa Matriz, situación que la habilitada le informó se debía a errores bancarios y que el mismo banco iba a hacer las recti­ficaciones correspondientes.

Ante la gravedad de las diferencias, según relata Silva­no, ordenó al señor Jefe de Asesores, junto con la Dra Ana María Salas, el Director de delegaciones Osvaldo Marín y el secretario Privado Nicolás Abud, que se trasladaran al banco, a los fines de recibir la información sobre la diferen­cias de saldos de la cuenta, momento en que el actor toma conocimiento que las diferencias no se debían a errores de cómputo, sino que se habían emitido cheques contra esa cuenta.

Destaca que no tomó conocimiento en virtud de algún reclamo de terceros, sino del descubrimiento de este modus operandi a raíz de propias investigaciones y más allá del informe rendido por la habilitación. Ante la situación, señala el propio Silvano, envió una nota al banco solicitando que previo al pago de cualquier cheque se solicitara la auto­riza­ción de la Subsecretaría, se ordenara la prohibición de pago de cheques correspondientes a las chequeras cuestionadas; y se bloqueara toda entrega de documentación. Asimismo ordenó a la nueva habilitada que los cheques fueran emitidos a la orden, con excepción de los fondos de terceros que debían emitirse no a la orden y la exclusión del Director de Delega­ciones y de la habilitada para la emisión de cheques. Asimismo se hizo la denuncia penal, el sumario administrativo corres­pondiente y se dio vista a Fiscalía de Estado, se requirió una auditoría contable, se suspendió preventivamente a la anterior habilita­da, se adscribió a otra persona en esa función, se denunció el hecho al Tribunal de Cuentas y a Inspección Gene­ral de la Gobernación y a las Cámaras de Diputados y de Sena­dores. Todo ello ocurrió entre el 10 y el 17 de febrero de 1997. Se descu­brió una maniobra ilícita.

Cuestiona dictámenes e informes del Tribu­nal de Cuen­tas tendiente a considerarlo responsable de las irregularida­des a fs. 342 vta., 343, 354, 355, 356/58. Se hace mención a las diversas explicaciones y defensas asumidas por Gabutti, Marín, la Dra Bolgan y se refiere a la contestación de los emplaza­mientos administrativos de fs. 567 y 569.-

Critica, básicamente el informe de la Secretaria relatora de fs. 575/577 l el carácter de las impu­taciones muy genéricas y atribuidas a todos, sin distinguir ni precisar las irregula­ridades y que el actor ha sido quien las descubrió y puso las denuncias correspondientes. En ningún momento le hace cargos personales y sí a la anterior subsecre­taria y a su habilitada Dra Bolgan y Contadora Rini.

Objeta la falta de atribución personal hacia su perso­na y la falta de fundamentación de la atribución de la respon­sabi­lidad; así como la de reprocharle la visible adulteración del saldo del extracto y de la conciliación bancaria, siendo que nunca firmó esos documentos ni las certi­ficaciones de dónde surgen las irregularidades.

Básicamente cuestiona el informe de la Secretaria relato­ra y del intento forzado de fundamentar su responsabili­dad. Señala la celeridad con que se le intenta adjudicar la respon­sabilidad a través de lo que denomina actividad comple­menta­ria.

Más adelante el actor intenta rebatir los argumentos del fallo. En tal sentido le cuestiona la adjudica­ción de respon­sabilidad por haber firmado la conciliación bancaria, sin haberse hecho una distinción importante: entre la conci­liación firmadas por el entrante y el saliente, con los ins­trumentos del saldo del extracto y la certificación y que fueron manipu­lados por otros funcionarios. Se hace refe­rencia a la respon­sabilidad personal que se le debe repro­char.

Considera que el Tribunal de Cuentas va más allá de los informes que le anteceden y defiende que la adulteración del saldo del extracto y de la certificación bancaria ocurrió antes de su gestión como responsable del área y ello ha sido correctamente mencionado en el informe de fs. 587 vta. Los argumentos sobre la fecha son utilizados por el H. Tribunal de manera errónea.

En otro orden de cosas le reprocha la actitud de incorpo­rar nuevas pruebas luego de la defensa asumida, afec­tándose con ello el derecho de defensa.

