"rios, Francisco Daniel; rios, Martín Alberto; rios, Exequiel Jorge; gerez, Hugo Orlando; terra néstor Fabián y terra; Fabián Javier homicidio en grado de tentativa s/recurso de casacion"



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Causa: "RIOS, Francisco Daniel; RIOS, Martín Alberto; RIOS, Exequiel Jorge; GEREZ, Hugo Orlando; TERRA Néstor Fabián y TERRA; Fabián Javier - HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA S/RECURSO DE CASACION"

(Expte.Nº199/14 - Año 2014 / Origen: Tribunal de Juicio y Apelaciones -Gchú-)
Resolución Nº 230 .-
///-C U E R D O :

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dos días del mes de octubre del año dos mil quince, reunidos los señores Miembros de la Sala Nº 1 de la Cámara de Casación Penal, a saber: Presidente, Dr. HUGO D. PEROTTI, y Vocales, Dres. RUBÉN A. CHAIA y MIGUEL A. GIORGIO, asistidos por la Secretaria autorizante, Dra. Claudia Geist, fue traída para resolver la causa caratulada "RIOS, Francisco Daniel; RIOS, Martín Alberto; RIOS, Exequiel Jorge; GEREZ, Hugo Orlando; TERRA Néstor Fabián y TERRA; Fabián Javier - HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA S/RECURSO DE CASACION".-



Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación tendría lugar en el siguiente orden: Dres. CHAIA, PEROTTI y GIORGIO.-

Estudiados los autos, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:



PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto a fs. 367/389 vta.?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué cabe decidir en materia de costas causídicas?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL, DR. CHAIA, DIJO:

I.- Mediante sentencia de fecha 16/10/2014, el Tribunal de Juicios y Apelaciones -integrado en la oportunidad por los Dres. Vivian, Dumón y Figueroa, obrante a fs. 350/365-, resolvió -en lo que aquí interesa- declarar a Francisco Daniel Ríos, autor material y responsable del delito de Homicidio en grado de tentativa -art. 42, 45 y 79 CP-, condenándolo a la pena de siete años de prisión y accesorias legales. Contra dicha resolución, se alzó la Defensa técnica del imputado interponiendo recurso de casación -Dr. Pablo Di Lollo, fs. 367/389 vta.-.-

II.- En su líbelo recursivo, el Dr. Di Lollo refirió que no quedó demostrado el elemento subjetivo -dolo- propio de la figura enrostrada. Consideró que para que una agresión sea calificada como tentativa de homicidio, debe la intención del agresor aparecer claramente definida en tal dirección, requiriendo para ello una prueba específica demostrativa de la resolución de matar, y ante su ausencia, la calificación del hecho debe ser la de Lesiones graves.-

No discutió la existencia de la pelea y la agresión que sufriera la víctima, pero entendió que no se probó el animus requerido por la figura penal imputada. Al no estar ello demostrado, y atento a la carencia de antecedentes penales del encartado, solicitó el mínimo de la pena por Lesiones graves, y que su ejecución sea condicional.-

Subsidiariamente, planteó la inobservancia de los arts. 40 y 41 CP, entendiendo que el Tribunal confundió las condiciones de verificabilidad con las de verificación. No se neutralizaron adecuadamente las atenuantes y las agravantes, no se respetó la proporcionalidad y no se vislumbra el criterio racional que se tomó para la determinación de la pena.-

Finalmente, refirió a un apartamiento por parte del a quo de la doctrina sentada por el STJER en la causa "Retamozo", según la cual a la tentativa le corresponde una escala abstracta reducida respecto de la que corresponde al delito consumado; ello así, por cuanto a Ríos se le impuso la pena de 7 años, siendo que el mínimo del delito consumado es de 8 años, lo que quiebra la sistemática del CP.-

III.- Concedido el Recurso, se realizó la audiencia correspondiente, compareciendo a la misma el recurrente y el Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge A. L. García.-

El Dr. Di Lollo se remitió expresamente a los agravios planteados en el escrito recursivo, tanto en lo relativo al agravio principal -falta de dolo homicida-, como a los subsidiarios -reducción de la pena-, haciendo reserva del caso Federal.-

A su turno, el Dr. García respondió cada uno de los agravios expresados, argumentando los motivos por los que estima que la sentencia cuestionada resuelve correctamente el punto referente a los planteos del casacionista. Culminó peticionando el rechazo del recurso impetrado y la confirmación del fallo en crisis.-

