República de Colombia Corte Suprema de Justicia



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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia



EXP. 22923



SALA DE CASACIÓN LABORAL

DR. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ

Magistrado Ponente


Radicación N° 22923

Acta N° 14

Bogotá D.C, catorce (14) de febrero de dos mil cinco (2005).


Se resuelve el recurso de casación interpuesto por ÓSCAR DE JESÚS GALEANO MONSALVE contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín el 17 de junio de 2003, en el proceso adelantado por el recurrente contra las sociedades CARIBÚ INTERNACIONAL LTDA, DISVES S.A. y DISMA S.A.

I. ANTECEDENTES

Ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itaguí, Óscar de Jesús Galeano Monsalve demandó a las personas jurídicas atrás mencionadas, para que en forma solidaria, conjunta o separadamente fueran condenadas de conformidad con las siguientes pretensiones:


1.Reintegro del trabajador por haber sido despedido en forma unilateral por parte de la empresa DISMA S. A. sin invocar causa justa legalmente establecida en nuestro ordenamiento laboral vigente para dar por terminado el contrato de trabajo.
2. Salarios dejados de percibir por parte del trabajador en forma indexada, desde la fecha que fue despedido, Abril 15 de 1.999 hasta que se produzca el reintegro del trabajador; salarios estos que amén de ser condenados a pagar en forma indexada, debe hacerse con los incrementos legales obtenidos durante toda la relación laboral del trabajador (2 incrementos de salario al año).
3. Vacaciones legales y extralegales desde la fecha en que fue desvinculado el trabajador (Abril 15 de 1.999), hasta que se produzca su reintegro; pretensión esta que debe ser condenada a pagar en forma. Condenar a la Entidad demandada, al reconocimiento y pago de la totalidad de horas extras diurnas y nocturnas laboradas; el trabajo en días sábados, dominicales y festivos y descansos compensatorios de los tres últimos años de prestación de servicios de cada uno de mis mandantes.
4. Primas de servicios de Junio y Diciembre, legales y extralegales que se causen a partir de la fecha del despido del trabajador Abril 15 de 1999, hasta que se produzca el reintegro del mismo, las cuales deben ser condenadas a pagar en forma indexada, teniendo en cuenta el último salario devengado por el trabajador y además, los incrementos de salario que había adquirido el trabajador durante toda su relación laboral (2 incrementos de salario al año).
5. La prestación extralegal de aguinaldo equivalente a treinta (30) días de salarios básico por año laborado o proporcional al tiempo laborado desde la fecha en que fue desvinculado el trabajador, Abril 15 de 1.999, hasta que se produzca su reintegro; pretensión esta que debe ser condenada a pagar en forma indexada sobre el último salario devengado por el trabajador y teniendo en cuenta los incrementos de salarios que había adquirido el trabajador durante toda su relación laboral (2 incrementos de salario al año).
6. Dotación de uniformes y calzados que se le causen al extrabajador a partir de la fecha en que fue desvinculado, 15 de abril de 1999, hasta que se produzca el reintegro del trabajador.
7. Intereses a las cesantías que se causen desde la fecha en que fue desvinculado el trabajador, 15 de Abril de 1999 hasta que se produzca el reintegro del trabajador, prestación legal que debe ser condenada a pagar en forma indexada y teniendo en cuenta que los incrementos salariales que había adquirido el trabajador durante toda su relación laboral, era de dos (2) incrementos al año.
8. Cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales por los riesgos de salud, invalidez, vejez y muerte desde la fecha en que fue desvinculado, 15 de Abril de 1.999, hasta que se produzca su reintegro, cotizaciones estas que se deben hacer teniendo en cuenta el salario promedio del trabajador.
9. Condenar a..., al reconocimiento y pago de las Costas Procesales y Agencias en Derecho a que haya lugar.
10. La retroactividad y pago de las cesantías y que se le deben abonar al trabajador a partir de la fecha de su despido, 15 de Abril de 1.999, hasta que se produzca el reintegro del trabajador, las cuales deben ser abonadas con el último salario que presuntamente debió devengar el trabajador al momento de su reintegro.
11. Prima de antigüedad si se le causare al trabajador durante el trámite del proceso, desde la fecha en que fue desvinculado, 15 de abril de 1.999, hasta que se produzca el reintegro, la cual debe ser condenada a pagar en forma indexada y teniendo en cuenta los incrementos de salario que había obtenido el trabajador durante toda su relación laboral (2 incrementos de salario al año).