En repaso del orden normativo fundamenta que la ley 4974 confiere el control de tareas de manera gene­ral, pero que el tema específico es resorte de un contador, quien tiene la función especialmente asignada de controlar los depósitos y pagos, debiendo llevar un libro específico y consignar por fecha y orden los ingresos y los egresos.

Por otra parte, tomando el propio fallo le cuestiona que no se halla efectuado una asignación subjetiva de respon­sabi­lidad a los ejecutantes de las conductas detecta­das y se halla optado por un sistema de responsabilidad obje­tiva, cometidas por las personas que el propio actor denunció.

Incursiona en consideraciones doctrinarias y distin­ciones entre la responsabilidad civil, la administra­tiva en general y la contable en especial En tal sentido se recuerda el con­cepto contenido en el art. 130 de la ley 24.156 de administra­ción financiera del Estado Nacional. Trae a conside­ración el art. 40 de la ley 1003 e insiste que las conductas indebidas debieron ser atribuidas a la contadora Rini, como habilitada de la Dra Bolgan y el único fundamento a tener en cuenta según el fallo comentado, es que formó la documentación de conformi­dad. Le reprocha al tribunal que no es fácil descu­brir muchas maniobras y que es difícil investi­garlas y sancio­narlas.

A continuación analiza que las maniobras ya se habían advertido en 1995 y sin embargo, el propio Tribu­nal aprobó las cuentas sin observaciones. Se queja de la situación por haber­la detectado y haberla denunciado en 1997 y un año y medio después de la presentación de la cuenta, se advierten las maniobras y comienza el tribunal las maniobras y comienzan las actuaciones correspondientes. Si no se hubiera denunciado el hecho, a criterio del actor, no se habría detec­tado la manio­bra. También se refiere a la aprobación del ejercicio 1994 a pesar de haber detectado un error banco, se aprueban las cuentas del ejercicio.

Respecto de los vicios que contiene el pronunciamiento se enumeran: a) vicios a la voluntad previa a la emisión del acto (art. 35 ley 3909); b) vicios en la volun­tad en la emi­sión del acto; c) vicio de irrazonabilidad o arbitrariedad (art. 39 ley 3909); d) vicio en la forma del acto (art. 43 ley 3909); e) en el objeto y en la motivación; f) incompetencia en el tiempo. Cita además como violaciones la de los arts. 52 inc. b) 56 inc. c), 60, 63 inc. c), 66 y 68, calificando el acto como inexistente o nulo, conforme los arts. 50 y 72 de la L.P.A.

II. A fs. 66 el Tribunal de Cuentas compa­rece y soli­cita el rechazo de la acción planteada, comenzando con una detalla­da descripción del Expediente 368-S-96 referido al juicio de cuentas y del expte 835-S-97 sobre la denuncia que el propio Silvano hace de las irregularidades detectadas en la cuenta bancaria 20081381/4, fondo de terceros del B.P.S. casa Matriz.

Luego, el H. Tribunal transcribe textual­mente los funda­mentos del fallo N 13.222 dictado por el H. Tribunal de Cuentas con fecha 28 de octubre de 1998, en la parte perti­nente referida a la situación de responsabilidad atribuida al actor y referidas al punto erogaciones sin justi­ficar y en los puntos resolutivos 4 y 5, por los que se formu­lan cargos a la Dra Bolgan y al Dr. Silvano por la suma de $ 52.400 y de $ 25.400 respectivamente, en forma conjunta y solidaria.

En cuanto a las consideraciones acerca de la demanda, el tribunal comienza con un encuadre legal de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, creada por ley provincial 4974 y con los deberes establecidos en los arts. 182 y concordantes de la Constitución Provincial y en los arts. 20, 22 y siguien­tes de la ley 1.003.

El primer planteo sustantivo está fundado en la natu­rale­za especial del H. Tribunal de Cuentas y de su naturaleza jurisdiccional y no de acto administrativo, hacien­do mención a su naturaleza constitucional, a la materia propia de su enten­dimiento y competencia, a su carácter autónomo e independiente de actuación.

Formula una distinción esencial entre acto administra­tivo y acto jurisdiccional, a la naturaleza del juicio de cuentas, a la naturaleza cognoscitiva del fallo y a la activi­dad susti­tutiva de un tercero imparcial.

