Sentencia c-1056/12



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6.2. Premisa menor: Acerca del impacto del cambio realizado por el Acto Legislativo 1 de 2011 sobre los elementos esenciales de la Constitución de 1991 identificados como definitorios
Según lo ha enseñado la jurisprudencia constitucional, la premisa menor del test de sustitución está integrada por los nuevos elementos que el acto legislativo acusado introduce en la arquitectura constitucional. A partir del recuento de tales elementos puede entonces apreciarse en la premisa de síntesis la magnitud del cambio constitucional operado, y a partir de ello definir si el titular del poder de reforma, el también llamado constituyente derivado, tenía o no competencia para realizar una modificación al texto superior con este específico contenido.
Así las cosas, para determinar el contenido de ese segundo elemento, en este punto la Corte asumirá el análisis e interpretación de la norma acusada a partir de los criterios que la jurisprudencia ha empleado para determinar si en razón a su contenido, algunas reformas constitucionales aprobadas mediante acto legislativo o referendo, configuran verdadera sustitución de la Constitución52. En el presente caso se realizará el estudio de esta norma, en el siguiente orden: en primer lugar conforme al método histórico, luego el literal o semántico, en tercer lugar el teleológico y por último el método sistemático.
6.2.1. Interpretación histórica
La interpretación conforme a este primer criterio consiste en estudiar la propuesta que dio origen a la norma que ahora se analiza junto con los debates y demás incidencias de su trámite legislativo, con el ánimo de conocer la intención aproximada del órgano reformador, la cual resulta relevante para determinar si éste tenía competencia para realizar ese cambio, o si por el contrario, se habría producido una sustitución del texto constitucional.
El Acto Legislativo 1 de 2011 aquí parcialmente demandado tuvo su origen en el proyecto de Acto Legislativo 090 de 2010 Cámara, que fue presentado a consideración de esa corporación legislativa el 6 de septiembre de ese año por el Representante Heriberto Sanabria Astudillo, así como por otros varios congresistas miembros de una y otra cámara.
Originalmente, la propuesta era modificar el texto del numeral 1° del artículo 183 superior (y no su parágrafo), de tal modo que ese numeral 1°, que establece la primera causal de pérdida de investidura tuviera el siguiente texto: “1. Por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen del conflicto de intereses, con excepción de lo relacionado con su participación en debates y votaciones de actos legislativos”, en el que el texto subrayado es el que se proponía adicionar, mientras que el que lo antecede era el texto original de esta misma norma.
En la exposición de motivos que acompañó a este proyecto, sus autores justificaron la necesidad y conveniencia del cambio normativo propuesto a partir de estas consideraciones: i) que la configuración (original) de esta norma constitucional “no permite desarrollar a plenitud el ejercicio congresional (…) pues el temor ronda a los Senadores y Representantes cuando votan una iniciativa de Acto Legislativo prevenidos de no caer en esa disposición creada para sanear las costumbres políticas de la época…”; ii) la escasa probabilidad de que se presenten verdaderos conflictos de interés en cabeza de los congresistas durante el trámite y votación de reformas constitucionales, debido a que “…las disposiciones de rango constitucional se limitan a declarar valores, principios y derechos y establecer regulaciones fundamentales sobre la organización y funcionamiento del Estado”, postura que se sustentó con citas parciales de la sentencia C-1040 de 2005 de esta corporación53; iii) la distinta naturaleza e implicación de la figura de los conflictos de interés, dependiendo de si se refieren a la actividad judicial o a la legislativa, pues en razón a la naturaleza política de esta última, esa institución resultaría inaplicable a los actos que la conforman; iv) el hecho de que, pese a estas circunstancias, la Constitución dejaba abierta la posibilidad de que los congresistas fueran acusados de conflicto de intereses por la participación que hubieran tenido en la aprobación de reformas constitucionales, lo que afectaba indebidamente la autonomía con la que debían cumplir tan importante misión.
Esta iniciativa hizo rápido tránsito por las corporaciones legislativas, siendo aprobada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 29 de septiembre de 2010 y en la plenaria de la misma corporación el 12 de octubre siguiente. Las ponencias que precedieron el debate y aprobación de esta iniciativa en estas dos primeras instancias legislativas54 siguieron de cerca la exposición de motivos y citaron de manera reiterativa las mismas razones presentadas en aquella, entre ellas la reflexión sobre la general improcedencia de los conflictos de interés durante el trámite de las reformas constitucionales y las citas del fallo C-1040 de 2005 de esta Corte.
Por su parte, los debates legislativos cumplidos durante esta primera fase55 fueron rápidos y expeditos y estuvieron enmarcadas por cortas intervenciones de algunos representantes que subrayaron la simpleza de esta iniciativa tanto como su gran importancia, a partir de la necesidad de que el Congreso pueda ejercer libremente la función de reformar la Constitución sin necesidad de detenerse a considerar conflictos de interés normalmente inexistentes y sin que sus miembros deban soportar la recurrente posibilidad de ser objeto de acciones de pérdida de investidura como resultado de su participación en tales procesos de reforma. Este proyecto fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por 25 votos favorables56 y en la plenaria de la misma corporación por 105 votos, en ambos casos sin que hubiera votos en contra.
Al pasar al Senado de la República, se le asignó a este proyecto el número 17 de 2010 Senado, siendo también aprobado, en la Comisión Primera el día 24 de noviembre de 2010 y en la correspondiente plenaria el día 2 de diciembre de ese mismo año57. En este caso las ponencias, si bien incorporan un análisis ligeramente más extenso, siguen también la misma línea de los documentos previos, en los que se atribuye gran importancia a la postura de esta corporación en torno a la baja probabilidad de los conflictos de interés frente a la elaboración de normas constitucionales58.
A lo largo de esta etapa del trámite el texto de la norma propuesta sufrió algunas modificaciones puramente gramaticales, aunque no en su contenido y efecto práctico. Al terminar la primera vuelta del trámite de este acto legislativo, la norma aprobada era (como ocurrió finalmente) de adición al parágrafo del artículo 183 superior, bajo el siguiente texto: “La causal 1 en lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los Congresistas participen en el proceso legislativo constituyente”59.
