Responsabilidad solidaria de socios, controlantes y administradores con causa en el empleo no registrado



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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE SOCIOS, CONTROLANTES Y ADMINISTRADORES CON CAUSA EN EL EMPLEO NO REGISTRADO.-

Sumario:


1.- La realidad del empleo no registrado como “hecho notorio”.-

2.- Transgresión al orden público y principios generales del Derecho del Trabajo.-

3.- Responsabilidad emergente de la Ley de Sociedades para socios, controlantes y administradores frente al empleo no registrado.-

3.1.- Actuación societaria encaminada hacia su declaración de inoponibilidad.-Responsabilidad de socios y controlantes.-

3.2.- Responsabilidad de los administradores por mal desempeño en el cargo.-

4.- Aplicación de la normativa societaria por la jurisprudencia laboral.-



4.1.- Sustento en el art. 54 de la L. 19.550.-

4.2.- Sustento en los arts. 59, 157 y 274 L. 19.550.-

5.- Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

6.- Solidaridad de socios y administradores de personas jurídicas después de “PALOMEQUE”.-

6.1.- Inoponibilidad de la persona jurídica por aplicación del art. 54 LS.-

6.2.- Responsabilidad solidaria de los administradores societarios.-

7.- Contexto de aplicación de la normativa societaria a efecto de imponer la responsabilidad solidaria de socios, controlantes y administradores con causa en el empleo no registrado.-



7.1.- Interpretación restrictiva.-

7.2.- Demanda acción y pretensión.-

7.2.1.- Precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El caso “VERA”.-

7.2.2.- Encauce de la acción dentro del proceso laboral.-

7.3.- Legitimación pasiva.-

7.4.- Carga de la prueba.-

7.5.- Prescripción.-

8.- Conclusión.



1.- La realidad del empleo no registrado como “hecho notorio”.-

El sustento de la responsabilidad en análisis tiene por fuente la problemática del empleo no registrado.-

Base fáctica que describiremos desde su realidad, desestimando conceptos abstractos1.-

Para ello advertimos que el trabajo marginal es un flagelo social que excede el ámbito territorial argentino, extendiéndose a toda América Latina.-

Tal afirmación coincide con lo concluido por la XVI Reunión Regional Americana de la OIT desarrollada en Brasilia a principios del mes de mayo de 2006, cuyo documento final revela que en la región hay 239.000.000 de personas económicamente activas, de las cuales 23.000.000 están desempleadas y otras 103.000.000 están ocupadas pero sin protección social2, considerando a su vez que hay un déficit de empleo decente en 126.000.000 de puestos de trabajo3.-

Según lo sostiene el Director Regional de la OIT para las Américas4, el crecimiento de la oferta laboral superior a la demanda de ocupación, genera desempleo e informalidad, a lo que se suma el fenómeno de las migraciones, el trabajo forzoso5, las brechas remunerativas por género6 y origen étnico7.-

Esta problemática también ha sido abordada desde el MERCOSUR, el que en su reunión cumbre del año 2006 realizada en Córdoba, Argentina, marcó un hito en la temática socio-laboral, presentando las bases conceptuales, metodológicas y operativas para la puesta en marcha de la estrategia MERCOSUR de crecimiento del empleo. Por primera vez participaron de esta cumbre los Ministros de Economía, Trabajo, Educación y Relaciones Exteriores de todos los países del bloque, demostrando en forma irrefutable que el empleo -tradicionalmente relegado a la órbita socio-laboral- se instaló en el centro de las políticas de Estado8, por lo que, según expresiones del Ministro de Trabajo “…lo que en término de política supone … intensificar el combate al trabajo no registrado”9.-

En este contexto, es de público conocimiento que en la Argentina la proporción de asalariados sin aportes llega al 45,5 %10. Realidad que esconde tras de sí un índice alarmante, a partir del cual más de cuatro de cada diez asalariados no cuenta con la protección social que disponen las leyes.-

A partir de la Encuesta Permanente de Hogares (E.P.H.) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el cuarto trimestre del año 2005, surge que las condiciones descriptas alcanzan a unos 4,88 millones de personas sobre un total de 10,55 millones de asalariados11.-

Estos antecedentes se constituyen en “hechos notorios” que de ser invocados por las partes integrantes de una relación procesal, no necesitarán ser probados12.-

