Secretario auxiliar: roberto niembro ortega



Descargar 91,45 Kb.
Fecha de conversión24.03.2017
Tamaño91,45 Kb.

Rectangle 2


AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4740/2014.



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4740/2014

QUEJOSO Y RECURRENTE: **********

MINISTRO PONENTE: Arturo zaldívar lelo de larrea

SECRETARIA: carmina cortés rodríguez

SECRETARIO AUXILIAR: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA


Vo. Bo.

Ministro:

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de septiembre de dos mil quince.



Visto Bueno Ministro

S E N T E N C I A

Cotejó
Correspondiente al amparo directo en revisión número 4740/2014, interpuesto por **********, por conducto de su defensor particular **********, en contra de la sentencia dictada el catorce de agosto de dos mil catorce por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en el amparo directo **********.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Juicio de Amparo. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil catorce en la Oficialía de Partes de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, **********, por conducto de su defensor particular **********, promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:


  1. Actos reclamados: sentencia de veintisiete de febrero de dos mil catorce, dictada en el toca penal ********** por la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y su ejecución.




  1. Autoridades responsables: Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán como ordenadora y Juez Primero de lo Penal del Distrito de Apatzingán Michoacán, Juez de Ejecución de Sanciones Penales con residencia en Apatzingán, Michoacán y Encargado y/o Director del Centro Penitenciario de la Ciudad de Apatzingán Michoacán.

En la demanda de amparo, el quejoso señaló como derechos violados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1°, 8°, 16, 17, 20, 21 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.


SEGUNDO. El Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito admitió a trámite la demanda de garantías, misma que quedó registrada con el número de expediente **********.
El Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia el catorce de agosto de dos mil catorce, en la cual determinó otorgar la protección de la Justicia Federal para los efectos de que la sala responsable:1


  1. Deje insubsistente la sentencia reclamada,

b) Ordene la reposición del procedimiento hasta antes de la celebración de la audiencia final de primera instancia; hecho lo anterior, cite nuevamente a las partes para llevar a cabo la aludida audiencia y, se designe como defensor del encausado a un licenciado en derecho, con independencia que también cuente con persona de su confianza o pasante jurista, dado que ambas figuras no se excluyen entre sí ni son irrenunciables, por el contrario, se armoniza de mejor manera con la asistencia efectiva del primer (abogado titulado).


c) Hecho lo anterior, se continúe con la secuela procesal y, en su oportunidad se emitan las sentencias de primera y segunda instancias, con la salvedad que si el sentido de esas resoluciones es condenatorio, no se podrán aplicar sanciones superiores a las impuestas en la resolución reclamada en el presente juicio de amparo.
TERCERO. Por auto del veinticinco de agosto de dos mil catorce el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán dejó insubsistente la sentencia del veintisiete de febrero de dos mil catorce.
El veintisiete de agosto de dos mil catorce la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán dictó la resolución en cumplimiento de la sentencia de amparo del catorce de agosto de dos mil catorce.
CUARTO. Inconforme con la sentencia de amparo, mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil catorce en la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, el quejoso interpuso recurso de revisión, por conducto de **********.
Asimismo, en proveído de ocho de septiembre siguiente, el Presidente del Tribunal Colegiado tuvo por interpuesto el medio de impugnación mencionado y ordenó su envío a este Alto Tribunal.
QUINTO. Recibidos los autos en este máximo Tribunal, por auto de trece de octubre de dos mil catorce, el Presidente esta Suprema Corte admitió el recurso de revisión, lo registró con el número 4740/2014 y ordenó notificarlo a las partes; además, ordenó turnar el expediente para su estudio al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y radicar el asunto en la Primera Sala de este Alto Tribunal.
Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil catorce, esta Primera Sala se avocó al estudio del asunto.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado en un juicio de amparo directo, en el que el tema a dilucidar corresponde a la materia de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación y oportunidad. El presente recurso de revisión fue interpuesto por quien está legitimado para ello, pues lo hizo valer la parte quejosa en el juicio de amparo directo ********** del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito.
Asimismo, el recurso de revisión es oportuno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia recurrida se notificó por lista al quejoso el viernes veintidós de agosto de dos mil catorce, misma que surtió sus efectos el lunes veinticinco siguiente; por tanto, el plazo de diez días para la interposición del recurso transcurrió del martes veintiséis de agosto al lunes ocho de septiembre, ambos de dos mil catorce, descontando los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treintaiuno de agosto, seis y siete de septiembre de dos mil catorce, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En atención a lo anterior, si el recurso se interpuso el cinco de septiembre de dos mil catorce, debe concluirse que es oportuno.
TERCERO. En este apartado se resumen los conceptos de violación, las consideraciones del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en el amparo directo ********** y los agravios esgrimidos por la recurrente.
I. Conceptos de violación.