Más adelante se incursiona en el punto de la naturale­za judicial de la función jurisdiccional o si existe una juris­dicción de tipo diferente y a la exclusividad de la función judicial, al control de legalidad que hace el tribunal de Cuentas.

Se hace mención de su concepción como tribunal espe­cial por parte de la Constitución provincia; a la independen­cia y autonomía del Poder Ejecutivo; al procedimien­to de designación y de remoción de sus integrantes, a sus inmunida­des judiciales a los requisitos para asumir el cargo, a su ubicación dentro del título del Poder Judicial, a los contro­les de constitucio­nalidad del fallo. Los recaudos a cumplir no son los de un acto administrativo, sino los de un acto juris­diccional y que el fallo cuestionado reúne tales exigencias.

En lo sustancial, niega que el actor haya descubierto la maniobra y toma conocimiento casi un año des­pués de haber asumido en febrero de 1997 a través del informe que le brinda la contadora Rini y recién en ese momento toma las medidas relativas a las denuncias y a la instrucción de los correspon­dientes sumarios administrativos. Señala que en las explica­ciones administrativas a fs. 566 del expediente del Tribunal, no acompaña documentos justificativos de su conduc­ta, ni tampoco con la presente acción. Según la demandada, Silvano no se dio cuenta de las irregularidades existentes al asumir el cargo, ni realizó los actos idóneos para deslindar su respon­sabilidad en forma inmediata.

Niega asimismo que los informes realizados por los conta­dores y por la Secretaría relatora no haya tenido los sufi­cientes fundamentos, los mismos están conforme a derecho y se encuentra debidamente fundada técnica y legalmen­te las obser­vaciones planteadas.

Señala que el actor desconoce la importan­cia y validez de las firmas puestas por él en los balances y notas mensuales y de los movimientos de cuentas de saldos trimestrales, al cumplir con el acuerdo 870/74 y al momento de elevar la rendi­ción de cuentas del ejercicio 1996.

Recuerda a vigencia de los arts 69 y 70 de la ley 3799 que responsabiliza a todo empleado o funcionario que interven­ga en la administración de documentos que produz­can efectos en la Administración Pública, es responsable de las certificacio­nes y en tal sentido, Silvano es responsable de los resúmenes mensuales y de las certificaciones de saldos que fueron remi­tidos al Tribunal.

La pretensión del actor de eximirse de responsabili­dad, en virtud de no haber firmado las fotocopias de resumen men­sual de cuenta corriente y la certificación de saldo men­sual de la misma expedida por el banco y que se encuentra grosera­mente adulterada es burda y por demás lige­ra.

El Dr. Silvano firma el acta de cumpli­miento del acuerdo 870/74 y firma todas las actas y documenta­ción que se elevan al tribunal, dando legitimidad a la docu­mentación utilizada. Compulsada y remitida para formular la rendición parcial de cuentas. Se citan los arts. 14 y 15 del referido acuerdo. Se le señalan las facultades que tiene el funcionario entrante para hacerse asesorar y si no hizo uso de ese derecho en el momento de la rendición de cuentas por traspaso de funciones, no puede cuestionarlo con posteriori­dad, ya que con dicha documentación se formula la rendición parcial de cuen­tas.

Desconoce, en otro aspecto que haya exis­tido apresura­miento en el juicio de cuentas y que el mismo conlleve supues­tos errores o deficiencias. El Tribunal ha respetado los plazos y los procedimientos previstos en la ley 1003, contando con los necesarios informes y dictámenes como para producir el fallo.

Tampoco ha existido pronunciamiento para dictar el fallo, ya que el voto disidente de los Dres. Farrug­gia y Zeballos se agrega de conformidad con lo previsto en el art.

3 del acuerdo 1840, de aprobación del Reglamento Inter­no.

Rebate también los argumentos expuestos por el actor en el sentido de que el Tribunal, pese a las irregularidades no ha hecho nada y cita el fallo 13.186 que por el mismo tema y en otro período se le instruía a su ante­cesora Dra. Bolgan.

