Se presenta en calidad de amicus curiae



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SE PRESENTA EN CALIDAD DE AMICUS CURIAE

Señores Jueces a cargo del

Tribunal Penal Uno de Eldorado

Provincia de Misiones

S/D

Mario Alberto JULIANO, D.N.I. 11.416.894 y Nicolás LAINO, DNI 30.296.348, en nuestro carácter de Presidente y Secretario General de la Asociación Civil Pensamiento Penal, respectivamente, con el patrocinio letrado de en la causa 1837/11 en trámite ante el Tribunal Penal 1 de Eldorado, sobre abandono de persona agravado, constituyendo domicilio nos presentamos y decimos:

I.OBJETO

La Asociación Civil Pensamiento Penal (en adelante, APP) viene a expresar opinión sobre alguno de los aspectos aquí debatidos, esperando sea tomada en consideración por los señores Jueces y contribuya a la mejor resolución del tema. En particular, solicitaremos que se absuelva a María Ramona Ovando por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo por el que se encuentra acusada.



II.PERSONERIA

La presentación es suscripta por Mario Alberto Juliano, socio fundador y Presidente, y Nicolás Laino, socio fundador y Secretario General de APP, circunstancias que surgen de los estatutos sociales y acta de asamblea que se encuentran a su disposición para el caso de ser requeridos.



III.LEGITIMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL PARA EFECTUAR ESTA PRESENTACIÓN

Es pertinente indicar que APP es una entidad civil, sin fines de lucro, integrada por operadores del sistema penal (jueces, fiscales, defensores, docentes y estudiantes) de todo el país, cuyos principales objetivos son la promoción, el respeto y resguardo de los derechos humanos en general y de los incorporados a la Constitución nacional en el artículo 75 inciso 22. En particular, cabe remitir a cuanto surge del estatuto social de APP, inscripto bajo el numero 2.216 (dos mil doscientos dieciséis) de la Inspección General de Personas Jurídicas de Viedma, provincia de Rio Negro, y en concreto de su artículo 2 en el que se fija el objeto social, que



comprende la defensa, promoción y afianzamiento de los principios estructurales del Estado constitucional de derecho y del derecho internacional de los derechos humanos.

La APP es responsable de la publicación de la revista electrónica “Pensamiento Penal” (www.pensamientopenal.com.ar) en la que se publican mensualmente materiales jurisprudenciales, doctrinarios, informes, etcétera, sobre la situación de los derechos humanos y de las personas privadas de su libertad, y otros temas relacionados íntimamente con el derecho penal en todas sus expresiones. También cuenta con una publicación (www.pensamientopenal.org.ar) donde diariamente se publican las noticias relacionadas con el mundo penal y que son remitidas vía mail a más de diez mil contactos.

Estas actividades tienen como objetivo ayudar, desde el espectro que le cabe abarcar, a la información de la población en general y de los profesionales del derecho en particular sobre derechos humanos y derecho penal, constitucional y penitenciario.

Como antecedentes más inmediatos y relevantes de este tipo de presentaciones, vale tener en cuenta el “amicus curiae” acompañando la acción que fuera iniciada por los detenidos en Penitenciarías de Mendoza en situación de obtener libertad condicional, pero imposibilitados de ello por haber sido declarados reincidentes, solicitando por acción declarativa de certeza la declaración de inconstitucionalidad de este instituto (autos 93.267 del registro de la Corte Suprema de Mendoza).

En fechas más recientes, APP ha acompañado con sendos amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales denunciando el incumplimiento de lo que la Corte Suprema Nacional ordenara en su resolución del 3 de mayo de 2005 en el marco del hábeas corpus de la causa “Verbitsky”.

APP también ha efectuado presentaciones ante el máximo Tribunal nacional solicitando la invalidez de las detenciones efectuadas por personal de Gendarmería nacional en zonas fronterizas de la República Argentina (causas “Tonore Arredondo” y “Jiménez Manrrique”), y ha realizado una presentación en el marco de una solicitud judicial, propiciando la declaración de inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de la facultad policial contenida en el inciso “b” del artículo 8 del decreto ley 4.663 de Catamarca.

