Sentencia c-124/11



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Sentencia C-124/11

Referencia: expediente D-8217


Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral segundo literal a) parcial del artículo 25 de la Ley 1395 de 2010 “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.”
Actor: Klaus Andrés Prieto Lozada
Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva



Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil once (2011).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Klaus Andrés Prieto Lozada solicitó ante esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral segundo, literal a) parcial del artículo 25 de la Ley 1395 de 2010.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta acción, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, subrayándose el apartado acusado.
Artículo 25. El artículo 432 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
Artículo 432. Trámite de la audiencia. En la audiencia se aplicarán las siguientes reglas:
1. El juez intentará la conciliación, hará el saneamiento del proceso, fijará los hechos del litigio, practicará los interrogatorios de parte en la forma establecida en el artículo 101, y dará aplicación al artículo 25 de la Ley 1285 de 2009.
2. A continuación decretará las demás pruebas y las practicará de la siguiente manera:
a) Oirá el dictamen del perito designado y lo interrogará bajo juramento acerca de su idoneidad y de los fundamentos de su dictamen. De la misma manera podrán las partes controvertirlo. Si el perito no concurre, el juez designará inmediatamente su reemplazo para que rinda dictamen en la fecha de la continuación de la audiencia. En ningún caso habrá lugar a objeción del dictamen.
b) Interrogará a quienes hayan rendido los experticios aportados por las partes y hayan sido citados a la audiencia de oficio o a solicitud de parte.
c) Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los demás.
d) Decretará la práctica de inspección judicial cuando la parte que la solicite no pueda demostrar por medio de una videograbación los hechos sobre los cuales ha de versar aquella.
3. Concluida la práctica de pruebas el juez oirá hasta por veinte minutos a cada parte, primero al demandante y luego al demandado.
4. La sentencia se emitirá en la misma audiencia, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado. Si fuere necesario, podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el pronunciamiento de la sentencia. En la misma audiencia se resolverá sobre la concesión de la apelación.
5. La audiencia se registrará mediante un sistema de grabación electrónica o magnetofónica. En el acta escrita se consignará únicamente el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, los documentos que se hayan presentado, el auto que suspenda la audiencia y la parte resolutiva de la sentencia.
En ningún caso se hará transcripción del contenido de las grabaciones. Cualquier interesado podrá pedir la reproducción magnética de las grabaciones, proporcionando los medios necesarios.
En todo caso, de las grabaciones se dejará duplicado que formará parte del archivo del juzgado.
6. La inasistencia de alguna de las partes hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se fundan las pretensiones o las excepciones, según el caso.
Parágrafo. El juez proferirá sentencia por escrito, sin realizar audiencia, cuando por disposición legal la falta de oposición del demandado determine la emisión inmediata de la sentencia.