De las constancias del expediente de juicio de cuentas por el ejercicio 1995, surge con claridad que ambas rendicio­nes fueron analizadas por el Tribunal prác­ticamente en forma conjunta pues este se ingresó con fecha 29-08-97 y el otro el 29 de octubre de 1997. Se hace mención al mismo cargo formu­lado a la Dra. Bolgan por el ejercicio 1995.-

Los responsables no encontraron la docu­mentación origi­nal, ya que como se aclara, se encontraban en Fiscalía de Estado y el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, en expte. 835-S-97 el banco remitió un resumen espe­cial (26/3797) con el movimiento anual de la cuenta cuestiona­da (fs. 103/123), del que se obtuvieron ingresos egresos y saldos finales. Se comprobó que las fotocopias enviadas esta­ban adulteradas y como consecuencia, las conciliaciones co­rrespon­dientes al mes de noviembre y diciembre se efectuaron teniendo en cuenta los saldos falsificados.

Los responsables, en su contestación al requerimiento de la revisión recibida el 29/8/97, agregan nuevas concilia­ciones basadas en los verdaderos saldos fina­les. En estas concilia­ciones se incluyen los cheques N 30711924 del 23/11/95 por $ 3000 y el N 30711892 del 20/12/95 por $ 7.000 no están regis­trados en los libros no se relacio­nan con com­probante alguno. En el análisis de las cuentas del ejercicio posterior se encontraron nuevas diferencias con los cheques N 31524318 del 6/3/96 por $ 40.000 y el N 31556503 del 17/7/96 por $ 20.000.-

La revisión observó que la situación denunciada y la omisión de control en el movimiento de los subsidios, se ha producido por una falta de sistema de control interno, agrava­do por el hecho de que dos personas involucra­das que surgen de la denuncia, realizaban todo el circuito: ingresos, egresos, registración, recepción de correspondencia.

A la fecha, según la información dada por la Revisión Secretaría Relatora, el sumario administrativo se encuentra en etapa de recepción de pruebas, habiéndose imputa­do a la Conta­dora Rini la comisión de hechos configurativos de incumpli­miento de deberes, de conformidad con los arts. 13 incs. a, n, ñ, y p del Decreto Ley 560/73. En relación con el expediente penal, el mismo se encuentra en etapa de instruc­ción. Así entonces, se mantiene la observaciones de los ejer­cicios de la Dra Bolgan y de la Contadora Rini.

En el caso de la primera, la subsistencia se fundamen­ta en omisión e incumplimiento de los deberes de funcionario. La responsabilidad de la funcionaria proviene de la ley 4974, de la cual surge que el Subsecretario de Trabajo y de Seguri­dad Social es la máxima autoridad del organismo y tiene a su cargo entre otras funciones, la de asumir la repre­sentación legal de la Subsecretaria y dirigir y ordenar admi­nistrativa­mente la repartición, controlando el cumplimiento de las funciones y tareas de cada sección.

El Tribunal no tiene elementos de convic­ción que permitan concluir que, de parte de la Subsecretaría responsa­ble, Dra Bolgan, haya habido algún tipo de participa­ción en la maniobra dolosa de apropiación de fondos de la Administración. Por el contrario, si se tiene por acreditado que la omisión de con­troles que debía ejecutar la funcionaria responsable ha permi­tido una maniobra dolosa de apropiación de fondos públi­cos por parte de un agente de la repartición.

La argumentación defensiva articulada, respecto de la designación anterior a los ejercicios de los que resulta responsable la Dra. Bolgan, de la Contadora encar­gada del Departamento de Habilitación, no resulta atendible, porque la ley pone a cargo de la funcionaria, un deber de control y vigilancia que no es delegable. Si se hubieran efectuado mínimos controles sobre los saldos bancarios, no hubiera sido posible la continuidad de la maniobra dolosa ni la reitera­ción de las erogaciones indebidas. Esos mismos controles estaban bajo directa responsabilidad del Subsecreta­rio de Trabajo, en virtud de lo dispuesto por la ley 4974.-

Respecto de la contadora Rini es la res­ponsable direc­ta por los hechos ocurridos al ser la encargada del áreas que maneja el ingreso y egreso de fondos, en virtud de lo dispues­to por el art. 11 de la ley 4974.-

La Secretaria Relatora dictamina que lo señores Gabut­ti y Marín deben ser eximidos de responsabilidad, ya que no se corresponden las atribuciones y deberes conferi­dos con la imputación de los hechos y que el tribunal compar­te.