Entendemos que cuanto hemos manifestado en los párrafos que anteceden marcan la indubitable legitimación de APP para intervenir como amiga del tribunal en esta causa, al demostrar el constante compromiso, desde su constitución, con la lucha a favor de los principios fundamentales del Estado Democrático de Derecho y con el respeto irrestricto de las libertades ciudadanas.

IV.- HECHOS:

En marzo de 2011 María Ovando, de 37 años de edad, analfabeta, madre de doce hijos(as), víctima de violencia doméstica, sin trabajo formal, viviendo en la extrema pobreza en una precaria vivienda en la zona rural de Colonia Mado, Misiones, ante el llanto de dolor de estómago de su niña de tres años, Carolina Ayala, decidió cargarla en brazos –a pesar de encontrarse dolorida todavía por un parto reciente- y caminar hasta la ruta a fin de pedir ayuda para que la acerquen a un hospital. Encontrándose a la vera del camino, sin que nadie pare a auxiliarla, la niña fallece en sus brazos como consecuencia de un paro cardio-respiratorio. No presentaba ni golpes ni fracturas.

Ante la desesperación y soledad en la que se encontraba camina hasta la orilla de un arroyo y con sus manos cava un pozo donde entierra a su propia hija. Luego, vuelve a su casa y nada dice sobre lo ocurrido.

En abril los vecinos denuncian la ausencia de Carolina, ante lo cual la policía detiene a María, quien conduce al personal policial al lugar donde se encontraba enterrado el cuerpo de la niña.

Desde esa fecha (abril de 2011), María se halla detenida en el penal de Villa Lanús, procesada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Todos los pedidos de excarcelación o morigeración de su prisión preventiva, incluso el último presentado en octubre del año en curso, fueron rechazados.

Algunos de sus hijos(as) viven con la madre de María. Otros(as) con su hermana. Todavía hoy se desconoce el paradero de su beba de meses de edad, de la cual fue separada al momento de su detención.

En la causa la única imputada es María Ovando. Su concubino, Demetrio Ayala declaró durante la instrucción como testigo de cargo. Hoy se desconoce su paradero.

El juicio oral se llevará a cabo el 19 de noviembre de este año.
V.- FUNDAMENTOS.
A partir de los hechos narrados, aportaremos nuestro punto de vista dando cuenta, en primer lugar, del contexto socioeconómico en que la muerte de la niña acaeció; luego nos enfocaremos en el análisis del tipo penal imputado y la culpabilidad teniendo en cuenta la vulnerabilidad de María Ovando, desde una perspectiva de género; a continuación nos centraremos en la pena natural; para por último expresar brevemente, en consonancia con el amicus curiae presentado por el Movimiento Socialista de los Trabajadores en esta misma causa, la vulneración al principio de inocencia del que goza la imputada y de trascendencia mínima, al encontrarse en prisión preventiva desde hace ya un año y medio.

V.1.- Contexto socio-económico en el que la muerte de la niña Carolina Ayala tuvo lugar.
En la presente causa se investiga la muerte de una niña de tres años de edad que vivía en la más extrema pobreza, en una precaria vivienda, en una zona rural de Colonia Mado en la provincia de Misiones, junto con su madre, padre y hermanos(as). La familia no contaba con acceso a ninguna prestación social ni médica-asistencial por parte del Estado. Tampoco la madre, aquí imputada, contaba con trabajo formal.

Creemos de suma importancia, a fin de juzgar un hecho como el que aquí se investiga, en aras de un adecuado servicio de justicia, valorar que la muerte de la niña acaecida en una situación de extrema pobreza se corresponde con el alto nivel de mortalidad infantil respecto de niños menores de cinco años que aún hoy persiste en América Latina1, y en Argentina en particular2, cumpliendo la desnutrición un papel fundamental como causa subyacente de las muertes.


