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OMPI



S

SCCR/7/10

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 31 de mayo de 2002



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA

comité permanente de derecho de autor
y derechos conexos


Séptima sesión

Ginebra, 13 a 17 de mayo de 2002

INFORME


aprobado por el Comité Permanente

1 El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (denominado en adelante el “Comité Permanente” o “el SCCR”) celebró su séptima sesión en Ginebra, del 13 al 17 de mayo de 2002.


2 Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI o de la Unión de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kirguistán, Letonia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Marruecos, México, Namibia, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República Unida de Tanzanía, Rumania, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez y Venezuela (72).
3 La Comunidad Europea participó en la reunión en calidad de miembro.
4 Participaron en la reunión, en calidad de observadores, las siguientes organizaciones intergubernamentales: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Liga de Estados Árabes (LEA) y la Organisation internationale de la francophonie (OIF) (5).
5 Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Agencia para la Protección de Programas (APP), Alianza de Derecho de Autor de Europa Central y Oriental (CEECA), Asociación Americana de Comercialización Cinematográfica (AFMA), Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), Asociación Canadiense de Televisión por Cable (CCTA), Asociación de Organizaciones Europeas de Artistas Intérpretes (AEPO), Asociación de Televisiones Comerciales Europeas (ACT), Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Asociación Japonesa de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información (JEITA), Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI), Asamblea Mundial de Empresas Pequeñas y Medianas (WASME), Asociación Nacional de Organismos de Radiodifusión (NAB), Asociación Nacional de Organismos Comerciales de Radiodifusión en el Japón (NAB‑Japón), Asociación Norteamericana de Organismos de Radiodifusión (NABA), Centro de Información sobre Soporte Lógico (SOFTIC), Centro de Investigación e Información en materia de Derecho de Autor (CRIC), Comité de Actores y Artistas Intérpretes (CSAI), Confederación Internacional de Editores de Música (ICMP), Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Federación Europea de Sociedades Conjuntas de Administración de los Productores de Copias Audiovisuales Privadas (EUROCOPYA), Federación Iberolatinoamericana de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (FILAIE), Federación Internacional de Actores (FIA), Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), Federación Internacional de Músicos (FIM), Federación Internacional de Videogramas (IVF), Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE), Instituto de Desarrollo Africano (INADEV), Instituto Max Planck para el Derecho Extranjero e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MPI), Organización Iberoamericana de Derechos de Autor (LATINAUTOR), Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE), Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE), Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico (ABU), Unión Europea de Radiodifusión (UER), Unión Internacional de Editores (UIE-IPA), Unión Mundial de Ciegos (UMC) y Union Network International‑Media and Entertainment International (UNI‑MEI) (38).
6 El Sr. Geoffrey Yu, Subdirector General de la OMPI, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director General de la OMPI, Dr. Kamil Idris.
7 La lista de participantes figura en el anexo del presente informe.

ELECCIÓN DE LA MESA


8 El Comité Permanente eligió por unanimidad Presidente al Sr. Jukka Liedes (Finlandia) y Vicepresidentes al Sr. Shen Rengan (China) y a la Sra. Graciela Honoria Peiretti (Argentina).

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA


9 El Presidente sugirió que el Comité abordara en primer lugar la cuestión de la protección jurídica de las bases de datos antes de la cuestión relativa a los organismos de radiodifusión. Una vez aceptada esta propuesta por el Comité, el orden del día (documento SCCR/7/1) fue aprobado por unanimidad.

PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS NO ORIGINALES


10 Refiriéndose a los cinco estudios encomendados por la Secretaría, el Presidente invitó a las delegaciones a que examinaran las conclusiones de los mismos e informaran sobre la evolución reciente que pudiera haber tenido lugar en el plano nacional y regional, incluida la existencia de leyes de protección de esas bases de datos así como de cualquier plan destinado a promulgarlas. Además, pidió a la Secretaría que presentara los estudios al Comité.
11 La Secretaría afirmó que los estudios se habían preparado sobre la base de un mandato idéntico por los expertos que se mencionan a continuación, a saber, el Sr. Yale M. Braunstein, Profesor de la School of Information Management and Systems de la Universidad de California, Berkeley, el Sr. Sherif El-Kassas, Director Adjunto del Departamento de Informático del Campus de El Cairo de la American University, el Sr. Thomas Riis, Profesor Asociado, Departamento de Derecho, Copenhagen Business School, Copenhague, el Sr. Phiroz Vandrevala, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios y Programas Informáticos (NASSCOM), Nueva Delhi, y el Sr. Zheng Shengli, Profesor de la School of Intellectual Property, Pekín. Todos ellos, una vez ultimados sus respectivos estudios preliminares, fueron invitados a una consulta informal celebrada en la OMPI, Ginebra, en la que presentaron los estudios e intercambiaron opiniones con la Secretaría.
12 La Delegación de la Comunidad Europea valoró positivamente la finalización de los cinco estudios, que a su juicio eran muy útiles y ayudarían al progreso del debate. Dos de ellos se referían, en particular, a la situación en dos países, mientras que los otros tres eran de carácter más general. Algunos de ellos destacaban el aspecto jurídico y otros estaban centrados en consideraciones económicas. Todos esos aspectos eran igualmente pertinentes para la comprensión de la cuestión. En los estudios no se explicaba la naturaleza de la protección sui generis incorporada a la Directiva Europea 96/9 sobre la protección jurídica de las bases de datos. La Comunidad Europea había acumulado una cierta experiencia con este tipo de protección. La protección sui generis de las bases de datos había estimulado la innovación y la inversión en la Comunidad Europea y no había obstaculizado ni la investigación o la educación ni el acceso a la información. Las primeras resoluciones judiciales se adoptaron en el plano nacional y, en la actualidad, un caso está pendiente de decisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La Delegación sugirió que la Secretaría actualizara el documento DB/IM/2 de la OMPI, publicado el 30 de junio de 1997, sobre la legislación nacional y regional existente relativa a la propiedad intelectual en materia de bases de datos.
13 La Delegación de Argentina, en nombre del Grupo de Países de América Latina y del Caribe (GRULAC), consideró muy valiosos los estudios realizados por la OMPI sobre la materia. No obstante, señaló que no había podido examinar dichos estudios en profundidad, dado que no habían sido distribuidos con la suficiente antelación y, en consecuencia, reservaba su opinión para la próxima sesión del Comité. Dado que los estudios no se referían suficientemente a la experiencia y características regionales, la Delegación pidió a la Secretaría que encargara la realización de un estudio adicional centrado en las repercusiones de la protección de las bases de datos no originales en la región de América Latina y del Caribe. Afirmó que deberían examinarse las posibles consecuencias económicas, así como las repercusiones en la difusión de la información.
14 La Delegación de la Federación de Rusia afirmó que examinaría detalladamente los estudios. Hizo referencia a algunas propuestas pendientes en la Federación de Rusia, en las que se examina la introducción de protección adicional a las bases de datos, basada en evaluaciones cuantitativas y cualitativas de la cuestión. Al abordar las posibles propuestas respecto de las bases de datos originales y no originales, el grupo de trabajo tenía ante sí varias cuestiones, que se aplicaban tanto al marco nacional como al internacional. Los estudios abordaban algunas de ellas. Por ejemplo, mencionó la protección de las estadísticas derivadas de una única fuente y la protección de los datos en el dominio público. Otra cuestión era el modo de considerar los datos originados en el Estado y transmitidos a grupos o entidades públicas para su divulgación amplia y gratuita. Esas cuestiones debían ser examinadas por el Comité.
15 La Delegación de los Estados Unidos de América informó al Comité que en el Congreso de su país continuaba el debate sobre el establecimiento de mecanismos adecuados para la protección de las bases de datos no originales. Proseguían los intercambios de opiniones entre dos comisiones del Congreso, a saber, la subcomisión de propiedad intelectual, y la comisión parlamentaria encargada de las cuestiones en materia de comunicaciones. Las dos comisiones que en el pasado habían elaborado proyectos de leyes separados sobre el mismo tema, en la actualidad trataban de resolver sus diferencias y preparar un proyecto de ley conjunto. La Delegación subrayó que las propuestas sobre las que actualmente deliberaba el Congreso eran completamente diferentes de las examinadas en el pasado. Los estudios eran una contribución útil para la labor del SCCR. La Delegación esperaba que próximamente estaría en condiciones de informar sobre nuevos progresos relacionados con propuestas legislativas concretas.