  1. Hace valer cuestiones relacionadas con la valoración y el desahogo de pruebas, el desempeño de la función investigadora del Ministerio Público y la aplicación de la ley.




  1. Se vulnera el derecho a la presunción de inocencia del quejoso al no haberse comprobado los elementos del tipo penal ni su responsabilidad.


II. Consideraciones, en lo que interesa, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito.


  1. Es innecesario el estudio de la sentencia reclamada y de los conceptos de violación, toda vez que en suplencia de la queja el Tribunal advierte que el quejoso no contó con una defensa adecuada.




  1. Quien fungió como defensor particular de la parte quejosa en el proceso, durante la audiencia final en primera instancia, y en la tramitación y resolución del toca penal ********** no estaba autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho; además, no obra constancia en dicho proceso que acredite lo contrario.




  1. Sigue la doctrina establecida por el Pleno de la Suprema Corte en los amparos directos en revisión 207/2012, 2886/2012 y 2990/2012, así como el amparo directo en revisión de la Primera Sala de la Suprema Corte en el amparo directo en revisión 2809/2012 y 159/2013.




  1. El derecho humano a una defensa adecuada en materia penal se garantiza mediante la asistencia de un abogado en todas las etapas procedimentales, incluyendo la averiguación previa y el proceso penal.




  1. El juez tiene la obligación de garantizar el derecho a la defensa adecuada.




  1. En el caso concreto, tanto el juez de primera instancia como la sala responsable pasaron por alto que el quejoso no fue defendido por un abogado durante la audiencia final en primera instancia, y en la tramitación y resolución del toca penal **********. Además, no se cercioraron de manera efectiva que contara con la autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, lo que debieron haber hecho.




  1. Si quien fungió como defensor particular del hoy quejoso en ambas instancias no era licenciado en derecho, al no existir dentro del proceso penal en incluso en el toca de apelación cédula profesional que así lo corrobore, la autoridad responsable deberá ordenar la nulidad de todo lo actuado dentro de la segunda instancia y dentro del proceso penal de primer grado antes de la audiencia final, y proveer lo conducente para designar como su defensor a un licenciado en derecho o requerir al encausado para que lo designe; con independencia de que cuente o no con persona de su confianza o pasante jurista, dado que ambas figuras no se excluyen.




  1. Quedarán subsistentes las diligencias que en primera instancia se hayan llevado a cabo con la asistencia del abogado de oficio licenciado en derecho.




  1. No es inadvertido que el artículo 20, inciso B, fracción VII de la Carta Magna señala que el acusado deberá ser juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión y de un año si la pena excediera de ese lapso, plazo que desde luego se ha excedido; sin embargo, las irregularidades apuntadas deben ser subsanadas, dado que ello tiene la finalidad de favorecer la defensa del acusado, cuyo principio es de mayor peso que el de temporalidad, porque del primero depende la libertad del procesado.


III. Agravios hechos valer en la revisión. En síntesis, el recurrente hace valer los siguientes agravios.


  1. El amparo concedido por el Tribunal Colegiado obstruye una impartición de justicia pronta y expedita, a ser juzgado en plazo razonable e impide que la sentencia tenga un efecto útil.




  1. Es incorrecta la interpretación del derecho a la defensa adecuada previsto en el artículo 20 constitucional, pues el hecho que el quejoso hubiera sido defendido por persona que no tiene título en derecho, no le perjudica o vulnera su derecho a la defensa adecuada y efectiva.




