Sentencia c-930/09 inhibicion de la corte constitucional



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Sentencia C-930/09
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia frente a norma que regula supuestos de hecho que se mantienen aún vigentes
Si bien el numeral 6º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo regula, dentro de las obligaciones especiales del empleador, los eventos en que debe conceder licencias al trabajador, la Corte encuentra que algunos de los supuestos de hecho han sido objeto de reglamentación especial, mediante leyes posteriores, disponiendo efectos jurídicos distintos. Así por ejemplo mediante Ley 1280 de 2009, “por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto”, se consagró una regulación especial para el caso de “luto” del trabajador cuyo contrato se rige por dicho Código, excluyendo este supuesto de la causal genérica de “grave calamidad doméstica”, y disponiendo que en ese evento la licencia siempre será remunerada y tendrá una duración de cinco (5) días hábiles. Por su parte, en lo relativo a la licencia “para el ejercicio del sufragio”, el artículo 3° de la Ley 403 de 1997 “por la cual se establecen estímulos para los sufragantes”, hizo obligatorio para el empleador conceder al trabajador media jornada de descanso compensatorio remunerado, por el ejercicio del sufragio. En cuanto a la licencia “para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación” el inciso tercero del artículo 105 del Código Electoral dispone que “los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación, resaltando la Corte en la sentencia C-1005 de 2007 que declaró su exequibilidad, el entendido que los claveros y escrutadores que presten sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo tendrán derecho al beneficio de un día compensatorio de descanso remunerado, siempre y cuando no concurra con otra forma de compensación o beneficio, en los términos y con las condiciones indicadas en la parte motiva de la sentencia. En cuanto a las licencias para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, cuando se trate de servidores públicos cuya relación laboral se rija por el Código Sustantivo del Trabajo, es necesario tener en cuenta que el artículo 13 de la Ley 584 de 2000, “por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo”, adicionó el artículo 416A al Código Sustantivo del Trabajo y en desarrollo de esta disposición, el Decreto 2813 de 2000 en su artículo 1º señaló:“Artículo 1°.- Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las ramas del Estado, sus órganos autónomos y sus organismos de control, la organización electoral, las universidades públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión. Como puede observarse, la norma acusada ha sido objeto de varias modificaciones por obra de leyes posteriores y especiales que regulan algunos de los supuestos de hecho a los que ella se refiere, pero algunos supuestos de hecho como licencias por calamidad doméstica distinta de luto, licencias para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación distintos de los arriba mencionados, licencias para desempeñar comisiones sindicales cuando no se trate de servidores públicos, y licencias para asistir al entierro de los compañeros, continúan siendo regulados por la disposición acusada, por lo que no procedería la inhibición de la Corte, en la medida que estos supuestos mantienen su vigencia.
UNIDAD NORMATIVA-Concepto/PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA-Concepto
UNIDAD NORMATIVA Y PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA-Diferencias
La proposición jurídica incompleta se presenta en aquellas demandas que recaen sobre apartes de una disposición legal que carece de un sentido regulador propio y autónomo; es decir, cuando el demandante impugna un contenido normativo que no es por sí mismo inteligible y separable. En estos supuestos, el retiro del ordenamiento jurídico de tal aparte demandado produciría como efecto que la norma acusada perdiera sentido. En estos casos, al observar que la expresión demandada aisladamente considerada carece de un alcance regulador propio y autónomo que permita llevar a cabo un examen de constitucionalidad, la Corte puede proferir un fallo inhibitorio, o extender el examen al resto del entorno normativo que, con lo acusado, sí llega a alcanzar un sentido regulante inteligible e independiente. En cuanto a la unidad normativa, se constituye en el fenómeno en que la Corte, aplicando lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, puede integrar dicha unidad a fin de evitar un fallo inhibitorio, y se presenta en varias hipótesis: una primera se da cuando la norma acusada o su contenido normativo se encuentran reproducidos en otro u otros textos legales no demandados, de manera tal que la declaración de la Corte -especialmente la declaración de inconstitucionalidad- puede resultar inocua si no se refiere a todas las disposiciones con el mismo alcance regulador. No obstante, en un sentido lato o amplio del concepto, la Corte ha entendido que también se presenta la unidad normativa cuando no es posible pronunciarse respecto de una norma expresamente demandada, sin referirse también a la constitucionalidad de otras disposiciones con las cuales se encuentra íntimamente relacionada. Sin embargo, esta íntima relación entre las normas no es cualquier tipo de relación sino aquella que hace que sea imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones”.
NORMA ACUSADA-Integración de la proposición jurídica completa