12. Todos los demás derechos legales y extralegales que se demuestren en el proceso extra y ultra petita y que gozaba el trabajador al momento de su despido, 15 de Abril de 1999, hasta que se produzca el reintegro, los cuales deben ser condenados a pagar en forma indexada y teniendo en cuenta los incrementos de salario que había obtenido el trabajador durante toda su relación laboral (2 incrementos de salario al año), entre ellos son: Auxilio y permiso por maternidad, auxilio y permiso por matrimonio y permiso por defunción, auxilio por lentes y montura, préstamos para vivienda, para vehículo, por calamidad doméstica, bancarios, etc.
13. Reajuste de las prestaciones legales y extralegales del trabajador de primas legales y extralegales de Junio y Diciembre, prima de vacaciones legales y extralegales, aguinaldo, prima de antigüedad, intereses a las cesantías, desde el año 1.980 hasta el 15 de abril de 1.999 en que fue despedido el trabajador, teniendo en cuenta que no se le hicieron los dos (2) incrementos salariales que había adquirido durante toda su relación laboral, año por año, los cuales deben ser condenados a pagar en forma indexada.
14. Reajuste de las prestaciones legales y extralegales del trabajador de primas legales y extralegales de Junio y Diciembre, primas de vacaciones legales y extralegales, aguinaldo, prima de antigüedad, intereses a las cesantías, desde el año 1.980 hasta el 15 de Abril de 1.999 en que fue despedido el trabajador, teniendo en cuenta que se no se le hicieron los dos (2) incrementos salariales que había adquirido durante toda su relación laboral, año por año, los cuales deben ser condenados a pagar en forma indexada.
15. Sanción moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales y salarios en su totalidad, y que ahora se demanda su reajuste, desde que se dejaron pagar estas prestaciones legales reajustadas desde Enero de 1.996.
16. Reajuste de las cotizaciones al Seguro Social en los riesgos de salud, pensión, invalidez y muerte, teniendo en cuenta que no se cancelaba con el salario promedio del trabajador, sino con el salario mínimo legal del gobierno durante toda la relación laboral.
17. Sanción indemnizatoria del pago doble de los intereses a las cesantías por el no pago oportuno en su totalidad, desde el 1º de Enero de 1.996.
18. Y todas las demás que se probaren en el proceso extra y ultrapetita.
19. Costas del proceso y agencias en derecho.
20. Solicito al despacho que las pretensiones enlistadas, de la No. 1 a la 17 sean condenadas a pagar con base en el principio de la indexación por mora o corrección monetaria, lo mismo las que se demuestren en el proceso extra y ultrapetita.
Fundamentó sus pretensiones en que el 18 de abril de 1974 se vinculó a Manufacturas Caribú, con la cual laboró hasta el 1º de julio de 1.976 cuando hubo sustitución patronal con Caribú Internacional Limitada, con quien celebró contrato de trabajo y a quien le trabajó hasta el 1º de enero de 1995, cuando hubo otra sustitución patronal con Disves S.A., con la que igualmente celebró un nuevo contrato de trabajo; que en todas las anteriores sustituciones se pactaron cláusulas de solidaridad; que con Disves S. A. laboró hasta el 26 de julio de 1998 y que desde el día siguiente laboró con Disma S.A., pues esta empresa se integró con aquella formando una sola; que en total laboró en forma continua e ininterrumpida para las demandadas por espacio de 24 años, 11 meses y 27 días, ocupando diversos oficios y con horario durante los últimos diez años de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes con media hora para almorzar; que desde el 21 de mayo de 1974 fue afiliado al ISS por caribú Internacional Limitada y por las demás sociedades demandadas; que el último salario que devengó fue el mínimo legal; que el 15 de abril de 1999 la sociedad Disma S. A. le comunicó la cancelación de su contrato de trabajo por no tener vigencia ni subsistencias las causas que le dieron origen a dicho contrato, motivo que no está consagrado como justa causa en el Decreto 2351 de 1965; que recibió de su última empleadora la liquidación de su contrato de trabajo, en la cual le pagaron salarios, indemnización, prima de servicio, cesantía e intereses y vacaciones.
II. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
Caribú Internacional S.A. aceptó que el actor le prestó servicios entre el 18 de abril de 1974 y el 31 de diciembre de 1994. Negó la sustitución patronal con Disma S.A., alegando que con ésta sociedad el actor suscribió un nuevo contrato de trabajo el 1º de enero de 1995, lo cual la llevó a oponerse a las pretensiones de su ex-servidor. Propuso como excepciones dilatorias la de indebida acumulación de pretensiones y la de falta de concordancia entre los hechos y las pretensiones y como perentorias las de prescripción, caducidad de la acción, compensación, buena fe, inexistencia de la obligación, pago y la de dirigirse la demanda contra persona diferente a la obligada.
Disves S. A. y Dismas S.A., respondieron la demanda en los mismos términos de la anterior, precisando la última que el actor empezó a laborar con ella desde el 1º de enero de 1995, cuando suscribió con él un nuevo contrato de trabajo.
III. ADICION DE LA DEMANDA