Con todo, en esta fase se escucharon dos voces disidentes, de senadores que manifestaron preocupaciones de diverso grado frente a esa propuesta, al resaltar la posibilidad de que en la práctica, al menos en algunos casos, se presenten los conflictos de interés que esta norma descarta de manera absoluta, posibilidad que, sin embargo, fue reiteradamente negada por otros de los presentes, al estimarla como de remota ocurrencia. Finalmente, en la Comisión Primera el proyecto fue aprobado por 17 votos a favor y 1 en contra, mientras que en la plenaria del Senado se registró una mayoría de 47 votos a favor y 5 en contra.
Al iniciarse el trámite de la segunda vuelta, el proyecto fue nuevamente aprobado en la Comisión 1ª de la Cámara y en la plenaria de esa corporación durante las sesiones de los días 22 de marzo y 5 de abril de 2011, sin que se registraran votos en contra60. También en estos casos, las ponencias siguen la misma línea argumentativa observada en etapas anteriores del trámite61, sobre todo durante el primero y segundo debates ante esas mismas instancias legislativas, sin añadir ningún aspecto novedoso.

Así mismo, una vez más el texto sufre mínimas reformas, manteniéndose la idea de modificar el parágrafo del artículo 183 superior y no su numeral 1°. En este caso la hipótesis frente a la cual no aplicarían los conflictos de interés se definió como “la discusión y aprobación de Actos Legislativos”.


Finalmente, este proyecto surtió sus dos últimos debates ante la Comisión 1ª y la plenaria del Senado los días 27 de abril y 11 de mayo de 2011, en su orden62. En esta etapa las ponencias63 recogieron los mismos argumentos de las anteriores, además de lo cual insistieron en la necesidad de precisar la improcedencia de los conflictos de interés dentro del trámite de las reformas constitucionales, para así evitar la desgastante tramitación de esos conflictos, usualmente con resultado negativo.
Ahora bien, pese a que la última ponencia reconoció la existencia de algunas voces disidentes durante el séptimo debate, simultáneamente hizo alusión a la urgencia e importancia de terminar con la indebida presión que sobre el ánimo de los congresistas implicaba la posibilidad de ser acusados de conflicto de interés en estas circunstancias y de afrontar el consiguiente proceso de pérdida de investidura, cuando la probabilidad real de que se configuren estos conflictos en ese escenario es remota o casi nula. Finalmente, una vez más se incluyeron citas parciales de la breve reflexión que sobre este tema realizó la Corte en la ya citada sentencia C-1040 de 2005. En todo caso, la final votación aprobatoria de este proyecto en octavo debate ante la plenaria del Senado fue por unanimidad de los asistentes, después de decidirse omitir la lectura del articulado y de que no se presentara ningún tipo de intervenciones de los Senadores presentes, ni a favor ni en contra de su aprobación.
El anterior recuento sobre el tránsito legislativo de este proyecto permite realizar las siguientes observaciones:
El objetivo del proyecto se planteó de manera clara desde su presentación, y se mantuvo constante a lo largo de la totalidad del trámite. Para los autores y ponentes de esta iniciativa, existía la necesidad de clarificar la improcedencia de un tema (los conflictos de interés frente a las reformas constitucionales) que pese a su clara imposibilidad lógica y fáctica, resultaba viable a la luz de las normas superiores entonces vigentes. En justificación de esta tesis se citó en forma insistente un texto de la jurisprudencia de esta corporación64, en el que a manera de obiter dicta, se aludió a la baja probabilidad de que se presente este tipo de conflictos durante el trámite de reformas constitucionales. Sin embargo, y de manera genérica, se habló repetidamente de la existencia de unánime y reiterada jurisprudencia, tanto de esta corporación como del Consejo de Estado, resaltando que simplemente se trataba de dar rango constitucional a una postura jurisprudencial consolidada.
En cuanto al texto, se observó que si bien se presentaron parciales cambios de enfoque, en primer término respecto de cuál debía ser el precepto modificado o adicionado, y más adelante en torno a los términos específicos del nuevo texto constitucional, ese contenido normativo habría sido constante y equivalente, pues en todos los casos se apuntó a exceptuar el trámite de los actos legislativos de la posibilidad de predicar conflicto de intereses, de tal modo que el congresista que llegare a incurrir en este tipo de conflicto no pudiera ser objeto de la sanción de pérdida de investidura.
En tercer lugar, debe destacarse la manifiesta intención de remover una diligencia recurrente, que según se estimó por la mayoría, resultaba innecesaria. En este sentido se aludió a la importancia de agilizar el trámite legislativo constitucional, que en no pocas ocasiones se habría visto entrabado por la realización de esa diligencia, lo que normalmente no alteraba la evolución del trámite, pero sí añadía serias e innecesarias preocupaciones a los legisladores.
Finalmente, se observó también que pese a haberse registrado algunas pocas voces disidentes que durante el trámite del proyecto expresaron preocupación por la posibilidad de que excepcionalmente se presenten los conflictos de interés que la norma propuesta y tramitada excluyó de manera absoluta, esas posturas fueron absolutamente marginales y aparentemente no tuvieron ningún eco, pues no afectaron la casi unanimidad con que el proyecto fue aprobado durante los ocho debates reglamentarios, con la participación y el concurso de todas las bancadas parlamentarias.
La Corte vuelve en el espacio correspondiente sobre el significado e implicación que las indicadas circunstancias del trámite legislativo pudieran tener para la decisión sobre la acusación de sustitución constitucional que en este caso se ha planteado respecto del Acto Legislativo 1 de 2011.
6.2.2. Interpretación literal o semántica
El análisis de la norma demandada conforme a este criterio consiste en estudiar el texto normativo a partir de los conceptos y palabras que emplea, indagando por el significado preciso de cada uno de ellos.
Según ha quedado planteado en varios apartes de esta providencia, entre ellos al comienzo de este punto 6, el efecto concreto del Acto Legislativo acusado es el de introducir una excepción a la aplicación de la regla contenida en el numeral 1° del artículo 183 de la Constitución Política, que trata sobre la sanción política de la pérdida de investidura, y las causales que dan lugar a su aplicación.