La desnutrición contribuye hasta al 50% de las muertes infantiles. El agua insalubre, la higiene deficiente y las condiciones inadecuadas de saneamiento no solo explican la alta incidencia de las enfermedades diarreicas, sino que contribuyen de manera importante a la mortalidad de los niños menores de cinco años por neumonía, complicaciones neonatales y desnutrición”3.
En el caso de Argentina, la región donde habita el mayor porcentaje de personas menores de cinco años en riesgo alimentario4 es la nordeste5, es decir, donde se produjo la muerte de la niña Carolina Ayala.

Siendo aún más específicos debemos poner de relieve que tanto María Ovando como su niña se encontraban en un contexto socioeconómico de altísimo riesgo para su vida, si se toma en consideración las “Causas subyacentes y estructurales de la mortalidad de la madre y el niño”:



“• Servicios de salud y nutrición pobremente dotados, sin capacidad de respuesta y culturalmente inapropiados;• Inseguridad alimentaria; • Prácticas inadecuadas de alimentación; • Higiene deficiente y falta de acceso a agua salubre o a instalaciones adecuadas de saneamiento; • Analfabetismo de la mujer; • Embarazo precoz; • Discriminación y exclusión de las madres y los niños del acceso a servicios y productos esenciales de salud y nutrición debido a la pobreza y a la marginación geográfica o política.”6

Al respecto basta solo mencionar que María Ovando es una mujer de 37 años, analfabeta, víctima de violencia doméstica, madre de doce hijo(as), cuyo primer parto fue a los 14 años. Vivía hasta su detención en una zona rural, en una precaria vivienda. Desde muy niña fue empleada doméstica y nunca tuvo trabajo formal. Varios de sus hijos(as) están indocumentados y nunca pudieron acceder a una asistencia estatal. Sus hijos(as) tampoco tuvieron acceso a la asignación universal.

Lo expuesto demuestra que María Ovando y su niña se hallaban en altísimo riesgo de vida. Pero solo pudieron estarlo si el Estado, incumpliendo sus obligaciones, permaneció ausente ante tal acuciante situación.

Un Estado en el que, desde el último gobierno militar hasta bien entrados los años ‘90, período tributario de las recetas neoliberales dictadas desde el occidente desarrollado, se acentuó un proceso de pauperización social, cuya curva ascendente no parece detenerse. El Estado benefactor típico de la posguerra fue abandonado y con ello, la función social que aquel desempeñaba: en su lugar ingresó un gendarme que interpreta los conflictos en clave criminal antes que política, al tiempo que se retira de áreas clave como la salud.

La principal consecuencia social es la exclusión de amplios sectores de la población de la integración económica que antes estaba dada por el trabajo asalariado.

Al decir de Eugenio Raúl Zaffaroni, es:

(…) la generación de un amplio y creciente sector excluido de la economía. La relación explotador – explotado ha sido reemplazada por una no relación incluido – excluido…El excluido no es el explotado: el último es necesario al sistema; el primero esta demás, su existencia misma es innecesaria y molesta, es un descartable social.”7
Es ese propio Estado, ausente a la hora de cumplir con sus obligaciones de asistencia y salud, que hoy pretende criminalizar a María Ovando, reprochándole un supuesto abandono, el que le otorga la calidad de ciudadana solo a la hora de castigarla, de hacerla responsable de lo inevitable para ella, pero evitable para el Estado.

Todo reproche penal que omita valorar este contexto socio económico y la exclusión social en la que la imputada y su familia se encontraban no será ético.


V.2.- Fundamentos jurídicos en relación con el tipo penal imputado.

María Ovando se encuentra imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo (artículo 106 párrafo 1° y último párrafo en función del artículo 107, Código Penal).