Según el Tribunal, en la primera audiencia de trámite el demandante adicionó la demanda, formulando como principal la siguiente pretensión que textualmente se copia así:


Ordena a las empresas demandadas en forma separada, solidaria y conjuntamente al pago de los perjuicios de orden moral y material que se le causaron al trabajador como consecuencia de la terminación del contrato en forma unilateral por parte de la Empresa DISMA S.A., sin que existiera causa justa para dar por terminado este contrato”. (El resaltado es de la sentencia).
IV. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
Fue proferida el 8 de octubre de 2002 y con ella el Juzgado condenó solidariamente a las sociedades DISVES S.A. y DISMAS S.A. a reintegrar al actor a su lugar de trabajo, en condiciones iguales o similares a las que tenía en el momento del despido; a pagar los salarios dejados de percibir desde el 15 de abril de 1999 hasta cuando sea reintegrado e igualmente a cancelarle por dicho lapso las vacaciones legales, primas de servicios legales de junio y diciembre, intereses a la cesantía, dotación de uniformes y calzado de labor y cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales. Declaró probada la excepción de compensación por la suma de $8.237.131. Absolvió a las demandadas de las demás pretensiones y dejó a cargo de las condenadas las costas en un 80%.

V. DECISION DEL TRIBUNAL
La sociedad Disma S.A. y el actor apelaron de la anterior decisión. El Juzgado concedió únicamente el recurso interpuesto por el actor y negó el de la persona jurídica vencida.
Al decidir la segunda instancia, con revocatoria de la de primer grado para en su lugar declararse inhibido, el Tribunal consideró que era “necesario examinar oficiosamente los llamados presupuestos procesales, así el tema no haya sido objeto de cuestionamiento por las partes”.
En cuanto al presupuesto de la demanda en forma, el ad quem inicialmente reprodujo el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, manifestando a renglón seguido que cuando la demanda contenía una indebida acumulación de pretensiones, podía formularse la excepción previa de inepta demanda; pero que si ésta no se proponía la sentencia tenía que ser inhibitoria siempre y cuando los defectos fueran de una magnitud tal que impidieran dictar sentencia de fondo.
Posteriormente expresó que analizada la demanda y su adición, saltaban de bulto pretensiones excluyentes, afirmando que como pretensiones principales se demandaban el reintegro, la cesantía, la indemnización material por el despido, para lo cual transcribió las pretensiones 1., 9 y 14 de la demanda, y que en la adición de la demanda se solicitó como pretensión principal la condena a las demandadas “en forma separada, solidaria y mancomunadamente al pago de los perjuicios de orden moral y material que se le causaron al trabajador como consecuencia de la terminación del contrato en forma unilateral por parte de la Empresa DISMA S. A., sin que existiera justa causa para dar por terminado este contrato” (El resalto es del Tribunal), agregando a continuación lo que sigue:
Y se dice que estas pretensiones son excluyentes, porque mientras el reintegro pretende que el contrato laboral se restablezca, las otras tres pretensiones, son derivación de la terminación efectiva del contrato.

La cesantía sólo se exige a la finalización del contrato. La indemnización por despido injusto, de la misma manera y los salarios caídos, cuando a la finalización del contrato, no se pagan los salarios y prestaciones adeudadas.

Si bien en la adición a la demanda la pretensión traída como principal se denomina ‘Perjuicios de orden... material que se le causaron al trabajador como consecuencia de la terminación del contrato en forma unilateral por parte de la Empresa DISMA S.A., sin que existiera justa causa para dar por terminado este contrato’, ha de entenderse que ese término ‘material’ alude a la indemnización por despido sin justa causa, contemplada en el artículo 64 del Código y que comprende tanto el lucro cesante como el daño emergente.

En sentir de la Sala esta imprecisión genera una ineptitud formal de la demanda, que da lugar a un pronunciamiento inhibitorio, pues como se afirma en acápites anteriores el demandante no podía mezclar pretensiones excluyentes entre sí”.

VI. RECURSO DE CASACION

Fue interpuesto por el demandante con la finalidad de que case la sentencia recurrida, para que en función de instancia, confirme la del Juzgado, proveyendo sobre costas.

Al efecto formula dos cargos, que no fueron replicados, de los cuales la Sala se ocupará del primero de ellos, que resultará próspero.

