Sentencia c-099/13



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Intervención de la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República intervino a través de apoderado, para solicitar a la Corte declarar la inconstitucionalidad de los apartes demandados en los artículos 79, 88 y 132 de la Ley 1448 de 2011.


El representante de la Contraloría, considera que las herramientas institucionales y normativas de que se ha dotado al Estado y a las víctimas para su reparación, no atienden las condiciones materiales de su existencia, lo cual genera una potencial falta de efectividad de algunas medidas procedimentales que se interpongan como barreras para el fin estatal propuesto.
En cuanto a los cargos formulados en contra del inciso cuarto del artículo 88, sostiene el interviniente que los comparte porque al generar mejores condiciones para que las víctimas que hagan la solicitud a través de la Unidad de Tierras, se desestimula la posibilidad de realizarlo por otros medios, con lo cual no se está ante una decisión libre.
De otro lado, manifiesta el apoderado que la indemnización por vía administrativa contenida en el artículo 132, crea una diferenciación injustificada entre las víctimas que limita su capacidad para decidir libremente, por la ventaja económica que obtienen quienes acepten un contrato de transacción, frente a quienes no lo hagan.
Según el interviniente la promoción de la figura de la transacción a través de estímulos como el que ofrece la norma, resulta adecuada cuando se trata de materias exclusivamente patrimoniales, pero que no para el escenario de los derechos humanos, donde están en juego otros derechos y frente a los cuales, la renuncia a todo tipo de proceso judicial contra el Estado a cambio de unos recursos, parece desproporcionado, especialmente si se demuestra la responsabilidad del Estado en el caso de graves violaciones de los derechos humanos.
Finalmente, en cuanto a la vulneración del principio de doble instancia con la introducción del artículo 79, la Contraloría señala que si se tiene como justificación, el reducir el proceso de restitución de tierras a una sola instancia bajo el argumento de la celeridad, se estaría frente a un argumento poco razonable, si ese proceso de única instancia no contiene las garantías suficientes para asegurar el debido proceso y los derechos a la verdad y a la justicia.

  1. INTERVENCIONES DE ORGANIZACIONES SOCIALES




  1. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.

El Secretario Técnico de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado intervino para solicitar a la Corte declarar la inexequibilidad de las normas demandadas.


Afirma el interviniente que los apartes demandados del artículo 132, vulneran múltiples normas de carácter nacional e internacional, ya que se condiciona y se desincentiva el acceso a la justicia a través de la renuncia a un componente de la reparación integral, la cual conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, adquiere la condición de derecho fundamental y no puede ser objeto de transacción. La anterior apreciación la reafirman al mencionar que dicha figura “desincentiva, por razones ajenas a la voluntad de la víctima, el ejercicio del derecho de acceso a la justicia establecido en la Convección Americana sobre Derechos Humanos (CADH, Artículos 8 y 25), establece una forma de conciliación sobre derechos constitucionales no conciliables, rompe con el derecho a reclamar y recibir una justa indemnización contemplado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y con el principio de complementariedad entre los programas administrativos de indemnizaciones y las reparaciones judiciales, establecido en los principios internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)sobre la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a graves violaciones de los derechos humanos a obtener reparaciones (Principios de Joinet).
Además, el Secretario Técnico precisa, que el contrato de transacción, es una figura jurídica propia del derecho privado, el cual tiene su fundamento en la igualdad de la relación entre quienes transfieren derechos y bienes conforme al ordenamiento civil. Caso contrario ocurre en lo contemplado en el inciso 2 del artículo 132 de la Ley 1448, debido a que las partes son claramente desiguales: el Estado, por un lado, y la víctima, por el otro. En la ley no existen mecanismos que garanticen que la parte débil del contrato, en este caso el ciudadano victimizado, sea protegido del riesgo consistente en que la transacción se convierta en un contrato de adhesión, es decir, aquel al que se ve fatalmente constreñida una de las partes en razón de su debilidad manifiesta.
Sumado a lo anterior, el interviniente manifiesta que en muchos casos las víctimas firmarían los acuerdos con el objetivo de atender las necesidades básicas e inmediatas no satisfechas y que son de carácter apremiante. Esto desfiguraría claramente la naturaleza, alcance e intención de la indemnización administrativa en tanto mecanismo de reparación. Por otro lado, señala que el contrato de transacción es una clara figura de acuerdo conciliatorio prejudicial, en tanto implica que la víctima acepta y manifiesta que el pago realizado por el Estado “incluye todas las sumas que este debe reconocer por concepto de su victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigio pendiente. Es claramente una especie de conciliación entre la víctima y el Estado donde la primera transa su derecho a reclamar la indemnización por vía judicial a cambio de recibirla por la vía administrativa por montos indemnizatorios superiores a los contemplados por otras víctimas, comprometiéndose a no demandar jurídicamente al Estado.
En cuanto a los cargos formulados en la demanda contra los apartes de los artículos 79 y 88, el interviniente considera que al instituirse una única instancia dentro del proceso de restitución de tierras se están transgrediendo notoriamente los derechos de las víctimas al debido proceso y la correcta administración de justicia. Dicha apreciación la fundamenta al mencionar que “es preocupante la naturaleza del procedimiento de restitución de tierras como de única instancia puesto que ellos puede implicar ausencia de garantías procesales conforme al principio constitucional de debido proceso de las actuaciones judiciales y administrativas. En el caso especifico de la restitución no se puede perder de vista las dinámicas regionales del conflicto armado, las cuales involucrarían cuadros de presión para ejercer libremente la administración de justicia y adicionalmente, no puede obviarse que la seguridad jurídica respecto a las decisiones transicionales debe contar con una instancia en la que se uniformen los criterios jurisprudenciales que inspirarían las decisiones de los jueces y magistrados agrarios en la misma materia”. Y en este caso debe imperar siempre el principio pro personae o pro homine liberatis y de favorabilidad para las víctimas.
Por último, los intervinientes señalan que apoyan plenamente los argumentos de la demanda en relación con la vulneración al derecho a la igualdad de aquellas víctimas que así no tengan opositores, no tendrán derecho a una sentencia favorable de carácter anticipado por no haber sido representadas por la Unidad de Tierras, conforme al aparte demandado del artículo 88. Sostuvo la Secretaria que “el legislador equivocadamente estableció un trato desigual que puede incluso agravar aún más la situación de desventaja frente a la jurisdicción que tienen ciertas víctimas en relación con otras. En vez de prever que las víctimas no representadas por la Unidad de Tierras en la etapa judicial del procedimiento de restitución requerirán de medidas de discriminación positiva por no contar con el respaldo de una institución técnica para defender o demostrar sus intereses ante el juez, optó por agravar aun mas dicha posibilidad de desventaja, privilegiando a quienes llegarían ante el juez con respaldo institucional que garantizaría mayor experticia y rigor, o cuanto menos, un acceso más fácil a la información manejada por ciertas instituciones. Información a la que por lo demás, la víctima de apoyo institucional solo podría acceder mediante mecanismos mas fáciles o demorados como el uso del derecho de petición o las solicitudes al juez.”

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