Luego se habla de las actuaciones sumaria­les insertas en el expediente 817-S-97 para la investigación administrativa y se ha radicado la denuncia penal correspon­diente. Luego, relata que se le formula el cargo a quienes tuvieron la res­ponsabilidad por los fondos de $ 10.000 y el cálculo de los intereses.

Se acredita así que el tribunal actuó diligentemente en ambos ejercicios y detectadas las irregula­ridades produci­das y en el tiempo en que tuvo la ocasión de poder hacer efectivo el estudio de las cuentas rendidas por la Subsecreta­ría de Traba­jo correspondientes a los ejercicios 1995 y 1996, las mismas fueron rendidas extemporáneamente y en forma incom­pleta al organismo de control.

En el apartado 3 de su reclamo "Irregula­ri­dades del trámite en el H.T.C.", el actor plantea la nulidad del proce­di­miento, invocando una supuesta prueba incorporada en las actuaciones del juicio de cuentas a fs. 580/582. Si obser­vamos las fojas señaladas, vemos que lo que obra son fotocopias de la planilla de entrega de cheques de cuenta corriente que emitiera el B.P.S. en donde se encuentra consig­nado el retiro de la chequera realizado por el señor Javier Agüero, entre los cuales se encuentran con los cheques con que luego se practi­can extracciones ilícitas y que se encuentran enunciadas a fs. 55/56 del expediente 835-S-97. Denuncia sobre ilícito, en el informe producido por los audi­tores del Minis­terio de Desarro­llo Social y Salud Lic. Santo­nocito y contador Carlos M. Sacchi y que fuera remitida al tribunal por el propio Dr. Silvano. Entonces, qué nueva docu­mentación incorpo­ra el tribu­nal para hacerlo responsable, si la responsabilidad del actor había sido determinada por la Revisión y por la secretaría Relatora y la fotocopia que se acompaña ha sido suministrada al tribunal por el propio recla­mante.

Al pedir la nulidad del procedimiento, el actor no funda la misma, no invoca el perjuicio, no fundamenta los motivos por el cual dichas fotocopias le ocasionaron un per­juicio en la determinación de su responsabilidad. La nuli­dad por la nulidad misma no es procedente y lo agregado a fs. 580/82 por revisión como parte de su informe (fs. 578/579) no agrega, ni quita nada respecto de la responsabilidad del funcionario, pues la misma ya obraba en el tribunal en el momento de formu­larse la observación y ha sido suministrada por el propio Silvano quien ya conocía la instrumental.

Le cuestiona al actor que pretende despe­garse de la ley de contabilidad y que la misma es una ley general, que no está derogada por la ley de creación de la Subsecretaría de Trabajo y que rige en todo aquello que hace a las obligaciones que la ley impone. Se citan los arts. 1 y 63 de la ley 3799, 5 inc. 4 y 23 de la ley 1003. El Dr. Silvano está obligado a rendir cuentas de su gestión y en la que no se han justificado las erogaciones observadas, todo ello por incumplimiento de las obligaciones de control que le impone el art. 5 inc. 4 de la ley 4794.-

En punto a las responsabilidades subjeti­vas y objeti­vas, el tribunal pretende distinguir responsabili­dad de las conse­cuencias civiles y penales que genera la responsabilidad. El tribunal ya se manifestó en su fallo sobre la responsabili­dad que le cabe al actor por negligencia, al no haber ejercido en debida forma la obligación de control que le impone el art. 5 inc. 4 de la ley 4974.-

No es verdad que al actor se le adjudique exactamente la misma responsabilidad que a la Contadora Rini. A los Dres Bolgan y Silvano se le reprochan otro tipo de responsabilida­des que han sido transcriptos en el considerando IV del fa­llo.

En cuanto a la comparación de los ejerci­cios de 1994 y de 1996 no se estiman comparables, ya que en el ejercicio 1996 hubo adulteración de documentación y las obser­vaciones del ejercicio 1994 fueron debidamente salvadas y apoyadas en la documentación original.