VII. PRIMER CARGO

Se acusa la sentencia de violar indirectamente por aplicación indebida, los artículos 8º Nro. 5 del Decreto 2351 de 1965, los artículos 5°,6°, 14 de la Ley 50 de 1990; los artículos 186 y 306 del C.S.T.; el artículo. 7 de la ley 11 de 1984 y el artículo 1° de la Ley 52 de 1975 en relación con el 37-4 del C. P. C. y los artículos. 25 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.



Se aduce que la violación de la ley se produjo como consecuencia de los siguientes y evidentes errores de hecho:
Dar por demostrado sin estarlo que la demanda presentada por la parte actora revestía defectos de tal magnitud que impedían un pronunciamiento de fondo.
No dar por demostrado estándolo que la pretensión principal planteada por el demandante y su aspiración con la acción ejercida era la de ser reintegrado al cargo desempeñado y la de que se le pagaran los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el período que permaneciera desvinculado.

Los errores de hecho referidos tuvieron su origen en:
La apreciación equivocada de la demanda inicial y del escrito de reforma de la misma.
CONSIDERACIÓN INICIAL SOBRE LA VÍA ELEGIDA PARA LA FORMULACION DEL CARGO
Se formula este cargo por la vía indirecta, para el evento en que la H. Corte considere que los yerros de apreciación en la demanda (como pieza procesal) corresponden a un asunto no susceptible de plantearse por la vía directa, asimilable al yerro que se deriva de la apreciación errónea o la falta de apreciación de un medio probatorio.
Se hace la observación anterior, ya que en sentido estricto la demanda no es un medio de prueba, pero para los efectos del recurso puede asimilarse a tal.
DESARROLLO DEL CARGO
La Sala laboral del Tribunal Superior de Medellín REVOCÓ la sentencia de primera instancia que se profiriera en el proceso de la referencia, y en su lugar dictó sentencia inhibitoria al estimar que en el caso concreto no se cumplía con el presupuesto procesal de la demanda en forma, en virtud de la indebida acumulación de pretensiones en ella contenida, considerando que el vicio presentado era de tal magnitud que impedía un fallo de fondo.
Razonó así el Tribunal en la sentencia impugnada:
"Cuando la demanda no reúne los requisitos legales o contiene una indebida acumulación de pretensiones puede proponerse la excepción previa de inepta demanda. Si el medio exceptivo no se propone dentro de la oportunidad procesal pertinente, la sentencia será de carácter inhibitorio siempre y cuando los defectos de la misma fueren de tal magnitud (por falta del objeto o de la causa de la demanda, o hechos abstractos, oscuros o imprecisos) que impidan un pronunciamiento de fondo.
Estudiada conjuntamente la demanda y su adición, saltan de bulto pretensiones excluyentes. Como principales se demandan el reintegro, la cesantía, la indemnización material por el despido y la indemnización moratoria. Para una mayor comprensión, la Sala se permite transcribir los numerales pertinentes:
1. "Reintegro del trabajador por haber sido despedido en forma unilateral por p8rte de la empresa DISMA S.A sin invocar causa justa legalmente establecida en nuestro ordenamiento laboral vigente para dar por terminado el contrato de trabajo.
(...)
9. La retroactividad y pago de las cesantías y que se le deben abonar al trabajador a partir de la fecha de su despido, 15 de abril de 1999 hasta que se produzca el reintegro del trabajador; las cuales deben ser abonadas con el último salario que presuntamente debió devengar el trabajador al momento de su reintegro.

14. Sanción moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales y salarios en su totalidad, y que ahora se demanda su reajuste desde que se dejaron de pagar estas prestaciones legales reajustadas desde enero de 1996..."
Y en la adición a las pretensiones, formula como PRINCIPAL:
"Ordena a las empresas demandadas en forma separada, solidaria y conjuntamente al pago de los perjuicios de orden moral y material que se le causaron al trabajador como consecuencia de la terminación del contrato en forma unilateral por parte de la Empresa DISMA S.A, sin que existiera causa justa para dar por terminado este contrato" (Resaltó la Sala).
Y se dice que estas pretensiones son excluyentes, porque mientras el reintegro pretende que el contrato laboral se restablezca, las otras tres pretensiones, son derivación de la terminación efectiva del contrato.
En sentir de la Sala esta imprecisión genera una ineptitud formal de la demanda, que da lugar a un pronunciamiento inhibitorio, pues como se afirma en acápites anteriores el demandante no podía mezclar pretensiones excluyentes entre sí.
Para efectos del cargo se comparte plenamente la premisa contenida en la sentencia de conformidad con la cual la demanda en forma constituye un presupuesto procesal. Igualmente se comparte la afirmación que se consigna en el fallo impugnado en torno de las sentencias inhibitorias en cuanto advierte que las mismas únicamente son de recibo "cuando los defectos de la demanda fueren de tal magnitud que impidan un pronunciamiento de fondo".