En el presente caso, la expresión aquí acusada, aisladamente considerada, indica: “Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador”, resultando claro para la Corte que para la cabal comprensión de esta prescripción legal exige leer el texto íntegro del numeral 6° acusado, ya que sin esta lectura integral, no es posible entender a qué licencias se refiere la expresión acusada, ni estudiar los cargos de la demanda, pues ellos tienen que ver con la particular situación en que se encuentra el trabajador en cada uno de los supuestos de hecho en que según la norma acusada el empleador debe concederle licencias, que no necesariamente serán remuneradas, y cuya extensión en ciertos casos puede ser fijada por él.
SUBORDINACION EN LAS RELACIONES LABORALES-Concepto/SUBORDINACION DEL TRABAJADOR EN CONTRATO DE TRABAJO-Ejercicio de facultad subordinante del empleador sujeto a límites
La subordinación implícita en las relaciones laborales es un elemento de la relación de trabajo, que consiste en la facultad general que las leyes sociales le confieren al empleador para dar órdenes y establecer reglamentos internos a los cuales debe someterse el trabajador, sobre lo que la Corte ha hecho ver que, dependiendo del tipo de labores que deba realizar el trabajador, y de las necesidades que tenga el empleador, éste ejerce en mayor o menor grado su facultad de subordinación, pero esta facultad subordinante no es nunca absoluta, pues encuentra diversos tipos de límites constitucionales. Así, en primer lugar están aquellos que se derivan de la noción de dignidad humana, por lo cual las órdenes del empleador no podrán implicar un trato cruel, inhumano o degradante, ni desconocer las necesidades materiales y morales implícitas en la noción de vida digna; también el núcleo esencial de los derechos fundamentales del trabajador constituye un límite a esta facultad del empleador, pues no serán admisibles aquellas órdenes cuyo cumplimiento ponga en grave riesgo derechos constitucionalmente reconocidos, como la vida o la salud de los empleados, comprometan su libertad hasta el punto de esclavizar al trabajador, o restrinjan irrazonablemente garantías laborales constitucionalmente protegidas, como los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva; la subordinación también se ve limitada por lo pactado en el contrato individual de trabajo y en las demás estipulaciones convencionales, y por las normas y principios generales que rigen las relaciones laborales, al igual que por los límites que se derivan del deber constitucional de solidaridad y los tratados y convenios internacionales que sobre derechos humanos obliguen al país, en cuanto contengan límites expresos a la facultad subordinante de los empleadores.
CONTRATO DE TRABAJO-Contrato sinalagmático
CALAMIDAD DOMESTICA-Concepto/LICENCIA POR CALAMIDAD DOMESTICA-Duración sujeta a principio de razonabilidad
LICENCIAS LABORALES-Concepto/LICENCIAS LABORALES-Clases/LICENCIAS LABORALES-Garantía derivada de los principios de solidaridad y dignidad, y del respecto a los derechos del trabajador/LICENCIAS LABORALES-No pueden ser descontadas del salario del trabajador ni obligadas a ser compensadas en tiempo/CONCESION DE LICENCIAS LABORALES-Obligación del empleador/CONCESION DE LICENCIAS LABORALES-Prohibición de descuento del salario y de la compensación
Hoy en día, la norma acusada, el numeral 6o del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra y regula la obligación del empleador de conceder al trabajador las licencias necesarias para atender a varias situaciones como: calamidad doméstica distinta de luto; desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación distintos de jurado de votación, clavero o escrutador; comisiones sindicales cuando no se trate de servidores públicos, y entierro de los compañeros, siendo esta obligación un desarrollo de los principios constitucionales de solidaridad y dignidad, así como de respeto a los derechos fundamentales del trabajador, y en todos estos supuestos existen razones de orden constitucional que justifican la limitación de la facultad de subordinación del empleador y lo compelen a reconocer la obligatoria licencia laboral. En estas situaciones en las cuales la suspensión del trabajo no obedece a causas imputables ni al empleado ni al empleador, sino a las prescripciones del legislador o a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o a interpretaciones sobre el alcance del derecho fundamental de asociación sindical, hacer que la carga la asuma el trabajador ya sea económicamente mediante el descuento sobre su salario o en trabajo personal con afectación de su derecho al descanso no resulta conforme a la Constitución, ya que para el trabajador el salario y el descanso son derechos fundamentales irrenunciable, en tanto que hacer recaer esta responsabilidad en el empleador no representa una carga excesiva o desproporcionada que implique un rompimiento desmesurado del equilibrio contractual.
CONCESION DE LICENCIAS LABORALES-Excepción a la prohibición de descuento y compensación
No viola la constitución el que se permita al empleador descontar del salario del trabajador, u obligarlo a compensar en tiempo fuera de la jornada ordinaria, la licencia obligatoria que le ha concedido, pero sólo si dicha licencia obedece a razones imputables a la decisión libre y voluntaria del trabajador
Referencia: expediente D-7754
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6° (parcial) del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.
Actor: Helber Moreno Porras.
Magistrado Ponente:

Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB


Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, -quien la preside-, Maria Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Mauricio González Cuervo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,



  1. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Helber Moreno Porras demandó el numeral 6° (parcial) del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.





  1. LA DEMANDA




    1. NORMA DEMANDADA

A continuación se transcribe el texto de la disposición parcialmente demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 27.622, del 7 de junio de 19511. Dentro de él se subrayan y resaltan los apartes parcialmente acusados

Código Sustantivo del Trabajo
(…)
Artículo 57. Obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador:
(…)
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que, en los dos  (2) últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para las licencias antedichas. Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador.”


    1. LA DEMANDA




      1. Afirma el demandante que el aparte subrayado del numeral 6° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo es inconstitucional, en cuanto “contraría directamente los artículos 1º, 2º, 5º, 13, 38, 42 y 53 de la Carta, pues atenta contra la dignidad del trabajador colombiano o residente en este país, al otorgar la facultad al empleador de descontar del salario u obligar a compensar al trabajador en tiempo, los permisos para: a) El ejercicio del sufragio; b) Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; c) En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; d) Para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o e) Para asistir al entierro de sus compañeros.” Expone el actor que en estos eventos el trabajador no puede asistir al trabajo por motivos insuperables, pues debe cumplir con obligaciones de orden democrático, público, civil o familiar, o se encuentra en ejercicio de su derecho constitucional de asociación. Situaciones estas comunes a todos los trabajadores que cumplen sus funciones en el territorio colombiano.

Prosigue el escrito refiriéndose a los elementos que integran “el concepto de trabajo y dignidad del empleado”, y al respecto sostiene que el trabajo (i) tiene como objeto satisfacer necesidades, (ii) es objeto de protección jurídica y (iii) el Estado y el empleador tienen el deber de preserverar la dignidad del trabajador. Se refiere entonces a la noción de subordinación, y explica que ésta se encuentra limitada por el concepto de dignidad del empleado; apoya su argumentación con la cita de la sentencia C-386 de 2000.


Se refiere entonces la demanda a la institución de la calamidad doméstica, concepto que a su parecer cobija aquellas “tragedias familiares que requieren de la presencia del trabajador, tales como la muerte o enfermedad grave de un familiar, catástrofe natural como inundación o incendio de la vivienda”; o “el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida”, así como los daños que por siniestros sufran los bienes del empleado.