Según lo determina la norma acusada “La causal 1 en lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los Congresistas participen en el debate y votación de proyectos de actos legislativos.”. La norma, que como se recordará, viene a ser parte del parágrafo del artículo 183, alude al hecho de que conforme al numeral 1° de ese mismo artículo, la violación del régimen de conflictos de interés es una de las causales de pérdida de investidura. No obstante, como consecuencia de este cambio, esa situación no tendrá aplicación cuando se hubiere presentado durante el debate o votación de proyectos de acto legislativo, denominación que conforme a lo establecido en el Reglamento del Congreso65 y en la terminología jurídica colombiana vigente se aplica a las reformas constitucionales aprobadas por ese órgano legislativo.
De entrada señala la Corte que no obstante la extrema brevedad y concisión de su texto, la norma acusada tendría un significativo efecto sobre varios de los elementos esenciales de la Constitución de 1991, que en el punto 6.1 anterior quedaron reseñados. A continuación pasa la Corte a analizar esas implicaciones.
En primer lugar, puede apreciarse que la norma acusada impacta la actuación de los miembros del Congreso, que según se explicó, es quizás el más importante y representativo de los órganos constituidos previstos en el texto superior, cuando ejerce una de sus más trascendentales funciones, como es la de reformar la Constitución Política. Estas solas circunstancias son claramente determinantes frente a la implicación de este nuevo precepto superior.
Seguidamente, y sin perjuicio del posterior análisis de los distintos conceptos jurídicos presentes o incidentes en este precepto constitucional, debe resaltarse el significado e implicación de la regla que ella establece: quiere decir que en cualquier caso en que un congresista hubiere participado dentro del debate y/o votación de una reforma constitucional no tendrán incidencia alguna, –no tendrá aplicación– la eventual presencia de conflictos de interés. La expresión utilizada en el presente caso resulta exacta, en cuanto implica que pese a la posible o probada existencia de tales conflictos en el específico escenario de que se trata, –debate y votación de actos legislativos o reformas constitucionales–, ellos no serán considerados ni tenidos en cuenta, y especialmente que no causarán el efecto jurídico que conforme al texto superior original y en ausencia de esta reforma se hubiera producido, cual es la pérdida de investidura del congresista infractor frente al régimen de conflictos de interés.
Esa específica situación, el hecho de que no se tengan en cuenta los conflictos de interés que pudieran observarse durante el trámite de las reformas constitucionales, es la que sustenta la mayoría de los cuestionamientos, tanto de los actores como de varios de los intervinientes, conforme a los cuales esta norma implicaría una parcial sustitución de la Constitución, que estaría reflejada en varias circunstancias específicas que afectan o desvirtúan distintos mandatos constitucionales. Sin embargo, la Corte encuentra necesario proceder a dilucidar primero si los referidos conflictos de interés cuya consideración excluye esta nueva norma constitucional pueden presentarse o no en la realidad y qué tan factible resultaría su ocurrencia, pues de ello depende de manera determinante que esa exclusión resulte contraria al texto constitucional, como se ha sostenido en este proceso, o por el contrario, que sea plenamente legítima, como lo entendió el Congreso de la República durante el trámite de estudio y aprobación de la iniciativa que vino a convertirse en el acto legislativo acusado.
Para esto se debe comenzar por precisar qué se entiende por conflicto de interés, para lo cual resulta necesario remitirse a las decisiones del Consejo de Estado, que en cuanto tribunal encargado de decretar la pérdida de investidura que se derivaría de la infracción a ese régimen, en desarrollo del artículo 183 superior, es el principal intérprete autorizado de esos conceptos.
De los pronunciamientos ampliamente reiterados del máximo juez de lo contencioso administrativo puede recordarse de manera general que ocurriría un conflicto de interés cuando se presenta “una concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla” .
En la misma línea, y en lo que atañe específicamente a la situación de los miembros del Congreso que de conformidad con el numeral 1° del artículo 183 de la Constitución se hacen acreedores a la pérdida de investidura, se ha requerido la presencia de cuatro elementos, unos objetivos y otros subjetivos, a saber: “1) La participación efectiva del parlamentario en el procedimiento legislativo o en los mecanismos de control; 2) la existencia cierta y demostrable, que de la aprobación de una determinada ley se derivan beneficios morales o económicos para el congresista, sus familiares o sus socios; 3) que el beneficio que persiga o se obtenga con la ley no puede ser catalogado como general, sino de carácter particular, y 4) que el congresista tenga la intención de beneficiar a sus familiares, a sus socios o a sí mismo. ”.
De otra parte, en lo que atañe, por ejemplo, a los aspectos o actuaciones del congresista respecto de los cuales podría predicarse la existencia de conflicto de interés, ha dicho también el máximo tribunal contencioso administrativo que “…la situación de conflicto de interés que puede presentarse en un asunto o materia de conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha precisado la Sala Plena, los miembros del Congreso tienen otras funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. 66.
A partir de los anteriores conceptos puede ahora determinarse si desde el punto de vista conceptual, cabe la posibilidad de predicar la existencia de conflictos de interés cuando los congresistas participan del trámite y aprobación de los actos legislativos, o lo que es lo mismo, reformas constitucionales. Esta corporación ciertamente efectuó algunas consideraciones sobre ese particular en la ya citada sentencia C-1040 de 2005, antecedente que el Congreso de la República tuvo como principal sustento constitucional de la propuesta, finalmente elevada a norma superior, de excluir la posibilidad de reconocer la presencia de conflictos de interés en el trámite de reformas constitucionales. También los actores y los intervinientes dentro del presente proceso basaron muchas de sus alegaciones en distintos apartes y consideraciones de este fallo.
A este respecto, es claro que en esa ocasión la Corte Constitucional, invocando su propia jurisprudencia, así como la del Consejo de Estado, sostuvo que por regla general “…no cabe plantear impedimentos o recusaciones por conflicto de intereses con motivo del trámite de una reforma constitucional; estas figuras únicamente son procedentes en casos excepcionales en los que aparezca claramente demostrada la existencia de un interés privado concurrente en cabeza de un miembro del Congreso.”
Para trazar esta regla general, la Corte tuvo en cuenta el carácter usualmente genérico de las normas constitucionales, las que normalmente contienen la enunciación de principios, valores, derechos y deberes, así como las principales reglas de organización del Estado, respecto de las cuales resultaría difícil, si no imposible, afirmar la existencia de algún efecto directo y específico sobre personas determinadas. Como es evidente, esa circunstancia incide directamente sobre varios de los elementos identificados por el Consejo de Estado como necesarios para que pueda predicarse conflicto de interés, entre ellos la existencia cierta y demostrable respecto de que de la aprobación de una norma específica se derivarán beneficios morales o económicos para el congresista, sus familiares o sus socios, el carácter particular del beneficio que se persiga o obtenga con la aprobación de esa norma, o la intención expresa de obtener ese beneficio o de prodigar una ventaja de este mismo tipo a otras personas con las cuales tenga relación cercana, tales como familiares o socios67.