Sobre la responsabilidad solidaria, devie­ne de la aplica­ción de claras reglas jurídicas sustanciales. Una eroga­ción sin justificar constituye un incumplimiento administrati­vo, por lo que tiene el contenido de la ilicitud propio de cual­quier actuación que contraría las obligaciones a cargo de quien la ejecuta.

Si el incumplimiento requirió la actividad coadyuvante de todos los que tenían a su cargo la administra­ción perjudi­cada, es obvio que el perjuicio fiscal devino en una responsa­bilidad compartida. Cualquiera de los cuentadantes responsabi­lizados pudo evitar, mediante el efectivo ejercicio del dere­cho de control el movimiento de la cuenta corriente y se habría evitado el efecto dañoso, de donde la solidaridad proviene de lo dispuesto por los arts. 1109 y 1112 del C.C.

Sobre la incompetencia en razón del tiempo señala la defensa que tampoco ha transcurrido el año, ya que la cuenta ingresa con fecha 29 de octubre de 1997 según las constancias del acta de recepción del ejercicio, ya que según la jurispru­dencia de la propia Suprema Corte de Justicia, el plazo co­mienza a regir una vez que se ha completado toda la documenta­ción que se acompañó el 4/9/97, no se advierte que luego se remite el expte n 92620-S-97. Si bien la gran parte de la documentación es firmada por el Dr. Silvano, de modo que no estaba completa con anterioridad, la nota y firma de eleva­ción de todo el ejercicio se envía con fecha 29 de octubre de 1997 y el fallo N 13.222 se dicta con fecha 28 de octubre de 1998.-

III. El señor Procurador General se pro­nuncia sobre la admisión de la acción procesal administra­tiva. Para llegar a tal conclusión, parte de considerar que a fs. 89 corre resolu­ción que dispuso la cesantía de la contado­ra Rini por razones de negligencia en realizar los controles que le incumben y de las testimoniales se documenta la activi­dad investigadora que ejerce el funcionario dubitado.

De la compulsa del expediente penal no surge imputa­ción de ninguna naturaleza. Descarta las observa­ciones forma­les referidas a la temporalidad como a las forma­lidades mis­mas. Las irregularidades o desprolijidades que pudieran vis­lumbrar­se en la tramitación del juicio de cuentas, no han afectado el derecho de defensa del actor, quien no ha alegado desmedro preciso sobre el extremo.

En cuanto a la responsabilidad administra­tiva del actor por los gastos no acreditados y que han dado lugar al cargo del tribunal de Cuentas en su fallo, procede tener presente que, conforme al art. 30 de la ley 1003, la rendición parcial de cuentas está a cargo de quien haya mane­jado perso­nalmente los fondos y sea responsable directo e inmediato. El art. 24 de la ley, establece la responsabilidad de los habili­tados. Resulta ilustrativo lo actuado en el expediente penal. En tal sentido la Contadora Rini a fs. 50/51 reconoce que había tomado conocimiento de las diferencias entre los regis­tros internos del Banco, es decir que se esta­ban produciendo anoma­lías en la documentación. Consta también que quien tenía el control de la percepción de dinero y la emisión del cheque era el departamento de Habilitación a cargo de la contadora Rini. Se refiere a las pericias contables en el expediente penal a fs. 255 y del auto de procesamiento de la contadora Rini. Y ello es así, puesto que la ley atribuye responsabili­dad de los movimientos contables a Habilitación, a cargo de un Contador. El art. 5 de la ley sólo indica una responsabilidad genérica de la Subsecretaría y lo dispuesto en el inc. 4 no importa poner en cabeza del titular el control específico que le compete a Habilitación.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas no puede exten­der por un acta acuerdo la responsabilidad legal del funciona­rio y tampoco disponer en un cargo solidario cuando ésta no se presume y no se ha declarado un ilícito civil o penal atribui­ble al actor, teniendo en cuenta que se le asigna especialmen­te una función de Habilitado y bajo su responsabilidad tener las cuentas en orden y asesorar al Subsecretario durante su gestión. No procede que el tribunal le asignen una responsabi­lidad objetiva, pues no existió relación causal entre el actuar del reclamante y el hecho por el cual la cuenta no fue aprobada. El deber de reparación queda circunscripto al res­ponsable directo del defecto conta­ble.


IV. MI OPINION:
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