16 La Delegación de China declaró que los estudios merecían un atento examen. Hizo referencia a la posibilidad de realizar, con la autorización de la Secretaría, una traducción al chino de los cinco estudios a fin de que los funcionarios y expertos pudiesen aprovechar los resultados. Su país poseía una gran riqueza en el sector de la información y de las bases de datos, independientemente de que los datos pudiesen o no ser objeto de protección por derecho de autor. En el 2001, la ley nacional de derecho de autor dejó bien sentado que la compilación de datos o de otro material, que por el tipo de selección u ordenación del contenido constituían una creación intelectual, estaban protegidas. Sin embargo, cabía examinar si también debería otorgarse protección a la simple compilación de estadísticas, como una guía telefónica o las cotizaciones bursátiles. Se trataba de determinar si debía existir o no una ley específica para su protección u otras leyes o incluso medidas administrativas. Dijo que los creadores de bases de datos deberían obtener el debido beneficio pero, al mismo tiempo, las mencionadas bases deberían utilizarse como fuente de conocimientos e información por parte del público. Sin embargo, aún no existía un criterio común para la protección de las bases de datos y la cuestión todavía era materia de debate.
17 La Delegación de la República de Corea informó a la Comisión que en noviembre de 2001 se había introducido en el Parlamento un proyecto de ley nacional sobre la protección de las bases de datos no originales, preparado en consulta con la industria. El proyecto incluía disposiciones sobre medidas tecnológicas de protección, información sobre la gestión de derechos, y disposiciones especiales en materia de responsabilidad. Se habían incorporado derechos exclusivos específicos para los productores de bases de datos. La legislación tenía el objetivo de lograr un equilibrio entre los derechos que debían otorgarse a los productores de bases de datos y a los usuarios. Por consiguiente, estableció un plazo de protección corto, de cinco años, contados a partir de la conclusión de la base de datos y; los derechos exclusivos serían muy específicos.
18 La Unión Internacional de Editores (UIE) recordó que la protección de las bases de datos originales no era una cuestión nueva. Se encontraban en vigencia diversos mecanismos de protección. Observó que los cinco estudios de la OMPI demostraban que las bases de datos eran vulnerables a la explotación de quienes intentaban aprovechar sus beneficios sin asumir carga alguna y que la protección tenía el mérito de alentar la creación, pero también la divulgación de su contenido. Su delegación expresó su apoyo a la Delegación de la Comunidad Europea y estaba dispuesta a seguir contribuyendo al debate para el logro de un marco aceptable de protección de las bases de datos no originales.
19 El Presidente dio por terminados los debates y observó que se precisaba más tiempo para que las delegaciones se beneficiaran plenamente de los estudios de la OMPI. Invitó a la Secretaría a que respondiera a las peticiones efectuadas por algunas delegaciones.
20 En respuesta a la petición de la Delegación de la Comunidad Europea, la Secretaría afirmó que actualizaría el estudio de las leyes sobre protección de las bases de datos no originales e invitó a los Estados miembros a suministrar información sobre las leyes vigentes en ese ámbito. En relación con la petición de Argentina relativa a un estudio respecto de los países de América Latina y del Caribe, la Secretaría expresó que estaba lista para encomendar su elaboración, pero dadas las limitaciones de tiempo, no podía prometer que estuviese terminado para la próxima sesión del Comité. En cuanto a la petición de China, la Secretaría se pondría en contacto con los autores de los cinco estudios a fin de obtener la autorización para su traducción al chino.
21 La Delegación de Marruecos, pidió a la Secretaría la traducción de los estudios al árabe. La traducción a ese idioma podría ayudar a los debates en su país sobre la cuestión, en particular, para el proyecto de nueva ley nacional sobre derecho de autor y derechos conexos que, por primera vez, incluiría disposiciones específicas sobre la protección de las bases de datos no originales.
22 La Delegación de Egipto hizo suya la petición de la delegación de Marruecos, que permitiría a las autoridades de su país beneficiarse de los estudios, en un momento en que Egipto estaba preparando una nueva legislación unificada sobre propiedad intelectual.
23 La Secretaría aseguró a las dos delegaciones que haría todo cuanto estuviese a su alcance para dar curso favorable a esas peticiones.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN


24 El Presidente introdujo la cuestión señalando que las contribuciones recientes permitían que se iniciara una labor adecuada sobre un futuro instrumento para la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión. Se habían presentado varias propuestas y las partes interesadas tenían la oportunidad de expresar sus opiniones al respecto. En la sexta sesión del Comité Permanente, las deliberaciones se centraron principalmente en las definiciones y se había pedido a la Secretaría que preparase un documento de información técnica destinado a facilitar el progreso de las deliberaciones. Desde esa sesión del Comité, la República Oriental del Uruguay había presentado una nueva propuesta y se habían celebrado consultas regionales en la mañana previa a la apertura de la presente sesión. Propuso que las deliberaciones comenzaran por el examen del documento de trabajo técnico (documento SCCR/7/8).
25 La Secretaría presentó el documento basado en sus dos propios estudios y en la información de utilidad proporcionada por organizaciones no gubernamentales. Se adoptó el criterio de describir objetivamente los aspectos técnicos relacionados con la radiodifusión, en particular, en el contexto de la evolución registrada en el ámbito de nuevas tecnologías desde la adopción de la Convención de Roma. Incluía una breve descripción sobre el contenido de los diversos capítulos del documento. En relación con las cuestiones jurídicas que debían examinarse, señaló que se plantearon en las deliberaciones que tuvieron lugar en la última sesión del Comité Permanente.
26 El Presidente invitó al Comité que expresara sus opiniones sobre el documento antes de comenzar las deliberaciones sobre las cuestiones sustantivas. Sugirió que la primera etapa de intercambio de opiniones se centrase en elementos como la noción de radiodifusión, la inclusión de transmisiones por Internet y el grado de interactividad que permitiese establecer una distinción entre la radiodifusión y otras formas de transmisión.
27 La Delegación de México afirmó que había emprendido consultas a nivel nacional y consideraba que muy pronto estaría en condiciones de comunicar las conclusiones.
28 La Delegación de la Comunidad Europea hizo referencia a su propuesta, redactada en lenguaje de tratado, presentada en la sexta sesión del Comité Permanente. Las cinco propuestas presentadas hasta el momento en el Comité, incluida la propuesta más reciente efectuada por la República Oriental del Uruguay, compartían los mismos principios y ponían de manifiesto que existía un considerable terreno común. En la sexta sesión del Comité Permanente se habían identificado sectores en los que era necesario proseguir las actividades. Entre ellos cabía mencionar las cuestiones de la emisión por Internet, la medida en que las transmisiones por las nuevas redes digitales deberían incluirse en el ámbito del nuevo instrumento y la necesidad de otorgar una protección aparte a las señales anteriores a la radiodifusión. El documento de trabajo técnico, de suma utilidad, aclaraba las cuestiones antes mencionadas y podían servir como catalizador en la búsqueda de soluciones adecuadas. La Delegación observó que, al tratar de distinguir entre los actos que constituían radiodifusión y otras formas de transmisión, se debía tener presente que las actividades merecían protección por propiedad intelectual cuando cumplían ciertos criterios, tales como la emisión de señales portadoras de programas, puesto que suponían unas inversiones y selección. En segundo lugar, las actividades realmente interactivas no constituían radiodifusión puesto que el Artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y los Artículos 10 y 14 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) contemplan la verdadera interactividad únicamente en el caso en que la emisión pudiera percibirse desde el lugar y en el momento que el receptor eligiera. La radiodifusión tradicional no pasaba a ser interactiva únicamente debido a que algunos actos interactivos se efectuaran marginalmente o porque se hubiese accedido a la radiodifusión mediante una computadora o un dispositivo similar. En tercer lugar, el medio o medios técnicos de transmisión no definían su naturaleza como radiodifusión o no radiodifusión. No toda transmisión podría considerarse como radiodifusión, especialmente en el contexto de las nuevas redes digitales como Internet. La Comunidad Europea suscribía la opinión de que la interactividad era un criterio fundamental para distinguir entre difusión y ciertos tipos de emisión por Internet. Existían otros factores adicionales como la transmisión de un programa basada en la selección y la inversión realizadas, independientemente del medio de transmisión utilizado . Era preciso aclarar más la cuestión relativa a las señales anteriores a la radiodifusión y la necesidad de otorgar protección internacional especial.