No se discute que es deber del fallador el de interpretar la demanda cuando la misma no revista claridad suficiente, precisamente con la finalidad de evitar sentencias inhibitorias y de lograr el anhelo constitucional de la primacía del derecho sustancial.
­La discrepancia con el Tribunal radica en considerar que en el asunto debatido los defectos de la demanda presentada y de su reforma fuesen de tal magnitud que impidiesen que se profiriera una sentencia que dirimiera el fondo de la controversia.
En el caso concreto, la apreciación cabal de la demanda evidencia que el propósito principal de la parte demandante era indubitablemente el de obtener el reintegro al cargo desempeñado con las consecuencias jurídicas que de allí se derivan.
En las primeras once pretensiones de la demanda se alude expresamente a aspectos relacionados con el pretendido reintegro del demandante, sin que pueda dudarse de que tal era la aspiración del actor.
Las pretensiones referidas fueron del siguiente tenor.
"PRINCIPALES:
1. Reintegro del trabajador por haber sido despedido en forma unilateral por parte de la empresa DISMA S. A. sin invocar causa justa legalmente establecida en nuestro ordenamiento laboral vigente para dar por terminado el contrato de trabajo.

2. Salarios dejados de percibir por parte del trabajador en forma indexada, desde la fecha que fue despedido. abril 15 de 1999 hasta que se produzca el reintegro del trabajador: salarios estos que amén de ser condenados a pagar en forma indexada, debe hacerse con los incrementos legales obtenidos durante toda la relación laboral del trabajador (2 incrementos de salario al año).
3. Vacaciones legales y extraleqales desde la fecha en que fue desvinculado el trabaiador (abril 15 de 1.999). hasta que se produzca su reintegro: pretensión esta que debe ser condenada a pagar en forma indexada sobre el último salario devengado por el trabajador, y teniendo en cuenta los incrementos de salario que había adquirido el trabajador durante toda su relación laboral (2 incrementos de salario al año).
4. Prima de servicios de Junio y Diciembre legales y extralegales que se causen a partir de la fecha del despido del trabajador Abril 15 de 1999, hasta que se produzca el reintegro del mismo, las cuales deben ser condenadas a pagar en forma indexada, teniendo en cuenta el último salario devengado por el extrabajador y además, los incrementos de salario que había adquirido el trabajador durante toda su relación laboral (2 incrementos de salario al año).
5. La prestación extralegal de aguinaldo equivalente a treinta (30) días de salarios básico por año laborado o proporcional al tiempo laborado desde la fecha en que fue desvinculado el trabajado Abril 15 de 1999, hasta que se produzca su reintegro; pretensión esta que debe ser condenada a pagar en forma indexada sobre el último salario devengado por el trabajador y teniendo en cuenta los incrementos de salarios que había adquirido el trabajador durante toda su relación laboral (2 incrementos de salario al año).
6. Dotación de uniformes y calzados que se le causen al extrabajador a partir de la fecha en que fue desvinculado. 15 de Abril de 1999, hasta que se produzca el reintegro del trabajador.
7. Intereses a las cesantías que se causen desde la fecha en que fue desvinculado el trabajador 15 de Abril de 1999 hasta que se produzca el reintegro del trabajador, prestación legal que debe ser condenada a pagar en forma indexada y teniendo en cuenta que los incrementos salariales que había adquirido el trabajador durante toda su relación laboral, era de dos (2) incrementos al año.
8. Cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales por los riesgos de salud, invalidez, vejez y muerte desde la fecha en que fue desvinculado el trabajador 15 de abril de 1999 hasta que se produzca su reintegro, cotizaciones estas que se deben hacer teniendo en cuenta el salario promedio del trabajador.
9. La retroactividad y paga de las cesantías y que se le deben abonar al trabajador a partir de la fecha de su despido 15 de Abril de 1999 hasta que se produzca el reintegro del trabajador las cuales deben ser abonadas con el último salario que presuntamente debió devengar el trabajador al momento de su reintegro.
10. Prima de antigüedad si se le causare al trabajador durante el trámite del proceso. desde la fecha en que fue desvinculado. 15 de Abril de 1999. hasta que se produzca el reintegro. la cual debe ser condenada a pagar en forma indexada y teniendo en cuenta los incrementos de salario que había obtenido el trabajador durante toda su relación laboral (2 incrementos de salario al año).
11. Todos los demás derechos legales y extralegales que se demuestren en el proceso extra y ultrapetita y que gozaba el trabajador al momento de su despido, 15 de Abril de 1999, hasta que se produzca el reintegro. los cuales deben ser condenado a pagar en forma indexada y teniendo en cuenta los incrementos de salario que había obtenido el trabajador durante toda su relación laboral (2 incrementos de salario al año), entre ellos son: Auxilio y permiso por maternidad, auxilio y permiso por matrimonio, auxilio y permiso por defunción, auxilio por lentes y montura, préstamos para vivienda, para vehículo, por calamidad doméstica, bancarios, etc."
La forma en que fueron formuladas las pretensiones de la demanda antes trascritas evidencian inequívocamente que la aspiración primordial del demandante era la de obtener el reintegro a su cargo, con todas las consecuencias jurídicas que de allí se derivarían. La reiteración de la demanda en este aspecto resulta contundente, sin que haya lugar a una interpretación diferente.

