Seguro de vida grupo deudores, PÓliza no se hace efectiva mediante tutela, tutela contra particulares



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SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES, PÓLIZA NO SE HACE EFECTIVA MEDIANTE TUTELA, TUTELA CONTRA PARTICULARES

Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia T-642 del 16 de agosto de 2007. Expediente T-1543997.


Síntesis: La accionante pretende que se le pague el seguro de vida grupo deudores mediante el mecanismo de la acción de tutela que no es procedente, puesto que el juez constitucional no puede entrar a resolver una situación que corresponde a la justicia ordinaria. Como se adelanta proceso ejecutivo en su contra para la ejecución del saldo insoluto del crédito de consumo adquirido no procede interferir la competencia del juez ordinario en el cobro que se viene adelantado. Si la actora quiere que se cubra por la aseguradora el crédito en ejecución, debe adelantar los trámites según las exigencias preescritas en las cláusulas contractuales acordadas entre las partes pues la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y en consecuencia, no se encuentra instituida ni para interpretar contratos que han nacido de la voluntad de los particulares ni para sustituir a la justicia ordinaria.

«(…)
 

 IV. CONSIDERACIONES DE  LA CORTE

 

1.  Competencia

 

La Sala Quinta de Revisión es competente para decidir este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9, de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.



 

2. Problema Jurídico

 

Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela es el mecanismo idóneo para que se ordene el reconocimiento del pago de una póliza de deudores grupo por la invalidez de la beneficiaria del crédito de consumo. Adicionalmente, corresponde establecer si la negativa de una aseguradora a reconocer el estado de invalidez de la accionante, con fundamento en un certificado de la una EPS, vulnera sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la igualdad.



 

3. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

 

La acción de tutela fue instituida por la Carta de 1991 como un mecanismo expedito que procede en los siguientes eventos:



 

1.  Cuando exista vulneración o amenaza de violación de un derecho fundamental por parte de una autoridad pública o de los particulares en los casos que señala el Decreto 2591 de 1991.

2.   Cuando el afectado no cuente con otro mecanismo defensa judicial para su protección

 

De conformidad con lo anterior, la acción de tutela se debe entender como un mecanismo subsidiario, cuando el afectado no cuenta con otro medio de defensa judicial o el existente resulta ineficaz para la protección de los derechos fundamentales (art. 86 de la Constitución).



 

En contraposición con lo anterior, el legislador ha entendido que la acción de tutela no procede en los siguientes eventos (Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991):

 

“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.



 

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

 

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.



 

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

 

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”



 

De este modo, corresponde al juez constitucional dar solución al problema jurídico que se le plantee por vía del amparo, no sin antes hacer un análisis de la procedencia de la acción en cada caso concreto, con el fin de no interferir en las competencias de otros jueces. Ahora, si a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial éstos, a la luz de un análisis concienzudo por parte del juez constitucional, resultan ineficaces para hacer efectiva la protección de los derechos sobre los cuales se solicita protección, se debe dar procedencia a la acción y, en cada caso, determinar si hay lugar al amparo de los derechos fundamentales.

 

Es importante resaltar el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, pues tendrá relevancia al momento de analizar el presente caso concreto. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:



 

“La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela es un mecanismo de naturaleza subsidiaria y residual destinado a proteger los derechos fundamentales. Esa caracterización implica que si existe medio de defensa judicial a disposición del interesado, la tutela no puede ser utilizada para sustituirlo o para desplazar a los jueces ordinarios  en el ejercicio de sus funciones propias1. El artículo 86 de la Constitución Política es claro al señalar que la tutela no procede cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que sea utilizada  como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

 

En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa judicial para lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede desplazarlo, ya que no es el escenario propio para discutir cuestiones que deben ser debatidas ante los estrados de las jurisdicciones ordinarias. No obstante, la jurisprudencia ha señalado que el medio judicial de defensa ha de ser idóneo para alcanzar una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental amenazado o vulnerado, lo cual implica que tenga la aptitud suficiente para que a través de él se restablezca el derecho vulnerado o se proteja su amenaza2” (negritas fuera del texto).3


4. Procedencia de la acción de tutela en contra de particulares

 

De igual manera, por ser pertinente en el presente caso, se debe dejar en claro la procedencia de la acción de tutela en contra de los particulares puesto que en el caso concreto, de quien se solicita el cese de la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante es de una empresa que tiene el carácter de particular.