  1. El Tribunal Colegiado concedió el amparo por una cuestión formal, debiendo haber preferido las cuestiones de fondo.


CUARTO. Procedencia. Establecido lo anterior, corresponde a esta Primera Sala determinar si el recurso de revisión que nos ocupa cumple con los requisitos de procedencia para su estudio en esta instancia.
De una interpretación sistemática de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 83 de la Ley de Amparo vigente, y 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como, del punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013, que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se llega a la conclusión de que el recurso de revisión contra resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que se reúnan los siguientes supuestos:
I. Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y
II. Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la sala respectiva.
En el presente asunto se surten los requisitos para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, pues si bien el Tribunal Colegiado no hizo una interpretación directa del derecho a la defensa adecuada, en tanto el Tribunal Colegiado se limitó a aplicar criterios de esta Suprema Corte,2 esta Primera Sala aprecia que el Tribunal Colegiado no fue claro respecto a si quien funja como abogado defensor de la quejosa deba tener cédula profesional o si requiere únicamente de título.
En efecto, en las consideraciones de su ejecutoria, el Tribunal Colegiado expuso que apreció que la persona que fungió como defensor de la quejosa no era licenciado en Derecho “al inexistir dentro del proceso penal de primera instancia e incluso en el toca de apleación, cédula profesional que así lo corrobore”3 Sin embargo, al determinar los efectos del amparo, el citado Tribunal equiparó licenciado en derecho con “un abogado titulado”.4
En atención a las condiciones previamente expuestas, esta Primera Sala considera necesario precisar, si en el presente caso la defensa técnica tendrá que llevarse a cabo por un abogado titulado o, si, además, este último requiere de cédula profesional para realizar su labor. Si bien, esta Sala se pronunció sobre dicho tópico en los amparo directos en revisión 3044/20125 y 3111/20146 en el sentido de que el defensor acredita su competencia técnica como abogado con el título profesional, sobre el mismo aún no se ha integrado jurisprudencia.
Asimismo, esta Primera Sala estima que el Tribunal Colegiado hizo una ponderación entre el derecho a la defensa adecuada y el derecho previsto en el artículo 20, inciso B, fracción VII de la Carta Magna que señala que el acusado deberá ser juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión y de un año si la pena excediera de ese lapso.
QUINTO. Estudio de fondo. Son infundados los argumentos consistentes en que el Tribunal Colegiado hizo una indebida interpretación del derecho a la defensa adecuada y concedió el amparo por una cuestión formal, pues el Tribunal Colegiado lo interpretó correctamente, toda vez que es acorde con la doctrina sostenida por este Alto Tribunal en las jurisprudencias de rubro "DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO, 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)",7 “DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.”8, así como lo sostenido en los amparos directos en revisión 2886/2012, 207/2012 y 2990/2011 resueltos por el Pleno de esta Suprema Corte, y 2809/2012 y 159/2013 por la Primera Sala.
En efecto, en los citados precedentes se determinó que la defensa adecuada implicaba que la asistencia jurídica para la persona inculpada debía ser técnica, esto es, debía ser brindada por un perito en derecho y que ninguna de las garantías del detenido durante el proceso penal puede ser concebida como un mero requisito formal.
Ahora bien, como se expuso en el capítulo relativo a la procedencia del presente recurso, el Tribunal Colegiado no fue claro en relación a cuál es el documento idóneo para acreditar la competencia técnica del abogado defensor. Al respecto, esta Sala considera que el documento apropiado es el título profesional, según lo sostuvo en los amparos directos en revisión 3044/2012 y 3111/2014.
Por otro lado, también es infundado el agravio relativo a la obstrucción de la impartición de una justicia pronta y expedita y a ser juzgado en un plazo razonable, que en materia penal tiene su regla específica en el artículo 20, apartado B, fracción VII de la Constitución que señala que el acusado deberá ser juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión y de un año si la pena excediera de ese lapso.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte, siguiendo su precedente amparo directo en revisión 3111/2014, considera que la determinación del Tribunal Colegiado de ordenar la reposición del procedimiento a partir de cierta fecha, fue una medida de reparación razonable, definida a partir de la naturaleza de la violación constitucional apreciada, así como de los principios involucrados –defensa adecuada y plazo razonable para ser juzgado en materia penal.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en su jurisprudencia una regla para dirimir el conflicto de principios que existe, en casos como el presente, por lo que con fundamento en ella esta Suprema Corte estudiará el caso de mérito.
Para comprender el alcance de la regla referida, es necesario considerar que la fracción VII, apartado B, del artículo 20 constitucional reconoce el derecho de la persona inculpada a ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Por su parte, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Con relación a lo anterior, la Corte Interamericana ha sostenido en su jurisprudencia, que el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de cualquier controversia se produzca en tiempo razonable,9 pues una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales10. En estos términos, el artículo 8 del Pacto de San José reconoce el derecho al debido proceso legal, que consiste en el derecho que tiene toda persona para ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal o cualquier otra11.
La citada Corte dispuso que en materia penal, el plazo razonable se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla en contra del inculpado, hasta que se dicta la sentencia definitiva. Por ello, el plazo comienza con la detención de la persona, pues ésta constituye el primer acto del procedimiento dirigido en contra del probable responsable de cierto delito, y termina cuando se dicta sentencia firme, pues en este momento concluye el ejercicio de la jurisdicción de conocimiento. Asimismo, el plazo comprende los recursos de instancia que pudieran presentarse12.
Finalmente, por lo que al parámetro jurisprudencial se refiere, la Corte Interamericana expuso que la razonabilidad del plazo se determina considerando casuísticamente: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales13. En otro precedente, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia14, la Corte Interamericana introdujo un cuarto supuesto para llevar a cabo el ejercicio de razonabilidad, a saber: d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando entre otros elementos, la materia objeto de controversia15.