En su faz objetiva, este tipo penal requiere para su configuración la realización de una conducta distinta a la debida, es decir, el sujeto activo no evita el resultado de muerte –no le presta auxilio- por realizar otra conducta. En tanto en su faz subjetiva supone que el sujeto conozca todas las circunstancias relativas a la gravedad de la situación en la que se encontraba la víctima, su riesgo de muerte; así como también requiere que el sujeto activo persiga como finalidad –al omitir realizar la conducta debida- que se produzca la muerte de la víctima.

En el presente caso, María Ovando, madre de doce hijos(as), viviendo todo(as) ellos(as) en un marco de extrema pobreza y exclusión social, acostumbrada al hambre y a no tener recursos, el día en que la niña Carolina Ayala lloraba por el dolor de estómago, la tomó en sus brazos y caminando –por no contar con otro medio- acudió en busca de ayuda para poder llegar a un hospital. El intento fue infructuoso, pues, la niña falleció en sus brazos como consecuencia de un paro cardio-respiratorio. Luego, ante el temor que su pareja, Demetrio Ayala la castigara por lo ocurrido, enterró su cuerpo a la orilla de un arroyo.

La mera contraposición de la conducta realizada por la imputada con la conducta que el tipo penal de abandono de persona requiere revela que María Ovando, lejos de realizar una conducta distinta a la debida y perseguir la finalidad de que su propia hija muera, hizo lo que pudo para brindar asistencia a su niña.

Pero además debe valorarse qué posibilidad tuvo María Ovando de representarse que su niña podía llegar a morir, si ella misma y todos(as) sus hijo(as) crecieron en el mismo ámbito, con las mismas necesidades, con las mismas carencias. Si ningún otro(a) falleció por no comer, ¿por qué habría de hacerlo Carolina?; si los(as) otro(as) niño(as) pudieron sobrevivir al hambre, a la falta de higiene, la falta de vivienda digna y hasta la falta de documento de identidad lo que obstaculizaba el acceso a cualquier prestación social, ¿por qué habría de ser diferente Carolina?, ¿por qué no iba a poder sortear todo impedimento y crecer?

¿Cómo será posible entonces afirmar que María Ovando abandonó a Carolina con la finalidad que ella muera si acudió en búsqueda de asistencia en la medida de sus posibilidades?; ¿cómo será posible establecer que conocía el estado de peligro en el que su hija se encontraba, si todos(as) sus hijo(as) -y ella misma- vivieron en las mismas condiciones y todos(as) están hoy con vida?; ¿Cómo será posible probar que ella quería que tan tremendo desenlace ocurriera?8

Las respuestas se muestran evidentes, sobre todo cuando se toma en consideración la jurisprudencia imperante en casos similares, donde la extrema pobreza, la falta de asistencia estatal, la precariedad más absoluta, la acusación dirigida a las mujeres - madres de varios(as) hijos(as)-, y la muerte por problemas de salud de niños(as) son el común denominador. Veamos.

El caso más emblemático lo es el de Librada Figueredo9, quien permaneció privada de su libertad durante casi dos años a la espera del juicio que concluyó en su absolución.

Librada Figueredo, que hasta el momento de su detención vivía con cinco hijos(as) menores de edad en una precaria vivienda de 4x4 metros en la ciudad de Puerto Iguazú, fue acusada por un médico de abandonar a dos de sus hijos, quienes fallecieron como consecuencia de la grave desnutrición que padecían.

Fue este mismo Tribunal Penal Uno de Eldorado el que resolvió absolver por el delito de abandono de personas seguido de muerte, agravado por el vínculo, por no existir delito, al tenerse por acreditado que

pese a sus escasos recursos, ella hizo todo lo que pudo y más aún, para salvar a sus hijos

Es contundente la afirmación del tribunal: “hizo lo que pudo”. Lo mismo hizo María Ovando.

Si se mide con esa misma vara la conducta de María Ovando y se tiene en cuenta que a diferencia de Librada Figueredo, que vivía en la propia ciudad y pudo llegar así al hospital, aquélla vivía en la zona rural de Colonia Mado, lejos de todo nosocomio -sobre todo para ir caminando con una niña en brazos-; el fallo de la justicia no puede ser otro que la absolución.