      1. Tras estas explicaciones generales, la demanda entra a explicar así el concepto de la violación:




      1. Violación del artículo 1º de la Constitución: Para el demandante, este artículo superior, que consagra como principio fundamental del Estado “el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad”, se ve desconocido por la disposición acusada, pues los empleadores que hacen uso de la facultad otorgada por la norma para descontar o hacer trabajar en tiempo fuera del habitual a aquellos trabajadores que se encuentran en situación de calamidad doméstica, lesionan la dignidad del empleado y su patrimonio en forma injustificada.




      1. Violación del artículo 2º de la Carta: Puesto que este artículo superior prescribe que las autoridades deben procurar que se cumplan “los deberes sociales del Estado y de los particulares”, considera el actor que tal postulado es vulnerado cuando, al amparo de la norma acusada, tratándose de trabajadores que laboran habitualmente los domingos, las empresas hacen compensar el tiempo utilizado por ellos para cumplir con el deber de participar en las jornadas electorales. Afirma que es injusta, inconstitucional y “desmotivante”, la situación en que un particular es “llamado a cumplir el deber civil de ejercer como Jurado de Votación, y es sometido a recuperar el tiempo en otros días de descanso”.




      1. Violación de los artículos 5º y 42 de la Carta: En estos artículos constitucionales se establece que la familia es la base de la sociedad y se consagra el deber estatal de brindarle una protección integral. Como la ley laboral actual no define qué es la calamidad doméstica, no determina su alcance respecto al grado de consanguinidad y tampoco especifica cuántos son los días de licencia para un trabajador que se acoge a esta figura, dice el actor que es el empleador quien al final determina el número de días, y además puede decidir si las remunera o no; lo cual, a su juicio, atenta contra los derechos del trabajador a proteger a su familia en caso de amenaza contra la salud de sus miembros por enfermedad, accidentes, siniestros como incendios, etc. .




      1. Violación del artículo 53 de la Constitución: Al parecer del demandante, la norma acusada es violatoria de los derechos de los trabajadores a que se refiere esta norma superior, porque “permite, sin ningún formalismo de solemnidad, más que el reglamento impuesto por el mismo empleador, transgredir derechos irrenunciables del trabajador”.




      1. Violación del artículo 13 de la Constitución: Dice aquí la demanda que las empresas deben estipular en su respectivo reglamento interno de trabajo, debidamente aprobado por el Ministerio de la Protección Social, las condiciones en las que se deben conceder las licencias por calamidad doméstica; lo cual, estima el actor, quiere decir que cada empresa puede tener un tratamiento diferente respecto al tema, atentando así contra el principio de igualdad. Por otro lado, los empleados públicos tienen derecho a solicitar permisos remunerados de diversa duración, siempre y cuando exista una justa causa. Afirma que el período máximo de estos permisos es de tres (3) días para la Rama Ejecutiva, según lo establecen los Decretos Extraordinarios 2400 y 3074 de 1968. Con base en lo expuesto concluye que “es notoria la desigualdad de tratamiento para con los empleados sujetos al Código Sustantivo de Trabajo, los cuales dependen de la opción del empleador de escoger entre descontar los días de permiso o compensarlos en tiempo”.




      1. Violación de los artículos 25 y 38 de la Carta: La primera de estas disposiciones superiores indica que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. La segunda prescribe que “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. La demanda arguye que la norma acusada desconoce la primera de estas disposiciones, porque no contempla los necesarios permisos para asistir a citas médicas; al parecer del actor, el no otorgamiento de tales permisos atenta contra la salud, vida e integridad del trabajador. Y en cuanto al desconocimiento del artículo 38 por la norma demandada, explica que los permisos sindicales estipulados en la legislación laboral hacen posible que los trabajadores desarrollen el derecho de asociación; por lo tanto, sin estos permisos sería nulo el mencionado derecho, contrariándose así el artículo 38 de la Carta; ahora bien, “como es evidente, descontando del salario los días para ejercerlo u obligando al asociado a laborar en su tiempo de descanso”, se desconoce también dicha garantía de asociación.

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