Como primer elemento de análisis, esta Primera Sala observa que en el presente caso, el procedimiento penal en el que está involucrado el quejoso –que comprende desde la detención hasta la primera resolución de la apelación–, duró del veintiuno de febrero de dos mil once, fecha en que fue localizado y presentado –según el oficio de puesta a disposición–, y hasta el ocho de abril de dos mil trece, fecha en que se dictó la primera sentencia por la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Por tanto, la duración fue de, aproximadamente, poco más de dos años.
Para esta Primera Sala, el presente asunto no revestía complejidad especial, pues únicamente fue procesado el quejoso por delito que fue acreditado por parte del Ministerio Público. Con motivo de esta falta de complejidad, el proceso penal fue resuelto en su totalidad en poco más de dos años, lapso, sin duda, razonable.
No obstante, esta Sala aprecia que la actividad procesal de la interesada prolongó el procedimiento tras promover el juicio de amparo directo. Esta prolongación tuvo el fin legítimo de que la quejosa revirtiera el fallo que le había sido desfavorable.
Por lo que respecta a la conducta de las autoridades judiciales, esta Primera Sala observa que fue adecuada y razonable. En cuanto a las ordinarias, como ya se expuso, resolvieron el caso de la ahora quejosa en un plazo razonable. En cuanto al Tribunal Colegiado, este órgano de control constitucional aprecia que su actuación fue correcta y razonable. Los motivos son los siguientes:
A partir de la demanda de amparo, el Tribunal Colegiado notó la violación al derecho a la defensa adecuada durante la audiencia final en primera instancia, y en la tramitación y resolución del toca penal ********** en perjuicio de la quejosa, con motivo de que el defensor que la asistió no era licenciado en derecho, al inexistir dentro del proceso penal e incluso en el toca de apelación, cédula profesional que así lo corrobore. Ante esta circunstancia, decidió ampararla para el efecto de reponer el procedimiento. Esta decisión, en opinión de esta Suprema Corte, está sustentada en tres razones: a) en la naturaleza del derecho violado, b) en la no afectación del plazo razonable en el proceso penal y d) en la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de reparación, consistente en la reposición del procedimiento.
En cuanto a la naturaleza del derecho violado, esta Primera Sala ya ha dicho que la vulneración del derecho a la defensa adecuada no puede resolverse como si se tratara de un mero trámite o cuestión procesal, pues implica la afectación a un derecho fundamental que le da validez al proceso penal. Por tanto, la violación al derecho a la defensa debe ser reparada, estableciendo una consecuencia a su incumplimiento.
Asimismo, la Sala ha expuesto que el hecho de que este Alto Tribunal considere el derecho a la defensa adecuada como un requisito de validez del procedimiento, denota no sólo una especial preocupación por el resguardo de un derecho fundamental –pues, al hacerlo, las exigencias de actuación del defensor penal deberán partir de estándares elevados de intervención– sino que también destaca la actuación del abogado como un requisito que permite una mejor consecución y orden de todo el proceso, incluyendo la etapa de averiguación previa. Estas justificaciones –expuestas para fundar la necesidad de la obligada intervención de un asistente técnico– responden al hecho sustancial de que, para confrontar al poder de la institución acusatoria, se precisa de una persona formada en Derecho y en la práctica penal.
Por tanto, el derecho a la defensa adecuada constituye un elemento de validez del propio proceso, que sólo puede ejercerse efectivamente con la asistencia de un perito en Derecho, por un abogado titulado. La defensa en materia penal requiere de una planeación táctica y estratégica que sólo las personas versadas en materia penal pueden desarrollar en beneficio de las personas inculpadas que representan. Es claro, para esta Sala, que el derecho violado en perjuicio de la quejosa es de gran entidad que amerita una protección amplia, integral e intensa.
Por otro lado, esta Sala considera que en el caso no existió una vulneración al plazo razonable, en perjuicio de la promovente del juicio de amparo. Esto, con motivo de que el procedimiento se ha prolongado en virtud de la actuación legítima de la parte quejosa por defender su libertad personal. Por ello, esta Primera Sala no considera que la prolongación del procedimiento sea imputable a las autoridades judiciales que intervinieron, pues su actuar ha estado acorde con su función de salvaguardar los derechos de las personas.
De ahí que, por las razones expuestas, no se advierta la existencia de alguna afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando entre otros elementos, la materia objeto de controversia.
A partir de los anteriores elementos, esta Primera Sala de la Suprema Corte considera que la reparación ordenada por el Tribunal Colegiado en su sentencia de amparo, consistente en la reposición del procedimiento, es razonable o proporcional en sentido amplio. Esto es así, porque en la decisión del órgano colegiado subyace la consideración de la naturaleza de requisito de validez del proceso penal del derecho a la defensa adecuada y técnica de la quejosa, así como la no afectación del derecho de la quejosa a que se le dicte sentencia en un plazo razonable, con motivo de que fue ella misma la que en su beneficio ha prolongado el procedimiento penal.
En estas condiciones, la reposición del procedimiento es una reparación adecuada, pues resulta idónea, al perseguir el fin legítimo de que la quejosa se defienda adecuadamente del peligro de perder su libertad personal, es, igualmente, necesaria, porque solo a través de la reposición del procedimiento es que el derecho a la defensa adecuada se torna efectivo para proteger la libertad personal y es, finalmente, proporcional en sentido estricto, porque al ordenarse la reposición del procedimiento se protegen los derechos de la quejosa a la defensa adecuada, al debido proceso y la libertad personal, sin anular su derecho a que se le dicte sentencia en un plazo razonable.
Por todo lo anteriormente expuesto, es infundado el agravio de la recurrente en el sentido de que la medida de reparación ordenada por el Tribunal Colegiado es incorrecta o ilegal.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** en contra de la autoridad y acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal de su origen, y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de tres votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de los emitidos por los señores Ministros: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo.