Pero citemos otro precedente. En un caso donde el padre y la madre no acudieron en búsqueda de ayuda ante un cuadro de peritonitis de un niño que le provocó la muerte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió absolverlos por el delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo, toda vez que

el delito de abandono de persona es un tipo doloso omisivo, que requiere el conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo, por lo que si no hay conocimiento de la situación de abandono no se puede querer abandonar.10

Para valorar la mencionada falta de conocimiento, la Cámara valoró los informes socio-ambientales del hogar que daban cuenta de

un hogar de riesgo por la violencia y agresión de la relación entre los padres y el rechazo de la madre a los mellizos. En otros se hace mención al estado de desaseo, desnutrición, semiabandono en que se encontraban los menores y también se advierte que ante el seguimiento y control la situación familiar mejora. También surge claramente de los informes ambientales la renuencia de la madre de llevar a sus hijos a control médico. Los niños carecían de asistencia pediátrica y aún de las vacunaciones correspondientes y sólo se recurría al hospital ante casos graves como una fractura. La propia procesada no asistía a la consulta médica en avanzado estado de gravidez

A partir de ello, la Cámara concluyó que la familia vivía en un “estado de abandono general” que impidió al padre y la madre conocer el cabal estado de peligro de vida en el que se encontraba el niño.

Ante lo expuesto, vale concluir que María Ovando, lejos de cometer el delito acusado (artículo 106 párrafo 1° y último párrafo en función del artículo 107, Código Penal), al igual que Librada Figueredo y otras tantas, hizo todo lo posible para salvar a su hija.



V.3.- La culpabilidad y la concreta situación de vulnerabilidad de María Ovando desde una perspectiva de género
Sin perjuicio del análisis efectuado precedentemente en relación a que no se encuentra configurado el tipo penal, resulta menester analizar que tampoco al nivel de la culpabilidad, es posible reprocharle a María Ovando, delito alguno.

Para ello debemos poner de relieve la concreta situación de vulnerabilidad11 en la que se encontraba la imputada y todo su entorno familiar.

La atención prodigada a su familia, la diligencia en el cumplimiento de los deberes que culturalmente le caben como madre, en suma, el vínculo que une a María Ovando con sus hijos(as), está signada, atravesada en todas sus dimensiones por la situación de marginalidad absoluta en la que vivía.

Pero además es dable notar que la imputación sólo se dirige contra María Ovando, excluyendo por tanto la responsabilidad del progenitor de la niña, a quien sorprendentemente se le recibió declaración testimonial, que valió como prueba contra aquélla.

Esa decisión no es menor: deja entrever una toma de postura frente a los roles que cabe asignarles a la mujer y al hombre a la sociedad, claramente incompatible con la Constitución nacional y en especial con los tratados de igual jerarquía, de acuerdo con lo establecido por el artículo 75.22 de la Constitución nacional -Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención Interamericana para prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer-.

Aún mas, re-victimiza a la imputada al reforzar en definitiva los patrones culturales que se encuentran tras los maltratos que padeció en su propio hogar. En efecto, todo ejercicio de violencia por razones de género esconde una cosmovisión que glorifica el ser masculino, subordina la mujer al hombre y confina a aquélla al hogar. En este escenario el espacio femenino se reduce al doméstico: de ahí que la crianza de la prole sea el servicio que la mujer está “naturalmente” destinada a prestar, del que el “jefe de familia” se encuentra liberado. ¿Qué otra cosa significa premiar al padre de la pequeña víctima, al ponerlo en el lugar de testigo privilegiado? o peor, ¿reducirlo a mero convidado de piedra en esta trágica historia?.

Es en el contexto indicado y no otro donde debe juzgársela; en otras palabras, no con el “ideal de buena madre” que arbitrariamente traza el juez desde su despacho. No sólo porque el juicio de culpabilidad es personalizado por imperativo constitucional, sino también porque si así no fuera, dejaría de ser ético.
V.4.- Pena Natural

Cabe también relevar el enorme dolor que los hechos materia de juzgamiento le han causado a María Ovando, no sólo aquel que trajo la irreparable pérdida de su hija, sino también el desmembramiento de su familia, como consecuencia de su encierro.