 
III. LA DEMANDA


El demandante considera que el enunciado normativo acusado es contrario a de los artículos 2º, 29 y 228 de la Constitución. Para sustentar esta conclusión expresa los argumentos siguientes:
3.1. Encuentra el actor que la norma acusada desconoce el artículo 29 C.P., en tanto establece la eliminación de la objeción del dictamen pericial por error grave, instrumento destinado a la contradicción de las pruebas que hacen parte del derecho de defensa y del debido proceso, y que existía durante la vigencia de la legislación procesal civil anterior. Si se parte de considerar que el derecho al debido proceso tiene carácter fundamental y debe garantizarse en todos los procedimientos, la eliminación en comento atenta contra aspectos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, puesto que impide la contradicción del dictamen pericial por parte de los sujetos procesales interesados en ello. En efecto, para el accionante es imprescindible que los intervinientes en dichos procesos puedan tanto conocer una medida, prueba o procedimiento que los afecte, como controvertirla. De no concurrir esa oportunidad, se negarían garantías constitucionales mínimas que hacen compatible al procedimiento judicial con el derecho al debido proceso.
El demandante recurre a la jurisprudencia de esta Corporación1, con el fin de señalar que el derecho al debido proceso es un límite a la libertad de configuración legislativa en la regulación de los procedimientos. Igualmente, concurre a este grupo de limitaciones la eficacia de los derechos, garantías, principios y valores contemplados en la Carta, así como en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Tales prerrogativas, analizadas en el marco del asunto objeto de estudio, llevan a concluir que la facultad de controvertir pruebas es un componente propio del derecho al debido proceso. Sobre este particular, el actor refiere al derecho a controvertir pruebas y explica cuál es la naturaleza de la objeción por error grave del dictamen pericial, resaltando su importancia en el desarrollo de todo proceso. Dentro de esta argumentación resalta que la etapa de aclaración y complementación del peritazgo, regulado en el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, no es sucedáneo del procedimiento eliminado por la reforma demandada. Ello debido a que en la hipótesis que el dictamen incurra en error grave, el único remedio procesal es la objeción del mismo, que permite la contradicción real de la experticia, mediante la presentación de los argumentos correspondientes, la solicitud y práctica de nuevas pruebas y la intervención de un nuevo perito.
3.2. En lo que respecta al desconocimiento de los artículos 2º y 228 C.P., el demandante señala que aunque el objetivo de la norma es el logro de la descongestión judicial, lo que sería constitucionalmente legítimo prima facie, no puede llegarse al extremo de considerar que por el interés de dar impulso al desarrollo de los procesos se eliminen de forma irracional y desproporcionada etapas del proceso necesarias y urgentes para la protección de los derechos de las partes intervinientes. Ello en la medida en que con la modificación de la norma impugnada se daría mayor preponderancia a la eficacia del procedimiento que a la primacía del derecho sustancial, contrariándose de ese modo el mandato constitucional.
3.3. Por último, a manera de síntesis de los cargos planteados, el actor efectúa un análisis particular de la previsión acusada, con base en el cual concluye que (i) la norma acusada desborda el límite constitucional de la libertad de configuración para crear y modificar los procesos y actuaciones judiciales; (ii) con la eliminación de objetar por error grave un dictamen, se deja a las partes intervinientes sin la posibilidad procesal de controvertir dicha experticia, afectándose con ello los derechos de contradicción y defensa; (iii) la medida cuestionada no es idónea para lograr el fin que pretenden, sino que antes bien ocasionará que los procesos tarden, en tanto la negación de tal contradicción de prueba llevará a las partes a interponer acciones de tutela para proteger su derecho a la defensa, hipótesis que confirma el carácter desproporcionado e irracional en que la norma acusada afecta los derechos mencionados; (iv) luego de realizar un paralelo entre la anterior normatividad y la vigente, el ciudadano Prieto Lozada concluye que la Ley 1395 de 2010, ahorra un termino de diez días, que era usado para que el nuevo perito presentara un nuevo concepto como resultado de la objeción grave, agilización del procedimiento que no se compadece con la violación del derecho de defensa de las partes interesadas en la controversia del dictamen.