IV.- Resumidas las posturas de las partes habré de ingresar al tratamiento de los agravios expuestos por el recurrente no sin antes analizar los alcances del recurso de casación que ha ido delineando esta Sala de Casación Penal, toda vez que el tenor de la impugnación lo merece.-

IV.- a) Los alcances del recurso: Como ya sostuve en autos "CASTILLO" -07/08/14-, más allá de los títulos que el agraviado ha consignado en el recurso, estamos frente a una "mera disconformidad" con la forma en que el Tribunal de Juicio ha valorado las pruebas lícitamente incorporadas al debate. En efecto, el remedio bajo análisis, a partir de una disección de los argumentos vertidos en el fallo busca poner de relieve contradicciones, omisiones y/o ausencia de fundamentación olvidando que la sentencia, como pieza procesal única, debe ser analizada íntegramente y a partir de allí, corresponde sopesar su coherencia y lógica interna desde la motivación expresada en sus considerandos y finalmente en relación a sus conclusiones, pero en modo alguno puede, tal como pretende el casante, tomarse párrafos y cernir sobre ellos críticas como si se tratara de actos valorativos-conclusivos, estancos, individuales e independientes del resto del texto y por ello despojados de unidad y huérfanos de lógica, lo que me llevaría a propiciar el rechazo del recurso por no tratarse de una verdadera impugnación en los términos exigidos por el actual desarrollo de nuestro sistema de enjuiciamiento penal y que sólo la flexible generosidad recursiva implantada desde fallos como "CASAL" permiten su tratamiento.-

En este punto y tal como lo adelantara, no se desprenden de la lectura del recurso, argumentos críticos contra el razonamiento y/o que no obtuvieran oportuno tratamiento y respuesta fundada en esa instancia siendo su postulación en esta Sede, una "mera discrepancia" con lo resuelto lo que no habilita la aplicación de la doctrina de la "arbitrariedad" -CSJN., Fallos 286:212, 301:1218, 302:588, entre otros-.-



IV.- b) Los agravios: Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de dar respuesta al planteo, estimo que la sentencia atacada, lejos de resultar arbitraria por falta de fundamentación -sea esta "aparente", "insuficiente" o "defectuosa"- es un constructo explicativo autosuficiente de sucesos pasados analizados bajo el prisma de la "sana crítica racional" en el marco de la "libertad probatoria", sin que las tachas argumentales dirigidas por el casante puedan tener cabida a punto tal de invalidar sus conclusiones.-

Reitero, esa práctica de fraccionar la sentencia más allá de resultar absolutamente ineficaz no tiene virtualidad nulificante pues deja traslucir sólo otra forma de valorar las proposiciones fácticas o analizar la prueba, pero en modo alguno resta credibilidad ni virtualidad convictiva al fallo.-

Previo a ingresar al tratamiento particularizado de las cuestiones planteadas por el recurrente, es de destacar que la estructura lógica que sigue en la exposición de sus agravios en el escrito pertinente, reducen los mismos a uno solo, cual es la corrección de la calificación legal del hecho que se le atribuye a Ríos; ello así, por cuanto no se encuentra controvertida ni la agresión que sufriera Gutiérrez ni la autoría por parte de Ríos. Ellas fueron reconocidas por las partes, y constatadas por el Tribunal en base a los dichos del damnificado, de su novia y de otros testigos como "Caco" Núñez y "Junior" Comparada.-

Niega sí el casacionista que se pueda adscribir dolo homicida a la acción desplegada por su pupilo, por lo que -en caso de entender fundamentada la calificación legal escogida por el a quo-, huero quedaría el requerimiento de calificar el hecho como Lesiones graves, por lo que solo restaría en dicho caso, analizar la corrección de la determinación de la pena a imponer, agravio planteado subsidiariamente por el Dr. Di Lollo.-



IV.- c) Dolo de matar y Tentativa: Llegamos así al punto neurálgico del embate casatorio, cual es cuestionar la corrección de la calificación legal del hecho atribuido a Ríos. Respecto del dolo de matar, la sentencia entiende que el mismo queda demostrado -primeramente- en base a la gravedad de las lesiones sufridas por Gutiérrez.-