Firman el Presidente de la Sala y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA:

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
MINISTRO PONENTE:

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. JUAN JOSÉ RUÍZ CARREÓN.

CCR/rno
En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en esta versión publica se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en estos supuestos normativos.



1 Foja 144 vuelta del cuaderno de amparo directo **********.

2 Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 63/2010 de esta Primera Sala, de rubro: “INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, pág. 329, cuyo texto es el siguiente: “En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden detectarse, al menos, dos criterios positivos y cuatro negativos para identificar qué debe entenderse por "interpretación directa" de un precepto constitucional, a saber: en cuanto a los criterios positivos: 1) la interpretación directa de un precepto constitucional con el objeto de desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, para lo cual puede atenderse a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el auténtico significado de la normativa, y ello se logra al utilizar los métodos gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico. Esto implica que la sentencia del tribunal colegiado de circuito efectivamente debe fijar o explicar el sentido o alcance del contenido de una disposición constitucional; y, 2) la interpretación directa de normas constitucionales que por sus características especiales y el carácter supremo del órgano que las crea y modifica, además de concurrir las reglas generales de interpretación, pueden tomarse en cuenta otros aspectos de tipo histórico, político, social y económico. En cuanto a los criterios negativos: 1) no se considera interpretación directa si únicamente se hace referencia a un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia en el que se establezca el alcance y sentido de una norma constitucional. En este caso, el tribunal colegiado de circuito no realiza interpretación alguna sino que simplemente refuerza su sentencia con lo dicho por el Alto Tribunal; 2) la sola mención de un precepto constitucional en la sentencia del tribunal colegiado de circuito no constituye una interpretación directa; 3) no puede considerarse que hay interpretación directa si deja de aplicarse o se considera infringida una norma constitucional; y, 4) la petición en abstracto que se le formula a un tribunal colegiado de circuito para que interprete algún precepto constitucional no hace procedente el recurso de revisión si dicha interpretación no se vincula a un acto reclamado.”