IV. INTERVENCIONES
4.1. Intervención del Ministerio de Interior y de Justicia
A través de apoderada especial, el Ministerio de Interior y de Justicia solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la norma demandada. Para ello, afirma que la jurisprudencia constitucional explica cómo el hecho que el legislador establezca que el dictamen pericial no es objetable, no significa que el mismo no pueda ser controvertido conforme al procedimiento establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, el Ministerio refiere a las sentencias C-684/96 y C-876/05, en las que la Corte concluyó que reglas del procedimiento civil que determinan la improcedencia de la objeción del dictamen pericial no son per se contrarias al derecho al debido proceso, a condición que existan otros mecanismos que, como el mencionado, permitan la contradicción de la experticia.
Con base en lo anterior, el Ministerio solicita que en el estudio de constitucionalidad del aparte demandado se aplique lo dispuesto en las providencias referenciadas, ya que son disposiciones similares, por lo que caben los mismos argumentos expuestos por la Corte en dichas oportunidades.
Adicionalmente, señala el Ministerio que para el asunto analizado no debía perderse de vista que el artículo del que hace parte la expresión acusada, permite de manera expresa que en la audiencia del proceso verbal el juez, al decretar y practicar las pruebas, deba (i) escuchar al perito designado por el mismo; (ii) interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad y fundamentos del dictamen; y (iii) permitirle a las partes controvertirlo. En ese sentido, el legislador ha previsto las etapas procesales necesarias para que las partes interesadas ejerzan sus derechos de contradicción y defensa respecto del citado medio de prueba. Estas funciones, conforme lo explicado por la Corte en la sentencia C-830/02, se enmarcan dentro de un criterio más amplio, según el cual el juez ejerce la función de dirección del proceso, por lo que debe asegurar que el dictamen decretado y practicado por él mismo, en desarrollo del principio de inmediación, tenga la suficiente seriedad e idoneidad, de modo que sirva para los fines probatorios del caso.
4.2 Consejo Superior de la Judicatura
La coordinadora de asuntos internacionales y asesoría jurídica de la Rama Judicial, órgano dependiente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, presentó escrito justificativo de la constitucionalidad del aparte demandado. Señala que la Ley 1395/10 tiene como fin principal introducir de manera gradual la oralidad procesal en materia civil, a efectos de lograr que el trámite sea mucho más ágil y eficaz. En cumplimiento de esa finalidad, la norma acusada apunta a eliminar trámites innecesarios al interior de la audiencia referida, tal como la objeción al dictamen pericial, manteniéndose la posibilidad de controvertirlo a través de los mecanismos de aclaración y complementación. En este orden de ideas, el interviniente comprende la objeción como la posibilidad de oponerse al dictamen, para posteriormente correr traslado y proceder a sustentar dicha oposición. Por ende, la reforma introducida suprime la etapa previa a la contradicción y no el momento procesal en que las partes pueden oponerse a la experticia. Así, la demanda está fundada en la indebida confusión entre la objeción del dictamen y la oposición al mismo.
4.3. Universidad Libre
En documento suscrito por los docentes Francisco Edilberto Mora Quiñonez y Fernando Badillo Abril adscritos al Área de Derecho Procesal la Facultad de Derecho, la Universidad Libre solicitó que la Corte declare la exequibilidad condicionada del precepto acusado. Para ello, parten de señalar que la norma acusada debe ser integrada por la Corte con la totalidad del artículo 25 de la Ley 1395/10, pues ese precepto conforma una unidad inescindible, en tanto sus distintos contenidos regulan la institución de contradicción y objeción del dictamen pericial en juicios civiles, sus causales, su trámite, procedencia y resolución. De este modo los docentes proponen integrar la proposición jurídica completa del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, con otras normas que regulan la materia, como el artículo 238 ejusdem, el artículo 44 de la Ley 1395/10 y la Ley 721/01.
A partir de esta premisa, los intervinientes indican que el cargo propuesto se funda en una interpretación inadecuada de la institución jurídica analizada. En contrario, afirman que del texto acusado se desprende la regulación del trámite y contenido de la audiencia concentrada del proceso verbal, tratándose de la prueba pericial y su contradicción, bajo dos supuestos diferentes con dos consecuencias igualmente diversas: Una primera eventualidad se ubica en literal a) del numero segundo del artículo 25 de la ley 1395 de 2010 referida al dictamen pericial, rendido por el perito inicialmente designado en el proceso, o por el que lo ha reemplazado, supuesto en que el legislador permitió a las partes la contradicción apenas sobre los fundamentos del dictamen y prohibió por medio de aparte acusado la formulación de objeciones. El segundo supuesto no cuenta con ninguna prohibición en la objeción del peritazgo, por lo que debe someterse al artículo 238 C.P.C. y se presenta en el literal b) de la norma acusada, en el cual el juez habrá de interrogar a quienes rindieron los experticios aportados por las partes y hubieren sido citados a la audiencia, sea de oficio o petición de estas.
Posteriormente, los docentes citan los precedentes en los que esta Corporación revisó la constitucionalidad de los artículos 516 C.P.C. y 52 de la Ley 794 de 2003, que en su criterio cuentan con el mismo problema jurídico de la norma demandada, por lo que sus reglas jurisprudenciales resultarían aplicables al presente asunto. No obstante, los intervinientes sostienen que esa conclusión no sería predicable del caso planteado por el artículo 44 de la Ley 1395/10 porque la prueba genética a la que refiere dicha norma, es dirimente para acreditar la paternidad, por lo que es imprescindible contar con la posibilidad de objetar esa experticia en particular. Por ende, se requiere declarar la exequibilidad condicionada del precepto en este caso específico, en el entendido que la imposibilidad de objeción “aplica para el dictamen pericial rendido en el juicio, por parte del perito designado por el juez, sin perjuicio de un lado, que el funcionario jurisdiccional en todo caso deba apreciar el experticio de acuerdo con su firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, descartando por completo la incorporación y acogimiento automático y no razonado del mismo; y de otro; que las partes en la iniciativa propia que hoy garantiza el legislador, accedan a los dictámenes periciales extra-proceso que han de servir como medio aprobatorio en el respectivo juicio, en cuyo caso la contradicción y objeción plenas se regirán por lo dispuesto en el articulo 238 C.P.C.;|| Y que la inobjetabilidad del dictamen pericial rendido en juicio, por parte del perito designado por el juez, no será aplicable en ningún proceso de filiación y/o de paternidad o maternidad sea cual fuere su naturaleza, para aplicar lo establecido en el articulo 238 C.P.C.”