A ese respecto, es de destacar los dichos de los médicos Cordfield y Concetti, quienes afirmaron que de no haberse tratado adecuadamente, el paciente habría muerto; igualmente, el Dr. Acerbi informó que la lesión es compatible con la utilización de una botella de vidrio. Los dichos de los profesionales se corroboran con los informes médicos que los mismos produjeran -fs. 25 y 29-, en los que se indica que Gutiérrez tiene afectados la pleura y el pulmón, por herida provocada por elemento contuso cortante, concluyendo que "el paciente se encontraba con riesgo de vida al momento de recibir las lesiones". Al declarar en juicio, la Dra. Concetti refirió que la herida "... era del lado izquierdo, y hubo riesgo de vida porque si no se le colocaba el tubo de drenaje pleural, el paciente hubiera empezado con complicaciones respiratorias que normalmente conducen a la muerte, ya que presentaba una herida abdominal que determinó su intervención quirúrgica de urgencia, al afectar la pleura y el pulmón".-

Esto contradice abiertamente la tesis defensista. Si bien el recurrente en su escrito indica que del debate no surgen datos relevantes -ni de los dichos de los testigos ni de lo declarado por la víctima- que permitan afirmar el animus homicida en la agresión de Ríos a Gutiérrez, a las resultas de los informes médicos referidos se suman otros elementos indiciarios aportados por los deponentes.-

A la madre de Gutiérrez, uno de los intervinientes -"Monito"- le dice "ahí te lo dejé tirado" -fs. 17-; el mismo Ríos le habría dicho a la novia de la víctima "ahí te lo matamos", y a un funcionario policial le preguntó "¿se murió el gil?"; de la testimonial brindada por Gutiérrez -fs. 246/247- surge que "ellos se reían, y decían 'lo matamos', y se fueron riendo", y al momento de declarar en audiencia, indicó: "Me decían te vamos a matar" "me la pegó Bolita Ríos. Bolita con un pico de botella me hirió" "una vez que me apuñaló giró el pico de la botella que estaba dentro de mi cuerpo" "sufrió mucho, y perdió un pulmón" -cfr. acta de debate-.-

Contando con esos elementos, el a quo tuvo por probado el dolo homicida por cuanto "las reglas de la experiencia revelan que quien conscientemente, como ha sido el caso de Ríos, apuñala a una persona en zonas vitales mediante la utilización del pico de una botella que gira una vez dentro del cuerpo para agravar la lesión, tiene conocimiento de la relevancia del peligro que entraña su acción".-

Como ha indicado la doctrina, el dolo se prueba no como hecho "natural", ni siquiera "psíquico", sino que se atribuye normativamente, atendiendo a la significación social de la conducta desplegada por el imputado. Así, sostiene Hruschka que el dolo no es un "hecho" en el mismo sentido que lo son las circunstancias fácticas que rodean el suceso investigado, y que no puede interpretarse ontológicamente como suceso demostrable a la usanza de las ciencias físicas. Así, ha de tenerse en cuenta "Como todo lo espiritual, el dolo no se constata y se prueba, sino que se imputa. Cuando decimos que alguien está actuando dolosamente no realizamos un juicio descriptivo, sino adscriptivo ... en ello no solo no hay ninguna arbitrariedad, sino que es, en principio, nuestra única posibilidad de imputar el dolo penalmente relevante a partir de la globalidad de las circunstancias 'externas'. Así, acogemos aquellos hechos que son perceptibles por los sentidos, es decir, que pueden constatarse objetivamente -la cara roja, los movimientos del cartero, las circunstancias 'externas' del caso- como la expresión de algo espiritual que no puede encontrarse en el mundo de los hechos" -HRUSCHKA, J. Imputación y Derecho Penal. BdeF, Bs as, 2009, p. 195/196-.-

Por ello, y desde un punto de vista funcionalista, se afirma que un hecho punible no es otra cosa que la comunicación del apartamiento -prima facie- de la regla que se traduce en la tipificación penal, tornándose necesaria la pena en cuanto dicha comunicación alcance la suficiente “intensidad comunicativa” como para quebrantar las expectativas que la mentada regla implica. Ello así, por cuanto el dolo “no es una propiedad empírica, sino una propiedad normativa, porque es en función de ella que una conducta penalmente relevante se enjuicia como más o menos disvaliosa y que, además, el autor resulta obligado a actuar conforme a estándares objetivos” -PÉREZ BARBERÁ, G. El dolo eventual. Hacia el abandono de la idea de dolo como estado mental, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, p. 817-.-