 

Al respecto, la normatividad reglamentaria de la tutela (artículos 1º y 5º del Decreto 2591 de 1991), estableció que la acción de tutela resulta procedente contra los particulares, siempre y cuando se cumpla con siguientes requisitos (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991):

 

 

“1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación.



 

2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud.

 

3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.



 

4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.

 

5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución.



 

6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.

 

7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.



 

8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas.

 

9. Cuando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la  tutela.



 

 

5. Caso concreto. 

 

De una parte, la accionante, a través de la acción de tutela solicita al juez constitucional que se amparen sus derechos fundamentales a la salud, vida e igualdad, que considera que están siendo vulnerados por la conducta del Banco (…), en razón a que se ha negado a reconocer la incapacidad permanente derivada de la enfermedad de cáncer que  padece, con el fin de que sea la aseguradora y no la accionante, la que cubra el saldo del crédito de consumo que adquirió con el Banco.



 

Además de lo anterior la accionante pretende que a través de la presenta acción se le dé el mismo valor a la certificación de la EPS (…) que el certificado de la Junta de invalidez, con el fin de probar su incapacidad frente a la aseguradora.

 

De otro lado, el Banco (…), manifiesta que con el fin de que sea la aseguradora la que cubra el saldo del crédito de consumo adquirido por la accionante, es necesario que aporte y llene todos los requisitos que la Aseguradora (…) exige en la póliza colectiva de deudores, puesto que de lo contrario no es posible que se acceda a su petición.



 

La valoración de los requisitos es efectuada por la aseguradora y no por el Banco, es así como para probar la invalidez, la accionante debe aportar examen médico legal que debe ser efectuado por la Junta Calificadora de Invalidez respectiva. Lo anterior, se exige puesto que así se pactó con la aseguradora y así lo establece una de las cláusulas del contrato de seguros suscrito entre el Banco (…) y la Aseguradora, a la cual se adhirió la accionante, tal y como consta en el “certificado individual de seguro vida deudores grupo”, que hace parte de la póliza No. 73-4600.

 

De conformidad con los hechos anteriores y teniendo en cuenta que en el trámite de la primera y de la segunda instancia, los jueces de tutela no vincularon a la Aseguradora (…), ni a la E.P.S (…), y que éstas podrían verse afectadas con la decisión de esta Sala de Revisión, se ordenó correr traslado de la demanda de tutela a dichas entidades quienes se opusieron a la prosperidad de la acción por las siguientes razones:



 

 - La aseguradora (…) manifiesta que resulta improcedente la presente acción, puesto que existen mecanismos ordinarios ante la jurisdicción ordinaria que permiten resolver una controversia como ésta. Ahora bien para que la aseguradora proceda a cubrir el riesgo, es necesario que la accionante aporte la prueba idónea para demostrar la incapacidad, consistente en el certificado de la Junta Calificadora de Invalidez. Si lo que solicita es que la Aseguradora cubra el pago del crédito de consumo por la enfermedad que padece (cáncer de mama), este riesgo se encuentra excluido expresamente de los amparos que se cubren a través del seguro de vida grupo deudores (cláusula 3.3. del contrato de seguro). Finalmente, considera la Aseguradora que existe un derroche de tiempo innecesario por parte de la accionante puesto que desde marzo de 2005 (fecha en que se configuró su enfermedad) debió haber acudido a la Junta Calificadora de Invalidez, para que la evaluara y expidiera el correspondiente certificado.

 

- Por su parte la EPS (…) manifestó que no entiende el porqué de su vinculación a la presente acción, puesto que simplemente se ha limitado a expedir una certificación a través del médico tratante de la accionante, pero esto no deja de ser más que un concepto. Para la EPS, resulta claro que son las juntas calificadoras de invalidez las que tienen por función certificar la incapacidad de las personas de manera oficial.



 

Después de identificar el concepto de la violación que propone la accionante y la posición que frente a él tienen la entidad accionada y las demás entidades que fueron vinculadas dentro del trámite de la revisión de la presente acción, la Sala encuentra lo siguiente:

 

1.     La accionante pretende discutir por vía de la acción de tutela el pago del seguro de vida deudores  grupo, con el fin de que cubra el crédito de consumo que adquirió con el Banco (…) y en especial la interpretación y prueba de la cláusula contractual.


2.     La accionante pretende que un requisito derivado de una relación contractual entre particulares (aportar el certificado de invalidez expedido por la Junta Calificadora de Invalidez para el reconocimiento del pago de un seguro), sea sustituido por un concepto médico expedido por el médico tratante de la EPS (…), puesto que, en su opinión, resulta ser equivalente.