Consecuentemente, el empleo no registrado ha sido calificado como un fenómeno propio de los tiempos que corren, por lo que siguiendo la línea de pensamiento que proponemos la justicia laboral lo ha calificado como “hecho notorio” para cualquier juez de la República 13.-

Siendo el marco descripto un “hecho notorio”, probado en el caso por el trabajador que su relación laboral no se encontraba registrada, quedará inmediatamente incluido dentro de la realidad señalada, contraviniendo su empleador derechos fundamentales del trabajador garantizados por los arts. 14, 14 bis, 16 y los emergentes del bloque de tratados internacionales que integra el art. 75 inc. 22) de la Constitución Nacional14, transgrediendo a su vez, la política de Estado encaminada a la regularización de las relaciones laborales, con eliminación del empleo no registrado, objetivo que legislativamente ha intentado cumplirse mediante la promulgación de normativa que al decir de Mauricio César Arese, conforma un verdadero “código de la regulación del trabajo en Argentina”15. En el supuesto en que el empleador sea una persona jurídica, la sentencia que dirima el conflicto no podrá dejar de valorar la responsabilidad que en su caso les corresponde asumir solidariamente a socios controlantes y administradores, que han utilizado la sociedad o encaminado su conducta a violar la ley, irrogando un daño al trabajador de cuya reparación resultarán ilimitada y solidariamente responsables por el perjuicio causado.-


2.- Transgresión al orden público y principios generales del Derecho del Trabajo.-

Desde el plano contractual el trabajo clandestino transgrede las fuentes de regulación que rigen la relación de trabajo16, limitando la autonomía individual de contratación.-

Señalando al respecto Justo López que: “Esa limitación de la autonomía individual por normas de otras fuentes es lo que comúnmente se llama orden público laboral17.-

De ahí que el art. 7 de la LCT impide que por voluntad de las partes se puedan pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas, anticipando que tales actos traerán aparejada la sanción de nulidad18.-

El basamento del orden público a su vez se integra con la irrenunciabilidad de derechos19 y la sustitución de las cláusulas nulas20 como mecanismo de funcionamiento del principio protectorio, a partir del cual todo acuerdo individual que viole el ordenamiento obligatorio (LCT, convenios colectivos o laudos con fuerza de tales y estatuto), es nulo y el vacío que deja es integrado por la norma más favorable emergente de dicho ordenamiento21.-

Finalmente, ante la insistencia de eludir el imperativo legal, intentando frustrar el objetivo protectorio que contiene el derecho del trabajo, la legislación laboral anticipa que “será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales o laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley”22.-

En definitiva, el orden público tiene por objeto proteger y preservar los “principios fundamentales” y el “interés general”23.-

Por ello, la sanción e imposición de responsabilidad derivadas de la contratación total o parcialmente clandestina, resulta consecuente con el principio protectorio, que al decir de Fernández Madrid, es el “principio alrededor del cual gira toda la normativa laboral”24, considerando que como derivación del mismo devienen los demás principios rectores de: a) continuidad; b) primacía de la realidad; c) razonabilidad; d) buena fe; e) igualdad de trato y no discriminación; f) indemnidad25.-

Como consecuencia de la precarización del empleo, se ha sostenido que en este caso el trabajador “está privado normalmente del beneficio de las asignaciones familiares, se encuentra generalmente marginado de los beneficios de los servicios sociales de salud. Tampoco puede acreditar oportunamente la prestación de los servicios mínimos y el pago de aportes necesarios para reunir las condiciones que establece el sistema jubilatorio para el goce de los beneficios, tanto de la jubilación ordinaria por invalidez o por avanzada edad.-

Al fraccionar la solidaridad obrera el trabajo precario promueve el individualismo de los trabajadores y reduce su capacidad de negociación porque por los efectos de la evasión total, o de la evasión parcial su paso por el sindicato es efímero”26.-

De ahí, que nuestra legislación opte por la registración del contrato de trabajo27 y por la indeterminación de su plazo28, si bien admite otras modalidades contractuales en base a finalidades objetivas cuya prueba queda a cargo del empleador29, siguiendo la naturaleza de la actividad que puede ser discontinua (trabajo de temporada), o bien mantener una duración cierta (contrato a plazo fijo) o incierta (contrato eventual).-
3.- Responsabilidad emergente de la Ley de Sociedades para socios, controlantes y administradores frente al empleo no registrado.-

La práctica de no registrar el contrato de trabajo, ni documentar total o parcialmente el trabajo efectivamente convenido y abonado, en contravención de lo previsto por la LCT30 y la Ley Nacional de Empleo31 constituye un fraude laboral y previsional, encaminado hacia la evasión del Sistema de Seguridad Social, que perjudica tanto al trabajador como al sector pasivo y terceros integrantes de la comunidad comercial, que al disminuir ilegítimamente los costos laborales pone al autor de la maniobra en mejor condición para competir en el mercado, que aquella en que se encuentran otros empleadores respetuosos de la ley32.-

Para estos supuestos, la Ley de Sociedades impone responsabilidades a los autores de la actuación antijurídica que opera en forma solidaria desde distintos planos, siguiendo la órbita de actuación y su relación causal con el daño.-

Con esta salvedad, corresponderá individualizar y distinguir entre el régimen de responsabilidad de los socios y controlantes (art. 54 L. 19.550) del de los administradores (arts. 59, 157 y 274 L. 19.550)33.-

Probada la inconducta, la ley impone solidaridad a los responsables, la que “se fundamenta en el interés común que ha presidido la constitución de la obligación a favor o a cargo de varias personas, y que ha llevado a aglutinar los distintos vínculos personales para mejor servicio de aquel interés”34.-

Correspondiendo señalar que “el tema de la solidaridad en el campo del derecho del trabajo no tiene por qué limitarse a las normas que se refieren a ella en la LCT. Basta pensar que no hay por qué excluir que mediante el instrumento del convenio colectivo se puedan incluir otros supuestos no contemplados en la ley”35.-

Coincidentemente, sostiene Moisés Meik que: “El derecho del trabajo para tutelar al dependiente, recurrió a una institución decantada del Derecho Civil (las obligaciones solidarias), que fue pensada para garantizar el cobro, potencializar la responsabilidad patrimonial y evitar la necesidad de tener que reclamar el pago a una persona determinada cuando se sabe que es ocioso o, simplemente, no se la quiere perseguir. La Ley de Contrato de Trabajo no establece un régimen distinto de la responsabilidad solidaria y no hay incompatibilidad entre lo dispuesto por los arts. 669 y 705 del Código Civil y los principios del derecho del trabajo, comenzando por el de indemnidad y protectorio”36.-
3.1.- Actuación societaria encaminada hacia su declaración de inoponibilidad.- Responsabilidad de socios y controlantes.-

La Ley 22.903 introduce una profunda modificación en el régimen de responsabilidad de los socios y controlantes, regulando como último párrafo del art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales, el régimen de inoponibilidad de la persona jurídica37, determinando que: “La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados”, sin que ello implique desobligar a la sociedad.-

Comentando la reforma, señala Verón que la trascendencia de la misma se advierte en cuanto:


  1. la responsabilidad por dolo o culpa incurrido se refiere ahora, no sólo a los socios de la sociedad, sino también a aquellos que no siéndolo la controlen, con lo cual se coordina así la figura del control externo o de hecho (art. 33 LS);

  2. se aclara que tanto el socio como el controlante incurren en responsabilidad solidaria, tanto de indemnizar como de traer a la sociedad las ganancias resultantes;

  3. se introduce la imputación a los socios o controlantes, de la responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios ocasionados mediante el indebido uso de la personalidad jurídica de la sociedad38.-

La finalidad del instituto –al decir de Diana Cañal- es de contenido ético, al “querer dejar al descubierto que la sociedad no estaba siendo utilizada pura y exclusivamente para aquello para lo que fue creada”39.-

Desde el plano laboral, la sistemática falta de registración del contrato de trabajo y la indocumentación de los pagos efectuados al dependiente, indudablemente constituyen un recurso encaminado a violar la ley (art. 7 L. 24.013, 126, 140 y concds. LCT), el orden público laboral (expresado en los arts. 7, 12, 13 y 14 LCT), la buena fe (que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador, según lo establece el art. 63 LCT); o bien, para frustrar derechos de terceros (el trabajador, el sistema provisional y la comunidad empresarial), verificados estos antecedentes que consideramos constitutivos de una finalidad extrasocietaria al haberse desplegado medios ilícitos en la consecución del objeto social, resultará inoponible la limitación de responsabilidad resultante del tipo, para imponer solidariamente la de los socios y controlantes que posibilitaron la actuación irregular, los que deberán reparar los perjuicios causados.-


3.2.- Responsabilidad de los administradores por mal desempeño en el cargo.-

Como regla general, el administrador de la sociedad en el desempeño de su función, deberá obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios, según lo determina el art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales40, cuya diligencia deberá apreciarse en concreto, en base a las circunstancias de persona, tiempo y lugar41, siguiendo la actuación que presumiblemente debería desplegar un comerciante experto42.-

La norma impone un alto contenido moral a la actuación del administrador, adaptando a la actividad mercatoria el modelo civil del “buen padre de familia”.-

La falta de esta diligencia determina la responsabilidad del administrador societario por los daños y perjuicios causados, “lo que constituye la responsabilidad por la culpa leve in abstracto, y además responderá por los daños y perjuicios causados por la omisión de los cuidados más elementales, lo que configura la responsabilidad por culpa grave y, obviamente, por dolo”43.-

Señalando Otaegui que “la diligencia de un buen hombre de negocios implica experiencia, y por tanto requiere conocimiento de las actividades configurativas del objeto social de la sociedad administrada (LS, art. 63-1-c; 64-1-a; 66 y 11 inc. 3)”44.-

Este principio general es de específica aplicación a los directores de la sociedad anónima45 y gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada46, extensible la sindicatura por expresa remisión de la L. 19.550 47, quienes responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, socios y terceros, “por el mal desempeño del cargo, según el criterio del art. 59”, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.-


4.- Aplicación de la normativa societaria por la jurisprudencia laboral48.-

Ambos ámbitos de responsabilidad de la normativa societaria han sido aplicados por la jurisprudencia laboral, distinguiendo entre la responsabilidad de socios y controlantes por una parte y administradores, por la otra, con sustento en la ley 19.550.-


4.1.- Sustento en el art. 54 de la L. 19.550.-

En base a esta fuente normativa, ha sido señera la doctrina sentada por la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo que tanto ha determinado la responsabilidad de socios y controlantes, con sustento en el art. 54 “in fine” de la Ley de Sociedades Comerciales, como la de sus administradores recurriendo al marco establecido por los arts. 59, 157 y 274 de la misma.-

En un primer precedente avanzó sobre la extensión de la responsabilidad de socios y controlantes, declarando inoponible la personalidad societaria cuando se ha cometido fraude laboral. Así lo entendió en el caso “Delgadillo Linares”49, en el que resolvió que: “si la demandada incurría en la práctica de no registrar ni documentar una parte del salario de los trabajadores, práctica comúnmente llamada `pago en negro´ y prohibida por el art. 140 de la LCT y art. 10 ley 24.013, tal conducta constituye un típico fraude laboral y previsional. Aunque no pueda afirmarse que tal pago en negro encubre la consecución de fines extrasocietarios, dicha práctica es un recurso para violar la ley, el orden público laboral, la buena fe y frustra derechos de terceros. En consecuencia, debe aplicarse al caso lo dispuesto por el art. 54 de la ley 19.550 en el párrafo agregado por la ley 22.903 y hacer responsable a cada uno de los socios en forma solidaria”50.-

Por su parte, la Sala X de la Cámara Nacional del Trabajo, entendió en el caso “Colear”51, que “si los demandados son socios gerentes de la sociedad demandada, controlantes de la voluntad societaria y el actor no estuvo registrado en los libros, corresponde admitir la aplicación de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica y condenar directamente a los socios”.-


4.2.- Sustento en los arts. 59, 157 y 274 L. 19.550.-

En un segundo análisis y teniendo como legitimados pasivos a los integrantes del órgano de administración, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo en el caso “Duquelsy”,52 hizo aplicación de los parámetros de responsabilidad impuestos a los administradores por el art. 274 LS, extendiendo la legitimación pasiva condenatoria a los directores de la sociedad anónima, señalando que si bien “no se ha probado en autos que la codemandada Silvia Cao fuera socia de FUAR SA, por lo que no le resulta aplicable el art. 54 de la ley 19.550. Sin embargo, en su carácter de presidenta del directorio de dicha sociedad y en virtud de lo dispuesto por el art. 274 de dicho cuerpo legal, responde ilimitada y solidariamente ante terceros -entre quienes se encuentra la actora-, por la violación a la ley” ante la falta de registración de la relación laboral.-

Paralelamente, la Sala X de la Cámara Nacional del Trabajo entendió en el precedente “Morsa”53 que: “corresponde extender la condena por indemnización por despido, al presidente de la sociedad anónima que registró incorrectamente al dependiente – en el caso, consignó una fecha de ingreso, jornada laboral y salarios distintos a los reales-, pues ello constituye un recurso para violar la ley, el orden público o derechos de terceros, cuales son el trabajador, el sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial”.-

Hasta aquí el camino abierto por la Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los dos planos de aplicación de la responsabilidad pasiva solidaria, con fundamento en lo dispuesto por el art. 54 “in fine” (socios y controlantes), o bien por los arts. 59, 157, 274 (administradores) de la Ley de Sociedades Comerciales, que tuviera reiterada recepción favorable de dicho Tribunal “54.-


5.- Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

La problemática en análisis fue abordada por el Máximo Tribunal Federal en el caso “Palomeque”55 declarando procedente la queja interpuesta contra la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo Sala X del 31/7/2000 56, que había desestimado el recurso extraordinario interpuesto contra ésta, en tanto extendiera solidariamente la condena a los socios de BENEMETH SA, quienes a su vez integraban el órgano de administración, en carácter de presidente, vicepresidente y director suplente de la sociedad anónima empleadora.-



Para así resolverlo, la Sala X de la Cámara Nacional del Trabajo había entendido que:

  • “El art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, en cuanto establece la responsabilidad solidaria de los socios y controlantes por la actuación del ente que constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, es aplicable a los créditos de naturaleza laboral adeudados por el ente en razón de la falta de debido registro y documentación del contrato de trabajo.-

  • La práctica de no registrar ni documentar una parte del salario efectivamente - convenido y abonado – prohibida por los arts. 140 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y 10 de la Ley Nacional de Empleo 24.013 constituye fraude laboral y previsional, pues se ordena hacia la evasión del sistema de seguridad social, perjudicando al trabajador, al sector pasivo y a la comunidad comercial”.-

Al momento de dictaminar sobre la procedencia del recurso de hecho entendió el Procurador Fiscal, cuya opinión finalmente la Corte hace suya, que:

  1. Debía declararse procedente el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de la Alzada, que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora, ante la falta de registro parcial del salario convenido liquidado al trabajador accionante, ya que si bien como principio la aplicación e interpretación del derecho de fondo es ajena al ámbito del art. 14 de la L. 48, la sentencia de Cámara debía dejarse sin efecto, ya que no resultaba fundada y constitutiva de una derivación razonada del derecho vigente, con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa57.-

  2. Que no había “quedado acreditado que estemos en presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso de derecho y con el propósito de violar la ley, que prevaliéndose de dicha personalidad afecta al orden público laboral o evada normas legales”.-

  3. A ello se añade que en rigor no se había acreditado en el caso ni en su momento lo postuló el Tribunal a quo, que “estén reunidos los elementos necesarios para considerar que entre los codemandados a título personal y el actor existía un contrato de trabajo”.-

  4. “En el marco precedentemente descripto” se apreció “que los jueces han prescindido de considerar que la personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y que ésta configura un régimen especial porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los relevantes motores de la economía”.-

  5. Desde esta perspectiva, no se advirtió que “el contexto probatorio del caso posea virtualidad suficiente como para generar la aplicación de una causal de responsabilidad en materia societaria de orden excepcional sin la suficiente y concreta justificación; ni que los motivos expresados provean del debido sustento a la inteligencia conferida al precepto en examen”.-

  6. Asumiendo la Corte estos fundamentos, hace lugar a la queja, declarando procedente el recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia condenatoria dictada por la Cámara Nacional del Trabajo, Sala X, que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora por falta de registración de una parte del salario convenido y liquidado al trabajador.-

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