Como bien sostiene RAGUÉS I VALLÉS, desde la experiencia social es posible distinguir, en lo que respecta a los riesgos que conllevan determinados comportamientos, "entre conductas especialmente aptas para ocasionar ciertos resultados y conductas que, si bien son objetivamente capaces de provocar determinadas consecuencias lesivas, en la valoración social no están vinculadas indefectiblemente a su acaecimiento. La distinción entre conductas especialmente aptas y este segundo grupos de conductas —que en adelante serán denominadas “conductas neutras”— debe ser el criterio rector en la práctica para decidir cuándo una alegación de desconocimiento del riesgo concreto deberá ser creída" -RAGUÉS i VALLÉS, R. "Consideraciones sobre la prueba del dolo". REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 4 – Año 2004-.-

En autos, un hombre que acomete conjuntamente con otros sujetos, aprovechando la golpiza de los demás para atacar a un individuo -por su inferioridad numérica- prácticamente indefenso, valiéndose de un elemento de altísimo contenido lesivo, y no solo introduciéndole la botella rota en la zona estomacal, sino girando la misma luego para producirle mayor daño, claramente demuestra su intención de darle muerte -o, al menos, surge indubitable que tal resultado aparece como una consecuencia que el autor ha aceptado como altamente probable-, lo que no se produjo por causas ajenas a su voluntad -intervención quirúrgica y tratamiento médico-.-

A más de ello, resulta doctrina asentada en la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal provincial -a partir del precedente "DE LA ROSA" -17/03/09-, que el homicidio tentado admite el "dolo eventual", por lo que aún negando vía hipótesis el "dolo de intención", la figura en cuestión se satisface plenamente con el "dolo eventual", sin que la distinción apuntada se proyecte sobre el tipo penal escogido o permita derivar el tipo a uno de menor impacto punitivo -cfr. autos "SEGOVIA" -27/8/13-, "ARREDONDO" -27/8/13-, "AUTERI" -25/2/13-, entre muchos otros-.-

De igual manera lo ha entendido la doctrina moderna: "Cuando la ley requiere dolo, ambas formas -dolus directus y dolus eventualis- serán equivalentes. Desde este punto de vista, la distinción no tiene consecuencias prácticas" -STRATENWERTH, Derecho Penal, Parte General, p. 113, también ZAFFARONI, al señalar: "la referencia a delito determinado no excluye la posibilidad de una tentativa con dolo eventual, pues la palabra determinado del art. 42 del CP. tiene otro sentido, dado que de ninguna manera puede haber un fin de cometer un delito indeterminado, lo que sería una monstruosidad ontológica" -DP, PG, p. 823-.-

Surge entonces incontrastable, que la resolución atacada ha considerado adecuadamente las circunstancias pertinentes para imputarle dolo homicida a Ríos. Como ya subrayamos, la conducta de Ríos trasunta claramente la conciencia -reiteramos, al menos eventual- de que la muerte de Gutiérrez se presentaba como consecuencia racional del proceder del encartado, por lo que el resultado ha sido un efecto asumido por el mismo y que no se produjo por causas externas a su dominio consciente, presentándose tanto las circunstancias que rodearon su accionar como su actitud posterior demostrativas -i.e. comunicaticamente relevantes- de su intención.-

Como corolario, y si bien no se han efectuado planteos respecto de la calificación del hecho como tentativa, el Tribunal sostuvo que el hecho quedó en grado de tentativa, no alcanzándose el resultado deseado por el autor solo en virtud de la pronta atención médica -circunstancia ajena a su voluntad-. En ese sentido, es dable traer a colación lo que sobre la tentativa afirma Rafael Alcácer Guirao, quien sostiene que "desde un Derecho penal liberal hemos de partir de un ciudadano interesado en su propia libertad y dotado de un grado medio de racionalidad, grado que operará como standard de lo “comunicativamente relevante” en sociedad. Ello permite limitar lo penalmente relevante a tentativas de lesión que partan de ese cierto grado de racionalidad en su aptitud para producir la lesión del bien jurídico, y desplazar al marco de la irrelevancia penal a tentativas irreales y supersticiosas, las cuales no alterarán esa confianza en la vigencia de la norma porque no generarán ese detrimento de seguridad" (de su artículo La tentativa y los fines del Derecho Penal).-