 

Respecto del primer punto,  la Sala encontró que la accionante pretende que se le pague el seguro de vida de deudores mediante el mecanismo de la acción de tutela. Dentro de dicho análisis se deduce que existen dos relaciones jurídicas distintas: la primera, entre la aseguradora y la accionante, dentro del marco de una póliza colectiva de deudores previamente existente; la segunda, entre el banco y la accionante, en virtud de un préstamo para consumo.



 

En el marco de la primera relación jurídica, de la cual pretende la actora el pago a través de la presente acción de tutela, la Sala estima que no es procedente, puesto que el juez constitucional no puede entrar a interferir en la voluntad de las partes ni resolver una situación que de todas formas corresponde a la justicia ordinaria.

 

De otro lado, respecto de la relación contractual existente entre el Banco y la accionante, encuentra la Sala que en la actualidad se adelanta proceso ejecutivo en su contra para la ejecución del saldo insoluto del crédito de consumo  adquirido por la accionante4. Al respecto, y ratificando lo que se dijo en el párrafo anterior, la Sala estima que no es posible entrar a interferir la competencias del juez ordinario en el cobro que se viene adelantado. De esta manera, si la actora quiere que se cubra, por parte de la Aseguradora, el crédito que en la actualidad se encuentra en ejecución, deberá adelantar los trámites documentales pertinentes de conformidad con las exigencias preescritas en las cláusulas contractuales acordadas entre las partes.



 

Visto lo anterior, se puede concluir en este primer punto que la accionante cuenta con otros mecanismos que le permiten acceder a sus pretensiones y que hacen improcedente la presente acción de tutela. Tal como se enunció en el numeral 3 del capítulo IV de la parte considerativa de esta providencia, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y en consecuencia, no se encuentra instituida ni para interpretar contratos que han nacido de la voluntad de los particulares ni para sustituir a la justicia ordinaria como ocurre en la presente acción.

 

Respecto del segundo punto, en lo que tiene que ver con la posibilidad de que se convalide el dictamen médico de la EPS (…) con el examen de la Junta Calificadora de Invalidez, encuentra la Sala que durante el trámite de la revisión de la presente tutela, la accionante acudió a la Junta Calificadora de Invalidez, y fue valorada el 14 de mayo de 2007, arrojando como resultado una incapacidad total del 61.55% (folios 107 a 109 del cuaderno de revisión de tutela de la Corte Constitucional), en virtud de lo anterior, estima la Sala, que respecto de este punto la petición de la accionante quedó solucionada.



 

Finalmente, la Sala encuentra que a pesar de que la accionante padece de una enfermedad de alto riesgo, no existe prueba alguna que demuestre la inminencia de la ocurrencia de un perjuicio irremediable que justifique conceder la tutela como mecanismo transitorio.

 

En conclusión, la presente acción de tutela resulta improcedente para solucionar el problema jurídico planteado, puesto que la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial y no existe inminencia de la realización de un perjuicio irremediable.



  

V. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 



 

 

RESUELVE:

 

Primero: LEVANTAR la suspensión de términos, decretada por esta Sala mediante auto del 23 de mayo de 2007, para fallar en el presente asunto.

 

Segundo. CONFIRMAR la Sentencia de segunda instancia, proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali, el 17 de enero de 2007, que a su vez confirmó el fallo de primera instancia del Juzgado Octavo Civil Municipal de Cali, del 2 de noviembre de 2006, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

 

Tercero. LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

 

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.



 


(…).»

1 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-469 de mayo 2 de 2000 (M. P. Alvaro Tafur Galvis) y T-585 de julio 29 de 2002 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.

2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 de 1993 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el mismo sentido se puede consultar, entre muchas otras, la Sentencia T-1316 de diciembre 7 de 2001 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes).

3


 Sentencia T-252 de 2005, con ponencia de la dra. Clara Inés Vargas

4 En el expediente aparece copia del mandamiento de pago proferido por el Juez Segundo Civil Municipal (folio 73 del cuaderno de revisión en esta Corte), con fecha 27 de junio de 2006, en el que se ordena a la accionante hacer el pago de siete millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un pesos ($7.744.451) por concepto del saldo insoluto de capital representado en un pagaré previamente suscrito por ésta.  Con el fin de notificar el citado mandamiento, a la accionante le fue remitida una citación para la notificación de la enunciada demanda ejecutiva (folio 71 del cuaderno de revisión en esta Corte), el 29 de marzo de 2007.


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