Sin embargo, tal como puede comprobarse con la lectura de la citada sentencia C-1040 de 2005, la Corte en ningún momento excluyó de manera absoluta la posibilidad de predicar la existencia de conflicto de interés en el trámite de las reformas constitucionales. Ello resulta cuando menos de la ya citada precisión de tratarse de una regla general (la improcedencia de los conflictos de interés dentro del trámite de las reformas constitucionales), así como de la posibilidad, reconocida inmediatamente a continuación, según la cual, no obstante lo dicho, esas figuras sí serían procedentes en casos excepcionales.
Ahora bien, más allá del contenido específico de ese pronunciamiento anterior, es evidente que desde el punto de vista conceptual no podría excluirse de manera general y absoluta la posibilidad de que ocurran conflictos de interés en estos casos, como parecería desprenderse del contenido del acto legislativo que en este caso ha sido demandado. Ello por cuanto, si bien es cierto lo dicho en relación con el contenido típico de las normas constitucionales, y su carácter predominantemente genérico, no puede perderse de vista, más aún dentro del proceso de constitucionalización del derecho vigente en Colombia desde el advenimiento de la carta de 1991, que en realidad cualquier tipo de regla o contenido jurídico, incluyendo aquellos que tengan un carácter marcadamente individual y particular, podría ser elevado al nivel de precepto constitucional, siempre que existan las mayorías y la decisión política necesaria para ello, generándose así la posibilidad de plantear un conflicto de ese tipo68.
Además de esa posibilidad, puede ocurrir también que se establezcan o reformen disposiciones superiores que aunque en principio tengan carácter general, en virtud de situaciones particulares de personas específicas, produzcan efectos directos con las características definidas por el Consejo de Estado en cabeza de tales personas69.

En este escenario sería igualmente factible predicar la existencia cierta de conflictos de interés en cabeza de los miembros del Congreso, los que sin embargo no darían lugar a la pérdida de investidura de aquellos senadores y/o representantes que, pese a esa circunstancia, hayan tomado parte activa en el debate, votación y aprobación de tales normas.


En los anteriores términos queda aclarado entonces cuál es el sentido literal, así como el efecto preciso de la norma acusada.
6.2.3. Interpretación teleológica
La interpretación de la norma conforme a este criterio consiste en auscultar cuál fue exactamente el propósito con el que fue aprobada, lo que en este caso constituye criterio adicional para determinar si, como lo sostienen los actores, su expedición habría causado una sustitución constitucional.
En este caso, según se determinó a partir del análisis del trámite que precedió a su aprobación, la intención con que esta norma fue propuesta y aprobada tuvo que ver con la posibilidad de omitir el planteamiento, análisis y votación de eventuales conflictos de interés dentro del trámite de los actos legislativos o reformas constitucionales, el cual se estimaba inoficioso, al considerar que es tan baja la frecuencia con que ellos podrían ocurrir, que los que se formulan casi siempre son descartados. De otro lado, se explicó que pese a ser tan escasa esa posibilidad, la consideración según la cual es posible la ocurrencia de tales conflictos, exponía injustificadamente a los congresistas a la posibilidad de ser objeto de acciones de pérdida de investidura que no deberían afrontar.
Así las cosas, el objetivo que se proponía conseguir con la aplicación de esta norma consiste en la eliminación de un trámite que se juzgó como innecesario, así como la exclusión de un riesgo que se consideró desproporcionado e injustificado, en razón a la ínfima posibilidad de ocurrencia de la situación que con anterioridad a la norma se pretendía sancionar, y la consiguiente posibilidad de distorsiones en perjuicio de las personas sancionadas.
6.2.4. Interpretación sistemática
Finalmente, es del caso estudiar, conforme a este método, cómo debe entenderse el contenido normativo acusado en relación con las demás disposiciones superiores, a partir de lo cual podría establecerse su eventual impacto sobre el texto constitucional en su conjunto.
Como punto de partida de este análisis deberá tenerse en cuenta que según ha quedado establecido, es materialmente factible la ocurrencia de conflictos de interés durante el trámite y aprobación de las reformas constitucionales, pese a lo cual, por efecto del Acto Legislativo 1 de 2011, aún en caso de presentarse esa situación, ello no daría lugar a que se aplique la sanción de pérdida de investidura a que se refiere el artículo 183 superior.
Respecto de la relación entre esta regla y los demás preceptos constitucionales, tanto los actores como la mayoría de los intervinientes consideraron que por efecto de la norma acusada no regirán ya para el caso de las reformas constitucionales el principio contenido en el artículo 1° sobre prevalencia del interés general, la obligación que conforme al artículo 133 superior tienen los congresistas de actuar consultando la justicia y el bien común, ni tampoco el deber de les impone el artículo 182 de poner en conocimiento de la cámara a que pertenezcan las situaciones de carácter moral o económico que pudieren inhibirles de participar en el trámite de asuntos sometidos a su consideración. Únicamente el Ministerio de Justicia estimó que esta nueva regla constitucional no tendría esos efectos, pues aun cuando la norma acusada descarta a priori la existencia de conflictos de interés y con ella la posibilidad de aplicar la sanción de la pérdida de investidura, esos deberes subsisten.
En relación con este punto, la Corte encuentra válido considerar que la norma acusada no deroga ni causa modificación al texto de los artículos 1°, 133 y 182 del texto superior, por lo que en sentido estricto, subsisten todas las obligaciones en ellos previstas. En efecto, no podría entenderse que este nuevo mandato causa excepción a las reglas generales contenidas en el artículo 1° sobre prevalencia del interés general, 133 que impone a los congresistas el deber de actuar y votar en ejercicio de sus funciones consultando la justicia y el bien común, como tampoco la previsión del artículo 182 que les ordena declarar las situaciones que puedan resultar perturbadoras del ánimo y el buen juicio en la toma de determinadas decisiones.