Si se acepta lo anterior, la imprecisión técnica en la que se incurre en el libelo inicial de reclamar las cesantías (se piden las causadas durante la etapa del reintegro) y la indemnización moratoria resultan subsanables. Igual ocurre con la pretensión adicionada en la reforma de la demanda de reconocimiento de perjuicios materiales y morales derivados del despido injusto del actor.
Si el fallador encuentra que el móvil principal del actor (reintegro) tiene vocación de prosperidad, las demás pretensiones que se formularon y que en estricto rigor no han debido ser planteadas como principales (v. g. indemnización moratoria) simplemente han debido ser desestimadas, pero no han debido ser consideradas como impedimento para que la controversia se resolviera.
Cuando el propósito del demandante es imposible de desentrañar, cuando definitivamente existe una contradicción insalvable para el fallador no queda otra alternativa que un fallo inhibitorio. Más cuando el propósito del actor es notorio, y cuando la pretensión equivocadamente formulada no resulta correspondiente con dicho fin y obedece a un yerro de concepción, la sentencia no puede ser inhibitoria, pues ello conduciría a caer en un formalismo inocuo que no se compadece con la finalidad y estructura del ordenamiento jurídico colombiano y en particular del proceso, como escenario para darle imperio al derecho sustancial.
Por lo expuesto, se estima que el Tribunal Superior de Medellín incurrió en yerro evidente en la apreciación de la demanda y su reforma, al considerar que los defectos de la misma eran de tal magnitud que impedían un pronunciamiento de fondo.
Por las razones invocadas, se solicita a la H. Corte casar la sentencia impugnada y constituida en sede de instancia CONFIRMAR el fallo de primer grado, el cual evidencia la posibilidad lógica de que la controversia fuera resuelta de fondo”.

VIII. SE CONSIDERA

Se comienza por enfatizar que las pretensiones de la demanda inicial, tal como fueron reproducidas en los antecedentes del proceso, en verdad muestran sin equívocos que la intención primaria y fundamental del demandante era la de obtener su reintegro al empleo que ocupaba con las consecuencias que de ello se derivaba. Así se refleja de las primeras doce (12) peticiones, en las cuales, salvo la primera que procura el restablecimiento del contrato, objeto principal de lo pretendido por el accionante, se limita el tiempo de su causación de los derechos en ellas contenidos, al período comprendido entre la fecha en que fue despedido y aquella en que se produzca su reintegro, limitación que desaparece al examinar las pretensiones que le siguen, incluyendo la de la adición de la demanda.