Por todo ello, no resulta atendible el agravio relativo a la calificación legal otorgada al hecho atribuido a Ríos.-



IV.- d) Determinación de la pena: Afirmada la corrección del encuadre legal del hecho endilgado, es necesario atender al agravio planteado por el recurrente en relación a la inobservancia de los arts. 40 y 41 CP, por entender que el Tribunal confundió las condiciones de verificabilidad con las de verificación, omitiendo neutralizar adecuadamente las atenuantes y las agravantes, además de no explicitar el criterio racional que se tomó para la determinación de la pena y sin respetar la proporcionalidad. De igual manera, se quejó por interpretar que el a quo se apartó de la doctrina sentada por el STJER en la causa "Retamozo", en relación a la escala penal de la tentativa.-

Al momento de mensurar la pena a imponer a Ríos, el Tribunal tuvo en cuenta: como atenuantes, que se trata de una persona adulta, sin antecedentes, integrado socialmente, sin trabajo estable y que en su motivación influyeron problemas previos con la víctima; y como agravantes, la ofensividad del medio utilizado, la nocturnidad, el haber aprovechado la golpiza de los demás participantes, y el modo sorpresivo en que actuó.-

Ab initio ha de destacarse que la pena impuesta se encuentra dentro del margen previsto por la norma aplicable al caso concreto en tanto el sentenciante, mediante expresas consideraciones derivadas de la obligación impuesta por los arts. 40 y 41 del CP, decidió fijar las consecuencias del grave ilícito penal enjuiciado.

Sentado ello, quisiera señalar en torno a la pena, como reacción ante un hecho criminal previamente definido y siguiendo los conceptos de ROXIN, al tratar los fines de la sanción, que "la pena sirve a los fines de prevención especial y general. Se limita en su magnitud por la medida de la culpabilidad, pero se puede quedar por debajo de este límite en tanto lo hagan necesario exigencias preventivo-especiales y a ello no se opongan las exigencias mínimas preventivogenerales" -Derecho Penal PG., Civitas, 1997, p. 103- y precisamente sobre ellas pone el acento la decisión al justipreciar el tipo y monto de pena, el que guarda cierta "proporcionalidad" -cfr. MIR PUIG, con su óptica, en Estado, pena y delito, BdF, 2006, p. 44- con la gravedad social del hecho y la necesidad "comunicativa" -así: BACIGALUPO, al analizar la posibilidad de articular la teoría de la prevención general positiva con las teorías de la unión, Derecho Penal, PG, Hammurabi, 2007, p. 43-.-

En este contexto, cuadra recordar que el Código Penal prevé de antemano las consecuencias para quienes cometan los hechos típicos allí descriptos por lo que mal puede interpretarse como desproporcionadas o sorpresivas las consecuencias asignadas en el caso concreto. En palabras de la Corte, la sanción traducida en una privación de derechos guarda "proporcionalidad" con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho, porque las previsiones legales expresan tales magnitudes a través de las escalas penales -cfr. "GRAMAJO", CSJN, 05/09/06, sobre culpabilidad de acto, ver: CSJN, Fallos: 308:2236 y 324:4433, voto del doctor Fayt-.

En otros términos, los cuestionamientos dirigidos a la cuantificación no pueden tener auspicio toda vez que bajo los criterios mensuradores de los artículos 40 y 41 del Código Penal, el Juez evaluó los antecedentes del caso, tal como ya hemos destacado. No existe tal confusión planteada por el recurrente, dado que claramente se enumeran aquellas circunstancias que llevan a mensurar la pena, habiéndose sopesado adecuadamente dichos elementos, lo que permitió la determinación racional de la respuesta punitiva brindando suficientes y acabados argumentos, los que son expuestos de un modo muy claro; por tanto, mal puede tildarse de arbitraria la respuesta brindada -recordemos que en esta instancia, hacemos juicio de arbitrariedad, no de "mejores argumentos"- pues, atendiendo a la calificación legal del hecho enjuiciado y al piso y techo analizados es evidente que el fallo no se aparta irrazonablemente de esos límites ni fija una sanción desmesurada, lo que inexorablemente conduce a la confirmación del fallo en el aspecto puntualmente atacado.-