Sin embargo, encuentra la Sala que no es menos cierto que la expresa desaparición de la consecuencia negativa que tendría la ocurrencia no declarada de una situación de conflicto de interés en el trámite de actos legislativos (que no sería otra que la pérdida de investidura) implica que en realidad podrían presentarse situaciones claramente contrarias a la moralidad pública y a los mandatos previstos en esas normas superiores. Ello por cuanto, la asegurada ausencia de sanción frente a tales situaciones bien podría conducir a la no declaración de los conflictos observados, y a la actuación dentro de ese importante trámite, de personas que habrían de considerarse impedidas en razón a la existencia de esos conflictos.
Esta percepción resulta reforzada por el hecho de que, según quedó demostrado en el punto 6.2.1 anterior, durante el trámite del acto legislativo ahora cuestionado se buscó expresamente prescindir de la diligencia de declaración y votación de eventuales conflictos de interés durante el trámite de las reformas constitucionales, que al amparo de una discutible interpretación de un fallo de esta corporación, se estimaba inoficioso. Así, queda claro que el entendimiento que sobre esta norma tendrá, al menos de manera prevalente, el Congreso de la República (que es simultáneamente su autor y su destinatario) es el de que a partir de su aprobación no será necesario detenerse a efectuar declaraciones como las que resultan de los deberes establecidos en el artículo 182 superior, lo que a su turno puede generar situaciones en que los legisladores que intervienen en el trámite de una reforma constitucional, obren a espaldas de la justicia y el bien común, pese al claro e inexcusable mandato del artículo 133 ibídem.
De otra parte, la situación descrita implica que en caso de presentarse de manera efectiva conflictos de interés durante el trámite de una reforma constitucional ello no impedirá la participación de los afectados en esas diligencias pues, se repite, pese al deber de declarar la existencia de situaciones perturbadoras, ellas podrán ser deliberadamente calladas, habida cuenta de la total ausencia de consecuencias negativas al respecto. Esta situación se traduce en la posibilidad de que los miembros del Congreso, e incluso un número importante de ellos, participen del trámite de las reformas constitucionales aunque los cambios propuestos generen un beneficio directo para ellos y/o para sus parientes o personas relacionadas, e incluso que se promuevan tales reformas con ese específico propósito. En otras palabras, la existencia de esta norma podría en la práctica entenderse como una dispensa a los integrantes del poder legislativo para que puedan impulsar y/o participar de la adopción de modificaciones al texto constitucional en interés propio o en el de otras personas cercanas, lo que facilita que las más importantes decisiones públicas puedan ser indebidamente condicionadas por la presencia y prevalencia de intereses particulares.
Ahora bien, la institución de los conflictos de interés, por cuya infracción la norma superior de 1991 estableció para los congresistas la grave sanción de la pérdida de investidura, busca resguardar y hacer posibles varios importantes valores constitucionales previstos desde el preámbulo y los primeros artículos de la carta política, entre ellos la igualdad, el conocimiento, la existencia de un marco jurídico democrático y participativo, la vigencia de un orden político, económico y social justo, el pluralismo, la solidaridad o la diversidad étnica y cultural, pues se constituye en un mecanismo efectivo que permite evitar que las personas que participen en las decisiones públicas lo hagan movidos por intereses personales que les aparten de la defensa de tales valores superiores.
Contrario sensu, todos esos valores, cuyo elemento común y distintivo es el de ser emanaciones del principio democrático, podrían verse afectados si el texto superior pudiera ser modificado con la activa participación de personas que derivarían provecho o beneficio de tales reformas, sea para ellos mismos o para personas allegadas. Bajo esta consideración, la supuesta improcedencia de los conflictos de interés dentro del trámite de las reformas constitucionales permite y facilita la lesión a esos importantes valores, por lo que la norma acusada crea un impacto que se extiende a otras importantes disposiciones constitucionales, entre ellas a las que establecen y sustentan el principio democrático.
De otra parte, según lo anunciado en acápites anteriores, es necesario considerar el efecto que de manera general tiene una disposición como la demandada sobre la específica configuración de los mecanismos de reforma constitucional, y a partir de ello sobre el principio de separación de poderes o sobre la posibilidad de que los electores ejerzan control sobre los servidores públicos elegidos.
Según se observa, más allá de la pretendida improcedencia de los conflictos de interés durante el trámite de las reformas constitucionales, la adición realizada al texto del artículo 183 superior tenía la finalidad de remover algunas dificultades prácticas que frecuentemente empantanaban el trámite de esas reformas y, según se explicó, estorbaban el libre ejercicio de tales facultades por parte del Congreso. Esas dificultades consistían, de una parte, en la necesidad de declarar y someter a la consideración de las comisiones y/o plenarias la posible existencia de conflictos de interés, que en ese escenario sería una ocurrencia altamente improbable, con lo que ese trámite, especialmente si afectaba a un número considerable de congresistas, podía traducirse en mayores demoras y obligadas dilaciones en el trámite de las referidas reformas. Y de otra, en la latente posibilidad de ser cuestionados mediante la temida acción de pérdida de investidura, en caso de existir un entendimiento diferente al del interesado en torno a la posible existencia de conflictos de interés, que como se repite, se asumían como una situación de muy escasa ocurrencia.
A partir de la claridad y la insistencia con que estos “problemas” quedaron planteados tanto en el respectivo proyecto como durante el trámite que precedió a la aprobación de esta norma, encuentra la Corte que la “solución” propuesta y aprobada por los legisladores partícipes del trámite del Acto Legislativo 1 de 2011 causa un cambio importante y definitivo respecto de la real posibilidad de reformar la Constitución Política, frente a la viabilidad que antes podían tener esas modificaciones, lo que según se verá, resulta determinante para concluir que esta norma implica una clara y verdadera sustitución del texto superior.
En efecto, es claro que, tal como lo destacaron durante ese trámite los autores y ponentes de esta iniciativa, la existencia de una norma como la ahora demandada permite una considerable agilidad adicional en el trámite de los actos legislativos, que según la práctica constitucional colombiana son el principal y más frecuente mecanismo de reforma a la Constitución. Ello por cuanto, los congresistas no tendrán que emplear tiempo durante los debates del trámite legislativo en el planteamiento, discusión y decisión de los posibles conflictos de interés, cuya eventual ocurrencia ha sido descartada de plano por la norma, además de lo cual, han excluido de tajo la preocupación que pudiera significar la posibilidad de ser objeto de una acción constitucional de pérdida de investidura por su omisión o por el incorrecto manejo de los eventuales conflictos de interés frente al contenido de tales reformas.