Para llegar al anterior entendimiento, el Tribunal debía interpretar la demanda a la luz de los principios generales del derecho que orientan la tutela efectiva, dentro del marco de una justicia pronta y eficaz; pues sin duda la pretensión en el ámbito del Derecho Procesal no es más que la exigencia de una declaración que se hace a una persona a través de la demanda que se presenta ante el funcionario judicial para que la declare en una sentencia. Esto induce a reflexionar que entre la demanda y el fallo, se ofrece una estrecha relación, lo cual constituye los límites dentro de los que se desenvuelve el procedimiento y de allí que lo deseable es, que quien solicita el derecho, al invocar el hecho que lo respalda, lo haga con suma claridad, al igual que lo que asume como pretensión, sin dejar de lado la actividad que debe desplegar el operador judicial en la obtención de los fines de la Administración de Justicia.
Esto porque en todos los eventos en que el sentenciador se encuentre ante una demanda oscura, vaga o imprecisa, está en el deber de interpretarla, teniendo en cuenta todo el libelo y el cuidado de no alterar sus factores esenciales, a fin de descubrir la auténtica intención del suplicante.
No se puede olvidar que en el derecho procesal la demanda como constitutiva del derecho de acción, es de gran trascendencia en la estructuración y culminación del proceso, la cual debe ajustarse en su forma y contenido de los artículos 25, 25A, 26, 70 y 76 del C.de P.L. y de la SS, modificados los tres primeros por los cánones 12,13 y 14 de la Ley 712 de 2001.
Dentro de aquella preceptiva encontramos, que las pretensiones deben solicitarse con claridad y precisión, formularse por separado debiendo tener cuidado que no se excluyan entre sí, señalando cuáles son principales y cuáles son subsidiarias o al menos que le permitan al juez identificar, sin caer en la confusión, qué es lo principal que se reclama o implora, naturalmente con el adecuado respaldo en los supuestos de hecho que le sirven de soporte, debidamente “clasificados y enumerados”.
Desde antaño, es jurisprudencia adoctrinada que cuando el juez al momento de dictar sentencia se encuentra ante una demanda que no ofrezca la precisión y claridad debidas, bien por la forma como aparecen las súplicas, ora en la exposición de los hechos, también en los fundamentos de derecho, o en las unas y en los otros, está en la obligación de interpretarla para desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante, al formular sus súplicas, para lo cual debe tener muy presente todo el conjunto de ese libelo, sin que pueda aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración, por cuanto los dos forman un todo jurídico; y además si es necesario para precisar su auténtico sentido y aspiración procesal, tener en cuenta las actuaciones que haya desarrollado el actor en el trámite del proceso, lo cual debe observar celosamente el instructor judicial a manera de saneamiento, a efecto de evitar una nulidad o una decisión inhibitoria con grave perjuicio para los litigantes y talanquera infranqueable para que se llegue a la norma individual constituida con la sentencia de fondo, lo que choca con el deber ser de la administración de justicia.
Pero la labor interpretativa no puede ser ni mecánica ni ilimitada, siempre deberá dirigirse a consolidar su naturaleza y los fines que se buscan con la demanda, sobre todo en casos donde se presenta de manera oscura e imprecisa, haciendo que surja lo racional y lógico de la pretensión querida por el demandante, sin ir a caer en exigencias extravagantes, bien de datos, factores o circunstancias que no son indispensables para determinar el alcance de la pretensión deseada con amparo en la Constitución y la ley.
Es que hoy más que nunca se debe ser objetivo en la contemplación de la demanda introductoria del proceso y es cuando la labor del juez dispensador del derecho debe estar siempre dirigida a desentrañar no sólo el sentido, alcance o el propósito del precepto jurídico portador del ritual y el derecho, sino también el entendimiento cabal de la conducta del sujeto de derechos que ha venido a la jurisdicción en procura de una tutela oportuna de los mismos, que en el desarrollo de la justicia social es de trascendental importancia.
Por ello al encargado de administrar justicia, se le atribuye como misión ineludible interpretar los actos procesales y extraprocesales que se relacionen en cada litigio que se le asigne por competencia, a efecto de aplicar con acierto las disposiciones legales y constitucionales que regulen la materia puesta a su disposición, para una solución adecuada y justa.
Así las cosas, cuando la demanda no ofrece claridad y precisión en los hechos narrados como pedestal del petitum, o en la forma como quedaron impetradas las súplicas, tiene dicho tanto la jurisprudencia como la doctrina, que para no sacrificar el derecho sustancial, es deber del fallador descubrir la pretensión en tan fundamental pieza procesal y tratar de borrar las imprecisiones, lagunas o vaguedades que en principio quedan exteriorizadas. Con razón se ha dicho que “ la torpe expresión de las ideas no puede ser motivo de repudiación del derecho cuando éste alcanza a percibirse en su intención y en la exposición de ideas del demandante”, lo cual no es más que la protección de los principios que orientan la observancia del derecho sustancial por encima de las formas, dentro del marco del debido proceso a que se contraen los artículos 29, 228 y 230 de la carta mayor. (Casación Civil del 12 de Diciembre de 1936. T. XLVII. Pag. 483).
Es que de verdad, lo que hace inepta una demanda por indebida acumulación de pretensiones, es la imposibilidad o dificultad insalvable para descubrir lo que el accionante implora y fijar su verdades trascendencia jurídica como en muchas oportunidades lo ha predicado esta Corte; y lo decidido por el Tribunal como que conduce a una elaboración paradigmática cuando la ley de enjuiciamiento lo que exige es que el libelo no imposibilite definitivamente su entendimiento, como ha quedado claro en esta oportunidad
Acorde con lo dicho, el cargo se encuentra fundado, ya que no se necesitaba de un esforzado razonamiento para descubrir que la pretensión principal requerida por el actor no era otra que el derecho al reintegro y sus consecuencias jurídico-económicas, procurando con ello el restablecimiento de la estabilidad laboral.
De otro lado no está por demás reprochar la decisión oficiosa del Tribunal de dar por demostrada la falta de un presupuesto procesal, para lo cual ni siquiera tenía competencia funcional, como quiera que el único apelante contra la decisión de primer grado fue el demandante, quien a su vez había resultado beneficiado con ese pronunciamiento. Y tampoco sobra agregar que la parte demandada propuso en su oportunidad la correspondiente excepción previa de falta de los requisitos formales de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, la misma que fue rechazada por el juez de conocimiento sin que la proponente hubiera interpuesto recurso alguno contra esa decisión. No escapa a la Sala advertir, que la definición del organismo colegiado, lo que deja entrever es una desafortunada ligereza en la interpretación del libelo introductor, porque lo que consideró como indebida acumulación de pretensiones no es más que una acumulación sucesiva a continuación del éxito del reintegro como petición principal, fácil de deducir, como bien lo coligió el juzgador de primera instancia, sin necesidad de exigir palabras sacramentales.
Los anteriores elementos de juicio le habrían permitido adicionalmente al Tribunal dar por superado el escollo formal que finalmente lo llevó a proferir una sentencia inhibitoria, no muy saludable para la administración de justicia ni para la protección de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, de donde surge como fruto el de la estabilidad laboral.