Parece entonces justo la aplicación de la pena natural:

"Se llama poena naturalis al mal grave que el agente sufre en la comisión del injusto o con motivo de éste, pues de componerse la pena estatal sin referencia a esa pérdida, la respuesta punitiva alcanzaría un quantum que excedería la medida señalada por el principio de proporcionalidad entre delito y pena, sin contar con que lesionaría seriamente el principio de humanidad, y que también extremaría la irracionalidad del poder punitivo, pues llevaría hasta el máximo la evidencia de su inutilidad.12"


El drama de María Ovando –comprendido en todas sus implicancias y no en forma sesgada, como un acontecimiento singular totalmente descontextualizado, según lo hicieron hasta el momento quienes se ocuparon de procesarla– excede en mucho el castigo a imponer– al menos en la magnitud planteada por el Código Penal–, lo que pone en jaque su legitimidad.

No es inoportuno traer aquí las palabras de la Corte Suprema:

“Son incompatibles con la Constitución las penas crueles o que consistan en mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza impone (art. 18 de la Constitución Nacional), y las que expresan una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y la intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión de aquél, que resulta repugnante a la protección de la dignidad de la persona humana, centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional13 .

Han acompañado la teoría de la pena natural importantes decisiones jurisprudenciales:

Es entonces dable recalcar que la culpabilidad rige como límite máximo de la pena, la que en ningún caso puede excederla. También cabe subrayar una vez más que en ciertos casos, para la determinación del específico merecimiento de pena deben relevarse los sufrimientos graves que el autor sufre como consecuencia de su delito, constitutivos de lo que en la doctrina se ha denominado ‘pena natural’. Es que si la sanción fijada ignora esas pérdidas, la respuesta punitiva alcanzará un quantum que excederá la medida señalada por la proporcionalidad entre delito y pena (conf. Eugenio Raúl Zaffaroni, “Derecho Penal. Parte General”, Ediar, Buenos Aires, 2003, pág. 996).La importancia de la pena natural encuentra también sustento en el principio de humanidad, en virtud del cual se encuentran proscriptas las sanciones crueles, inhumanas o degradantes (artículo 18 C.N.), y también en los criterios de necesidad real de la pena, estrictamente vinculados con la racionalidad de su aplicación. En esta línea, una pena puede no ser cruel en abstracto, o sea, en consideración a lo que sucede en la generalidad de los casos, pero resultar cruel en el supuesto concreto, referida a la persona y a sus particulares circunstancias. Así ocurre cuando ella ha sufrido un grave castigo natural, es decir, cuando ha padecido en sí misma las consecuencias de su hecho (conf. Eugenio Zaffaroni, ob.cit., pág. 132)”14.
V.5.- La vulneración al principio de inocencia y la violación al principio de trascendencia mínima

María Ovando se encuentra privada de su libertad desde abril de 2011 y seguirá en dicha situación hasta el inicio de su juicio oral, el 19 de noviembre próximo.

Como dijimos antes, sus niños(as) fueron separados(as) de ella. Algunos de sus hijos(as) viven con la madre de María. Otros(as) con su hermana. Todavía hoy se desconoce el paradero de su beba de meses de edad, de la cual fue separada al momento de su detención.

Esta situación constituye una clara violación al principio de inocencia, porque al encontrarse privada de su libertad sin que exista un verdadero peligro procesal, dado que es inverosímil pensar que María Ovando tenga posibilidad alguna de fugarse, pues, además de carecer de los medios económicos para hacerlo, todos(as) sus niños(as) viven en Misiones; la prisión preventiva actúa como una pena anticipada, solo para castigarla, para aumentar aún más su dolor.