De esta manera, y dando alcance a lo explicado en el punto 6.1 anterior en relación con los distintos mecanismos de reforma y el concepto de rigidez constitucional, para la Corte es claro que el cambio introducido por el Acto Legislativo 1 de 2011 significa una importante simplificación de las diligencias requeridas para la aprobación de otras reformas constitucionales mediante acto legislativo, y más que ello, una sensible variación del grado de rigidez que el constituyente de 1991 quiso asignarle a su obra, mediante el diseño específico de los distintos mecanismos a través de los cuales podría ser reformada, los cuales quedaron plasmados en su Título XIII. Lo anterior resulta evidente en cuanto el facilitamiento del trámite sin duda incide en la posibilidad de llevarlo a feliz término dentro del plazo máximo previsto en la norma superior70, y a partir de ello en la frecuencia con que podría realizarse ese trámite, que en todo caso ha sido recurrente71, pese a la comparativa dificultad antes existente en razón a la necesidad de declarar y tramitar los eventuales conflictos de interés.
A partir de estas mismas consideraciones, es claro también que con la aprobación de la regla de derecho ahora acusada, el legislativo ha variado de manera sustancial sus propias competencias en lo atinente al poder de reforma constitucional, sin duda una de sus más importantes funciones, y también una de aquellas a través de las cuales ejercita mayor poder. A este respecto no puede olvidarse que el Congreso de la República es el único órgano constituido de carácter permanente72 que tiene el poder de realizar, sin la intervención de otros, reformas constitucionales que podrían modificar, en la forma en que él autónomamente lo decida, las competencias, poderes y restricciones de los restantes órganos constituidos, entre ellos las altas corporaciones de justicia, el Presidente de la República o los órganos autónomos e independientes.
Desde esta perspectiva, el cambio causado por el Acto Legislativo 1 de 2011, al facilitar tan significativamente el trámite de las reformas constitucionales por parte del Congreso, ensancha considerablemente el poder de éste en eventual desmedro de los otros órganos, y de hecho, causa importantes cambios al esquema de separación de poderes y al específico modelo de pesos y contrapesos diseñado por el constituyente de 1991, el cual podría además ser objeto de posteriores y mayores afectaciones y reformulaciones a partir del ya explicado cambio en el trámite de las reformas constitucionales.
De otra parte, resulta evidente que la regla conforme a la cual no se impondrá la sanción de pérdida de investidura pese a la ocurrencia de conflictos de interés en el trámite de reformas constitucionales, debilita de manera importante una institución (la pérdida de investidura) que desde el origen de la Constitución de 1991 ha sido considerada determinante para el efectivo cumplimiento de los principios y pautas constitucionales sobre la ética y el comportamiento de los congresistas contenidos en los artículos 179 a 182 inmediatamente anteriores, a través de los cuales la Asamblea Constituyente de 1991 buscó dar respuesta a algunas de las más importantes preocupaciones ciudadanas que en su momento motivaron el proceso de cambio constitucional, y que a la fecha mantienen plena vigencia y actualidad. Ello por cuanto, si bien formalmente no ha sido desmontada, la pérdida de investidura ya no podrá ser aplicada como sanción frente a graves situaciones de apartamiento de los deberes constitucionales por parte de los miembros del Congreso, lo que en consecuencia permitirá y facilitará la impune ocurrencia de tales situaciones.
De igual manera, se observa que la notable reducción que esa modificación ocasiona en la posibilidad de hacer efectiva la pérdida de investidura frente a los congresistas que intervengan en la aprobación de una reforma constitucional estando incursos en situaciones de conflicto de interés, que además se abstengan de declararlo, lesiona también la capacidad de los electores para controlar de manera efectiva la actuación de los elegidos, en este caso respecto de un asunto tan trascendente como lo es la eventual modificación de la Constitución.
También podría considerarse que la garantía que la norma acusada ofrece a los congresistas en el sentido de que los conflictos de interés que llegaren a presentarse en el trámite de las reformas constitucionales no podrán ser objeto de sanción, junto con la certeza de que, según se estableció, esos conflictos sí pueden presentarse, configura una situación cercana a la que de tiempo atrás el derecho privado ha denominado condonación del dolo futuro73, en cuanto de manera anticipada habilita al interesado (los miembros del Congreso) para actuar de manera segura y sin peligro alguno en beneficio propio, e incluso en perjuicio de otros, lo que tanto como esa otra hipótesis repugna al sentido común y al sentido de justicia, que es también un elemento esencial de la Constitución de 1991.
De otro lado, también es cierto, como lo anotaron varios de los intervinientes, que la paradójica situación que esta norma deja planteada, en el sentido de que los conflictos de interés son relevantes al momento de debatir y votar proyectos de ley, pero no lo son si se trata de una reforma constitucional, podría eventualmente generar un escenario de aún mayor gravedad. En efecto, teniendo en cuenta que nada en nuestro sistema constitucional de fuentes del derecho impide que una determinada norma jurídica tenga el nivel y jerarquía normativa que sus impulsores quieran y tengan la capacidad de asignarle, podría conducir a que con el fin de gozar de la garantía prevista en esta norma superior se imparta el trámite propio de las reformas constitucionales a normas que de otro modo tendrían jerarquía y rango de ley. Esta opción tendría como resultado que no solo se lograría la indebida exoneración de quienes de no ser por esta regla de excepción hubieran tenido que abstenerse de actuar debido a la existencia de un conflicto de interés, sino que además, la norma así tramitada vendría a tener jerarquía constitucional, lo que a su turno implica su prevalencia sobre cualquier otra norma en sentido contrario, así como la garantía de no poder ser derogada, salvo mediante el exigente trámite de las reformas constitucionales.
Finalmente, más allá de todas las anteriores consideraciones puntuales, pero como síntesis de todas ellas, debe resaltarse que la norma acusada permite que la facultad de reformar la Constitución, que es de la esencia de las funciones del Congreso en cuanto representante de la pluralidad democrática, sea eventualmente utilizada por éste sin lugar a consecuencias, para producir cambios constitucionales que generen un provecho o beneficio propio o en favor de terceros, lo que más allá de lo que se concluirá en el presente caso, deja abierta la puerta para la fácil realización de otras reformas, que en su momento bien podrían ser catalogadas como reales sustituciones de la carta de 1991.
6.3. Premisa de síntesis: Conclusión preliminar
Según puede apreciarse como resultado de las anteriores consideraciones, la norma contenida en el artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2011 ocasiona importantes cambios y efectos al contenido esencial y definitorio de la Constitución, más allá del texto artículo 183, único que formalmente es objeto de reforma. En términos del test de sustitución, estas observaciones conducen a que la premisa de síntesis muestre la clara y profunda incompatibilidad existente entre aquellos aspectos constitucionales considerados relevantes frente al caso concreto (premisa mayor) y las situaciones que quedan planteados como resultado de la aprobación de este Acto Legislativo (premisa menor).
Así las cosas, en el punto siguiente, y para resolver sobre los cargos de la demanda, la Corte analizará de manera puntual los hallazgos identificados a lo largo de este punto 6, y a partir de ello pasará a adoptar la decisión que en derecho corresponda.
7. Conclusiones del test de sustitución frente al contenido del Acto Legislativo 1 de 2011
Según quedó planteado en el punto 5 de las presentes consideraciones, para resolver los cargos de inconstitucionalidad contra actos legislativos en razón a la eventual sustitución de la Constitución, este tribunal aplica el denominado test de sustitución, a partir del cual se comparan los contenidos constitucionales presuntamente sustituidos o reemplazados con los que han sido puestos en lugar suyo, a efectos de verificar si existe entre ellos una incompatibilidad insalvable y total, que sustente la conclusión de que el Congreso era incompetente para expedir la pretendida reforma.
Así las cosas, con base en las reflexiones contenidas a lo largo del punto 6 anterior, la Corte vuelve a continuación sobre el contenido del Acto Legislativo acusado, a partir de esta metodología.
Conforme a lo explicado, para la verificación del cumplimiento de la premisa mayor debe realizarse una lectura exhaustiva y transversal de la Constitución y de sus contenidos esenciales y definitorios, antes de los cambios introducidos por el acto legislativo cuya exequibilidad se cuestiona, de tal manera que pueda apreciarse si uno o más de esos elementos definitorios de su identidad hubiere sido, según el caso, sustituido, reemplazado o afectado por los nuevos elementos contenidos en el acto legislativo que se cuestiona.
A partir de lo explicado en los puntos 6.1 y 6.2 anteriores, la Corte aprecia sin dificultad que en efecto existen varios aspectos propios y esenciales a la identidad de la Constitución de 1991 que habrían sido afectados, al menos parcialmente, por la expedición de este acto legislativo.
En efecto, la nueva norma constitucional conforme a la cual los conflictos de interés que llegaren a ocurrir dentro del trámite de las reformas constitucionales no serán tomados en cuenta para a partir de ellos aplicar la sanción de pérdida de investidura afecta varios importantes aspectos de la Constitución de 1991, que tienen el carácter de elementos axiales y definitorios de ésta, la mayoría de los cuales habían sido ya reconocidos como tales con anterioridad a este fallo74.
Se trata de un amplio espectro de factores, contenidos en un conjunto así mismo amplio de preceptos superiores, que comienza por el preámbulo y abarca también los artículos 1°, 2°, 3°, 113, 114, 133, 209 y 374 a 379, así como el propio artículo 183 que en este caso es el único formalmente modificado, todo lo cual permite tener por suficientemente cumplido el criterio conforme al cual no habría sustitución en la alteración de un solo precepto constitucional, pero si en la afectación conjunta de un número plural de ellos, que materializa(n) el(los) principio(s) o valor(es) constitucional(es) trastornados por la reforma.

Entre tales elementos se encuentran algunos que tienen un carácter amplio y comprehensivo, como es el caso del principio democrático, circunstancia que solo contribuye a demostrar la importancia de la afectación sufrida por éste, pero también otros de carácter más particular y específico, como la institución de la pérdida de investidura de los congresistas prevista en el artículo 183. Entre ellos, y con un grado intermedio de particularidad, han sido afectados también principios tales como el de prevalencia del interés general (art. 1°), la separación de poderes (art. 113), el deber de los congresistas de actuar en todo momento consultando la justicia y el bien común (art. 133), la posibilidad de4 que los electores controlen la actuación de los elegidos por ellos (arts. 40 y 183) y la configuración particular que el constituyente asignó a los distintos mecanismos de reforma constitucional (arts. 374 a 379), lo que determina el grado de rigidez inherente a un específico texto superior.


Recapitulando, se observa entonces que el Acto Legislativo 1 de 2011 afecta el principio democrático, en cuanto la nueva regla constitucional conforme a la cual no podrán ser sancionados con la pérdida de investidura tan graves y perniciosos conflictos de interés como los generados durante el trámite de las reformas constitucionales, hace posible que las más trascendentales decisiones colectivas que se adopten en el Estado colombiano estén contaminadas por intereses particulares.
De igual manera, implica plantear implícitas pero importantes excepciones a mandatos permanentes y absolutos como los contenidos en los artículos 1° y 133 superiores, el primero de los cuales establece como principio fundante del Estado colombiano la prevalencia del interés general, y el otro que ordena que los miembros de las corporaciones públicas actúen consultando la justicia y el bien común y en desarrollo del principio de moralidad. Se afecta también el control de los electores sobre los elegidos, puesto que según se explicó en el punto 6.2.4 anterior, la institución de la pérdida de investidura ha quedado severamente limitada en su capacidad de contribuir a la depuración de las costumbres políticas, como fue claramente la intención del constituyente de 1991. Y se cambian las reglas sobre la manera de aprobar las reformas constitucionales, pues aunque las normas pertinentes no son modificadas, de hecho se flexibiliza de manera importante y significativa el trámite de tales enmiendas, por cuanto se elimina la necesidad de considerar los conflictos de interés que pudieran presentarse.
Así pues, en el presente caso resulta claramente probada la premisa mayor del juicio de sustitución.