4.4. Universidad de Ibagué
El profesor Álvaro González Murcia, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esta universidad, interviene en defensa de la norma demandada. Advierte que la constitucionalidad del precepto se explica en la búsqueda de objetivos constitucionalmente legítimos, en especial la celeridad, a través del juicio oral, de los distintos procedimientos judiciales. Según la Universidad, con fundamento en lo anterior se expide la norma demanda, puesto que busca simplificar los trámites de los procesos judiciales, y lograr la efectividad del proceso oral, con lo cual de manera razonable y proporcionada se materializan los principios de celeridad y eficiencia de la administración de justicia, dentro de un proceso en el cual el juez goza de suficientes facultades, dirigidas a garantizar los derechos de contradicción y defensa de las partes. En esta lógica, el interviniente concuerda con los anteriores en el sentido que de una lectura adecuada de la norma acusada se desprende que la contradicción del dictamen no ha sido eliminada, sino que varió el modo de controvertirlo.
4.5. Universidad Nacional de Colombia
José Francisco Acuña Vizcaya, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de esta Universidad, intervino en defensa de la disposición acusada, para lo cual expuso los siguientes argumentos.
Con base en la jurisprudencia de la Corte2 el interviniente concluye que la libertad de configuración legislativa incorpora la potestad de instituir o derogar las actuaciones dentro de los heterogéneos procedimientos judiciales, como sucede en el caso de la exclusión de la objeción por error grave al dictamen pericial en el trámite verbal.
La Universidad afirma que no se evidencia una intromisión por parte del legislador en el derecho del debido proceso y de defensa, en razón a que los mismos pueden ser ejercidos a través de otras figuras procesales que permiten una efectiva protección de los mismos, impidiendo que se vean desnaturalizados. En efecto, estas acciones pueden llevarse a cabo a través de la complementación o aclaración del dictamen, los alegatos o la impugnación de que trata el artículo 238 C.P.C. Adicionalmente, la posible restricción de los derechos citados se da en pro de la celeridad de los procesos judiciales, la cual, del mismo modo, facilita que estos derechos se satisfagan con prontitud, antes de producirse daños irreparables a los individuos en sus legítimos intereses. Por último, en los eventos en los que, por el objeto del dictamen pericial, este no constituye un mecanismo probatorio en si mismo considerado, no se estaría ante la imposibilidad de contradecir una prueba propiamente dicha.
4.6. Universidad de los Andes
El profesor Horacio Cruz Tejada, director del Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de esta Universidad, expuso sus argumentos en defensa de la norma acusada.
Para sustentar su posición, inicia por señalar que la norma demandada no desconoce los principios del derecho al debido proceso y de la contradicción de la prueba. Resalta que uno de los propósitos de la Ley 1395/10 fue fortalecer la oralidad y unificar los procedimientos. En ese orden de ideas, es imperioso que el debate procesal se surta en audiencias concentradas y que se agote el objeto de las mismas, sin que se produzca el aplazamiento o suspensión sin haber culminado las actividades para lo cual fueron convocadas.
La forma de impugnación del dictamen pericial consagrada en el artículo 238 del C.P.C., está diseñada para un proceso en el que predomina la escritura, pero no para la oralidad como el que dispone la Ley 1395 de 2010. Por ende, resulta necesario replantear la manera como se ejerce el derecho de contradicción de las pruebas. La disposición demandada prevé que en la audiencia del proceso verbal, el juez y las partes oirán al perito y lo interrogarán bajo juramento acerca de la idoneidad y de los fundamentos del dictamen. Así, las partes podrán ejercer el derecho de contradicción de la prueba, a través del interrogatorio que se le formule al perito. En ese orden de ideas, la oportunidad para solicitar complementación o aclaración, o identificar que el dictamen adolece de un error grave, es el interrogatorio que se le hace al perito en audiencia, por lo cual queda incólume el derecho de contradicción. Por último, recuerda que la Corte, en la sentencia C-684/96, determinó que con la restricción para objetar el dictamen pericial que se ordena para justipreciar el interés para recurrir en casación, no se viola el derecho de contradicción de prueba, en la medida en que tal derecho se materializa en otros actos, como los antes descritos.