3 Foja 143 vuelta del cuaderno del amparo directo **********.

4 Foja 143 vuelta del cuaderno del amparo directo **********.

5 El asunto fue presentado bajo la Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Fue fallado por la Primera Sala de esta Suprema Corte en la sesión correspondiente al siete de febrero de dos mil catorce, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida en la que se determinó negar el amparo a la parte quejosa. La sentencia fue adoptado por unanimidad de cinco votos. Los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo se reservaron su derecho a formular voto concurrente.

6 Bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Esta asunto fue fallado por la Primera Sala de esta Suprema Corte en la sesión del veinticinco de marzo de dos mil quince, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo a la parte quejosa, por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, se reservó su derecho a formular voto concurrente.


7 Tesis: 1a./J. 23/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, publicada en el Tomo XXIII, Mayo de 2006, pág. 132.

8 Tesis: 1a./J. 12/2012 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, pág. 433.


9 En el Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala, sentencia de 25 de septiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 209, la Corte Interamericana expuso que: “Esta manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la defensa ha sido tolerada y permitida por los órganos judiciales intervinientes, con olvido de que su función no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en un tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de los sucedido y a que se sancione a los eventuales responsable”. En términos similares se pronunció en los casos Bulacio vs Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 114; Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs Trinidad y Tobago, sentencia de 21 de junio de 2002, párrs. 142 a 145 y López Álvarez vs Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 128.


10 En el Caso García Asto y Ramírez Rojas vs Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2005, párr. 166, la Corte Interamericana sostuvo que: “Como señaló anteriormente, el Tribunal considera que una demora prolongada puede constituir per se una violación a las garantías judiciales”. En los mismos términos se pronunció en los casos Gómez Palomino vs Perú, sentencia de 22 de noviembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 85; De la Comunidad Moiwana vs Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005, párr. 160 y López Álvarez vs Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006 (Fondo Reparaciones y Costas), párr. 128.


11 En el Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997 (Fondo, reparaciones y costas), el pronunciamiento de la Corte Interamericana, en el párrafo 74, fue el siguiente: “El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” o “derecho de defensa procesal”, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera.


12 En el caso López Álvarez, previamente referido, la Corte Interamericana sostuvo, en los párrafos 129 y 130 de la sentencia, que:

“129. El plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal que se desarrolla en contra de cierto imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva. En materia penal este plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito.

“130. En el presente caso el primer acto de procedimiento se dio con la aprehensión del señor Alfredo López Álvarez ocurrida el 27 de abril de 1997, fecha a partir de la cual se debe apreciar el plazo, aun cuando en este punto se trata del plazo para la realización del proceso, no para la duración de la detención, en virtud de que aquella fue la primera diligencia de que se tiene noticia en el conjunto de los actos del procedimiento penal correspondiente al señor López Álvarez. Para determinar si el plazo fue razonable es preciso tomar en cuenta que el proceso concluye cuando se dicta sentencia firme; en este momento concluye el ejercicio de la jurisdicción de conocimiento. En materia penal el plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran presentarse”.


13 En el párrafo 77 del Caso Genie Lacayo, previamente citado la Corte Interamericana manifestó: “El artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo razonable. Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial, al 6 de la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales”.


14 Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, Sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No. 192.


15 Al respecto, en la sentencia del Caso Valle Jaramillo se relató que el siete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, fue asesinado extrajudicialmente y transcurridos casi nueve años desde su muerte se había condenado únicamente a tres civiles, sin existir investigaciones judiciales orientadas a la determinación de responsabilidad alguna de agentes del Estado.

Al estudiar el concepto del “plazo razonable”, la Corte Interamericana reiteró que deben estudiarse “a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales, el Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve”.

En su voto concurrente, el Juez Sergio García Ramírez señaló que “el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación nacional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto e hizo hincapié en considerar la “afectación actual que el procedimiento implica para la situación jurídica del individuo, si la incidencia crece resultará necesario […] que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que en breve tiempo se resuelva la situación del sujeto […]. La afectación debe ser actual, no meramente posible o probable, eventual o remota".

Cabe señalar que esta referencia del precedente, la estableció esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión de 18 de marzo de 2015, el amparo en revisión 205/2014, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (párrafos 75 a 78).






La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal