Responsabilidad del estado


Responsabilidad del Estado por omisión o abstención



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Responsabilidad del Estado por omisión o abstención

La falta de acreditación -de quien tenía asignada la carga procesal respectiva- de los hechos (denuncia, noticia o conocimiento municipal sobre la presencia de un arco de fútbol que por sus características resultaba eventualmente riesgoso; o bien incumplimiento de los programas o estándares adecuados de verificación del estado del espacio público) cuya potencialidad lesiva -en concurrencia con el estado de conservación y la ubicación de dicho elemento- hubiese podido advertirse por el municipio obrando con normal atención, ni que se hubiese abstenido de adoptar medidas adecuadas para prevenir o evitar el daño, invalidan la sentencia que establece la responsabilidad por omisión del Estado (voto Dr. Pettigiani –minoría-)

SCBA,16/04/2014, Cabrera, María Noemí c/Municipalidad de Mercedes s/Daños y perjuicios , JUBA SUM. B3904838

  1. Responsabilidad del Estado por actos del Poder Judicial (Caso de dictado de la prisión preventiva en un proceso que concluyó con la absolución del detenido)

Sería posible el reconocimiento del derecho a ser indemnizado por la privación de la libertad durante el proceso. Pero dicho resarcimiento no corresponde automáticamente, sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado al juzgador al convencimiento -relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta- de que medió un delito y de que existe posibilidad cierta de que el imputado sea su autor (conf. doct. causa C. 100.637, sent. del 10-XII-2008). (Voto Dra. Kogan –mayoria-)

SCBA, 3/4/2014, causa C. 109.036, "Resumil, Eduardo José contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", JUBA SUM. B3900586

En lo que respecta al reclamo resarcitorio fundado en la pretendida responsabilidad del Estado por su obrar lícito, debo señalar que la problemática ha sido objeto de expreso tratamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentido contrario al pretendido por el quejoso. En efecto, ese órgano, al expedirse en la causa "Balda" (Fallos: 318:1990, opinión que ha sido reiterada en las causas "López", Fallos: 316:602, y "Robles", Fallos: 325:1855-), donde se perseguía una indemnización como consecuencia del dictado de la prisión preventiva en un proceso que concluyó con la absolución del detenido, dejó sentado que "tampoco se podría responsabilizar al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. La doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica. Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando esa actividad lícita, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares -cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general- esos daños deben ser atendidos (Fallos: 301:403; 305: 321; 306:1409; 312: 1656). De tal manera, a la vez que se asegura a las ramas legislativa y ejecutiva la gerencia discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quienes sufren algún perjuicio con motivo de medidas políticas, económicas o de otro tipo, ordenadas para cumplir objetivos gubernamentales que integran su zona de reserva (Fallos: 301:403). En cambio, como es notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de las sentencias y demás actos judiciales, que no pueden generar responsabilidad de tal índole, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son costo inevitable de una adecuada administración de justicia (causa R. 89.XXIV, antes citada)" (considerando 9). (Voto Dr. Hitters –mayoría-)

SCBA, 3/4/2014, causa C. 109.036, "Resumil, Eduardo José contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", JUBA SUM. B3900586

El actor Eduardo José Resumil, luego de estar privado de su libertad, fue absuelto por no encontrarse probada su participación en el delito de robo con homicidio y tentativa de homicidio, por el que fuera oportunamente acusado. Una situación como la que plantea este caso no se encuentra específicamente contemplada en la legislación. Tanto la ley procesal penal (art. 477, C.P.P.) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen una reparación económica, exigible al Estado, en favor de personas condenadas por error judicial a una pena privativa de la libertad. Aquí, sin embargo, estos presupuestos no se dan, al menos de un modo directo. Técnicamente el actor, en ningún momento, fue condenado (la privación de su libertad fue preventiva). Tampoco puede advertirse un error judicial en una sentencia que nunca existió mientras estuvo detenido. La prisión sufrida, lo fue durante las etapas preliminares del proceso, cuando se investigaba un hecho delictivo y el grado y tipo de participación que en él le había correspondido. Los pasos procesales se cumplieron secuencialmente, con los resguardos que las leyes prescriben.Se realizaron ante el juez de la causa. La bilateralidad del proceso estuvo en todo momento garantizada, con la participación de acusación y defensa. Sin embargo y más allá de esos recaudos cumplidos, el resultado no podría ser menos deplorable: una persona inocente ha estado más de un año privada de su libertad. Su vida, fragmentada por la inenarrable experiencia de la prisión. La limitación de la libertad durante el trámite del proceso es algo universalmente aceptado. Los juristas no cesan, por cierto, de advertir acerca de su carácter excepcional. Pero, en el paradigma combinado derecho y poder que propone el estado de derecho, se la considera válida. Las particularidades de la causa presentan a veces complejidades tales que llevan a requerirla, para que el ejercicio de la función jurisdiccional no se desvanezca. "... Soportar tan grave limitación -nada menos que de la libertad corporal- (escribía Germán J. Bidart Campos en un recordado trabajo), puede ser necesario en ciertas situaciones para contribuir a la buena administración de la justicia penal...". Y agregaba: "... lo que conduce a admitir que las limitaciones razonables a los derechos son una premisa elemental de todo derecho constitucional democrático..." ("¿Hay un derecho a reparación por la privación preventiva de libertad?" Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As. 2000, n° 9, págs. 97 y ss.). (voto Dr. Negri-minoria-)

SCBA, 3/4/2014, causa C. 109.036, "Resumil, Eduardo José contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", JUBA SUM. B3900586 

El actor: joven de 29 años, empleado de un comercio (v. fs. 54), estuvo privado de su libertad por el lapso de trece meses hasta que finalmente fue absuelto por su notoria falta de autoría en el hecho. (No se encontraron elementos en la causa penal que permitieran al menos suponer la presencia del acusado en el lugar de los hechos; v. veredicto y sentencia absolutoria; fs. 293). Un acontecimiento así es, en sí mismo, irreversible. ¿Quién podría devolverle el tiempo de libertad que le fue quitado? Pero (y con las limitaciones que en este punto también tiene la justicia humana) corresponde reconocerle a esa irreversibilidad el derecho a una reparación económica. Vuelvo a Bidart Campos: "... Todo esto es verdad, pero también lo es que la circunstancia de que al momento de disponerse y cumplirse la prisión preventiva haya habido suficiente razonabilidad para imponerle al inculpado tal sacrificio, no configura obstáculo para el reconocimiento posterior de que, una vez beneficiado al término del proceso con el sobreseimiento o con la absolución, concurre mérito bastante para hacerle efectivo su derecho a la reparación. Ello por el perjuicio irrogado a su libertad, consistente en haber estado temporariamente privado de ella..." (voto Dr. Negri-minoria-)

SCBA, 3/4/2014, causa C. 109.036, "Resumil, Eduardo José contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", JUBA SUM. B3900586 

La cultura romana había consagrado un principio, básico en todo derecho: no irrogar daño, no dañar a otro. Y una suerte de principio secundario (nunca alternativo: sólo subsidiario): la necesidad jurídica de reparar el daño si se hubiese irrogado. En autos, el desarrollo del proceso penal ha causado un daño. Esto debió no haber ocurrido. Pero sucedió. Sólo queda la segunda posibilidad, la de la indemnización. Y si bien, como antes dije, no existen normas que contemplen específicamente una situación así, no podría decirse que la misma se encuentre desguarnecida de solución. Invariablemente ha recordado esta Suprema Corte (recogiendo por lo demás un principio básico de la hermenéutica) que la interpretación de la ley debe hacerse siempre en consonancia con las otras leyes del ordenamiento. Lo que equivale a decir que el derecho vigente no es un conjunto de normas, sino un sistema. Y en esas condiciones advierto una clara posibilidad de subsunción de los hechos tal como los refleja la causa, en el contexto del resarcimiento del daño. Contexto que consagra no sólo la procedencia de una indemnización civil cuando hubiese mediado culpa del agente, sino aún cuando el daño hubiese sido causado sin culpa, por un riesgo incorporado a la existencia relacional (art. 1113, C.C.). (voto Dr. Negri-minoria-)

SCBA, 3/4/2014, causa C. 109.036, "Resumil, Eduardo José contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", JUBA SUM. B3900586 

Con la introducción del riesgo creado coexisten dos fuentes de responsabilidad: la primera y anterior, que se remite a la culpa mientras que la segunda encuentra fundamento en el riesgo o vicio de la cosa. Y esto es lo que ha sucedido aquí. El daño no ha provenido de la culpa de alguien, sino de las condiciones y características de un sistema judicial que, enredado en sus propios engranajes, ha privado de su libertad a un inocente. Quiero decir: no se trata de afirmar que la prisión preventiva haya resultado ilegítima o arbitraria, ni se busca determinar quien ha errado, sino más bien de advertir que una conjunción de sucesos ha llevado a conformar un perjuicio, por demás evidente. La administración de la justicia y la aplicación ulterior de sus decisiones, destinada en último grado a asegurar el imperio del derecho, ha sido realizada de un modo tal que se ha vuelto en contra de ese mismo derecho, irrogando un daño que, como fundamento de su legitimidad, tiene la misión de evitar y excluir (voto Dr. Negri-minoria-)

SCBA, 3/4/2014, causa C. 109.036, "Resumil, Eduardo José contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", JUBA SUM. B3900586 

Como el tema del riesgo es decisivo en la solución que propongo, son necesarias aún ciertas precisiones. a) El concepto de cosa que refiere el art. 1113 del Código Civil excede el marco restringido de la cosa misma e incluye conceptualmente una tarea. b) La asunción por el estado de derecho del monopolio de la justicia penal (que es uno de sus principios básicos) le allega una tarea en sí misma riesgosa por las dificultades e imprecisiones inherentes a toda justicia humana (Circunstancia ésta más de una vez advertida por la filosofía, coincidente en este punto con la admonición evangélica sobre el juzgador juzgado; Mt. 7:1,2). c) El riesgo así asumido se proyecta luego en diversas direcciones. Alcanza al propio Estado como organización de poder. A los jueces en su actividad. Y a los justiciables, en las simétricas posibilidades del error y la demora. Cada una de ellas se vincula a un tipo diverso de facticidad y admite, obviamente, un grado distinto de participación voluntaria en ese riesgo. Sin embargo, su significado jurídico no podría extrapolarse de manera lineal, ni simplificarse con el argumento de la común pertenencia a la sociedad política. (voto Dr. Negri-minoria-)

SCBA, 3/4/2014, causa C. 109.036, "Resumil, Eduardo José contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", JUBA SUM. B3900586 

En el caso de autos, ha sido un justiciable el dañado a partir de la actividad riesgosa. Y no resisto en este punto a la tentación de recordar fragmentos de un antiguo trabajo de Paul Duez: "... Es un riesgo inherente al funcionamiento del servicio de la justicia, como el accidente de trabajo es un riesgo inherente al funcionamiento de la empresa industrial...". Pues, pese a la extrema atención de los magistrados, sus auxiliares y los operadores puede haber "... funcionamiento dañoso, sin que exista propiamente hablando funcionamiento defectuoso. La teoría de la culpa sería impotente para proveer la solución jurídica que reclama la equidad..." ("La responsabilité de la Puissance publique", Libraire Dalloz, París, 1927, pág. 143). Concluyo, en consecuencia, que el tiempo de prisión padecido por el actor, en el marco preventivo de un procedimiento penal, debe ser indemnizado, con fundamento en los criterios de reparación que recepta la ley argentina, y en su contexto, específicamente, el que consagra el art. 1113 del Código Civil. El riesgo originado por la actividad judicial del Estado que ha sido causa del daño sufrido por el actor es el factor fundante para la atribución de responsabilidad del demandado. (voto Dr. Negri-minoria-)

SCBA, 3/4/2014, causa C. 109.036, "Resumil, Eduardo José contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", JUBA SUM. B3900586



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