Siguiendo con ese derrotero, no deben olvidar los jueces la importante modificación introducida por el artículo 39 – 2 y 3 de la Ley 712 de 2001, modificatorio del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que básicamente tiene como objetivo fundamental la aplicación de los principios de celeridad y saneamiento del rito procesal, dotando al juez de amplias facultades de dirección del proceso, que conllevan también el principio de eficacia, para que la controversia culmine con una decisión de fondo, como anhelo máximo de la Administración de Justicia.

No otra cosa se desprende del contenido del parágrafo No. 1 de la citada disposición, el cual reguló el procedimiento que debe observar el juez para cuando fracase el intento de conciliación, obligándolo a que en primer lugar, proceda a decidir las excepciones previas acorde con lo previsto en el artículo 32 del citado Estatuto Procesal, modificado por el 19 de la ley 712 de 2000 en caso de que se hubieran propuesto. En segundo, debe adoptar las medidas necesarias que eviten nulidades y sentencias inhibitorias y por último, con el requerimiento a las partes, precisar los hechos del proceso en los cuales los contradictores estén de acuerdo y que admitan la prueba de confesión, hechos que se declararán probados y que consecuencialmente implicará el rechazo de las pruebas que pretendían demostrarlos.

La nueva intención legislativa procesal pone de presente que en materia de los llamados presupuestos procesales, especialmente el denominado como la demanda en forma, ya no es un asunto que corresponde al juzgador dirimirlo en la sentencia que ponga fin a la instancia, pues para este momento procesal ya debe estar satisfecho, bien porque el juez al estudiar la demanda la inadmitió y el interesado corrigió las deficiencias formales de que adolecía, ora porque la parte demandada propuso la correspondiente excepción previa –como ocurrió en este caso y le fue resuelta desfavorablemente--, o ya porque el juez, en desarrollo de las nuevas facultades, adoptó las medidas de saneamiento pertinentes en orden a evitar las nulidades y las inhibiciones.


Cuando lo dicho antes ocurre y el proceso se encuentra para proferir sentencia, ésta, como ya se dijo, necesariamente debe ser de fondo. Y toda esa actuación, para corresponder con la actual tendencia legislativa, debe ser respetada por el Superior cuando el proceso llegue a su conocimiento por apelación o por consulta. De lo contrario, la reforma sería inocua y sin efecto práctico, contrariando el claro e inequívoco querer del legislador, sobre todo cuando se pregona no sólo normativamente (Art.4 CPC), sino doctrinariamente que al interpretar la ley de procedimiento, el Juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, inspiración que se consagra en el artículo 228 de la Carta Política.
Así las cosas, acorde con lo argumentado el cargo prospera y como consecuencia habrá de casarse la sentencia.
Como consideraciones de instancia, la Sala encuentra suficientes las expuestas en sede de casación. Y para corresponder al alcance de la impugnación, la sentencia de primera instancia será confirmada.

Por la prosperidad del recurso, no hay lugar a costas en casación. Las de la primera instancia serán de cargo de la parte demandada y no hay lugar a ellas por la alzada.


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín el 17 de junio de 2003, en el proceso seguido por OSCAR DE JESÚS GALENAO MONSALVE contra las sociedades CARIBÚ INTERNACIONAL LTDA, DISVES S.A. y DISMA S.A. En sede de instancia, CONFIRMA la sentencia de primera instancia proferida en el citado proceso por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí el 8 de octubre de 2002.
Costas como se indicó en la parte motiva.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ

GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER

EDUARDO LOPEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ

CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DIAZ
MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA

Secretaria







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