29 La Delegación de Singapur formuló dos observaciones; en primer lugar, en relación con la emisión por Internet, señaló que deseaba recibir información sobre qué aspectos de la emisión por Internet eran sinónimos de radiodifusión tradicional; en segundo lugar, en relación con las diferencias entre emisión por Internet y emisión simultánea, la Delegación consideró que debía lograrse una mejor comprensión puesto que la única diferencia evidente consistía en que la emisión simultánea comprendía la noción de tiempo real. La radiodifusión exigía la recepción por el público, mientras que la emisión por Internet era una transmisión de punto a punto. La Delegación se preguntó si era necesario incluir modificaciones en la definición de radiodifusión para que comprendiese ciertos aspectos de la emisión por Internet.
30 El Presidente indicó que la noción de radiodifusión ya aparecía en el Convenio de Berna y en la Convención de Roma. Era posible elaborar una nueva definición de “radiodifusión” más amplia o tal vez, mantener la noción “tradicional”, pero extender el trato otorgado a las emisiones y hacer referencia a otro tipo de actos. Existían numerosos medios de lograr una protección adecuada. A este respecto, las actuales deliberaciones podrían incluir cuestiones que hiciesen referencia a las cualidades y atributos de las señales portadoras de programas, el nivel de interactividad, la inversión hecha en el programa y la distinción entre señal y contenido.
31 La Delegación de Australia estimó que el documento de trabajo técnico era sumamente útil. En los debates sobre la radiodifusión tradicional por aire, las transmisiones por cable y las transmisiones por Internet existían ciertos puntos comunes. A ese respecto pidió que se proporcionaran aclaraciones sobre las mismas cuestiones planteadas por la Delegación de Singapur. Se precisaba una mayor orientación en relación con las diferencias fundamentales entre las transmisiones por caudales en Internet en tiempo real y de punto a multipunto, como en el caso de la radiodifusión por aire. Si se debatía sobre un mínimo determinado de interactividad, la Delegación preguntó cuál era la diferencia entre la transmisión por Internet en tiempo real y la distribución por cable, puesto que esta última también exigía algunas fases interactivas. La Delegación preguntó cómo se distinguía la señal de emisión de su contenido. Debía quedar claro para todos que la referencia a las señales era respecto de las señales portadoras de programas, se tratase de sonidos o de sonidos e imágenes. Por último, hizo suya la opinión expresada por la Delegación de la Comunidad Europea en el sentido de que el fundamento básico de la protección era la inversión que debería efectuarse para producir y transmitir las señales portadoras de programas propios.
32 El Presidente observó que la protección para los emisores se basaba en ciertos conceptos que tuvieron vigencia durante 40 años. Desde un punto de vista práctico, las cuestiones planteadas por la Delegación de Australia respecto de las señales portadoras de programas no presentaban dificultad alguna.
33 La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que muchas de las cuestiones planteadas por la Delegación de Australia eran objeto de deliberaciones exhaustivas con su país. Algunas cuestiones importantes objeto de las deliberaciones se relacionaban con temas tales como el modo de definir el objeto de protección, incluidas las señales portadoras de programas, quién debería ser protegido, y el modo de evitar problemas entre los titulares de derechos. La Convención de Roma no había sido ratificada por su país, donde la protección de los organismos de radiodifusión se basaba en la ley sobre telecomunicaciones y en la ley sobre derecho de autor, circunstancia que explicaba porqué ciertos conceptos entrañaban dificultades. No obstante, a su juicio, la cuestión más importante consistía en que era necesario proteger a los emisores contra la piratería y que el examen del otorgamiento de derechos quizás debería basarse en la mejor manera de impedir la intercepción no autorizada y la transmisión de señales.
34 La Delegación de la Federación de Rusia reconoció la importancia de una definición de “radiodifusión”, así como de las respuestas a las preguntas de a quién otorgar protección y cuál debería ser el objeto de esa protección. La “transmisión por cable” y la “señal portadora de programas” también eran conceptos fundamentales que era necesario definir en un instrumento para la protección internacional de los emisores. Para ayudar a su país a preparar su propia ley era necesario que se aportasen más aclaraciones.
35 La Delegación del Japón hizo referencia a las cuestiones planteadas por la Delegación de Australia sobre la diferencia esencial entre las transmisiones por Internet y las transmisiones punto a multipunto. Señaló que la diferencia se basaría en el hecho de si era necesario o no que el receptor de las transmisiones tuviese acceso a un servidor. Todas las transmisiones por Internet se iniciaban cuando el receptor accedía al servidor. La ley de su país había utilizado esta clara distinción.
36 El Presidente se refirió al punto del orden del día “cuestiones varias” e invitó al Comité a examinar nuevos temas posibles para abordarlos en su futura labor como: la información sobre la gestión de derechos, la gestión colectiva de derechos (vinculada a la cuestión anterior), las condiciones para la concesión de licencias, el derecho aplicable en situaciones transfronterizas relativas a los contratos y las infracciones.

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