No se vislumbra afectación alguna a la proporcionalidad que debe tener la respuesta punitiva con el hecho cometido, sirviendo las circunstancias enumeradas como elementos suficientes para motivar la cuantificación del injusto que trasunta la individualización de la pena. Al respecto, basta señalar que la función simbólica de la pena con el límite puesto en la magnitud de "injusto" y grado de "culpabilidad" pretende "implantar una determinada visión del Derecho penal en las mentes de la gente el cual enfatice la invulnerabilidad, la igualdad y la libertad, ya que de otra forma no se puede esperar una aceptación de las partes. Cuanto más exigentes se formulen los fines preventivos de la pena (resocialización del delincuente; intimidación de la capacidad delictiva; reafirmación de las normas fundamentales), cuanto más extensos sean los fines de la pena, más claramente parece su contenido simbólico: Persiguen con la ayuda de una intervención instrumental del Derecho penal (en cierto modo acorde con esta práctica) transmitir (cognitiva y emotivamente) el mensaje de una vida de fidelidad al Derecho", destacando también que no se trata de "... la aplicación instrumental del Derecho penal y de la justicia penal sino (tras ellos) de objetivos preventivos especiales y generales: transmitir al condenado un sentimiento de responsabilidad, proteger la conciencia moral colectiva y asentar el juicio social ético; se trata de la confirmación del Derecho y de la observación de las leyes" -HASSEMER, W. "Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos", en Pena y Estado, Edit. ConoSur, Santiago, 1995, p. 27-.-

Por último, quiero advertir que, tal como lo ha dicho la CSJN, la cuantificación de la pena es materia reservada a los tribunales de sentencia, criterio que resulta correcto en general, con los límites que deriven de la propia Constitución, en dos sentidos: a) que la individualización penal no resulte groseramente desproporcionada con la gravedad de los hechos y de la culpabilidad, en forma tan palmaria que lesiona la racionalidad exigida por el principio republicano -art. 1º CN- y la prohibición de penas crueles e inhumanas -art.5.2 CADH- y b) que la prueba de las bases fácticas consideradas para la cuantificación no resulte arbitraria con la gravedad señalada por la Corte en materia de revisión de hecho y pruebas -ver: "ESTEVEZ", CSJN, 08/06/10, voto del doctor ZAFFARONI-. Entiendo que la sentencia se ajusta a esos parámetros y por tanto, debe confirmarse.-



V.- En definitiva, por los argumentos expuestos, debo propiciar el rechazo del recurso de casación intentado y la consecuente confirmación de la sentencia.-

Así voto.-

A la misma cuestión propuesta el Señor Vocal, Dr. PEROTTI, expresa su adhesión al voto del Sr. Vocal preopinante.-

A su turno el Señor Vocal, Dr. GIORGIO, expresa su adhesión al voto del Sr. Vocal, Dr. Chaia.-



A LA SEGUNDA CUESTIÓN PROPUESTA EL SR. VOCAL, Dr. CHAIA, DIJO:

En relación a las costas y atento a la decisión a que ha arribado este Tribunal cabe que las mismas sean declaradas a cargo del recurrente vencido.-

Respecto de los honorarios no corresponde su regulación en virtud de no haberlos peticionado los letrados intervinientes en forma expresa.-

Así voto.-

A la misma cuestión propuesta el Señor Vocal, Dr. PEROTTI, expresa su adhesión al voto del Sr. Vocal preopinante.-

A su turno el Señor Vocal, Dr. GIORGIO, expresa su adhesión al voto del Sr. Vocal, Dr. Chaia.-

Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:




HUGO D. PEROTTI

MIGUEL A. GIORGIO RUBEN A. CHAIA

Paraná, 2 de octubre de 2015.-



SENTENCIA:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;
SE RESUELVE:

I.- RECHAZAR el Recurso de Casación interpuesto a fs. 367/389 vta. contra el pronunciamiento de fs. 350/365, el que en consecuencia, SE CONFIRMA.-

II.- DECLARAR las costas a cargo del recurrente vencido -arts. 548 y cc del CPPER-

III.- NO REGULAR honorarios profesionales al letrado interviniente por no haberlos peticionado en forma expresa -art. 97, inc. 1º) Decreto Ley Nº 7046-.-

IV.- Protocolícese, notifíquese y en estado bajen.

HUGO D. PEROTTI

MIGUEL A. GIORGIO RUBEN A. CHAIA


Ante mi:



CLAUDIA ANALIA GEIST

-Secretaria-

Se protocolizó. Conste.-


CLAUDIA ANALIA GEIST

-Secretaria-


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