    1. Universidad del Rosario

El profesor Gabriel Hernández Villareal, director de la Especialización de Derecho Procesal de la Facultad de Jurisprudencia de esta Universidad, expuso sus argumentos sobre la constitucionalidad de la norma acusada.


Antes de iniciar el estudio de fondo de la norma demanda, el interviniente explica cómo el legislador cuenta con una razonable libertad para configurar las estructuras de los procesos judiciales, conferida por la cláusula general de competencia previstas en los artículos 1º y 2º de la Carta Política. De tal modo, al estudiar la norma demandada debe aplicarse el test de razonabilidad en sentido débil, ya que esta es una competencia especifica definida por la Constitución al legislador y por consiguiente la declaratoria de inexequibilidad de la norma solo si el fin que se persigue está prohibido por la Corte o si el medio utilizado no es adecuado o idóneo para obtener dicho objetivo.
Al igual que los demás intervinientes, la Universidad señala que la censura del actor se origina en un error de interpretación de la norma acusada. Ello en tanto el artículo 25 de la Ley 1395/10 no constituye una supresión del derecho de contradicción al dictamen pericial. Por el contrario, el texto de la norma busca hacer compatible al dictamen pericial con el proceso oral, mediante un mecanismo que permite su cuestionamiento en el marco de la audiencia, con la concurrencia de las partes y a través de poderes oficiosos para el juez.
4.8. Academia Colombiana de Jurisprudencia
Cesáreo Rocha Ochoa, miembro y representante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, solicita la declaratoria de la inexequibilidad parcial del artículo 25 de la Ley 1395 de 2010. Indica que el sistema probatorio Colombiano está levantado sobre los principios de contradicción y publicidad de la prueba y, en el caso específico del dictamen pericial, los jueces no pueden darle a una prueba el mérito de convicción si ella ha nacido a la vida jurídica ajena al principio de contradicción y publicidad de la prueba. Por lo tanto, el valor probatorio de la experticia depende de la compatibilidad con dichos principios. Como la norma acusada elimina la etapa procesal para ello, contraría la Carta Política, en especial el derecho al debido proceso. Sobre el particular prevé que ese derecho implica la existencia de unas garantías mínimas con las cuales cuenta el ciudadano y las partes, que constituyen un límite a la libertad configurativa del legislador para crear, modificar los procesos y actuaciones judiciales entre las que se encuentran presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.


    1. Intervenciones ciudadanas.

 

4.9.1. Los ciudadanos Sandra Patricia Achury Urquijo, Jesús David Díaz Campos, Patricia Mora Apolinar y Kelly Johana Marín presentaron escrito con el fin de coadyuvar la demanda. Exponen para ello similares argumentos a los previstos en el libelo. Agregan que la norma acusada viola el principio a la igualdad, pues no se entiende cómo unas pruebas puedan ser controvertidas y otras no, lo cual implica para las partes un desequilibrio jurídico frente al debate probatorio.


4.9.2. Diana Carolina Campos Tovar, interviene como ciudadana y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con el fin de solicitar que se declare la constitucionalidad de la norma. De manera preliminar requiere a la Corte adoptar un fallo inhibitorio, en tanto la demanda se funda en la simple inconformidad del actor con la reforma introducida por la Ley 1395/10, más no plantea un problema jurídico constitucional verificable.
En cuanto a los argumentos para la decisión de fondo, la interviniente expresa similares razones a las utilizadas por los demás intervinientes, en el sentido que la actual normatividad prevé instrumentos para la contradicción del dictamen pericial, enmarcados en el propósito de celeridad de la audiencia.
4.9.3. Miguel Enrique Rojas Gómez, interviene como ciudadano y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con el fin de solicitar que se declare la constitucionalidad de la norma acusada. Para ello reitera el argumento de la ausencia de afectación de los derechos de contradicción y defensa, en razón de la previsión de instrumentos procesales que permiten ejercer esas prerrogativas frente al dictamen pericial.
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