En cuanto a la premisa menor, estaría compuesta por los nuevos elementos que el acto legislativo acusado introduce en la arquitectura constitucional. En el presente caso sobresale la regla conforme a la cual será posible la existencia de conflictos de interés en cabeza de los legisladores dentro del trámite de las reformas constitucionales, situación que no podrá ser prevenida ni sancionada, y que en tal medida podría ocurrir con relativa frecuencia. Esta regla podría incluso dar lugar a que se tramiten reformas constitucionales con el único objetivo de adoptar decisiones públicas que en cualquier otro escenario darían lugar a la ocurrencia de conflictos de interés, y que en condiciones normales produciría alguna de dos posibles consecuencias, bien la imposibilidad de participar en la adopción de esa decisión, bien la sanción por haberlo hecho.
De otra parte, configuran también la premisa menor lo que sería el contenido relativizado y por ende, lesionado, de los principios y elementos esenciales que forman parte de la premisa mayor. Una de ellas sería el mandato del artículo 1° según el cual la prevalencia del interés general es principio rector de la configuración del Estado, así como el artículo 133 superior que impone a los miembros de las corporaciones públicas el deber de obrar conforme a la justicia y el bien común, pues pese a la vigencia de estos postulados, los congresistas podrán válidamente apartarse de ellos cuando participen en el debate y votación de actos legislativos. Otro sería el propio artículo 183 que establece la sanción de la pérdida de investidura, a través de la cual se castiga drásticamente el comportamiento de los miembros del Congreso que sean infieles a sus deberes e incurran en alguno de los graves hechos allí listados, pese a lo cual existe una regla expresa que impedirá aplicar esta sanción en los referidos casos de conflictos de interés para la votación de actos legislativos. O unas reglas para la realización de reformas constitucionales según las cuales, si bien se requieren un total de ocho votaciones aprobatorias en dos períodos legislativos consecutivos, en ninguna de esas ocasiones será necesario detenerse a verificar si alguno o varios de los circunstantes estarían afectados por la eventual existencia de conflictos de interés.
Finalmente, en lo atinente a la premisa de síntesis, encuentra la Sala que ella se encuentra cumplida también, pues la nueva configuración de los referidos elementos, definitorios de la identidad constitucional, como resultado de lo dispuesto por el Acto Legislativo 1 de 2011 ciertamente resulta incompatible e inconciliable con el espíritu de la Constitución de 1991, manifestado en su preámbulo y sus artículos 1° y 2°, y con el de las instituciones que la integran.
En efecto, considera la Corte que las ya indicadas excepciones al principio democrático, al deber de los legisladores de actuar conforme a la justicia y el bien común, así como la garantía de que no se sancionará, y que por ende se permitirá, la ocurrencia de conflictos de interés en relación con el trámite de reformas constitucionales, afectan gravemente la identidad de la Constitución de 1991, que después de la incorporación de esta regla contiene una mayoría de normas democráticas y protectoras de la voluntad y el interés general, junto con otras que permiten todo lo contrario, la prevalencia de intereses particulares en materia tan sensible y esencial como lo es la reforma de la misma Constitución.
Así las cosas, se encuentran reunidos los elementos necesarios para afirmar que una modificación como la contenida en el artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2011 más que una simple reforma, implica una sustitución de la norma constitucional, por lo que el Congreso carecía de competencia para adoptar tal decisión mediante los trámites previstos en el artículo 375 superior.
Por último, en cuanto al criterio adicional trazado desde la sentencia C-588 de 2009, denominado el test de efectividad, se aprecia que en este caso no se cumplen sus supuestos, ya que si bien el Acto Legislativo 1 de 2011 puede haber facilitado el trámite de aquellos actos legislativos tramitados desde la fecha de su entrada en vigencia75, no es menos cierto que se trata de una regla con vocación de permanencia indefinida, que en caso de continuar haciendo parte del texto constitucional se proyectaría sobre la totalidad de iniciativas de este tipo que se tramiten en el futuro.
Sin embargo, contrario a lo sucedido en los fallos que decidieron sobre las normas de carrera administrativa76, en el presente caso esa vigencia indefinida en el tiempo es factor adicional que demuestra e incluso acrecienta la magnitud del efecto de sustitución que causa la norma demandada, pues su grave y pernicioso efecto contra la preceptiva constitucional podrá materializarse un número ilimitado de veces.
Así las cosas, aunque el acto legislativo acusado supera según lo explicado el test de efectividad, dado que han sido plenamente acreditados los elementos que conforman el test de sustitución, la Corte concluye que él debe ser declarado inexequible, decisión que se adoptará en la parte resolutiva de esta providencia.
8. Conclusión: el Acto Legislativo 01 de 2011 es inexequible
En relación con las distintas demandas aquí acumuladas, acogiendo la solicitud de algunos intervinientes y del Procurador General, la Corte se abstendrá de decidir sobre aquella radicada bajo el número D-9146.
De otra parte, y también de acuerdo con la opinión del Ministerio Público, este tribunal encontró que el Acto Legislativo 1 de 2011 sustituye la Constitución en razón de la incompetencia del Congreso para expedirlo, en cuanto: i) garantiza la no sanción de los conflictos de interés en el trámite de los actos legislativos, lo que configura un grave comportamiento contrario a los principios constitucionales; ii) desvirtúa e inutiliza un aspecto o causal de la institución de la pérdida de investidura, mecanismo por excelencia para luchar por la depuración de las costumbres políticas dentro del marco axiológico establecido por la Constitución de 1991, y iii) permite la fácil expedición de otros actos legislativos a través de los cuales se lesionaría la separación de poderes y podrían desmontarse e inutilizarse varias otras importantes instituciones de la carta política. Estas razones conducen a declarar inexequible a partir de la fecha la norma acusada.
Ahora bien, debe recordarse que las dos demandas sobre las cuales decide la Corte se refirieron específicamente al artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2011, que es la norma cuyo contenido ha sido analizado a lo largo de esta providencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que al declararse la inconstitucionalidad de esa norma, subsistiría únicamente el artículo 2° de esta misma norma, relativo a su fecha de vigencia, la Corte lo declarará así mismo inexequible, pues sin duda carecería de sentido que esa norma continuara vigente, en ausencia del mandato cuya vigencia por él se regula.
Así las cosas, la Corte declarará la inexequibilidad de la totalidad del texto del Acto Legislativo 1 de 2011 aquí parcialmente demandado.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Declarar INEXEQUIBLE el Acto Legislativo 1 de 2011.


Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO


Presidente

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