A su vez, no debe pasarse por alto que esta pena anticipada transciende a la propia imputada, desde que los(as) niños(as), y peor aún el bebé en período de lactancia, se encuentran sufriendo el haber sido separados de su madre, entre sí y de su propio hogar.

Todo ello en claro incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Constitución nacional, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.3 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


VI. PETITORIO

Por las razones enunciadas, solicitamos que se tenga a la Asociación Pensamiento Penal presentada como “amigo del tribunal”, como así también que los argumentos aportados sean utilizados para la resolución del caso.


Mario Alberto Juliano Nicolás Laino



PRESIDENTE SECRETARIO GENERAL

1 La tasa es de 27 por cada 1.000 nacimientos vivos. Fuente UNICEF, “El Estado Mundial de la Infancia 2008: Supervivencia Infantil: La situación actual”. Disponible en: http://www.unicef.org/spanish


2 Según el BANCO MUNDIAL en Argentina, en el año 2011, la Tasa de mortalidad infantil de niños(as) menores de 5 años fue de 14 por cada 1.000 nacimientos vivos, cuando en Alemania, por ejemplo, es de 4 por 1000. Disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.DYN.MORT


3 UNICEF, Ob. Cit. Pág. 8

4 Se considera en riesgo alimentario a quienes deben destinar como mínimo un 60% del ingreso para atender la canasta básica alimentaria.

5 Fuente base de datos de la EPH. INDEC. Citado por Giacometti, Claudia, “Las metas del Milenio y la Igualdad de Género. El caso de Argentina”, CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo, Nº 72, Santiago de Chile, 2005 pág. 27.

6 UNICEF, Ob. cit. Pág, 3.-

7ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “En torno a la cuestión penal”, Ed. BdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2005.

8 Al respecto, la Cámara del Crimen Nº 1 de San Luis, “Paredes, Juan Carlos y Ochoa, Nanci del Carmen”, 23/04/2007, ha resuelto que “El delito de abandono de persona supone la existencia de una actitud dolosa en el autor referida al desamparo de la víctima y al peligro corrido en la situación en concreto, lo que supone la representación intelectual de la posibilidad que se produzca un peligro de lesión al bien jurídico, razón por la cual, para su configuración no alcanza con la verificación de quehaceres descuidados o negligentes”. Por su parte, el Tribunal de Impugnación Penal de Santa Rosa, “D., M. L.”, 28/05/2009, “El abandono de persona legislado en el art. 106 del Cód. Penal es un delito de peligro hacia la integridad física, la salud o la vida de las personas, producto de un accionar voluntario del autor, quien con su omisión genera la situación de peligro o riesgo para el sujeto pasivo, es decir, que el desamparo generado por el activo debe llevar ínsito una situación generadora de peligro para la víctima, aspecto éste que, por otra parte, debe hallarse debidamente internalizado en el subjetivismo de aquél, pues de lo contrario mal podemos hablar de un accionar típico doloso.

9 Tribunal Penal Nro. 1 de Eldorado, autos “Figueredo, Librada”, 13/08/2004 Publicado en: LLLitoral 2005 (mayo), 387.

10 CNCrim. y Correc., sala VI, 1992/05/29, "D. de C., M.", La Ley, 1992-E, 340 - DJ, 1992-2-840)”. Citado por D'Alessio, Andrés José, Análisis del art. 106 del Código Penal. Publicado en http://www.laleyonline.com.ar.

11 Por situación de vulnerabilidad entendemos a la “concreta posición de riesgo criminalizante en que la persona se coloca”; estado que se integra con los “datos que hacen a su status social, clase, pertenencia laboral o profesional, renta, estereotipo que se le aplica, etc” Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl - Alagia, Alejandro - Slokar Alejandro, “Derecho Penal. Parte General”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2000, páginas 11 y 624.

12 Cfr. Zaffaroni, Alagia, Slokar, ob. cit. Pág. 952.

13 Fallos 314:424, “P. , M.C. ”.

14 Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, sala II, causa nº19.007, caratulada “B., J. S. s/recurso de casación”.



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